Jueces decidirían si se avala la confiscación de bienes

RESUMEN

En caso de que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley de extinción de dominio, unos nuevos jueces especializados decidirán si les confiscan los bienes a personas sospechosas de incrementar su patrimonio mediante actividades del crimen organizado.

 
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En caso de que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley de extinción de dominio, nuevos jueces especializados decidirán si les confiscan los bienes a personas sospechosas de incrementar su patrimonio mediante actividades del crimen organizado.

¿Cómo funcionaría esta iniciativa legal apoyada por los presidentes de los supremos poderes? La propuesta, presentada por el actual candidato del PLN, Antonio Álvarez Desanti, permitiría quitarles bienes a las personas que no logren demostrar 'el origen lícito de su crecimiento patrimonial', aunque los sospechosos no hayan sido declarados culpables en un juicio penal.

El proyecto define la 'extinción de dominio' como 'la consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado'.

Por 'actividades ilícitas' se entienden las relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero (legitimación de dinero producto del crimen) y financiamiento al terrorismo, así como corrupción, enriquecimiento ilícito en la función pública, contrabando, tráfico ilícito de armas y explosivos, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilícito de órganos.

La iniciativa permitiría al Ministerio Público confiscar (extinción de dominio) tanto los bienes destinados al crimen como los que se obtengan producto de este, incluso cuando no pese una sentencia penal por crimen organizado.

Hoy, el Estado no puede confiscar bienes si no existe una sentencia penal en firme. Mientras el acusado es juzgado, los bienes quedan congelados.

Cuestionamiento. Empero, el proyecto es cuestionado por diputados de la Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario. Para Otto Guevara, la propuesta violenta el derecho a la propiedad de las personas, así como el principio de inocencia, al tiempo que invierte el peso de la prueba; es decir, ya la Fiscalía no debería demostrar que alguien es culpable, sino que una persona debería demostrar que es inocente de un crimen.

La iniciativa, que está en la fase final de aprobación en el Congreso, no es penal, según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla.

No...

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