El funcionamiento de la administración de la justicia penal en Costa Rica
| Autor | Enrique Castillo |
| Páginas | 285-304 |
Introducción
La armación de que la justicia penal está en crisis es hoy en todas partes un lu-
gar común. En muchos países la crisis es maniesta, y los distintos componentes
del sistema penal (policía, ministerio público, tribunales, órganos penitenciarios
y demás) son objeto de ataques abiertos y reiterados, como consecuencia de los
cuales su legitimidad y su credibilidad se han deteriorado rápida y profunda-
mente. El origen de esos ataques se encuentra no pocas veces en estudios serios
y rigurosos practicados por cientícos sociales y, particularmente, por criminó-
logos, que aportan un fundamento válido a las apreciaciones críticas del sistema
penal; es decir que, con frecuencia, las críticas son válidas y bien fundadas. La
túnica sacrosanta e intocable con que tradicionalmente se ha cubierto la admi-
nistración de la justicia, ha terminado por perforarse, por romperse, y ha dejado
de ser protección suciente para esconder sus defectos, que han quedado por lo
menos parcialmente expuestos. Es así que se han puesto en evidencia las tenden-
cias selectivas y discriminatorias de la policía1, que se ha estudiado la injerencia
* Ponencia presentada a la Quinta Conferencia Latinoamérica Sobre Derecho y Desarrollo, agosto
de 1980, San José, Costa Rica. Revista de Ciencias Jurídicas, Colegio de Abogados, Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica, N°42, set-dic.1980, San José. Págs. 193-216. Tam-
bién publicada en La administración de Justicia en América Latina, Consejo Latinoamericano de
Derecho y Desarrollo, Lima, Perú, 1984, y en Cuadernos Panameños de Criminología, Nº10,
Universidad de Panamá, Panamá, 1981, pags. 35 y s.s.
1 V. gr. Edwin H. Sutherland y Donald Cressey Criminology 8ª edic. J. B. Lippincott Co.,
New York, 1970, págs. 132 y s.s.; Guy B. Johnson e negro and crime, in Wolfgang y otros
EL FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN
DE LA JUSTICIA PENAL EN
COSTA RICA*
286 Enrique Castillo Barrantes
de criterios extralegales en las decisiones judiciales2 y que se ha llamado la aten-
ción sobre las contradicciones internas y la deformación de sus funciones que
sufren las instituciones carcelarias o de tratamiento.3 Finalmente, el sistema pe-
nal ha pasado a ser cuestionado por la opinión pública y los criminólogos se han
avocado a estudiar también la presencia y la vigencia que la administración de la
justicia penal tiene en la opinión pública y en la mente de los ciudadanos.4
En Costa Rica, la crisis ha alcanzado los niveles de la opinión pública
solamente respecto de uno de los elementos del sistema penal: el subsiste-
ma penitenciario, cuya problemática se suele ventilar en foros tan abiertos
y populares como la prensa, la radio y la televisión. En el otro extremo, el
aparato judicial, por el contrario, continúa gozando de un respeto reveren-
cial de parte del gran público y sus fallas internas sólo se comentan con-
dencialmente entre los “iniciados”, principalmente entre jueces y abogados.
Parece haber un consenso entre estos sobre la idea de que más conviene a la
serenidad y a la buena marcha de la función judicial ni siquiera comentar
públicamente las imperfecciones o las fallas que la administración de jus-
ticia, como humana que es, naturalmente tiene. Esta es una actitud digna
y válida cuando se la opone a las críticas infundadas o mal intencionadas;
pero si reeja una posición de intolerante indiferencia a todo tipo de críti-
cas, encierra enormes riesgos. Como decía hace poco tiempo el Secretario
(editores), Sociology of Crime and Delinquency, John Wiley and sons, New York, 1970, págs. 419 y
s.s.; Dennis Chapman Sociology and the Stereotype of the Criminal, Tavistock, Londres, 1968, pág.
97 y s.s.
2 V. gr.: Melvin P. Sikes. e Administration of Injustice, Harper and Row, New York, 1975, págs. 99
y s.s.; Donald J. Newman Pleading Guilty for considerations: A Study of Bargain Justice, in Donald
R. Cressey y Davis A. Ward Delinquency, Crime and Social Process, Harper and Row, New York,
1968, págs. 220 y s.s.; Roger Hood and Richard Sparks Key Issues in Criminology, McGraw Hill,
New York, Toronto, 1974, págs. 141 y s.s.; Clayton A. Hartjen Crime and Criminalization 2ª
redic., Holt, Rinehart and Winston/ Praeger, New York, 1978, págs. 133-137; Dennis Chapman,
ibid.
3 V.gr. Dennis Chapman, op. cit. págs. 197 y s.s.; Michael Foucault Vigilar y Castigar, 2ª edic. Siglo
XXI, México, 1978, 314 págs.; Ted Honderich, Punishment, Peregrine Book, Midless, Inglate-
rra, 1976, 210 págs.; Dennie Briggs Fermer les prisons Seuil, Paris, 1977, 165 págs.; Joao Farias
Junior A inecacia da pena de prisáo e o sistema ideal de recuperaráo do delinquente, edic. del autor,
Rio de Janeiro, 1978, págs. 69 y s.s.; J. C. Lauret y R. Lasierra La Tortura sin ‘Sangre’. DOPESA,
Barcelona, 1976, 307 págs.; Sergio García Ramírez, La prisión, F.C.E. México 1975, págs. 51-54;
Elías Neuman El problema sexual en las cárceles, Editorial Criminalía, Buenos Aires, 1965, 202
págs.; Donald Clemmer e Process of Prisonization in Leon Radzinowics y Marvin E. Wolfgang
e Criminal in Connement, Basic Books Inc., New York, 1971, págs. 92 y s.s.
4 V. gr. el Vol. XII, N° 1, 1979, de la revista Criminología, dedicado enteramente al tema Justice et
Public, Les Presses de´l Université de Montreal, Montreal; igualmente ilustrativo es el volumen
Justice pénale et opinion publique, del Centre de Sociologie du droit et de la justice, editions de
l’Université de Bruxelles, Bruselas, 1972, 206 págs., especialmente el ensayo de S. C. Versele Juger
la Justice?, págs. 7-34, que contiene una sinopsis de los principales trabajos sobre el tema hechos
hasta esa fecha.
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