Exigencia y rendicion de cuentas sobre ingresos y gasto publico: un analisis de lo que juridica, institucional y politicamente puede hacerse en la materia.

Author:Meo
Position:P. 213-247 - Report
Pages:213(35)
 
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ÍNDICE Resumen Summary Antecedentes y justificación I PARTE: EL MARCO TEÓRICO A TOMAR EN CUENTA El "estado del arte" en materia de fiscalización de la Hacienda Pública: dirección planificación, organización, control, evaluación; gobernabilidad y gobernanza; accountability; corrupción Los conceptos de gobernabilidad y gobernanza: ¿vale la pena diferenciarlos? Los usos de "gobernabilidad" en las instituciones financieras internacionales La gobernabilidad, la sociedad civil y la democracia II PARTE: DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL (CONTROL Y EVALUACIÓN) PARA UNA EFICAZ EXIGENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 1. ¿Cuál debe ser, partiendo de cuál es, el papel del Estado en el control o fiscalización, y en la asignación misma, de recursos públicos? 2. ¿Por qué se descubrieron tantos casos de corrupción de muy "alto nivel" en el 2004? 3. ¿Es suficiente, eficaz y razonada la revisión y aprobación que le hace la Asamblea Legislativa a los presupuestos públicos? 4. ¿La Contraloría, cumple sus funciones adecuadamente? ¿Es necesaria una reforma legal para hacer más efectivo el trabajo de la Contraloría? 5. ¿Son los presupuestos públicos una herramienta de planificación y controlo son meramente un requisito legal? ¿Cómo mejorarlos para cumplir mejor su función? 6. El control que ejerce la Contraloría General de la República, ¿es de legalidad, político, social u otro? 7. ¿La Contraloría como institución, es política o técnica, o una combinación de ambas? 8. ¿Cuán eficaz e integral es la competencia de investigación de la Contraloría? 9. ¿Las competencias asignadas a la Contraloría, le permiten actualmente ejercer una adecuada fiscalización del gasto público? 10. La Contraloría, ¿puede contribuir a reducir el gasto público en aquellos rubros que signifiquen desperdicio, ineficiencia, derroche, etc.? 11. ¿Es adecuado que los presupuestos de las entidades descentralizadas y las municipalidades no estén sujetos a la aprobación legislativa y únicamente sean aprobados por la Contraloría? 12. ¿Cómo debe darse el control por parte de la Contraloría, a priori o a posteriori? Ventajas y desventajas de cada forma de control 13. ¿Qué puede pensarse en relación con la posibilidad de convocatoria a una Asamblea Constituyente? ¿Qué modificaciones constitucionales deberían sugerirse para la Contraloría? 14. ¿Es posible agilizar los mecanismos de contratación administrativa y no paralizar las adquisiciones o contrataciones que producen las constantes apelaciones a que se ve sometida la Administración? 15. ¿Qué propuestas serían útiles para reformar el sistema de fiscalización? ¿Qué cambios deberían realizarse para optimizar la relación y la supervisión de la Contraloría respecto a las auditorias institucionales? 16. ¿Rinde cuentas la Contraloría a los costarricenses? 17. ¿Cómo puede el Estado recaudar mayores ingresos fiscales? ¿Cuáles controles debe implementar? 18. ¿Tiene la Contraloría mecanismos y normas legales para el ejercicio de un control fiscal eficiente y eficaz respecto de las Municipalidades del país? 19. ¿Podría contribuir la Contraloría a promover y lograr un fortalecimiento en favor de las Municipalidades del país? Conclusión ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

Hemos desarrollado desde el año 2002 al amparo del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, IICE, varios proyectos de investigación sobre la problemática de procesos públicos y políticos en Costa Rica, los cuales han permitido sistematizar, actualizar y complementar nuestra previa experiencia investigativa y conceptualizadora. Nuestro trabajo investigativo desde 1975 ha sido sistematizado y divulgado en diversos libros formales, cuadernos, artículos, ponencias, documentos oficiales de gobierno cuando trabajamos en la Oficina de Planificación Nacional, OFIPLAN, durante diez años de 1974 a 1988, y con organismos internacionales en forma de documentos finales de investigación.

En todos estos esfuerzos, hemos podido verificar la existencia de recurrentes rasgos concretos de lo que identificamos como una cultura política de origen colonial que todo lo permea al día de hoy y que constituyó, como objeto de estudio, una parte importante de nuestra tesis doctoral elaborada durante el período 1980-84 en Londres, Inglaterra. Nos referimos a las malas praxis y distorsiones político administrativas que llevan a una corrupción omnipresente alrededor del manejo de la cosa pública, al cortoplacismo, la indisciplina y secretismo, el clientelismo político, el caudillismo y centralismo, la falta de visión de largo plazo y la escasa capacidad conceptualizadora. Son todos estos, factores que caracterizan la forma desaprensiva en que gobernantes, funcionarios de toda institución pública y nivel de acción de ésas en San José y en las regiones de desarrollo, mas también en las municipalidades, partidos políticos, grupos de interés y de presión, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes, abordan sus funciones y las llevan a la práctica.

