Dictamen n° 284 de 04 de Diciembre de 2013, de Instituto Nacional de Seguros

EmisorInstituto Nacional de Seguros

4 de diciembre de 2013

C-284-2013

Señor

Guillermo Constenla Umaña

Presidente Ejecutivo

Instituto Nacional de Seguros

Estimado señor:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República me refiero a su oficio PE- 2011- 01219 del 17 de noviembre de 2011, mediante el cual se consulta sobre la posibilidad de aplicar el artículo 272 del Código Fiscal, Ley N08 del 31 de octubre de 1885, a los Contratos Administrativos regulados en la Ley N0 7494 del 8 de junio de 1995, “Ley de Contratación Administrativa” y su Reglamento, específicamente consulta:

1. Si debe considerarse acertada la interpretación en cuanto a que el hecho generador establecido en el inciso 2) del artículo 272 del Código Fiscal, contempla o sujeta a los Contratos Administrativos regidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

2. Si en los supuestos establecidos en el artículo 115, así como en el inciso b) del artículo 154, ambos del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Es correcto interpretar que con posterioridad al acto de adjudicación de contrataciones de cuantía inestimada, con cada “Orden de Compra o Pedido” que emita la Administración con posterioridad a dicho acto, se debe, de conformidad con el monto establecido en dicha “Orden de Compra o Pedido”, pagarse la tarifa establecida en el artículo 272 del Código Fiscal.

3. Si en el supuesto de que se deba interpretar que la Contratación Administrativa se encuentra sujeta al tributo establecido en el artículo 272 del Código Fiscal, sería correcto interpretar que en los casos de los servicios a los que hace referencia el artículo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuyo caso, normalmente se emite una orden de inicio, la cual no cuantifica el monto al momento de su notificación al contratista y es hasta que el contratista presenta su respectiva factura que se cuantifica dicho monto: ¿Es con la referencia al monto establecido en dicha factura que se debe cancelar el tributo?

Se adjunta el criterio legal DJUR-03145-2011 del 2 de noviembre del 2011 suscrito por la Licenciada Nancy Arias, jefe de la dirección jurídica del INS, en el cual se llega a la siguiente conclusión:

“ El análisis planteado nos permite anotar las siguientes conclusiones:

1. El hecho generador establecido en el inciso 2) del artículo 272 del Código Fiscal, no contempla o sujeta a los Contratos Administrativos, regidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento .

2. En los supuestos establecidos en el artículo 115, en el inciso b) del artículo 154 y el artículo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no se debe interpretar que con posterioridad al acto de adjudicación de contrataciones de cuantía inestimada, con cada “Orden de Compra o Pedido” o con la facturación posterior a la “Orden de inicio” que emita la Administración, se deba, de conformidad con el monto establecido en dichas órdenes de compra o pedido, o factura, pagarse la tarifa establecida en el artículo 272 del Código Fiscal”.

I. Generalidades

A. Sobre la diferencia entre documento público y documento privado

De previo a responder la consulta planteada es pertinente hacer algunas consideraciones sobre la diferencia entre los documentos públicos y documentos privados. En primer lugar es oportuno referirnos a la definición de documento público que establece el Código Procesal Civil, Ley 7130 del 16 de agosto de 1989, que conceptualiza los documentos públicos de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 369.-

Documentos e instrumentos públicos.

Son documentos públicos todos aquéllos que hayan sido redactados o extendidos por funcionarios públicos, según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones .

Las fotocopias de los documentos originales tendrán el carácter que este artículo establece, si el funcionario que las autoriza certifica en ellas la razón de que son copias fieles de los originales, y cancela las especies fiscales de ley.

(…)”. ( Resaltado no es original)

Es decir, para que un documento sea reputado como público deben concurrir los siguientes requisitos:

1. Deben ser extendidos por funcionario público

2. Deben cumplir con las formas requeridas por la Ley

3. Se deben hacer dentro de los límites de la competencia del funcionario

Sobre el tema ha indicado la doctrina:

“Hemos mencionado que los documentos para que tengan valor legal deben de cumplir con las formalidades de fondo y forma que establece nuestra legislación procesal civil, la cual de acuerdo con su autor señala tres clases: los documentos públicos, los instrumentos públicos y los documentos privados.

Los dos primeros (el documento público y el instrumento público) serán creados o van a nacer a través de personas a las cuales el Estado les ha dado fe pública, que es un imperativo jurídico que nos obliga a tener un hecho o acontecimiento por cierto, es decir, lo que diga el documento público o un instrumento público es cierto hasta tanto no se compruebe lo contrario, en sede judicial.

(…)” ( JIMÉNEZ MONGE (Ana Lucía). El valor legal y probatorio de los documentos en diferentes soportes . Archivo Nacional, disponible en: http://www.archivonacional.go.cr/index.php/articulos-especializados-en-archivistica ).

Por su parte los documentos privados son aquellos que surgen en la esfera privada, tales como la carta y el contrato, y sobre los cuales priva el principio de autonomía de la voluntad, y el principio de que se puede hacer todo lo que se quiera mientras no se violente la ley, y los mismos tendrán validez legal en tanto sean reconocidos por las personas que los emiten, independientemente del soporte en que se consignen.

L a Procuraduría General de la República en el dictamen C-316-2009 del 10 de noviembre del 2009, se ha expresado sobre las diferencias entre documentos público y documento privados de la siguiente manera:

”En contraposición con la definición de documento público, el privado es todo aquel que no ha sido redactado o extendido por un funcionario público dentro del límite de su competencia, artículo 369 del Código Procesal Civil. Por lo que un documento que no ha sido extendido o redactado por un funcionario público

o que registra información de carácter privado es, entonces, un documento privado. Como tal, amparado por la Norma Constitucional”. (Resaltado no es original).

Esta distinción es importante para determinar qué tipo de documentos...

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