Dictamen nº 155 de 14 de Julio de 2016, de Ciudadano Particular

EmisorCiudadano Particular

14 de julio de 2016

C-155-2016

Licenciado

Greivin Ruiz Calero

Estimado señor:

Con la aprobación de la señora Procuradora General Adjunta de la Republica, damos respuesta a su nota recibida el 1° de julio de 2016, por medio de la cual somete a nuestra consideración el trámite dado al reclamo por diferencias salariales que planteó ante el Ministerio de Justicia.

En su memorial detalla que el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia no atendió su pedido y, por el contrario, lo remitió a la vía judicial para hacer valer sus derechos. En razón a lo anterior, pretende que esta Procuraduría General le colabore para ver satisfecha su pretensión, o bien, le confirme si resulta necesario que interponga una demanda ordinaria laboral.

SOBRE LAS RAZONES DE ADMISIBILIDAD QUE IMPIDEN EJERCER LA FUNCIÓN CONSULTIVA

En orden a la consulta que aquí nos ocupa, la misma no es admisible y no puede ser atendida.

Los numerales 1, 3 inciso b) y 4 de su Ley de creación –Ley n.° 6815 de 27 de setiembre de 1982–, conciben a la Procuraduría General de la República como el asesor técnico jurídico de las distintas dependencias de la Administración Pública. Para una mayor claridad, transcribimos esos artículos:

“Artículo 1.-Naturaleza jurídica

La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia. Tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus funciones”. (Lo subrayado no es del original).

“Artículo 3. Atribuciones Son atribuciones de la Procuraduría General de la República:

  1. (...)

  2. Dar informe, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas estatales. (...)” (Lo subrayado no es del original).

“ Artículo 4º.- Consultas: Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.” (Lo subrayado no es del original).

Entonces, tal y como se desprende de la normativa citada, la Procuraduría General evacua las cuestiones jurídicas que planteen las administraciones...

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