Criterio Nº 8635 (DJ-3563) de Asamblea Legislativa, 07-09-2010

Fecha07 Septiembre 2010
EmisorAsamblea Legislativa
DIVISIÓN JURÍDICA
Al contestar refiérase
al oficio No.
08635
06 de setiembre, 2010
DJ-3563-2010
Diputada
Elvia Dicciana Villalobos
Presidente, Comisión Permanente de Gobierno y Administración
Asamblea Legislativa
Fax: 2243-2440
Correo electrónico: comisión-gobierno@asamblea.go.cr
Estimada señora:
Asunto: Criterio sobre el proyecto de ley “Ley de Competitividad del Estado Costarricense”,
expediente legislativo No. 17.623
Se refiere este Despacho al oficio CG-089-2010 de fecha 6 de julio de 2010, recibido en esta
Contraloría General de la República el día 7 de julio del año en curso y por el cual se solicita el
criterio de esta Contraloría General sobre el proyecto de ley “Ley de Competitividad del Estado
Costarricense”, actualmente tramitado bajo el expediente No. 17.623.
Sobre el particular interesa señalar que el proyecto de marras plantea como objetivo en su
exposición de motivos crear las condiciones para tener un gobierno competitivo, basado en los
principios de gobernabilidad y buen gobierno. Al efecto se busca promover la eficiencia, la eficacia
y la legitimidad del gobierno y sus instituciones con un enfoque de servicio al cliente. En este
sentido se plantean reformas relacionadas con modificaciones a la organización y funcionamiento
institucional, la incorporación de concepto de servicio al cliente por parte de las entidades del
Estado, así como a los órganos de control externo.
En esta oportunidad, tomando en cuenta la trascendencia del tema que se somete a discusión, el
órgano contralor ha considerado dirigir sus observaciones en tres ejes temáticos principales a saber,
2
transformación institucional, acceso a la información y modificaciones a órganos de control, por lo
que los capítulos se analizan de acuerdo con el tema correspondiente; para lo cual se ha contado con
la colaboración de las distintas áreas de fiscalización de la División de Fiscalización Operativa y
Evaluativa, la División Jurídica y el Despacho de la Contralora General de la República.
I. Introducción
El presente proyecto de ley se orienta a impulsar ciertas condiciones para dar mayor
competitividad al Estado costarricense. Para ello parte de varias premisas esenciales, entre las que
se destaca la necesidad de dar mayor poder de decisión a los ministros de gobierno promoviendo
cambios en la forma de gobierno de instituciones centralizadas y descentralizadas, así como
modificaciones a la organización de algunas de éstas. También se estima necesario reducir y
cambiar la perspectiva de los controles internos y externos, ante la necesidad de agilizar la toma de
decisiones en la administración pública. Se entiende también que en el tema de compras públicas y
los sistemas de registro existe mucha dispersión por lo que se traslada su administración y control al
Ministerio de Hacienda.
Ahora bien, la presente iniciativa sugiere que las reformas propuestas cumplen por si mismas y
a cabalidad con la idea de hacer al Estado más competitivo; sin embargo pareciera insuficiente.
Temas como el empleo público, continúan siendo estratégicos en el planteamiento de una reforma
integral del Estado eficiente, la cual no se incorpora a la presente discusión.
II. Reorganización institucional y cambios en condiciones regulatorias
La propuesta plantea una reorganización de instituciones entre éstas la composición de juntas
directivas de instituciones autónomas, reorganización del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y sus funciones asignadas a sus órganos desconcentrados, transformaciones de los
Ministerios de Planificación y Política Económica, de Ciencia y Tecnología, de Gobernación y
Policía y de Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la disolución del
Ministerio de Justicia y Gracia, la fusión del Ministerio de Economía con el Ministerio de Comercio
Exterior.
