Dictamen n° 263 de 26 de Octubre de 2000, de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

EmisorInstituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

C-263-2000

San José, 26 de octubre de 2000

Señora

MBA Ligia Céspedes

Subgerente General

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

S. O.

Estimada señora:

Con la aprobación del Procurador General de la República, me refiero a su atento oficio N. SB-2000-1566 de 13 de setiembre del año en curso, por medio del cual solicita reconsiderar lo dispuesto en el dictamen N. 197-2000 de 30 de agosto anterior.

Señala Ud. que, con base en la Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes, el Instituto solicitó al Ministerio de Hacienda se le exonerara del pago de los impuestos de venta y consumo en la compra de combustible a RECOPE, solicitud que le fue denegada. Planteada la consulta a la Procuraduría, ésta confirma la denegatoria de los beneficios invocados. Es su criterio que la intención del legislador al aprobar la Ley N. 7293 era diferente a la que señala la Procuraduría, ya que no se conocía qué exoneraciones estaban vigentes. Opina, además, que el legislador quiso beneficiar a Acueductos y Alcantarillados De allí que estime que está exenta del pago del impuesto sobre las ventas, el selectivo de consumo y el impuesto sobre la importación de vehículos (Ley N. 7088 de 30 de noviembre de 1988) por ser tributos establecidos a favor de las instituciones públicas previamente a la promulgación de la Ley N. 7293, pero que al contrario sí están sujetas al Impuesto sobre bienes inmuebles y al impuesto sobre la renta, por ser impuestos aprobados con posterioridad a esa Ley N. 7293.

De previo a referirnos a la solicitud presentada, procede señalar que esta consulta fue presentada a la Procuraduría el día 13 de setiembre del presente año. El dictamen N. 197-2000 fue notificado a esa Entidad el día jueves 31 de agosto anterior, por lo que al día 13 de setiembre ya había transcurrido el plazo de 8 días hábiles establecido en el artículo 6° de nuestra Ley Orgánica. Por consiguiente, para los efectos de dicho artículo, la solicitud resulta extemporánea. No obstante lo anterior, la Procuraduría entra de oficio a conocer los argumentos esgrimidos en contra del dictamen C-197-2000, respecto del cual indicamos de seguido sus fundamentos.

A-. DICTAMEN N. 197-2000

En el dictamen cuya reconsideración se solicita, la Procuraduría hace una exposición sobre el concepto de "exención tributaria". Se señala, al respecto, que si bien el legislador puede otorgar exoneraciones, éstas pueden ser derogadas o modificadas por una ley posterior. Luego, agrega que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, según su ley de creación, goza de una exención genérica subjetiva, que posteriormente fue objeto de limitaciones. Entre ellas señala lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N. 7293 de 3 de abril de 1992, en cuanto modifica el ámbito de las exoneraciones contenido en el artículo 63 del Código Tributario. La limitación consistiría en que la exoneración estaría limitada a los "tributos existentes al momento de su creación y hasta la publicidad de la Ley N. 7293, fecha a partir de la cual entra a regir la limitación contenida en el artículo 63 del Código". Como ejemplo de limitaciones, la Procuraduría agrega lo dispuesto en las leyes Ns. 6820 y 6826 de 8 de noviembre de 1982. Considera la Procuraduría que el régimen exonerativo del Instituto se había visto afectado por las Leyes 6820 y 6826, en cuanto derogan las exenciones de los impuestos de ventas y consumo. Al efecto, es opinión de la Procuraduría que al ser derogada la Ley N. 3914 de 17 de julio de 1967 y entrar en vigencia la Ley N. 6826, el ICAA quedó afecto al pago del impuesto general sobre las ventas. E igual conclusión deduce de la derogación de la Ley N. 4961 de 10 de marzo de 1962 por la ley N. 6820. Señala la Procuraduría, asimismo, la Ley N. 7509 de 5 de mayo de 1995 y sus reformas que regula el impuesto sobre Bienes Inmuebles. Al derogarse la Ley del Impuesto Territorial, el ICAA resulta gravado por el impuesto sobre bienes inmuebles. Agrega la Procuraduría que el ICAA está sujeto a lo dispuesto en las Leyes Ns. 7722 de 9 de diciembre de 1997 y N. 7088 de 30 de noviembre de 1988, que deroga las exenciones para la importación de vehículos.

De acuerdo con lo señalado en la página 5 de su oficio, la discrepancia del Instituto se plantea respecto de los impuestos establecidos con anterioridad a la emisión de la Ley N. 7293, por lo que concierne lo referente a los impuestos selectivo de consumo, de ventas, el impuesto sobre importación de vehículos, fundamentalmente. Observa esta Procuraduría, sin embargo, que esa discrepancia se funda en una diferencia de apreciación sobre los efectos de la reforma al artículo 63 del Código Tributario, por lo que nos centraremos sobre dicho punto.

B- .UNA RESTRICCION A LOS EFECTOS DE LA NORMA EXONERATIVA

La solicitud de reconsideración se basa en que la Institución consultante considera que, de acuerdo con las opiniones expresadas en las discusiones legislativas de la Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes, la institución mantiene el derecho de exoneración respecto de los impuestos general sobre las ventas, el selectivo de consumo y el impuesto sobre la importación de vehículos. El espíritu del legislador sería mantener los beneficios tributarios reconocidos al Instituto por su ley de creación, a fin de no encarecer los servicios que la Entidad presta ni perjudicar a los usuarios.

Con ello afirma la permanencia de la exención subjetiva de que ha disfrutado conforme su ley de creación. La Procuraduría no ha discutido, empero, la existencia de la exención de mérito. Lo que ha delimitado este Organo Consultivo son los alcances de la exención.

En ejercicio de la potestad tributaria, el Estado decidió eliminar parte de las exoneraciones que habían sido otorgadas en distintas leyes. Para ello el artículo 1° de la Ley Reguladora de todas las exoneraciones dispuso una derogatoria general, que comprendía tanto las exenciones objetivas como subjetivas previstas en las diferentes normas y que concernían impuestos a los derechos arancelarios, "a las ventas, a la renta, al consumo, al territorial, a la propiedad de vehículos". Como consecuencia de lo cual, sólo se mantienen las exenciones que expresamente resultan excluidas por la misma Ley. Se trata de las exenciones previstas en el artículo 2 de la...

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