Hacienda, sin ruta hacia regla fiscal
La brújula del Gobierno aún no apunta hacia el norte a seguir para que Costa Rica cuente con una regla fiscal.
Un instrumento de esa naturaleza significaría que el país cuente con normas para limitar el crecimiento del gasto público, controlar su calidad y ejercer mayor fiscalización sobre variables como el déficit del Gobierno Central y la deuda pública.
Asimismo, sentaría responsabilidades y permitiría sancionar a los jerarcas del Gobierno que no se ajusten a la normativa.
Hoy, el Ministerio de Hacienda aún debate sobre el camino correcto para llegar allí.
Las sendas a elegir son tres, sin que ninguna todavía gane importancia sobre las otras.
Tres rutas
La primera que menciona el viceministerio de Egresos, José Francisco Pacheco, es limitar el déficit fiscal.
Al finalizar el 2014, el faltante de recursos del Gobierno Central cerró en un 5,7% del producto interno bruto (PIB).
El dato es el resultado de una escalada en el faltante de recursos del Estado, sostenida desde el 2011. Al término del 2014, el déficit experimentó un crecimiento interanual de 0,3 puntos porcentuales con respecto al 2013.
Hacienda espera que este 2015 el faltante sea menor a un 6% del PIB, mediante la aplicación de medidas de contención del gasto.
El segundo camino sería ponerle un tope a la deuda pública.
Según datos de Hacienda, a febrero del 2015 el total de la deuda pública era de ¢10,8 billones.
Entre enero y febrero pasados la deuda creció en ¢115.007 millones.
El último camino que aparece a la vista de las autoridades es limitar el gasto corriente.
Durante los dos primeros meses del 2015 las erogaciones corrientes del Gobierno Central ascendieron a ¢843.363 millones.
El principal rubro fueron las remuneraciones, por ¢395.541 millones, seguidas por las transferencias, con ¢361.853 millones.
El debate sobre por cuál de esas vías decantarse avanza lento en el Gobierno y sería hasta agosto cuando Hacienda presentaría el borrador de un mapa para llegar a la responsabilidad fiscal.
No obstante, antes de trazar bien la ruta de la sostenibilidad del fisco, el Poder Ejecutivo optó por llegar primero a una propuesta para aumentar sus ingresos con dos iniciativas, para reformar el impuesto sobre la renta, y para convertir el actual impuesto general sobre las ventas en el impuesto al valor agregado (IVA).
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