Costa Rica prepara ley para saldar deuda con acceso de datos

Con un atraso de 11 años desde que se planteó por primera vez la idea, Costa Rica espera en unos meses entrar a discutir el proyecto de ley que le daría a la ciudadanía acceso a la información pública de manera integral.El rezago es evidente: mientras 90 países ya tienen un marco jurídico específico sobre el tema, entre ellos el resto de Centroamérica y República Dominicana, el Estado costarricense sigue navegando en un mar de leyes dispersas y desatendiendo compromisos internacionales en torno a los derechos del ciudadano de acceder a datos públicos de calidad y de manera expedita.Ante ello, el pasado 10 y 11 de setiembre se realizó en el país un taller de alto nivel sobre Acceso Equitativo a la Información Pública, organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Presidencia de la República y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj).La OEA ha diseñado una ley modelo a escala interamericana y una guía para su implementación, sobre la cual Costa Rica se basó para formular el anteproyecto de ley.Nancy Hernández, jefa del Despacho de la Presidencia del Poder Judicial, aclaró que el país no está desprotegido en el acceso a la información pública.Hernández recordó que en la jurisprudencia nacional están contenidos al menos 14 principios en torno al tema, entre ellos el derecho a la petición, el principio de reserva legal, la protección de datos personales y obligaciones de transparencia efectiva.Sin embargo, la moneda tiene dos caras. Moisés Sánchez, representante de la Alianza Regional por la Libre Expresión y Acceso a la Información de Chile, alegó que en Costa Rica existen al menos 55 leyes que limitan el acceso a la información pública.La nueva propuesta busca una única ley, sencilla, clara y precisa que estimule la cultura de transparencia y rendición de cuentas.Una sola cobijaLos mecanismos de acceso a la información pública nacieron al calor de la Convención Interamericana contra la Corrupción y desde el 2002 se viene hablando de una ley específica. Pero fue hasta marzo de este año cuando se recomendó reunir en un solo marco jurídico el contenido de diferentes leyes, dijo Gilberth Calderón, procurador de la Ética Pública.El proyecto de ley en elaboración y a cargo de una comisión interinstitucional recomienda establecer procedimientos para la recepción de solicitudes, definir sanciones para funcionarios públicos que incumplan con tal prerrogativa y protocolos para saber qué tipo de información...

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