INCIDENCIA DEL ESTATUS MIGRATORIO EN EL INGRESO Y BRECHAS SALARIALES DE GENERO DE MIGRANTES COSTARRICENSES EN EL NORESTE DE ESTADOS UNIDOS.
| Autor | Arroyo-Gonz |
| Páginas | 41(30) |
EFFECT OF THE MIGRATORY STATUS IN THE INCOME AND GENDER WAGE GAP OF COSTA RICAN IMMIGRANTS LIVING IN THE NORTHEAST OF THE UNITED STATES
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INTRODUCCION
En La presente investigación analiza el ingreso económico de la población costarricense radicada en el noreste de Estados Unidos desde una perspectiva de su estatus migratorio y las brechas de ingreso según el género. Para tales efectos, se estiman ecuaciones de ingreso de Mincer (1974), a partir de un cuestionario aplicado desde el Consulado de Costa Rica en Nueva York y haciendo un análisis de brechas de ingreso con la metodología descrita por Oaxaca y Ransom (1994).
La justificación para realizar el estudio radica en la importancia de visibilizar las circunstancias sociales de la población migrante costarricense, cuyas problemáticas sociales van desde estar indocumentada, sufrir pobreza, violencia, abandono, abuso y adicción a las drogas, indigencia, accidentes laborales, incapacidad financiera para la repatriación de cuerpos y muchos otros ejemplos. La compleja situación se agrava con los limitados recursos del Consulado y la inexistente información, bases de datos o estudios sobre esta población. Por lo anterior, es necesario crear una base de datos con información sobre esta población, analizar su dinámica migratoria y visibilizar la atención que requiere este grupo poblacional en el exterior por parte del Estado costarricense.
La colonia costarricense en Estados Unidos es, por amplio margen, la más grande en el mundo. Normalmente hay extensos estudios sobre la población migrante radicada en Costa Rica, pero no así estudios sobre costarricenses en otras partes del mundo. Según el padrón electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) enviado directamente al Consulado, al 3 de octubre de 2017, había 8674 costarricenses empadronados para votar en Nueva York para las elecciones presidenciales del 2018, siendo el Consulado costarricense más populoso del mundo. Este Consulado abarca el noreste de Estados Unidos, específicamente los Estados de Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Vermont y Maine.
Existe información imprecisa respecto al número total de costarricenses viviendo en Estados Unidos: se estima que esta oscila entre 85.924 (Organización Internacional para las Migraciones, 2015) y 154.784 personas (U.S. Census Bureau, 2018). Las cifras muestran, además, que el peso relativo de la población costarricense en relación con el total de población de hispanos es muy bajo: de apenas un 0,25% del total (U.S. Census Bureau, 2018). Como se observa, es difícil contar con una estimación confiable de la cantidad de costarricenses viviendo en Estados Unidos. Resulta más difícil aún, determinar cuántos son residentes legales. Según el American Community Survey 2018 (U.S. Census Bureau, 2018) el 52,48% nació fuera de Estados Unidos, es decir que corresponde a migrantes, pero no se tienen datos específicos sobre la población migrante en condición irregular.
Las limitaciones para estimar el número de costarricenses en el exterior, así como contar con un perfil poblacional son evidentes. Aún más es la carencia de información específica sobre la situación económica, familiar, de estatus migratorio, del ingreso, de ocupaciones, de niveles académicos, poblaciones desfavorecidas y otras variables claves que permitan diseñar políticas migratorias acordes. El Censo de Población de Estados Unidos recolecta información valiosa sobre el nivel socioeconómico de las personas migrantes; sin embargo, no hace diferenciación entre la población residente autorizada y no autorizada.
Se entiende como personas residentes no autorizadas a "todas aquellas personas nacidas fuera de Estados Unidos que no son residentes legales" (United States Department of Homeland Security, 2018)2. La gran mayoría de esta población se encuentra en esta categoría, ya sea porque entraron a Estados Unidos sin una debida inspección por un puesto migratorio establecido por Customs and Border Protection (CBP) o porque les fue concedida una permanencia legal temporal en Estados Unidos y se quedaron más del tiempo estipulado. Para enero de 2015, el Department of Homeland Security (2018) estimó 12 millones de personas residentes no autorizadas en Estados Unidos. Los cálculos se realizan mediante operaciones aritméticas, en las cuales se sustrae de la población nacida fuera de Estados Unidos, todas aquellas personas que son residentes legales. Además, todas las personas que entraron a Estados Unidos antes de 1980 se asumen que son residentes legales. La diferencia obtenida se entiende como migración no autorizada.
