Dictamen nº 007 de 10 de Enero de 2019, de Municipalidad de Goicoechea

Emisor:Municipalidad de Goicoechea
RESUMEN

C-007-2019 INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. FUNCIÓN CONSULTIVA NO ES CONTROL DE LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. El señor Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno de la Municipalidad de Goicoechea, requiere nuestro criterio sobre el artículo 1° del Reglamento sobre el Régimen de Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea. Específicamente, consulta... (ver resumen completo)

 
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10 de enero de 2019

C-007-2019

Señor

Daniel Francisco Arce Astorga

Auditor Interno

Municipalidad de Goicoechea

Estimado señor:

Con la aprobación del Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio No. MGAI-430-2018 de 19 de noviembre de 2018, presentado en la Procuraduría el 7 de enero del año en curso, mediante el cual requiere nuestro criterio sobre el artículo 1° del Reglamento sobre el Régimen de Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea. Específicamente, consulta si “¿Se justifica que la norma interna indicada, permita la contratación de un asesor para el Vicepresidente que no dispone de tareas asignadas?

La función consultiva de la Procuraduría está sujeta a ciertas limitaciones fijadas por los artículos 3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982), que se traducen en requisitos de admisibilidad de las consultas.

Si bien es cierto, el artículo 4° de la ley permite que los auditores internos puedan realizar la consulta directamente y sin adjuntar el criterio de la asesoría legal de la institución correspondiente, la consulta que planteen no está exenta de cumplir con el resto de requisitos de admisibilidad de las consultas.

Uno de esos requisitos de admisibilidad de las consultas que se extraen de los artículos 3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica es que las interrogantes versen sobre temas jurídicos en genérico, sin que se cuestionen casos concretos ni se pretenda la revisión de la legalidad u oportunidad de actos administrativos concretos, pues pronunciarse al respecto implicaría sustituir a la administración activa en la toma de decisiones y ejercer una función de control de legalidad que no nos corresponde, desconociendo así nuestra competencia consultiva. Más detalladamente, hemos dispuesto que:

“Esta Procuraduría ha indicado, en innumerables ocasiones, que el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y pronunciamientos, presta a los distintos órganos y entes que integran

La Administración Pública, se circunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente considerados. En tal orden de ideas, no son consultables asuntos concretos sobre los que se encuentre pendiente una decisión por parte de la administración activa. El asunto que ahora nos ocupa, se subsume con claridad en la indicada situación de excepción: aunque se trate de plantear la cuestión en...

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