Opinión Jurídica n° 204-J de 22 de Octubre de 2003, de Instituto del Café

EmisorInstituto del Café

O.J.-

204-2003

22 de octubre del 2003

Señor

William Portilla Rodríguez

Sub-Director Ejecutivo a.i.

Instituto del Café de Costa Rica

Su Despacho

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me es grato referirme a su oficio N.° DEJ-1150-2003 del 19 de setiembre del presente año, a través del cual solicita el criterio del órgano superior consultivo técnico-jurídico sobre si corresponde al Instituto del Café de Costa Rica o al Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera, gestionar cobros de sumas pagadas de más por este último ente a productores –entregadores de café en aplicación de lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 7301 de 15 de julio de 1992 y sus reformas (Creación del Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera).

La consulta es efectuada con fundamento en el acuerdo N° 9 de la Junta Directiva del ICAFE, adoptado en la sesión n.° 1531 del 10 de setiembre de este año.

Además indicamos que, a pesar de que la consulta se refiere al concepto productor-entregador, sólo se hará referencia a la denominación productor, que es el aludido de manera expresa en el párrafo penúltimo del artículo 4 de la Ley 7301.

I.-

NATURALEZA DE NUESTRO PRONUNCIAMIENTO.

Existe una razón suficiente que nos impide ejercer la función consultiva a través de un dictamen, cuyos efectos son vinculantes para el ente consultante. En el caso que nos ocupa, estamos ante un caso típico de utilización de fondos públicos, materia en la cual la Contraloría General de la República ejerce una competencia exclusiva y prevalente. Sobre el particular, en el dictamen C-291-2000 de 22 de noviembre del 2000, expresamos lo siguiente:

‘En relación con la segunda consulta el órgano asesor es incompetente para emitir un dictamen, en vista de que estamos frente a un asunto en el cual la Contraloría General de la República ejerce una competencia prevalente y exclusiva. Como es bien sabido, de conformidad con el artículo 184 constitucional y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es a este órgano que le corresponde pronunciarse sobre aquellos asuntos donde está de por medio el uso correcto de los fondos públicos. En este sentido, el órgano asesor, en varios dictámenes, ha seguido esta línea de pensamiento. En efecto, en las opiniones jurídicas OJ-016-98 del 6 de marzo de 1998 y OJ-083-98 del 2 de octubre de ese mismo año, expresamos que la Contraloría General de la República es el órgano encargado constitucionalmente de la vigilancia de la Hacienda Pública y legislativamente, de conformidad con su Ley Orgánica, artículos 4 y 12, por los que los criterios que emite el órgano contralor son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública y vinculantes, lo cual se ve claramente plasmado en el citado artículo 12 que establece:

La Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplados en esta ley. Las disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le opongan. (…)’

En el caso que nos ocupa, estamos frente a un asunto propio de la Hacienda Pública. En efecto, según se desprende de los documentos aportados por el ente consultante, la Auditoria Interna de la Municipalidad de Cartago, mediante el oficio n.° AI0132000 del 12 de agosto del 2000, referente a las sesiones extraordinarias, adjunta el informe AU 07032000 A.A.L. de julio de 2000 al concejo. En este informe se concluye que todas las sesiones extraordinarias realizadas por el concejo desde el mes de julio de 1999 a la fecha tienen vicios de nulidad absoluta, excepto aquellos acuerdos tomados de buena fe y que afectan a terceras personas. En ese documento se recomienda, entre otras cosas, que los señores ediles deben reintegrar a las arcas municipales la totalidad del dinero efectivo percibido por concepto de dietas y aguinaldo correspondiente al período indicado, lo que deben hacer a la brevedad posible por su participación irregular en las sesiones extraordinarias.

Además, ya el órgano contralor asumió la competencia en esta materia al emitir la circular PI/ES-348 de 27 de octubre de 1999, en la que definió el procedimiento para convocar a sesiones extraordinarias al concejo, la cual está fundamentada ampliamente en citas legales y doctrinales.’"

No obstante lo anterior, y en un afán de colaboración con el ente consultante vamos a emitir una opinión jurídica, la cual, como es bien sabido, no tiene efectos vinculantes; es una mera opinión legal sobre el tema consultado.

II.-

ANTECEDENTES.

Se advierte que se optó por prescindir de darle audiencia a FONECAFE, dado que, del acuerdo de la Junta Directiva de ICAFE, se evidencia que el tema ha sido debatido en extenso por los Directores de las instituciones involucradas.

A.-

Criterio de la Asesoría Legal del ente consultante.

En el oficio n.° UAJ-017-2003 del 12 de febrero del presente año, suscrito por el Licdo. Adolfo Lizano González, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto del Café de Costa Rica, se sugieren básicamente dos alternativas para el cobro de las sumas pagadas de más:

1. El cobro por parte de FONECAFE por considerar que, conforme al artículo 9 de la ley número 7770, está facultado para llevar a cabo gestiones de cobro a los productores-entregadores (punto 1.c).

2. Deducción a los productores en próximos pagos de...

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