Nuestro argumento clave y la evidencia que aportamos, tiene que ver con el impacto negativo real que la indolencia, negligencia e incumplimiento en que el país incurre --a través de todos esos actores previamente referidos-- en el reconocimiento y cumplimiento del modelo de país, de sistema político e institucional constitucional y jurídicamente consagrado, tiene sobre el desarrollo integral de Costa Rica. Nuestra tesis mayor es la de que este país podría funcionar mucho mejor, con mayor eficacia y bienestar para todos, si no se hubieran dado esos factores de actitud y comportamiento de aquellos actores, o si se lograra a partir de ahora confrontarlos y, consecuentemente, superarlos sin necesidad de esperar a un cambio de modelo lo cual implicaría, dependiendo de la profundidad del cambio, de una reforma constitucional de gran calado que podría no ser viable en el corto plazo.

Parte importante de esa indolencia colectiva que identificamos y denunciamos de manera académicamente bien sustentada, es la falta de interés mismo por otros investigadores universitarios, centros de estudio y análisis de problemas nacionales, partidos políticos, grupos de interés, medios de comunicación, etc. --tal y como se dijo arriba-- por reconocer este marco referencial que hemos venido aplicando por tantos años, lo cual exige reconocer la existencia de ese marco legal superior que sí permitiría comportarnos con más racionalidad, transparencia y eficacia en el manejo de los procesos públicos y de aquellos privados y sociales que se entrecruzan de manera importante con los primeros, y estudiarlo, profundizarlo en sus distintas manifestaciones según varias otras disciplinas, y sobre todo aplicarlo para un conocimiento más unitario e integral del fenómeno de desarrollo socioeconómico y ambiental costarricense, de manera que surjan entonces análisis y propuestas de solución amalgamadas o articuladas interdisciplinariamente gracias al efecto aglutinador que ese marco legal superior permite de acuerdo a nuestra clara interpretación.

El tema de la rendición de cuentas y la transparencia administrativa, ha venido siendo recurrentemente discutido en los últimos quince años en el país, producto sobre todo --como ocurre siempre en Costa Rica-- de influencias externas de organismos internacionales y tratadistas foráneos en forma de recomendaciones a los gobiernos latinoamericanos como formas mayores de "solventar" los problemas de corrupción que llevaron a estos gobiernos a un endeudamiento y apropiación indebida por dictadores y gobernantes deshonestos, de muchos de esos recursos externos e internos a partir de la crisis fiscal y de financiamiento del gasto público que explotó en toda América Latina desde mediados de la década de los setentas.

El tema, como tantos otros en ciencias sociales pertinentes a los procesos públicos y políticos del Estado, fue forzadamente introducido. Desde entonces, muchos costarricenses han asumido dichos conceptos como esenciales, pero de maneras poco integrales y poco contextualizados precisamente en la cultura política nacional que todo lo mediatiza, inclusive los muchos y bien intencionados esfuerzos de esos costarricenses que han querido aportar al tema, pero asumiendo conceptos, metodologías, mecanismos e instrumentos de fuentes externas o de autores externos que nunca han sometido esos factores a validación o investigación fáctica en Costa Rica.

En consecuencia, nuestros muchos estudios sostienen la tesis de que las incursiones en estos campos no han generado un impacto significativo que en efecto hubiera podido confrontar y corregir esos vicios históricos de comportamiento sociopolítico e institucional.

La rendición de cuentas y la transparencia han sido, así, objeto de gran retórica y hasta de una reforma constitucional (Art. 11) hace siete años, sin que se haya logrado esa solución de continuidad que reclamamos y planteamos que ya existe jurídicamente en el país, para dar ese necesario y efectivo salto de la Constitución Política a la praxis pasando por aquel marco legal superior que a nuestro juicio reglamenta diversos aspectos de la Constitución, pero sin que muchos lo entiendan y apliquen así. Se pierde la oportunidad de que haya un verdadero reconocimiento y aplicación de cómo dar juiciosa, racional y normativamente, ese salto, y lograr que la rendición y exigencia de cuentas se practique con total naturalidad y simplicidad por todos, produciendo así una real transparencia administrativa en el desempeño de las instituciones estatales del país y en la también normada participación inteligente y propositiva de la sociedad civil misma en tales procesos y mecanismos. El abordaje más frecuente en este campo, gira alrededor de aspectos micropresupuestarios o microfinancieros, y así lo atestigua al menos un Proyecto de Ley sobre rendición de cuentas presentado hace unos siete años en la Asamblea Legislativa, mas también varios textos...

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