Dictamen nº 241 de 08 de Noviembre de 2016, de Municipalidad de Desamparados

EmisorMunicipalidad de Desamparados

C-241-2016

8 de noviembre del 2016

M.B.A. Gilberth Jiménez Siles

Alcalde

Municipalidad de Desamparados

Ing. Jesús Chinchilla González

Coordinador Unidad de IngenierÃa

Municipalidad de Desamparados

Estimados señores:

Con aprobación de la señora Procuradora General Adjunta de la República, me refiero a los oficios AM-552-14 y AM-553-14, ambos del 16 de julio de 2014, donde se nos plantean las siguientes consultas:

“1. ¿Le corresponde a la Municipalidad de Desamparados la aplicación de los artÃculos 75 y 76 del Código Municipal en lo que se refiere a la construcción de aceras en rutas nacionales cuyo operador titular es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes?.

¿De ser asÃ, le sigue correspondiendo a la Municipalidad de Desamparados la construcción previa sobre esa infraestructura vial de carácter nacional, de elementos propios de ingenierÃa de carreteras tales como obras de drenaje lateral, conducciones hidráulicas, muros de confinamiento y retención, los cuales son indispensables para la posterior construcción de aceras, aún cuando ello implique una especie de subsidio de la Municipalidad de Desamparados hacia el Gobierno Central, generando de esta forma una estructura de costos inmanejables para la Municipalidad de Desamparados desde el punto de vista operativo y económico?.

¿Dentro de este contexto económico y operativo, no le corresponderÃa al MOPT el financiamiento y ejecución fÃsica de estos elementos para que luego la Municipalidad de Desamparados proceda al cumplimiento de los artÃculos 75 y 76 del Código Municipal, por medio de la construcción de aceras sin que esta separación de labores implique de modo alguno, la ausencia de una coordinación armoniosa entre la Municipalidad de Desamparados y el MOPT?

¿Está la Municipalidad de Desamparados facultada para solicitar al MOPT la implementación previa de los componentes de drenaje vial y confinamiento vial (muros de retención) antes de la intervención de la Municipalidad de Desamparados para la ejecución de los proyectos de provisión de aceras?.”

II. SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN RUTAS NACIONALES

Las normas cuya aplicación es objeto de consulta, en lo que interesa, disponen:

“ArtÃculo 75.-De conformidad con el plan regulador municipal, las personas fÃsicas o jurÃdicas, propietarias o poseedoras, por cualquier tÃtulo, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones:

(...)

d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento.

(...)

Salvo lo ordenado en la Ley General de Salud, cuando los munÃcipes incumplan las obligaciones anteriores o cuando la inexistencia o mal estado de la acera ponga en peligro la seguridad e integridad o se limite la accesibilidad de los peatones, la municipalidad está facultada para suplir la omisión de esos deberes, realizando de forma directa las obras o prestando los servicios correspondientes. Por los trabajos ejecutados, la municipalidad cobrará al propietario o poseedor del inmueble el costo efectivo del servicio o la obra. El munÃcipe deberá reembolsar el costo efectivo en el plazo máximo de ocho dÃas hábiles; de lo contrario deberá cancelar por concepto de multa un cincuenta por ciento (50%) del valor de la obra o el servicio, sin perjuicio del cobro de los intereses moratorios.

Con base en un estudio técnico previo, el Concejo Municipal fijará los precios mediante acuerdo emanado de su seno, el cual deberá publicarse en La Gaceta para entrar en vigencia. Las municipalidades revisarán y actualizarán anualmente estos precios y serán publicados por reglamento.

Cuando se trate de las omisiones incluidas en el párrafo trasanterior de este artÃculo y la municipalidad haya conocido por cualquier medio la situación de peligro, la municipalidad está obligada a suplir la inacción del propietario, previa prevención al munÃcipe conforme al debido proceso y sin perjuicio de cobrar el precio indicado en el párrafo anterior. Si la municipalidad no la suple y por la omisión se causa daño a la salud, la integridad fÃsica o el patrimonio de terceros, el funcionario municipal omiso será responsable, solidariamente con el propietario o poseedor del inmueble, por los daños y perjuicios causados.

En todo caso y de manera excepcional, se autoriza a la municipalidad para que asuma, por cuenta propia, la construcción o el mantenimiento de las aceras cuando se demuestre, mediante un estudio socioeconómico, que los propietarios o poseedores por cualquier tÃtulo carecen de recursos económicos suficientes para emprender la obra.”

“ArtÃculo 76. - Cuando se incumplan las obligaciones dispuestas en el artÃculo anterior, la municipalidad cobrará trimestralmente con carácter de multa:

(...)

d) Por no construir las aceras frente a las propiedades ni darles mantenimiento, quinientos colones (¢500,00) por metro cuadrado del frente total de la propiedad.

(...)”