Asimismo se establecen condiciones para que las instituciones actúen en un escenario de
competitividad, entre ellas algunos cambios en la regulación del proceso de contratación
administrativa, la flexibilidad en los topes de endeudamiento de algunas instituciones autónomas y
la posibilidad de establecer alianzas estratégicas para potenciar sus competencias; en el contexto de
las remuneraciones de los jerarcas se propone la creación de un régimen salarial único.
Es importante señalar que el cambio en la composición de los órganos colegiados de las
instituciones públicas si bien es cierto pretende responder a la necesidad de dinamizar y hacer más
efectiva la toma de decisiones, es tan solo una parte de las acciones que se requieren para
reorganizar el Estado y la Administración Pública en general. Precisamente en la discusión nacional
acerca del tema de reforma y modernización del Estado, la Contraloría General ha venido señalando
que es necesario plantear e implementar una estrategia integral para ello, con el fin de promover un
fortalecimiento sistémico y sistemático de las capacidades institucionales.
3
“En este marco, la reforma del Estado y de la Administración Pública Costarricense
constituye un proceso amplio, integral y de largo plazo, que conlleva a un replanteamiento
de su rol y funciones, siendo el punto de partida para llevar a cabo una reforma
administrativa. Además, la reforma debe establecer una redefinición de las relaciones entre
lo público y lo privado, así como una nueva dimensión de la relación entre la sociedad civil
y el aparato estatal; comprendiendo una perspectiva global de carácter político, normativo y
administrativo.”
1
Conviene insistir que en las experiencias de los procesos de reforma del Estado en nuestro país,
se han sustentado en la idea de racionalizar el Estado en términos de “su tamaño” y “reducción de
los recursos destinados a su operación”, en reformas legales e institucionales aisladas que le asignan
más funciones al Estado sin una perspectiva integral, cuyo efecto se ha traducido en una falta de
desarrollo de las capacidades institucionales para responder de manera eficaz y eficiente a las
demandas de la ciudadanía.
Sobre esta idea se ha afirmado que “ las reformas que se propongan deben estar sustentadas en
un replanteamiento y nueva visión del rol y funciones que debe desempeñar en el nuevo modelo de
desarrollo; visión que debe ser clara, orientadora y adaptada a la situación nacional en términos de
su impacto en el desarrollo y no simplemente en mejorar la eficacia y la eficiencia de las
organizaciones estatales existentes.
2
De igual forma, la iniciativa que nos ocupa no tiene una vinculación con la rectoría que en
materia de procesos de reforma y modernización del Estado y de la Administración Pública tiene el
MIDEPLAN. En nuestra Memoria Anual correspondiente al período 2006, se analizó de manera
primordial la función que cumple dicha entidad pública en la materia, a partir del marco normativo
que proviene de la Constitución Política y otras normas de rango legal, en particular la Ley de
Planificación Nacional, No. 5525 del 2 de mayo de 1974 y la Ley de Administración Financiera y
de Presupuestos Públicos de la República, No. 8131 de 18 de setiembre de 2001. Se hace mención a
la función principal de MIDEPLAN dirigida a definir criterios, instrumentos y lineamientos
técnicos y metodológicos, dar seguimiento y evaluación constante para el logro de mayor eficacia y
eficiencia en la función pública y velar porque dichos procesos se ajusten a los principios que
establece el bloque de legalidad vigente. En esto es importante mencionar que la modernización de
la organización y procedimientos de ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas
debería tener una participación o coordinación efectiva con esta instancia, como parte de una
estrategia de trabajo conjunto y de rectoría en materia de organización del Estado.
Así se ha visto que la falta de cumplimiento de dicha rectoría ha permitido una desarticulación
de la Administración Pública, un crecimiento institucional desordenado y fragmentado que ha
generado duplicidades en la atención de las necesidades y requerimientos de la sociedad, ausencia
de mecanismos de coordinación y de dirección política con una perspectiva sectorial y sistémica, lo
cual repercute en la falta de cumplimiento de objetivos por parte de las mismas instituciones, del
Sistema Nacional de Planificación.
1
Contraloría General de la República, Memoria Anual, Perí odo 2006, página 17.
2
Ibid, página 17- 18.

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