Dictamen nº 226 de 15 de Junio de 2020, de Asamblea Legislativa
| Emisor | Asamblea Legislativa |
15 de junio de 2020
C-226-2020
Señor
Dragos Dolanescu Valenciano
Diputado
Asamblea Legislativa
Estimado señor:
Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio no. PRSC-DDV-210-2020 de 2 de junio de 2020, presentado en la Procuraduría el 11 de junio, mediante el cual requiere nuestro criterio sobre la forma de operar del Mercado de Mayoreo y el cobro del impuesto al valor agregado en la prestación de su servicio, lo cual aumenta el costo para sus clientes y vendedores.
Señala, además, que lo anterior fue denunciado por la Asociación Pro Defensa del Mercado de Mayoreo ante la Dirección General de Tributación Directa en noviembre del año 2019.
De conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública, y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública.
Para esos efectos, la Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración Pública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa.
Pese a lo anterior y a que no existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha acostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les atribuye. De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan estimarse de interés general.
Tal y como hemos dispuesto en otras ocasiones, esta forma de colaboraciónnodispuesta en la Leytiene como objeto colaborar en la satisfacción de las funciones parlamentarias y ello mediante un asesoramiento de índole estrictamente jurídico. Dicho asesoramiento no puede desnaturalizar la función consultiva de la Procuraduría ni mediatizar su función,al punto de impedirle suministrar la asesoría a quien está legitimado para solicitársela, sea la Administración Pública. Así,el asesoramiento a los señores diputados tiene como límite el contenido propio de la función consultiva, su eficiente ejercicio respecto de la...
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