En el Dictamen No. C-243-2009 del 3 de setiembre del año 2009, este órgano asesor ya contestó la primera de las interrogantes planteadas, emitiendo criterio en el sentido que el artÃculo 75 inciso d) del Código Municipal, obliga a la construcción de aceras a todos los munÃcipes, sin distinguir si se está en colindancia con una vÃa nacional o cantonal, materia sobre la cual, el ente municipal posee competencia para fiscalizar. Literalmente se indicó:

«III. De las obligaciones dispuestas en el numeral 75 del Código Municipal.

El artÃculo 75 del Código Municipal impone de una serie de obligaciones alas personas fÃsicas o jurÃdicas, propietarias o poseedoras, por cualquier tÃtulo, de bienes inmuebles...

De conformidad con la norma antes citada, los propietarios de bienes inmuebles en una determinada localidad, tienen una serie de deberes en relación con sus propiedades, en beneficio del orden y bienestar social de la comunidad. Estas obligaciones tienen su origen en los principios constitucionales de solidaridad social y de función social del derecho de propiedad, y resultan acordes con la potestad de control que en materia de planificación y control urbano deben ejercer las municipalidades (OJ-106-2002 de 24 de julio de 2002).

En ese sentido, la Sala Constitucional ha señalado:

“(...) Nótese que se trata de obligaciones que se exigen a las "personas fÃsicas o jurÃdicas, propietarias o poseedoras, por cualquier tÃtulo, de bienes inmuebles"respecto de esos inmuebles, cuya naturaleza es de orden urbanÃstica, en tanto se refieren a la implementación de medidas de salubridad, seguridad, comodidad y ornato -entre otras- para los propietarios o poseedores de los lotes, cuya exigencia resulta legÃtima por parte de la municipalidad en virtud de la responsabilidad que tiene asignada en lo que respecta a la planificación urbana del cantón de su jurisdicción, competencia creada por mandato legal, no sólo en lo dispuesto en el Código Municipal, sino en otras leyes, en la Ley de Planificación Urbana, número 4240, la Ley de Construcciones número 833, y en Ley General de Caminos, y que ha sido reconocida en la jurisprudencia constitucional, para lo cual, entre otras puede consultarse las siguiente sentencias número 1167-92, 5097-93, 6706-93, 5303-93, 2345-96, 4205-96, 4262-96, 4545-96, 4856-96, 4857-96 y 1607-98. En este sentido, debe tener en cuenta el accionanteque la obligación está establecida no sólo para el propietario, sino también para elposeedor, según dispone textualmente en el comentado y transcrito artÃculo 75, lo cual resulta no sólo pertinente sino necesario, toda vez que en muchas ocasiones las propiedades están dadas en arriendo, o se ha cedido su derecho de uso, y según se analizó, las obligaciones que se imponen son de orden urbanÃstico, donde está implÃcito un uso y aprovechamiento de la propiedad (limpieza del terreno, recolección de basura, conservación de cercas y aceras, limpieza de aceras, conservación y limpieza de canoas y desagües); de manera que resulta lógico que esa obligación recaiga también sobre el posesor del inmueble, se trata de obligaciones que recaen sobre el que tenga el derecho de uso del bien inmueble.

III.-En virtud de lo anterior,considera la Sala que resulta no sólo razonable sino adecuado que la responsabilidad en el cumplimiento de estas obligaciones recaiga sobre los propietarios y poseedores de los inmuebles, tal y como lo establece la norma, por cuanto se refieren a tareas de manutención y conservación de dichos bienes, lo cual no sólo beneficio a sus titulares, sino, por sobre todo, a la comunidad en general, lo cual resulta acorde con el concepto y contenido de la función social que es un elemento esencial del derecho de propiedad, asà como también del principio de solidaridad social(...).

IV.- DE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ESTABLECIDAS EN ELARTICULO75 DEL CÓDIGO MUNICIPAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD.Esen virtud de las anteriores consideraciones que las exigencias resultan a tal punto exigibles, que si el propietario y/oposedordel inmueble no cumple las mismas, las municipalidades pueden suplir la omisión de esos deberes, "realizando en forma directa las obras o prestando los servicios correspondientes", trabajos que cobrará al propietario o poseedor, según lo prevé la norma en comentario:

"Salvo lo ordenado en la Ley General de Salud, cuando los munÃcipes incumplan las obligaciones anteriores, la municipalidad está facultada para suplir la omisión de esos deberes, realizando en forma directa las obras o prestando los servicios correspondientes. Por los trabajos ejecutados, la municipalidad cobrará, al propietario o poseedor del inmueble, el costo efectivo del servicio o la obra. El munÃcipe deberá reembolsar el costo efectivo en el plazo máximo de ocho dÃas hábiles; de lo contrario, deberá cancelar por concepto de multa un cincuenta por ciento (50%) del valor de la obra o el servicio, sin perjuicio del cobro de los intereses moratorios.

Con base en...

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