Fiscalía archiva caso de adicto fallecido por balazo policial

La Fiscalía de Pavas archivó la causa seguida contra cuatro policías de la Fuerza Pública por el homicidio de un indigente, ocurrido el 18 de julio del 2012 en un lote en Lomas del Río, Pavas.

En la madrugada de aquel día, Mario Enrique Espinoza Álvarez, de 50 años,recibió un balazo por la espaldaque le salió por el pecho, mientras dormía sobre un colchón en un predio lleno de maleza.

Un dictamen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la bala fue disparada por el cañón de una pistola propiedad del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

La Fiscalía ordenó la detención, el 22 de octubre del 2012, de cuatro policías, de apellidos Astúa (25 años), Urbina (29), Dormond (28) y Agüero (26), como sospechosos de homicidio culposo por supuestamente haber realizado disparos en el lote baldío esa madrugada, sin percatarse de que Espinoza se encontraba allí.

El OIJ decomisó 53 armas de la delegación de Pavas, pero la que resultó positiva no estuvo en manos de los oficiales involucrados.

Según el informe, hubo un encubrimiento, pues los compañeros pudieron cambiar el cañón por el de otra pistola que no estuvo en función. El arma en cuestión fue asignada a otro oficial el día de los hechos, a las 7:25 a. m.

'Un vacilón'. El subjefe policial de Pavas, de apellido Bustos, dijo al OIJ que el policía a quien le asignaron esa arma es muy amigo de uno de imputados, pues ambos se iban a tomar juntos y pasaban en un 'puro vacilón' pues se conocen de años, razón por la que debió separarlos de escuadra.

La Nación intentó conversar con los imputados, mas no atendieron sus teléfonos. Con la oficina de prensa del MSP tampoco fue posible hablar y apenas ayer se les asignó un defensor público.

Francisco Fonseca, fiscal adjunto de San José, dijo que la conclusión del OIJ no se ajusta a la prueba recabada en la investigación ni establece quién disparó.

Por eso avaló la petición del fiscal del caso, Jorge Meckbel, para que se archive el expediente. Tal gestión está pendiente de ser presentada a un juez.

Además, Fonseca manifestó que hay una acción civil contra los policías y el Estado por ¢60,3 millones.

Inconsistencias. El OIJ sostiene que las declaraciones rendidas por los oficiales, en calidad de testigos, son totalmente falsas y diferentes entre sí. Añade que los vecinos coinciden en que, a las 4 a. m. de ese día, escucharon un disparo. Eso difiere del reporte de los oficiales acerca de que hubo una balacera; de hecho, al sistema 9-1-1 no entró...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR