Criterios consultivos
| Páginas | 6-14 |
| Fecha | 01 Julio 2025 |
| Fecha de publicación | 01 Julio 2025 |
6
Condiciones para la donación de
bienes inmuebles municipalidades a
centros agrícolas
A partir de una consulta del auditor interno
de la Municipalidad de Turrubares sobre
la legalidad de la donación de un terreno
municipal a un centro agrícola (entidad de
derecho privado) la Contraloría señaló que los
centros agrícolas cantonales son de interés
público, aunque se rigen por el derecho
privado y no tienen fines de lucro.
La Ley de Centros Agrícolas Cantonales
del MAG (Ley 7932) autoriza a las
municipalidades a otorgarles subvenciones y
donarles terrenos, locales u otros bienes y
servicios que contribuyan a su desarrollo y
al del cantón. El artículo 12 de la Ley 7932
habilita legalmente a las municipalidades
para realizar estas donaciones a centros
agrícolas. Sin embargo, si el bien inmueble es
de dominio público, no puede ser donado en
esa condición; se requiere una ley previa que
lo desafecte de dicho régimen. Asimismo,
toda donación debe responder a un interés
público; por eso, las municipalidades no
pueden desatender los fines públicos que
cumplen ni los servicios que brindan.
Antes de la donación, la municipalidad debe
realizar estudios técnicos y jurídicos sobre
el bien, asegurándose de que no tenga
impedimentos legales, no sea parte del
patrimonio natural del Estado, ni esté en áreas
protegidas. Finalmente, la municipalidad
donante debe verificar la idoneidad del centro
agrícola y establecer mecanismos de control y
seguimiento para asegurar el uso adecuado
del bien donado.
Oficio n.° 9492-2025 (DJ-0857) del 14 de mayo del 2025.
Condiciones para el uso del
Fideicomiso de Contingencias del
Poder Judicial
El Poder Judicial de Costa Rica cuenta con
un fideicomiso de contingencias, un fondo
creado por ley para enfrentar situaciones
urgentes e imprevistas. Recientemente,
surgió la duda de si se pueden usar estos
recursos ante la creciente criminalidad en
el país, sin necesidad de una declaración de
emergencia oficial del Poder Ejecutivo.
La Contraloría General de la República (CGR)
aclaró que el Poder Judicial tiene su propio
fondo, establecido en el artículo 250 de
su ley orgánica, diseñado para asegurar la
continuidad de sus servicios frente a desastres
naturales, conmoción social o calamidades
que afecten la administración de justicia.
Asimismo, ajustó su criterio, confirmando que
el Poder Judicial no necesita una declaratoria
de emergencia del Poder Ejecutivo para
activar y utilizar este fideicomiso.
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