La población residente migrante no autorizada se ha convertido en un tema de política económica prioritario en Estados Unidos. La actual administración ha mostrado un endurecimiento de la política migratoria, sobre todo para migrantes no autorizados. Entre otras cosas, ha querido incorporar en el Censo 2020 una pregunta sobre la tenencia de la nacionalidad estadounidense, pero a raíz de fundadas preocupaciones desde organizaciones de la sociedad civil y a una orden de la Corte Suprema de Justicia, la Administración dio marcha atrás en incluirla (Min Kim, Bahrampour y Wagner, 2019).
Ser migrante no autorizado en Estados Unidos vuelve el proceso de regularización más complicado. Los migrantes no autorizados, sin importar cuanto tiempo han residido en ese país, deben obtener primero su estatus como residente permanente y, posteriormente, si lo desean, la nacionalidad estadounidense; la cual brinda protección ante un eventual proceso de deportación, concede derechos políticos (de elegir y ser electos políticamente), brinda acceso a beneficios sociales y a becas, da el derecho a concursar por ciertos empleos específicos y da acceso a algunos subsidios puntuales exclusivos para ciudadanos estadounidenses (Aptekar, 2015). No obstante, los inmigrantes que menos obtienen la nacionalidad provienen de países latinoamericanos, particularmente de México, Guatemala y El Salvador (Aptekar, 2015).
La población migrante no autorizada presenta mayores niveles de pobreza que la autorizada (Capps et al., 2013). En la primera, se estima que el 32% de las personas adultas y el 51% de la población infantil viven por debajo de la línea de pobreza federal, el 71% no cuentan con ningún tipo de seguro, y solo el 30% de los mayores de 19 años habla inglés (Capps et al., 2013). Además, los hijos de padres migrantes no autorizados presentan menores tasas de matrícula en prescolar, mayores niveles de pobreza, una menor probabilidad de salir de la pobreza y un menor manejo del inglés en edades tempranas que los hijos de migrantes regulares y estadounidenses nativos (Capps, Fix, Zong, 2016). Un 43% de los hijos de padres no autorizados que hablan inglés presentan aislamiento idiomático en sus hogares (Capps, Fix, Zong, 2016).
De acuerdo con Borjas (2017), para toda la población migrante en Estados Unidos, el salario por hora no ajustado de los migrantes no autorizados es de aproximadamente un 40% menos con relación a los estadounidenses nativos. Sin embargo, ajustando el ingreso con diversas variables socioeconómicas observables (edad, educación y estado de residencia), esa diferencia se reduce a la mitad. Un hombre migrante no autorizado tiene un 92% de probabilidad de estar empleado en un año calendario, en contraste con un 85 y 81 % de probabilidad que tiene un migrante autorizado y un nativo estadounidense respectivamente. Sin embargo, esta mayor probabilidad de empleo no necesariamente está asociada a mejores calidades de trabajo. Para las mujeres, la probabilidad va en la otra dirección: la mujer migrante no autorizada tiene un 61% de probabilidad de estar empleada, en contraste con un 64 y 72 % de la migrante autorizada y la nativa estadounidense respectivamente. Borjas (2017) también encuentra que el ingreso de los migrantes no autorizados se mantiene estancado a lo largo de los años (en contraste con los migrantes autorizados y los nativos).
Asimismo, en general, la brecha salarial entre migrantes autorizados y no autorizados se ha reducido en Estados Unidos (Borjas, 2017). En 2005, un migrante no autorizado ganaba 10% menos que un migrante autorizado por el hecho de ser no autorizado (componente no explicado o discriminatorio); para 2014 esa brecha se redujo a 4%. Borjas no da una posible explicación para este fenómeno, pero como bien lo observa Guilford (2017), la brecha empieza a reducirse desde 2008, coincidiendo con el inicio de la Administración Obama, la crisis financiera mundial, la desaceleración de las nuevas llegadas de migrantes a Estados Unidos y del regreso voluntario de muchos migrantes a sus países de origen. Lo anterior, aunado a que la oferta de trabajo de la población migrante no autorizada es muy inelástica (Guilford, 2017).
Para el caso costarricense en particular, hay información muy escueta. Hay estudios sobre disparidad de ingresos de migrantes en general y sobre todo de México y del resto de Centroamérica. Caicedo (2015) encuentra una serie de disparidades de los migrantes provenientes de Latinoamérica y los nativos estadounidenses, pero entre los países analizados no se encuentra Costa Rica. Por otro lado, Lara (2017) hace una comparación del ingreso de los migrantes, pero únicamente mexicanos. Ante la inexistencia de estudios para costarricenses (3) y tomando en cuenta que no hay información específica sobre los migrantes no autorizados, se crea y aplica una encuesta para realizar la presente investigación, la primera en su tipo para el caso costarricense.
Según el American Community Survey (U.S. Census Bureau, 2018), si se compara, a grandes rasgos, la población migrante proveniente de la región centroamericana y México, se tiene que quienes dijeron ser costarricenses tienen un ingreso anual por hogar mayor que el resto, mayor proporción de trabajadores en ocupaciones más calificadas y una menor proporción de población en...
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