Exigencia y rendicion de cuentas sobre ingresos y gasto publico: un analisis de lo que juridica, institucional y politicamente puede hacerse en la materia.

Author:Meo
Position:P. 248-280
Pages:248(33)
 
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  1. ¿Es suficiente, eficaz y razonada la revisión y aprobación que le hace la Asamblea Legislativa a los presupuestos públicos?

    Hasta ahora, es nuestro criterio que no ha sido ni suficiente, ni razonada, y mucho menos eficaz, salvo en casos muy excepcionales de unos pocos Diputados que sí parecen interesarse en esa tarea cada año a juzgar por sus escasas intervenciones en Plenario.

    i. En primer lugar, no hay una utilización clara por los Diputados, del Plan Nacional de Desarrollo como marco referencial superior inmediato del Presupuesto de la República. Tampoco se acostumbra llamar al Ministro de Planificación para que éste justifique cuáles son las estrategias y prioridades de política pero con visión de conjunto, en nombre del Gobierno.

    ii. No hay tampoco un parámetro global o superior contra el cual comparar lo que el Ministerio de Hacienda está remitiendo. No existe un conjunto de indicadores de desarrollo socioeconómico propio de la Asamblea Legislativa que permita a los Diputados contrastar el presupuesto presente con el del año pasado y valorar cómo el Gobierno está plasmando en el Presupuesto Nacional su "partitura gubernativa" de acción, o sea su Plan Nacional de Desarrollo y sus planes sectoriales y regionales. Lo anterior podría hacerse con el asesoramiento que la Contraloría debe brindar a la Asamblea y a través de los diversos informes evaluativos periódicos y finales, mas también de cara al Presupuesto de la República, según Artículos 40, 52 y 55 de la Ley No. 8131 de presupuestos públicos.

    iii. Tampoco se acostumbra cuestionar a los diversos ministros en su condición de rectores de sector para que vengan a la Asamblea, a la respectiva Comisión y no sólo a la Comisión especializada en dictaminar el Presupuesto, a explicar los alcances del presupuesto de su Cartera con relación a los objetivos sectoriales y regionales de desarrollo que corresponde a cada uno de ellos definir desde el inicio de su gestión administrativa pero que nunca definen. Esta simple acción permitiría a los Diputados conocer a fondo el marco referencial superior de políticas gubernativas por sector de actividad que abarcan a los entes autónomos y a otros ministerios que manejan actividades y programas de incumbencia o impacto en estos otros sectores. De esta manera se tendría una idea clara de cómo el Gobierno busca solucionar los problemas gruesos del país con visión unitaria y de conjunto, y cómo cada Ministerio encaja en ello como medio de acción directo del Presidente con cada ministro.

    iv. Los Diputados tampoco confrontan el Presupuesto de la República con los parámetros sobre eficacia y eficiencia que la Ley No. 8131 de presupuestos públicos entronizó, los cuales obligan a la Contraloría a brindar, precisamente y como se dijo arriba, diversos dictámenes críticos de respaldo para dicha labor legislativa.

    v. La Contraloría debería de propiciar al inicio de cada nueva Administración un asesoramiento sólido y muy amplio a todos los Diputados para una mejor interpretación y valoración política del Presupuesto de la República tanto como instrumento programático de la dirección superior de Gobierno como instrumento financiero asignador del gasto público.

    vi. Además, al no mostrar el Presupuesto la subdivisión del gasto por regiones de desarrollo, quedan los Diputados sin información objetiva que les permita valorar cuál impacto tendrá dicho Presupuesto, Cartera por Cartera, o campo por campo, en el desarrollo de cada Provincia o región de desarrollo.

    Le resulta difícil así a los Diputados de todas las Comisiones, responder ante sus electores por el impacto que el gasto público del Gobierno Central tendrá en la solución de los pequeños y grandes problemas regionales según prioridades propias. En consecuencia, tendrán el mismo problema cuando quieran auscultar para el mismo ámbito territorial, cómo cada Ministro vislumbra que el gasto de su ministerio más el del resto del sector de actividad respectivo --o sea, otros programas de otros ministerios y entes autónomos vinculados--,impactará el desarrollo de cada región. Así, es difícil pedir cuentas y lograrlas del Gobierno de turno.

  2. ¿La Contraloría, cumple sus funciones adecuadamente? ¿Es necesaria una reforma legal para hacer más efectivo el trabajo de la Contraloría?

    La Contraloría ha demostrado gran capacidad y transparencia en sus auditorajes y fiscalizaciones ex post sobre instituciones o actos concretos, pero cuando ya nada se puede hacer para impedir los errores y sus impactos negativos. Aquí, la capacidad para recomendar a futuro, es buena pero sobre males consumados. Además, ha hecho muy poco sobre las ACTIVIDADES de los entes, lo cual es precisamente lo que demanda un enfoque global y estratégico y unitario distinto al aplicado hasta ahora.

