Dictamen nº 035 de 04 de Marzo de 2024, de Municipalidad de Liberia

EmisorMunicipalidad de Liberia

04 de marzo de 202 4

PGR-C-035-2024

Señor

Luis Gerardo Castañeda Díaz

Alcalde Municipal

Municipalidad de Liberia

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, nos referimos a su oficio n.° AMLC-090-02-2023 del 09 de febrero de 2023, mediante el cual,se concierta solicitar criterio sobre lo siguiente:

“1.- La Ley de Patentes del Cantón de Liberia dispone en el artículo 16 inciso b) que la patente se debe de cobrar a todas las instituciones crediticias. De conformidad a lo anterior es procedente que una Municipalidad, exonere del pago del impuesto de patentes a las instituciones de crédito que no realizan actividad lucrativa ya que la ley constitutiva indica que es una institución de ahorro y crédito entre los accionistas.

2-Cual sería la consecuencia de aplicar esa exoneración”.

En atención alo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (n.°6815 del 27 de setiembre de 1982),se adjunta el criterio legal n° PSJ-013-02-2023 del 9 de febrero de 2023, emitido por el Departamento de Servicios Jurídicos de esa Municipalidad de Liberia, en el que básicamente se indica que los Municipios no se encuentran facultados para exonerar de algún impuesto a un sujeto pasivo a menos que así este previsto en la norma legal que otorga la exención, como competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa, siendo las únicas instituciones exoneradas del impuesto de patentes de acuerdo con la Ley de Patentes de ese cantón, las entidades bancarias estatales, para después hacer una referencia tangencial a las asociaciones cooperativas, de las que entiende no están exoneradas de dicho impuesto.

Es menester advertir desde ya, que tanto la consulta como el criterio legal referidos resultan insuficientes,pues no contienen los elementos básicos y/o necesarios para hacer un análisis jurídico detallado y poder evacuar la consulta de una forma integral.

Dicho lo anterior, y luego de un estudio de la presente gestión, se observa que existe una omisión respecto a la identificación precisa de la “ley constitutiva” a la que hace referencia la primera pregunta planteada, así como de las instituciones de crédito involucradas. No se especifica qué o cuál ley constitutiva se está invocando, ni tampoco a qué tipo de instituciones de ahorro y crédito se está refiriendo. Este vacío informativo resulta crucial para el entendimiento completo del contexto legal aplicable.

Por otro lado, a pesar de que el criterio jurídico hace mención a las cooperativas, se evidencia una falta de claridad en cuanto a su inclusión en la consulta original. La ausencia de referencia explícita a las cooperativas en el asunto consultado sugiere una carencia de elementos necesarios para una adecuada evaluación y análisis.

Cabe destacar que ni el oficio de consulta, ni el criterio legal remitido, indican como se dijo con anterioridad, a qué ley constitutiva hace referencia o a qué institución de ahorro y crédito se refiere, lo cual podría incidir en el análisis que se vaya a hacer; lo que en modo alguno hubiese afectado la admisibilidad de la consulta, pues no por ello se consideraría un “caso concreto” y más bien hubiese contribuido a dar un dictamen más preciso sobre los temas que se plantean.

En razón de lo expuesto, se procede a dar respuesta a las interrogantes formuladas con el mismo grado de indeterminación que fueron planteadas, sin poder precisar a cuáles “instituciones de crédito que no realizan actividad lucrativa” se hace referencia.

HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE PATENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA

Dado que la consulta de la Municipalidad versa sobre la posibilidad de exonerar del pago del impuesto de patentes a ciertas instituciones de crédito que no llevan a cabo actividades lucrativas, es necesario brindar una introducción preliminar que contextualice adecuadamente esta cuestión dentro del marco de la potestad impositiva de los gobiernos locales y el alcance del impuesto de patentes en relación con las actividades lucrativas.

Así, de conformidad con los artículos 169 y 170 de nuestra Constitución Política, las Corporaciones Municipales, dado su carácter autónomo, les corresponde la administración de los intereses y servicios locales del cantón en beneficio de la colectividad.

En virtud de esa autonomía constitucional, se deriva la potestad impositiva atribuida a las municipalidades, según lo confirma el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, la que supone la iniciativa para la creación, modificación o extinción de los tributos municipales, potestad que, sin embargo, es de carácter relativo, en el tanto se encuentra sometida a la aprobación respectiva por parte de la Asamblea Legislativa.

De este modo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia n.°1631-91 de las 15:15 horas del 21 de agosto de 1991, expresó:

“Dispone el artículo 170 de la Constitución Política que las Corporaciones Municipales son autónomas. De esa autonomía, se deriva por principio la potestad impositiva de que gozan los gobiernos municipales en cuanto son verdaderos gobiernos locales, por la que la iniciativa para la creación, modificación o extinción de los impuestos municipales corresponden a esos entes, ello sujeto a la autorización legislativa establecida en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, la cual es, por su naturaleza más bien un acto de aprobación... De ahí que constitucionalmente no es posible que la Asamblea Legislativa tenga un papel creador de los impuestos municipales, en cuanto que son las corporaciones las que crean esas obligaciones impositivas locales, en ejercicio de la autonomía consagrada en el artículo 170 de la Constitución y por su naturaleza de entidades territoriales corporativas, es decir de base asociativa, capaz de generar un interés autónomo distinto del Estado, y las someten a la aprobación legislativa que condiciona su eficacia” (véase en igual sentido los siguientes votos:140-94, 496-94, 3494-94, 467-99, 5445-99, entre otros.)

Ahora bien, partiendo de la potestad tributaria otorgada a los gobiernos locales, dichas corporaciones tienen la exclusividad para otorgar licencias para las actividades comerciales en cada cantón y, por ende, recaudar el impuesto de patente municipal sobre dichas actividades. Así las cosas, es responsabilidad de cada municipalidad verificar el cumplimiento de los requisitos que establecen la obligación tributaria local, así como llevar a cabo funciones de fiscalización y recaudación de los tributos correspondientes.

En lo que interesa, el fundamento normativo del impuesto de patente municipal se halla en el artículo 88 del Código Municipal (Ley n.°7794 del 30 de abril de 1998), que dispone:

Artículo 88- Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con la licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado”.

En esta línea de ideas, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reconocido a la patente municipal como la figura impositiva primordial de las municipalidades, definiéndola como:

“el tributo“que...

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