Impuesto a sociedades alista regreso
Si usted es de los que cree que el cobro del impuesto a personas jurídicas es cosa del pasado, preste atención.
Un nuevo proyecto de ley propone revivir la normativa y, con ello, que todas las sociedades activas e inactivas, así como personas jurídicas extranjeras con sucursales o apoderados inscritos en Costa Rica, vuelvan a tener la obligación de pagar un tributo.
Eso sí, el texto deberá sortear un camino legislativo que no se vislumbra corto y luchar contra los detractores que ya tenía el cobro en su versión original.
Paso a Paso
En abril del 2012 la Ley N° 9024, Impuesto a las Personas Jurídicas, entró en vigencia.
En ella se estableció un impuesto sobre todas las sociedades mercantiles, así como a toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se encontraran inscritas o, que en adelante se inscribieran en el Registro Nacional.
Desde ese momento se cobró el tributo de forma ininterrumpida, y sujeto a una tarifa variable que que se calculaba año con año.
Sin embargo, un vicio sustancial en el procedimiento legislativo llevó a la Sala IV a declarar inconstitucional la ley tres periodos después, el pasado 28 de enero.
El pronunciamiento de la Sala fue de forma y no de fondo; dejaba claro que el cobro del impuesto y la razón de ser de la ley no eran el eje central en cuestión.
Con el fallo, además, se determinó que las sociedades estarían en la obligación de cancelar el tributo correspondiente al periodo fiscal del 2015, no así a partir del 2016.
Otto Guevara, jefe de fracción del partido Movimiento Libertario, fue de los que celebró la decisión, por considerar que desde su inicio, el impuesto solo vino a significar un costo adicional de operación para los pequeños y y medianos emprendimientos.
'Nunca debió de aprobarse un impuesto como ese. Esa ley mataba iniciativas', comentó el diputado.
Para el Gobierno, la ley significaba dotar al Ministerio de Seguridad Pública de más presupuesto para sus programas de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia. Esta entidad recibía el 95% de la recaudación total del tributo.
Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, fue enfático en que la no recaudación del impuesto dejará un vacío de ¢46.000 millones, que tendría que solventarse con nueva deuda o reduciendo el presupuesto del Ministerio de Seguridad, algo que podría acarrear una desmejora en materia de seguridad.
'Así como están las cosas, tenemos que buscar cómo financiar...
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