Exjueza dice que inventaron enfermedad para pensionarla
'Manifiesta que no está en condiciones de continuar realizando sus labores habituales en el Poder Judicial debido a que es portadora del síndrome de Sjögren, diagnosticado en el 2008 (...). También se le diagnosticó fibrosis pulmonar intersticial'.
Basados en ese dictamen, el 25 de abril del 2017, tres médicos -pertenecientes al Consejo Médico Forense del departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)- recomendaron jubilar a la exjueza María Victoria Salas Ruiz, de 33 años.
El Consejo Superior del Poder Judicial acogió el criterio y la pensionó el 6 de junio del 2017, decisión que fue ratificada este mes. Sin embargo, ella continúa la lucha para revertir la decisión, pues insiste en que esta se tomó con base en un dictamen 'falso'.
Salas Ruiz admite que padece el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza, principalmente, por la sequedad de mucosas, sobre todo ocular y oral. Por ello, ella debe usar saliva, lubricante y lágrimas artificiales durante todo el día, pero esto no le impide laborar.
No obstante, rechaza que sufra fibrosis pulmonar, afirmación que respalda con un documento emitido por la jefatura de Consulta Externa del Hospital México, fechado el 25 de setiembre del 2017.
Esa enfermedad, según la abogada, la 'inventaron' los doctores para 'hacer creer que sí tenía un alto porcentaje de incapacidad y darle peso a su recomendación'.
Los médicos afirmaron que Salas Ruiz ha perdido el 67% de su capacidad orgánica por esa fibrosis, la cual pertenece a un grupo de enfermedades que causan inflamación o cicatrización de los pulmones.
Por eso, la exjueza denunció a los tres doctores, de apellidos Vargas, Paguaga y Rodríguez, ante la Fiscalía General, el 8 de noviembre pasado.
El Ministerio Público confirmó que el caso se tramita bajo el expediente 17-34-033-PE, por el presunto delito de falsedad ideológica, pero fue trasladado a la Fiscalía de San Joaquín de Flores, en Heredia, porque ahí se localizan las instalaciones de la Medicatura Forense.
El Código Penal establece que se castiga con penas de prisión de uno a seis años 'al que insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio'.
En este momento, el caso se encuentra en etapa preparatoria de investigación, la cual es privada para personas ajenas al proceso penal, dijo la Fiscalía.
La oficina de...
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