Criterios consultivos
| Páginas | 6-10 |
| Fecha | 01 Julio 2026 |
| Fecha de publicación | 01 Julio 2026 |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
6
Nombrar a personal de Auditoría
Interna en un puesto de la
Administración activa no paraliza las
acciones de scalización
El traslado de personal de la Auditoría Interna
a un puesto en la Administración activa no
constituye, por sí mismo, un motivo para
impedir acciones de fiscalización en la entidad
o unidad donde se integre. Esto ocurre porque
las causales de impedimento no son orgánicas,
sino que responden a vínculos personales
directos. Por lo tanto, la Auditoría Interna debe
valorar cada caso concreto para determinar si
el movimiento de personal configura alguna
de las causales de impedimento indicadas en
los incisos 9) y 16) del artículo 12 del Código
Procesal Civil o en el resto del ordenamiento
jurídico.
Este análisis exige verificar las circunstancias
fácticas, jurídicas y probatorias de cada situación
para adoptar las acciones que correspondan.
Oficio n.° 6162-2026 (DJ-0949) del 22 de mayo de 2026
Límites legales para el uso del
superávit libre por parte de gobiernos
municipales
La CGR ratificó que las municipalidades deben
aplicar el Decreto Ejecutivo nro. 32452 y la Ley
nro. 8131. Esta normativa prohíbe financiar
gastos corrientes permanentes, como salarios
u operación diaria, con recursos del superávit
libre, debido a que son fondos extraordinarios y
finitos. Esta restricción no vulnera la autonomía
municipal, sino que garantiza la sostenibilidad
financiera y el equilibrio fiscal local.
Con respecto a su uso correcto, la ley exige
destinar estos fondos, primero, a cubrir
cualquier déficit del presupuesto ordinario.
Si no existen deudas, es posible emplear el
superávit como contrapartida para financiar
proyectos de obra o inversión pública. Se
prohíbe, en todo caso, destinar estos recursos
a los gastos operativos recurrentes de la
institución.
DFOE-LOC-0604(05885)-2026
Municipalidades deben cumplir la
ley aunque no cuenten con asesoría
legal propia
La CGR aclaró que la falta de una asesoría
jurídica interna no exime a las municipalidades
de su deber de cumplir con el bloque de
legalidad. Según la Ley General de Control
Interno, asegurar que la institución cumpla
con las leyes es una obligación exclusiva
e indelegable de la alcaldía, el Concejo
Municipal y las jefaturas. El desconocimiento
o desactualización de las normas constituyen
riesgos críticos que deben gestionarse de
forma obligatoria.
Criterios consultivos
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