Diputados buscan quitar control previo sobre la deuda política

Los diputados cocinan una reforma al artículo 96 de la Constitución Política para eliminar la comprobación de gastos en el cobro de la deuda política.

La intención es que los partidos políticos accedan a los recursos de contribución estatal sin que haya una fiscalización previa por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), como ocurre en la actualidad.

De aprobarse ese proyecto de ley, el TSE entraría a comprobar si las agrupaciones invirtieron correctamente el aporte del Estado hasta después que los partidos reciban los dineros. Como ejemplo, para las elecciones del 2018, el monto por distribuir ronda los ¢33.000 millones.

Los alcances de los mecanismos de control se definirían posteriormente, mediante otra reforma al Código Electoral.

En lugar de la revisión de facturas a priori , la propuesta pretende instaurar el concepto de pago por voto; es decir, que al partido se le desembolse de forma íntegra el porcentaje de la deuda política que tiene derecho a cobrar, según el número de sufragios que obtuvo. El valor de cada voto lo definirá el Tribunal, tras dividir el número de sufragios emitidos entre el monto de la deuda política.

Según el presidente del Congreso, Antonio Álvarez Desanti, del Partido Liberación Nacional (PLN) -a quien el resto de legisladores señala como el promotor de la reforma-, el objetivo es que las agrupaciones reciban el monto exacto que los votantes quisieron darle con su sufragio en las urnas.

'Esto, lo que viene a hacer es un reconocimiento de que el partido va a recibir lo que la gente efectivamente le dio en votos y no en función de lo que gastó. Hoy en día, al poder cobrar la deuda en función de lo que se gasta, es un incentivo para que los partidos gasten, porque cuanto más gasten más reciben', expresó Álvarez.

De momento, existe un consenso por parte de las principales bancadas que integran el Congreso de aprobar una reforma en este sentido, y solo falta definir algunos aspectos de redacción.

Así lo reconoció el jerarca de la Asamblea y los diputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Marco Vinicio Redondo, del Acción Ciudadana (PAC), y Patricia Mora, del Frente Amplio.

Esos legisladores forman parte de la Comisión Especial de Reformas del Estado, donde se discute esa iniciativa, la cual se quiere aprobar a la brevedad posible para que entre a regir en las elecciones del 2018.

Sin embargo, como se trata de una reforma constitucional, el camino se tornó complicado en cuanto a tiempo; esta reforma...

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