ELIMINACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN MÁXIMA DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)
| Fecha de publicación | 29 Julio 2021 |
| Número de registro | IN2021568456 |
| Emisor | Poder Legislativo |
ELIMINACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN MÁXIMA DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)
Expediente Nº 22.562
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Nuestro país se ha caracterizado en las últimas décadas por la creciente inflación institucional, siendo la queja recurrente de los ciudadanos que el gobierno no funciona con la agilidad, la eficiencia y el impacto esperado, que no se toman decisiones y que la respuesta para resolver los problemas y fomentar el desarrollo es lenta, pero además a todo esto se le debe adicionar los crecientes casos de corrupción en diversas instituciones.
En estos años se ha evidenciado de forma alarmante el aumento de la proliferación de órganos con desconcentración máxima y de personerías jurídicas instrumentales, situación que ha contribuido con la inflación institucional que enfrenta el país.
Para entender a qué me refiero con inflación institucional solo basta echarle una mirada a la cantidad de órganos con desconcentración máxima, tanto de instituciones de la Administración central como de la descentralizada. Muestra patente de esta situación se puede observar en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en donde existen 5 Consejos, producto de un agotado modelo de los años de 1990 y de reestructuraciones propias de la cartera, con buenas intenciones, pero sin claridad en relación con su integración y funcionamiento.
Por medio de la creación de dichos consejos, el Ministerio de Obras Públicas ve diluida la motivación de su creación, así como el control efectivo sobre estos nuevos órganos, que se constituyen como islas dentro del desbordado organigrama administrativo, esto porque cada uno de los consejos, goza de desconcentración máxima, personería jurídica instrumental y sus respectivas juntas directivas, las cuales cuentan con participación del sector privado, afín y con intereses en las materias objeto de los respectivos consejos.
Pero el tema va más allá. Es obvio que la ciudadanía no está conforme con la existencia de los consejos del MOPT, con algunos más que otros, por ejemplo, este es el caso del Consejo Nacional de Vialidad y las razones sobran.
En el caso del Conavi, la Trocha fue el ejemplo más claro y doloroso de irresponsabilidad en la ejecución y supervisión de una obra, así como también se puede citar el caso de la platina, y de otras obras a cargo de ese Consejo, donde la irresponsabilidad, falta de controles y el desperdicio de recursos fueron la nota característica.
Pero si a todo esto le sumamos el reciente caso de corrupción más grande en la historia de nuestro país, en donde el Conavi tiene un papel protagónico, siendo que desde el 2018 la empresa MECO ha recibido contrataciones con el Estado por alrededor de 139.000 millones de colones. Tal y como se aprecia a continuación:
Para ver la imagen, solo en La Gaceta con formato PDF
Los anteriores datos fueron suministrados por la Contraloría General de la República y se observa que de los 139 mil millones que recibió MECO provino de gobiernos locales, aunque no son por montos grandes, al contrario de esto, algunas instituciones sí representaron por su cuenta un aporte más que generoso a las arcas de la constructora, como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que lidera esta lista con más de ¢15.600 millones, seguido por la Dirección General de Aviación Civil, por encima de los ¢6.400 millones.
El pasado 14 de junio nos tomó por sorpresa a todos los costarricenses, pues con el inicio del día fuimos testigos del megaoperativo del OIJ que realizó 57 allanamientos en diferentes zonas del país, incluyendo Casa Presidencial. Con dichos allanamientos se da conocer a la ciudadanía el grave caso de corrupción denominado “caso Cochinilla”, en el cual figura una gran cantidad de funcionarios públicos del Conavi, Casa Presidencial y varios empresarios de H. Solís.
En palabras del señor Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial:
Este es uno de los casos más importantes que han trabajado el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial en los últimos tiempos. Estamos haciendo 57 allanamientos en distintos puntos del país y es un caso que se relaciona con corrupción en la función pública, con violación a los deberes de probidad y con eventuales malversaciones de fondos en el tema relacionado con la construcción de obra pública, particularmente carreteras, vías y aspectos de esa naturaleza. [11]1
La investigación de este caso se realiza desde el año 2019, cuando la Fiscalía y el OIJ recibieron denuncias concretas y directas, alusivas a que había un grupo de funcionarios públicos que se estaba coludiendo con miembros, empleados, representantes y dueños de empresas privadas de muy alto nivel en nuestro país, que eran las empresas que ganaban las adjudicaciones y que estaban malversando los fondos para favorecer determinados proyectos, determinadas personas y afectar al erario público. Producto de este trabajo de varios años posibilitó la identificación de 33 personas que presuntamente están vinculadas con esta temática, las que de acuerdo con lo señalado por el OIJ han recibido sobornos, obtención de regalías, gratificaciones irregulares, esto acompañado por un comportamiento del sector privado dirigido a lograr situaciones de ventaja para sí en el tema de pagos de fondos, de presupuestos adelantados y demás ventajas.
