Introducción

AutorUri Weinstok
Páginas7-9
7
Propuesta pa ra una mejor regulació n del sector eléctric o en Costa Rica
Julio 2020
INTRODUCCIÓN
Por medio de las regulaciones, el Estado interviene
en determinadas actividades económicas para alcanzar
un fin de interés público. Por lo general, persiguen diver-
sos objetivos socialmente justificados, ta les como recti-
ficar fallas del mercado, reducir barreras al comercio,
garantizar uniformidad en las reglas de juego, asegurar
la seguridad al consum idor, eliminar asimetrías y otros.
Sin embargo, es común observar regulaciones que
limitan y restringen excesivamente el dinamismo de
los mercados, generando consecuencias directamente
opuestas a las deseadas. Esto se da, por ejemplo, es-
tableciendo barreras de entrada, reforzando el poder
de mercado, generando desigualdades y, en general,
desincent ivando la eficienc ia.
Estas l imitaciones regulat orias normalmente repre-
sentan altos costos que se trasladan a los consumidores
finales, lo cual a su vez le resta competitividad a la in-
dustria y agilidad a l comercio. Es decir, las consecuen-
cias no deseadas de muchas regulaciones son costosas
para la sociedad. No es de extrañar, en este contexto,
que en nuestro país las tarifas de los ser vicios regulados
tienden a crecer más que los de fijación libre (OCDE,
Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica, 2016).
Desafortunadamente, estas restricciones son po-
cas veces analizadas y sus efectos en la economía son
frecuentemente excluidos de las discusiones sobre po-
líticas públicas. Según el Ba nco Mundial (2014), esto
se debe, al menos parcialmente, a que las regulaciones
afectan normalmente las partes menos visibles de la
economía (en comparación, por ejemplo, a las políticas
fiscal, monetaria , etc.) (p. v). Por ello, son rara vez con-
sideradas a pesar de su rol crítico (p. v).
En años recientes, algunos gobiernos y organi-
zaciones internacionales han puesto mayor atención
a este tema. Por ejemplo, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha
identificado que el “ciclo de vida” de las regulaciones
frecuentemente se mantiene incompleto, ya que usual-
mente los esfuerzos se concentran en el diseño de leyes
y reglamentos, pero casi nunca se anali zan su impacto,
ni se evalúan si los objetivos de la regulación se cum-
plen y si se mantienen a lo largo del tiempo (OECD,
2018, p. 17).
1 Se aclara que la OCDE cambió la metodología para medir el PMR, por lo que los resultados del 2014 no son directamente comparables con los del 2018.
Por ello, no es de extrañar que el entorno regula-
torio del país tenga importantes puntos de mejora. De
hecho, una reciente evaluación realizada por la OCDE
estima que:
“La competencia en Costa Rica es débil. La s regu-
laciones del mercado de productos son estrictas,
existen extensa s exenciones a las leyes antimono-
polio, el control estatal en muchos sectores es alto
y las barreras para emprendimiento son gran-
des. Las ganancias potenciales en productividad
y crecimiento son sustanciales. La mejora de las
regulaciones del mercado de productos en Costa
Rica podría aumentar el PIB per cápita en 5.3%,
y también reduciría las desigualdades.” (OCDE,
Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica,
2016, p. 69).
La mejora regulatoria, por lo tanto, representa una
enorme oportunidad de acrecentar la productividad y
el nivel de vida de la población. De hecho, el estudio
de la OCDE antes citado indica que el PIB per cápita
podría aumentar más de un 24% si la carga regu latoria
del país se lleva al promedio de los miembros de dicha
organización. A modo de referencia, conforme al índi-
ce de regulaciones de mercados que publica la OCDE,
Costa Rica tiene un marcador de 2.37 (de un máximo
de 6), mientras que el promedio de los miembros de
dicha organización es de 1.5.
En el sector eléctrico el impacto de las regulaciones
es particula rmente alto. En el año 2014 el marcador fue
de 4.75, y el promedio general del país fue 3.06. Es de-
ci r, en Costa Rica, el impacto de las reg ulaciones del
sector eléctrico en la economía es más de 1.5 veces el
(ya de por sí alto) impacto regulatorio general1.
No es entonces casualidad que en los últimos años
han sido frecuentes los señalamientos hacia las tarifas
de este sector. De hecho, conforme a un reciente estu-
dio de la Coalición Costarricense de Iniciativas para
el Desarrollo (CINDE), el precio de la electricidad en
Costa Rica aumentó significativamente en compa-
ración con la de otros países con los que compite en
atracción de inversiones (Sequeira y Zolezzi, 2018).
La mayoría de los esfuerzos e iniciativas se han
concentrado en mejorar las tarifas bajo las regulacio-
nes actuales. Sin embargo, como se verá, la pérdida de

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