Dictamen n° 165 de 24 de Julio de 2000, de Ministerio de Seguridad Pública

EmisorMinisterio de Seguridad Pública

C-165-2000

San José, 24 de julio del 2000

Licenciada

Jeiner Villalobos Steller

Jefe Departamento de Reclamos y Encargada de Cobros Administrativos

Ministerio de Seguridad Pública

S. O.

Estimada Licenciada:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República tengo el gusto de dar respuesta a su estimable oficio n.° 2613-2000 AL, del 18 de mayo del año en curso, mediante el cual solicita a este Despacho rendir el dictamen preceptivo al que hace referencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Lo anterior, en orden a determinar si existe nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el pago realizado al servidor XXX por concepto de riesgo policial, en el período comprendido entre 1° de octubre de 1996 hasta la actualidad.

I.-

ANTECEDENTES

Del expediente administrativo remitido a este Despacho se extraen los siguientes hechos relevantes para la definición del asunto planteado:

1.-

El 1° de mayo de 1992, el señor XXX ingresó a laborar para el Ministerio de Seguridad Pública, nombrado como agente de categoría 2, destacado en Control de Drogas y desempeñando funciones de investigador financiero. Desde su ingreso se le ha reconocido el pago del plus salarial denominado riesgo policial (véase certificación de folio 20 del expediente administrativo).

2.-

El 20 de enero de 1998, el señor XXX fue trasladado al Centro de Información de la Fuerza Pública, en funciones administrativas. Posteriormente, el 15 de abril de 1999, fue destacado en Inspección Policial y sus funciones son de carácter administrativas, con jornada de ocho horas de lunes a viernes (véase certificación de folio 20).

3.-

El 17 de agosto de 1999, mediante resolución n.° 2018-99 D.M., el señor Juan Rafael Lizano, Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, resolvió instaurar procedimiento administrativo a fin de determinar si existe nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el pago del plus salarial denominado riego policial al señor XXX. En la misma resolución designó al encargado de cobros administrativos del Departamento de Reclamos de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio como órgano director del procedimiento (véase folio 21).

4.-

El órgano director, mediante resolución n.° 1217-99 A.L., de las 8:15 hrs del 29 de setiembre de 1999, dictó auto de apertura del procedimiento administrativo con el fin de determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del pago por concepto de riesgo policial en favor del señor XXX. En la misma resolución se convocó al servidor a una audiencia oral y privada a realizarse a las 12:30 hrs del 26 de octubre de 1999, en el Departamento de Reclamos de la Dirección de Asuntos Legales, advirtiéndosele que podía ofrecer la prueba y los alegatos de descargo que considerara pertinentes (folio 22).

5.-

A las 12:30 hrs del 26 de octubre de 1999, se realizó la audiencia oral y privada con la presencia del señor XXX (folio 41).

6.-

Mediante resolución n.° 670-2000 AL, de las 11 hrs del 10 de marzo del año en curso, el órgano director del procedimiento resolvió: "Recomendar al señor Ministro de ésta (sic) Cartera, dictar la resolución correspondiente y diligenciar el presente caso ante la Procuraduría General de la República a fin de que se cumpla con el numeral 173 de la Ley General de la República (sic, se refiere a la LGAP) y se dictamine si existe nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el pago del plus salarial en el periodo del 10 de octubre de 1996 hasta la actualidad del señor XXX, cédula de identidad No. XXX, lo anterior por cuanto no le correspondía el pago de dicho plus salarial y cumplir así lo ordenado por la Sala Constitucional en el Voto No. 0997-98 supracitado" ( folios 60 - 62).

7.-

El Lic. Rogelio Ramos Martínez, Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, mediante resolución n.° 840-2000 D.M., de las 13 hrs del 10 de marzo del 2000 resolvió: "Enviar a la Procuraduría General de la República las presentes diligencias, a fin de que dictamine si existe o no nulidad absoluta, evidente y manifiesta, en el otorgamiento del plus salarial del riesgo policial en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 1996 hasta la actualidad al señor XXX, portador de la cédula de identidad N° XXX, y en caso de que ratifique lo anterior, se pronuncie respecto a si debe cobrar o no el dinero pagado en el período de marras, por el concepto antes dicho, lo anterior con base en el artículo 173 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública" (folios 63 – 66).

8.-

La Licda. Jeiner Villalobos Steller, Jefe del Departamento de Reclamos y Encargada de Cobros Administrativos a.i., mediante oficio n.° 2613-2000 AL, del 18 de mayo del 2000, remitió a la Procuraduría General de la República el expediente administrativo correspondiente.

II.-

SOBRE LA ANULACIÓN DE ACTOS DECLARATORIOS DE DERECHOS EN VÍA ADMINISTRATIVA

Como regla general, para que la Administración pueda declarar la nulidad absoluta de un acto administrativo suyo creador de derechos subjetivos en favor de los administrados, debe recurrir al proceso de lesividad, el cual constituye una garantía para los administrados, en cuya virtud debe entenderse proscrita la posibilidad de que la Administración pueda declararla en vía administrativa. Para el logro de tal finalidad la Administración interesada debe, más bien, demandar la anulación ante la jurisdicción contencioso administrativa, debiendo haber declarado previamente que el acto es lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza (artículos 10.4 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).

La excepción a dicha regla la establece el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, mediante la cual se autoriza a la Administración a declarar la nulidad de un acto declaratorio de derechos –en sede administrativa--, cuando dicha nulidad, además de absoluta, sea evidente y manifiesta, previo dictamen favorable de la Procuraduría en ese sentido --salvo cuando la nulidad verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, en cuyo caso el dictamen deberá rendirlo la Contraloría General de la República--.

1. Consideraciones generales

Es preciso recordar, aunque de manera muy somera, que de acuerdo con lo que establece la Ley General de la Administración Pública, n.° 6227 de 2 de mayo de 1978, cuando un acto administrativo resulte disconforme con el ordenamiento jurídico, aquél será inválido (artículo 158, inciso 2).

Ahora bien, la nulidad tiene dos formas de manifestarse: absoluta o relativa, según la gravedad de la infracción cometida (artículo 165 LGAP). La determinación de sí estamos ante una u otra nulidad, dependerá de lo que al efecto disponga el ordenamiento jurídico. Así, la citada Ley General dispone que la nulidad será absoluta, cuando en el acto falten totalmente, uno o...

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