Dictamen n° 240 de 13 de Noviembre de 1998, de Banco de Costa Rica

EmisorBanco de Costa Rica

C-240-98

San José, 13 de noviembre de 1998

Licenciado

Mario Barrenechea Coto

Gerente General Banco de Costa Rica:

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su atento oficio de 20 de octubre último, mediante el cual solicita el criterio de la Procuraduría en relación con la posibilidad de que la Junta Directiva del Banco de Costa Rica adopte en forma pública y oficial una posición sobre el tema de la venta de la Institución que analiza el Gobierno de la República.

Se desea conocer si "¿resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 24, párrafo final de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que los miembros integrantes de la Junta Directiva, asuman una posición pública y oficial favorable a una eventual venta del Banco de Costa Rica? En otro sentido: ¿incurrirían sus miembros en algún tipo de responsabilidad por esa razón? ¿ Existe algún impedimento legal que los inhiba de pronunciarse?"

Es criterio de la Asesoría Legal de ese Banco que, dado que la decisión de venta de la institución proviene del Poder Ejecutivo y no de un órgano colegiado o unipersonal del Banco, "la Junta Directiva del Banco de Costa Rica se encuentra absolutamente legitimada para adoptar las decisiones que estime pertinentes acerca de este tema". Agrega que el Banco ha realizado un estudio detallado del proyecto de ley de venta preparado por el Poder Ejecutivo. A raíz de ese estudio propone una alternativa de venta que comprende diversos factores. En el estudio se analiza la circunstancia de que el entorno legal en que se desenvuelven los bancos comerciales del Estado conlleva claras desventajas competitivas de frente a los bancos comerciales privados; el problema de competitividad ha generado una gradual pero recurrente pérdida de mercado; la normativa que regula el sistema financiero y bursátil es objeto de continuas reformas que buscan su consolidación, lo que marca una eliminación paulatina de los privilegios de la banca pública, acentuándose los problemas derivados de la falta de competitividad. De allí que se haya elaborado un proyecto complementario que presenta las siguientes características: permite cubrir una porción mayor de deuda pública interna, a través del cambio de entorno legal como un medio para la consolidación del Banco en un ambiente de competitividad. Permite la democratización de la propiedad accionaria, otorgando amplias oportunidades de compra y participación a múltiples sectores; diluye el impacto macroeconómico que tendría en el sector financiero la incursión repentina de un megabanco.

En cuanto a la responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva en el proceso de venta, señala la Asesoría Jurídica que, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, los directores bancarios pueden incurrir en responsabilidad personal en el caso de que destinen recursos públicos a actividades distintas de las inherentes a sus funciones. El término funciones se refiere a la "función pública" que compete al Banco como institución autónoma del Estado. De ahí que en cuanto a la actividad que despliega el Banco, éste pueda realizar todas aquellas actividades compatibles con la naturaleza técnica de los bancos que encuentren sustento en la legislación aplicable. La decisión de promocionar la venta del Banco con el propósito de convencer e informar a la sociedad civil sobre la necesidad de venta, resulta de la entera responsabilidad e incumbencia del Gobierno, que debe sopesar las distintas alternativas de que disponga y analizar las observaciones que puedan puntualizar las distintas organizaciones del país, sin perjuicio de que el Banco pueda participar e incluso patrocine debates sobre el tema. Estima necesario que el Banco promueva campañas institucionales orientadas a mantener la confianza de la clientela. Añade que el estudio realizado por el Banco sobre el proyecto de venta constituye un documento público, por lo que los particulares pueden debatir sobre su contenido. Luego, atendiendo a las consecuencias e implicaciones negativas que conlleva el actual entorno legal, la Junta Directiva puede decidir apoyar o no la iniciativa del Gobierno, o bien, apoyar uno u otro proyecto, sin que ello suponga una transgresión de los principios de la banca estatal, "dado que el quebrantamiento de los mismos podría darse con actuaciones...

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