A raíz de todo lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa pretende eliminar el Consejo Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y, crear en su lugar, la Dirección Nacional de Vialidad, para esto elimina la desconcentración máxima de la cual goza en la actualidad el Conavi y la sustituye por desconcentración mínima, pero funcionando dentro del MOPT y bajo la responsabilidad directa del ministro, teniendo al frente únicamente a un director o gerente.
El fundamento de esa iniciativa es abordar la problemática actual de manera ágil y eficiente, eliminando estructuras burocráticas ineficientes y altamente costosas, así como y más importante aún, pretende devolverle al MOPT su condición de ente rector en materia de obra pública.
Al eliminar la desconcentración máxima del Consejo de Vialidad, también estoy proponiendo prescindir de su junta directivas, pues tal y como indiqué anteriormente, la integración de dichas juntas responde a intereses propios de ciertos grupos económicos, y esto entorpece la toma de decisiones y la ejecución pronta de políticas públicas basadas en demandas reales de la sociedad costarricense.
Por las razones expuestas, propongo el siguiente proyecto de ley para la eliminación de la desconcentración máxima del Consejo Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
ELIMINACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN MÁXIMA DEL
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)
ARTÍCULO 1- Refórmese el título de la Ley 7798, Ley de Creación del Consejo de Vialidad (Conavi), y sus reformas, para que en adelante se lea: Ley de Creación del Consejo de Vialidad (Dinavi).
ARTÍCULO 2- Modifíquense todas las referencias al Consejo, Conavi o al Consejo Nacional de Vialidad para que se refieran a la Dirección Nacional de Vialidad.
ARTÍCULO 3- Refórmense los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 13,14, 15, 16,19, 20 incisos d) y h), 21, 23 24, 24 bis incisos a) y b), 25, 26, 27, 28, 29, 30 de la Ley 7798, Ley de Creación del Consejo de Vialidad (Conavi), y sus reformas, para que en adelante se lea:
Artículo 1- La presente ley regula la construcción y conservación de las carreteras, calles de travesía, pares viales y puentes de la red vial nacional. Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos:
Red vial nacional: conjunto de carreteras nacionales determinadas por la Dirección Nacional de Vialidad (Dinavi), con sustento en los estudios técnicos respectivos.
Calles de travesía: conjunto de carreteras públicas nacionales que atraviesan el cuadrante de un área urbana o de calles que unen dos secciones de carretera nacional en el área referida, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972.
Conservación vial: conjunto de actividades destinadas a preservar, de forma continua y sostenida, el buen estado de las vías y los puentes, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación vial comprende todo lo que no alcanza a ser construcción de obras nuevas o variación sustancial de estándar de las existentes. Tampoco comprende las obras de restauración que se requieren a causa de emergencias, salvo lo dispuesto por la presente ley como excepción. Dentro de la conservación vial pueden distinguirse las siguientes actividades: mantenimiento (rutinario y periódico), refuerzo, rehabilitación y mejoramientos puntuales.
Mantenimiento rutinario: conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de vegetación, reparaciones menores y localizadas del pavimento y la restitución de la demarcación, que deben efectuarse de manera continua y sostenida a través del tiempo, para preservar la condición operativa, el nivel de servicio y seguridad de las vías. Incluye también la limpieza y las reparaciones menores y localizadas de las estructuras de puentes.
Mantenimiento periódico: conjunto de actividades programables, cada cierto período, tendientes a renovar la condición original de los pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales o recapados asfálticos o de secciones de concreto, según el caso, sin alterar la estructura de las capas del pavimento subyacente. El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, la pintura y la reparación o el cambio de elementos estructurales dañados o de protección.
Pares viales: conjunto de dos vías, separadas entre sí, con sentidos opuestos de circulación vehicular, que permiten la distribución del flujo vehicular entrante y saliente de los centros urbanos, situación que permite darle continuidad física y funcional a una determinada ruta de la red...
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