Dictamen n° 282 de 04 de Diciembre de 2013, de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

EmisorInstituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

04 de diciembre de 2013.

C-282-2013

Señora

Ing. Yesenia Calderón Solano

Presidenta Ejecutiva

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Estimada señora :

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta a su oficio PRE-2013-0494 de 23 de mayo de 2013, en el cual consulta si las municipalidades pueden dar concesiones en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre con el propósito de que se construyan obras públicas necesarias para “mejorar el saneamiento y la salud pública”, y autorizar dicha construcción a pesar de la moratoria dispuesta por el ley número 9073.

I. La ley de protección de los ocupantes de la zonas clasificadas como especiales número 9073 de 19 de setiembre de 2012.

El propósito y finalidad de la ley número 9073 lo expresa el artículo 1, el cual establece:

“ARTÍCULO 1.-

Por el plazo de veinticuatro meses, se suspenderá el desalojo de personas, demolición de obras, suspensión de actividades y proyectos en la zona marítimo-terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado.”

A pesar de su redacción, pues según este artículo se suspende la “suspensión de actividades y proyectos”, el propósito de la ley 9073 es suspender el desalojo de personas y la demolición de obras en la zona marítimo-terrestre, la franja fronteriza y el patrimonio natural del estado no incluida en los anteriores terrenos.

En lo que tiene que ver con la zona marítimo-terrestre, la ley número 9073 establece que los gobiernos locales pueden aplicar la moratoria allí establecida si el concejo municipal así lo acuerda en forma razonada. Esta es una facultad que la ley otorga a las municipalidades, por lo que su adopción no constituye una obligación. Al respecto, dispone el artículo 6 de la citada ley:

“ARTÍCULO 6.-

Se autoriza a las municipalidades, en las zonas de su competencia, a aplicar la moratoria en los términos establecidos en la presente ley, previo acuerdo razonado del concejo municipal respectivo.”

De adoptarse dicho acuerdo, la moratoria implica que las municipalidades suspenden el desalojo de quienes deban ser desalojados de la zona marítimo-terrestre, así como la demolición de obras o edificaciones que, de conformidad con la legislación vigente, deben ser demolidas. Lo anterior, durante el plazo de 24 meses contados a partir de su entrada en vigencia y con la excepción del dictado de medidas cautelares, judiciales o administrativas, y la...

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