Derecho agrario regional

AutorEnrique Napoleón Ulate Chacón
Páginas89-119
89
Capítulo IV.
Derecho agrario regional.
Objetivo:
Sentar las bases del derecho agrario comunitario centroameri-
cano, conocer sus instrumentos jurídicos, su institucionalidad y
advertir sobre sus perspectivas futuras dentro de los fenómenos
de globalización e integración que impactan la disciplina.
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1.- Reexióninicial.
Para el agrarista, que ha dedicado su profesión a la solución
de los conictos agrarios, derivados de las complejas relaciones
de los distintos sujetos (empresarios agrarios) que trabajan en
el territorio rural, el papel primordial de la agricultura, dentro de
cualquier proceso de integración entre Estados es más que obvio.
Esta no es una opinión común en nuestros países Centroameri-
canos donde, no sólo los abogados sino también muchos profe-
sionales de otras disciplinas, pasan desapercibidos de lo que está
pasando fuera de nuestras fronteras. De la dimensión nacional
se pasa a una dimensión de complejas relaciones de coopera-
ción y, particularmente, de integración regional que tocan temas
vinculados con la agricultura, el medio ambiente, los mercados,
el territorio, etcétera.
Esas nuevas relaciones de cooperación e integración regio-
nal están redimensionando, a pasos lentos pero rmes, el papel
de la agricultura y del Derecho agrario para dar un nuevo impulso
al desarrollo sostenible de la Región Centroamericana. De ahí la
necesidad de plantear, desde una óptica genérica, si se quiere in-
terdisciplinaria, algunas reexiones político - jurídicas que permi-
tan entender esta nueva dimensión a la luz del naciente Derecho
comunitario regional.
Para nadie es un secreto que la política agrícola ha constitui-
do la política pública más importante dentro del proceso de inte-
gración europea. Hoy se integra con la política ambiental confor-
mando un binomio inescindible para fomentar el desarrollo rural
sostenible, como segundo pilar fundamental de la PAC.
En el derecho de la Integración Centroamericana el tema de
la “agricultura” siempre había sido relegado a segundo plano, hoy
está asumiendo el verdadero papel que le corresponde como
motor de la integración de nuestros pueblos. En efecto, se es-
tán dando los primeros pasos para la conformación de un marco
jurídico e institucional comunitario, orientado a crear y consolidar
una política agrícola común, que tenga como meta alcanzar un
modelo propio de desarrollo sostenible para la región Centro-
americana. El Protocolo de Tegucigalpa de 1991 (a la Carta de
la Organización de Estados Centroamericanos), el Protocolo de
Guatemala de 1993 (al Tratado General de Integración Econó-

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