DFOE-EC-SGP-00001-2020
INFORME N° DFOE-EC-SGP-00001-2020
3 de agosto, 2020
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS CRÍTICOS ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
EJE 1 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD INSTITUCIONAL
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RESUMEN EJECUTIVO
¿Qué analizamos?
El nivel de gestión de la continuidad institucional de 90 instituciones públicas que prestan 21
servicios públicos críticos, con el propósito de determinar oportunidades de mejora que les
permitan a las administraciones públicas contar con insumos para la toma de decisiones
sobre el abordaje de la emergencia sanitaria actual y de futuras situaciones similares, en
procura de la prestación continua de esos servicios.
¿Por qué es importante?
La gestión de la continuidad institucional permite la identificación de las amenazas
potenciales, los posibles impactos para las operaciones y los servicios, así como, las
medidas de protección y mitigación para que su afectación sea la mínima posible. Dicha
gestión promueve la prestación continua de los servicios públicos mediante la reducción de
los riesgos y la planificación de su recuperación, lo cual, en contextos de emergencia como
el actual, constituye una de las condiciones principales que favorecen la apertura de la
actividad económica.
En ese sentido, esa gestión es una herramienta que fomenta la creación de marcos
institucionales de preparación, respuesta y recuperación ante situaciones imprevistas en
procura de satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Lo cual permite a las instituciones
públicas asegurar razonablemente la continuidad de servicios críticos y esenciales como la
salud, la seguridad ciudadana y alimentaria, el abastecimiento de agua y energía. Así como,
continuar realizando actividades que promueven la reactivación económica de manera
segura, mediante la aplicación de protocolos, el uso de las tecnologías de información, la
prestación de los servicios en línea, entre otros.
¿Qué encontramos?
La gestión de la continuidad institucional en las 90
instituciones públicas se encuentra en promedio en un
nivel “Básico”, ya que, si bien se han realizado esfuerzos
para la implementación de algunas acciones, éstos son
aislados y existe un amplio margen de mejora en la
mayoría de esas instituciones. Esto se traduce en que
solamente una de las entidades se encuentra en el nivel
“óptimo”, siete en el nivel “avanzado” y 82 en los niveles
restantes.
Lo anterior, refleja una brecha de mejora significativa respecto a la gestión de la continuidad
institucional, lo que constituye una oportunidad para las administraciones, considerando que
esa gestión es un factor clave para asegurar razonablemente una mejor capacidad de
adaptación ante eventos imprevistos. Esto se vuelve crítico ante la emergencia sanitaria,
que exige una toma de decisiones ágil, oportuna y estratégica para minimizar el impacto
sobre la operación de las instituciones, la prestación continua de los servicios; así como,
sobre las finanzas públicas y la economía nacional.
Los resultados por grupo institucional muestran que las instituciones financieras (77,1%) y
las empresas públicas no financieras (54,0%), que pertenecen a un sector supervisado y
cuentan con alguna regulación sobre la continuidad institucional o que promueve su
fortalecimiento, presentan los porcentajes más altos de aplicación de buenas prácticas.
Por su parte, las instituciones del Gobierno Central y sus órganos desconcentrados, reflejan
un nivel promedio de aplicación de prácticas para la gestión de la continuidad institucional
de 44,7%, lo que denota la necesidad de fortalecer aspectos en todas sus etapas. Esto
resulta de suma relevancia considerando su rol en el diseño, implementación y monitoreo de
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