DEROGATORIA DE LA LEY Nº 5709, DE 4 DE JUNIO DE 1975, AVAL DEL ESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS PARA QUE PUEDA EMPRESTAR HASTA 1.000.000 DE COLONES PARA LA COMPRA DE UNA PLANTA ELÉCTRICA. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 113, ALCANCE Nº 93, DE 18 DE JUNIO DE 1975)
| Fecha de publicación | 18 Diciembre 2019 |
| Número de registro | IN2019416258 |
| Emisor | Poder Legislativo |
DEROGATORIA DE LA LEY Nº 5709, DE 4 DE JUNIO
DE 1975, AVAL DEL ESTADO A LA MUNICIPALIDAD
DE COTO BRUS PARA QUE PUEDA EMPRESTAR
HASTA 1.000.000 DE COLONES PARA LA COMPRA
DE UNA PLANTA ELÉCTRICA. (PUBLICADO EN
EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 113,
ALCANCE Nº 93, DE 18 DE JUNIO DE 1975)
Expediente Nº 21.732
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Desde que el hombre descubrió los beneficios de crecimiento en grupo conformando comunidades para la obtención de calidad y cantidad en los recursos, así como en los bienes, se dio paso a las primeras formas de organización y con ella las primeras normas que daban pie a regir estos grupos con sabiduría en busca de preservar el orden, la justicia y la igualdad.
Como parte del ciclo natural de las legislaturas, estas tienen un propósito y buscan que se cumpla al pie de la letra, muchas de ellas lo hacen en periodos de tiempo determinados, por lo que por cumplido su objetivo estas ya no tienen mayor transcendencia.
Durante el período constitucional 2010-2014, en su función de diputada, la señora Gloria Bejarano Almada junto con el Directorio legislativo de ese periodo, en la sesión ordinaria Nº 076-2011, de 22 de setiembre de 2011, tomaron el acuerdo de autorizar la creación de una comisión para analizar la legislación vigente y así poder detectar leyes desactualizadas, obsoletas, en desuso y en situación de duplicidad que pudieran ser derogadas.
Como parte de ese esfuerzo de coordinación entre los Poderes del Estado, organizaciones sectoriales y entes especializados, la Asamblea Legislativa firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la Procuraduría General de la República para coadyuvar en el estudio de más de 8 mil leyes, con el fin de preparar proyectos de ley que liberen el ordenamiento jurídico de tales normas por la vía de la derogación.[12]
La Sala Constitucional, al referirse al principio de seguridad jurídica como principio constitucional, en sentencia Nº 8790-97, de 24 de diciembre de 1997, expresa una posición interesante en la que se vislumbra la seguridad jurídica como dual, en un sentido objetivo (como existencia de orden social) y subjetivo (como confianza del ciudadano en la invariabilidad de situaciones jurídicas consolidadas):
“…La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad,...
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