    En su capacidad para fiscalizar ex ante, preventivamente como planteamos desde hace mucho, ha dejado bastante que desear. Sus Informes Anuales a la Asamblea Legislativa, cuando mucho dejaban entrever -al menos hasta el 2008 cuando empezaron a adoptar aspectos del enfoque "sectorial" de fiscalización y requerimientos a ministros en su condición de rectores sectoriales-- su consejo a las instituciones de sectores sociales por ejemplo, para que "coordinaran" mejor sus acciones, sin percatarse o querer entender y aplicar la exigibilidad que su Ley Orgánica y varias otras, le otorgan para que el Gobierno y sobre todo el órgano conocido como Poder Ejecutivo --Presidente de la República con cada Ministro-- ejerciten la competencia de DIRECCIÓN POLÍTICA, o rectoría política, que con pleno respaldo en la competencia constitucional de "tutela administrativa" desarrolla a niveles concretos y muy claros la Ley General de la Administración en sus Arts. 26.b, 27.1, 97, 98, 99 y 100.

    De esta manera, la revisión de los Planes Anuales Operativos que respaldan los presupuestos anuales, no la realizaban --repito que hasta más o menos el 2008, y aun incurren en importantes omisiones conceptuales y analíticas--las distintas Áreas de dicha Contraloría con visión unitaria de sector, lo cual implicaba e implica saber cuáles DIRECTRICES HAN SIDO EMITIDAS POR CADA MINISTRO con miras a conocer cómo se ha pretendido ordenar las ACTIVIDADES de los entes autónomos con aquellas del Ministerio del ramo propiamente, y cómo eso impacta el gasto presupuestado y la eficacia del conjunto de instituciones.

    Tampoco exige aun la Contraloría conocer cómo las instituciones han asignado el gasto por regiones de desarrollo, y qué disposiciones cada Ministro o el Gobierno como tal ha propiciado para garantizar que en ese ámbito también, haya la máxima integración y articulación posible de las acciones del Gobierno y sus instituciones en la prestación directa de sus bienes y servicios.

    Tampoco ha logrado la Contraloría a su interior, según observamos de sus Memorias y frecuentes auditorías y fiscalizaciones divulgadas por la prensa, articular los análisis que las distintas Áreas realizan con respecto a la Administración activa. Las configuraciones sectoriales que utilizan, son muy aleatorias aun y no corresponden con la organización sectorial real --aunque incumplida también por los gobiernosdel sector público, menos en la actual Administración Arias Sánchez que "sectorializó" de una manera particular a ministerios y entes autónomos desde el mismo 8 de mayo del 2006.

    Se ha partido así, cuando han querido en dicha Contraloría internamente "hacerlo bien", de un concepto errado de "sector" y entonces incluyen sólo instituciones "enteras" o completas --o sea considerando todas sus actividades sin distinguir cuáles son de un sector y cuáles de otros, desde el punto de vista de distintos ministros con competencias de dirección sobre actividades distintas de un mismo ente, situación totalmente normal y manejable en el contexto costarricense--, creando un sesgo más grave al que ya significa no exigir del Gobierno y de sus ministros que asuman su papel de rectores, dirigiendo a conjuntos de entes autónomos.

    Me explico: el sector, en la noción que el suscrito impulsó en OFIPLAN desde 1975-76, es distinta a la de América Latina, pues implica constituir campos de acción bajo la dirección política de Ministros, no de ministerios, en los que intervienen el ministerio del ramo si existe, entes autónomos al cien por ciento si efectivamente se ubican allí en todas sus ACTIVIDADES; mas también implica ubicar en el sector las actividades y programas de otros ministerios y entes autónomos que se proyectan en ese, y que deben estar sujetos a DIRECCIÓN POLÍTICA del Ministro rector respectivo.

    El desconocer esto, significa que en la praxis las Áreas de la Contraloría sólo revisan aspectos muy parciales de una temática o campo de política pública, y colaboran así, inadvertidamente, a que los jerarcas políticos evadan su enorme responsabilidad política.

    Ejemplo: el Sector Ambiente y Energía para la CGR, ha estado constituido solo por el MINAE, Fondo de Parques Nacionales, Fondo Forestal, Instituto Meteorológico, y otros órganos menores del mismo MINAE. No contemplan al ICE en energía, al AyA en utilización del recurso hídrico, a SENARA, INCOPESCA, a RECOPE, instituciones todas que tienen ACTIVIDADES que deben ser objeto de dirección unitaria y articulada por el Ministro de Ambiente según la LGAP, dirección que tiene que incidir forzosamente en el grado de racionalidad y eficacia con que se presupuesten y ejecuten los multimillonarios recursos económicos disponibles para el desarrollo ambiental sostenible del país! Tampoco ubican las actividades y programas elementalmente AMBIENTALES que manejan el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Educación, no lográndose tampoco que la Contraloría genere del Gobierno, aplicando tal ordenamiento "interno", un mucho mayor grado de articulación interministerial e interinstitucional... en beneficio del desarrollo sostenible del país.

    Ejemplo: en el Área de Servicios Sociales, la Contraloría...

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