Opinión Jurídica n° 061-J de 21 de Abril de 2003, de Banco Nacional de Costa Rica

EmisorBanco Nacional de Costa Rica

O.J.-

061-2003

21 de abril de 2003

Licenciado

William Hayden Quintero

Gerente General

BANCO NACIONAL

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me es grato referirme a su atento oficio GG-0035-2003, de fecha 10 de febrero del año en curso, de la siguiente manera:

I. PROBLEMA PLANTEADO:

Se solicita el criterio de este Órgano Asesor, a efecto de determinar si en un contrato de asesoría legal, que se celebra para atender los requerimientos de la Junta Directiva General de la Institución consultante, media o no una relación laboral.

Al efecto, y cumpliendo con la disposición contenida en el numeral 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se adjunta el oficio número DJ-0153-2003, de fecha 5 de febrero del 2003, que contiene la opinión legal de dicha Institución, concluyéndose, con respecto al tema de interés, que:

"La relación contractual del asesor legal de la Junta Directiva General, analizada a la luz de las principales características de los contratos descritos en el primer apartado, de servicios profesionales y de trabajo, nos permite concluir que a pesar de haberse pretendido en varias ocasiones realizar una contratación de servicios profesionales, lo cierto es que en la realidad han privado las características de un contrato de trabajo. La naturaleza jurídica de las relaciones entablados (sic) indudablemente así lo indican, y ello se refuerza con el hecho de que lo (sic) se suplen son necesidades permanentes y continuas de la entidad, sujetas a un poder de dirección de la Junta Directiva General, órgano al cual se asesora y prestan labores directas."

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

De previo al análisis solicitado, y a los efectos de la consulta que por este medio se atiende, interesa en primer término delimitar la competencia de este Órgano Asesor.

El numeral 1° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Ley número 6815, de 27 de setiembre de 1982), establece:

"ARTÍCULO 1°.- NATURALEZA JURÍDICA.- La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia. Tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus atribuciones."

Asimismo, el artículo 5° de ese mismo Cuerpo Legal dispone:

"ARTICULO 5º.- CASOS DE EXCEPCION: No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores (hacen referencia a las atribuciones concedidas a este Órgano, dentro de los que se destacan la emisión de dictámenes jurídicos y los requisitos para plantearlos), no son consultables los asuntos propios de los órganos administrativos que posean una jurisdicción especial establecida por ley." (Lo escrito entre paréntesis no corresponde al texto original).

De los numerales recién transcritos se denota, que la Procuraduría General de la República está facultada para emitir los criterios que sobre cuestiones jurídicas le soliciten el Estado y los demás entes públicos. La competencia atribuida es genérica, de manera que puede pronunciarse sobre cualquier cuestionamiento que se presente en torno a un tema jurídico. Sin embargo, esa competencia cede en los asuntos en que existan órganos con una jurisdicción especial establecida por Ley.

A ese respecto, es importante señalar que nuestro Ordenamiento Jurídico le ha atribuido a la Contraloría General de la República, una competencia específica para emitir dictámenes sobre las materias cuyo conocimiento le ha sido asignado por Ley. A mayor ilustración, traemos a colación lo establecido en el numeral 12 de la Ley Orgánica del Ente Contralor (Ley número 7428 de 7 de setiembre de 1994), que dispone:

"ARTICULO 12.- ORGANO RECTOR DEL ORDENAMIENTO. La Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplado en esta Ley. Las disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le opongan. La Contraloría General de la República dictará, también, las instrucciones y órdenes dirigidas a los sujetos pasivos, que resulten necesarias para el cabal ejercicio de sus funciones de control y fiscalización. La Contraloría General de la República tendrá, también, la facultad de determinar entre los entes, órganos o personas sujetas a su control, cuáles deberán darle obligada colaboración, así como el marco y la oportunidad, dentro de los cuales se realizará esta y el conjunto razonable de medios técnicos, humanos y materiales que deberán emplear."

(El resaltado es nuestro).

En el mismo sentido, la disposición contenida en el numeral 29 de ese Cuerpo Legal, expresa:

"ARTÍCULO 29.- POTESTAD CONSULTIVA.- (....) los dictámenes de la Contraloría General de la República, serán vinculantes e impugnables como tales, como si fueran actos administrativos definitivos, cuando en el ámbito de su competencia sean respuesta a los sujetos pasivos..."

.

Cabe agregar que el mismo Ente Contralor, de acuerdo al contenido de su propia Ley Orgánica, ha definido el ámbito de su competencia de acuerdo a los siguientes términos:

"...el ámbito de competencia del Órgano Contralor puede derivarse de su Ley Orgánica, así como de otras leyes (ver por ejemplo, Ley de Contratación Administrativa y artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública), señalando como áreas de su especial conocimiento la contratación administrativa, la materia presupuestaria y el control interno..."

(Contraloría General de la República, División de Asesoría y Gestión Jurídica, Oficio DAGJ-2267-2001 del 5 de diciembre de 2001) (El resaltado no es del texto original).

El asunto que se somete a nuestro conocimiento está relacionado directamente con la materia de contratación administrativa de servicios, en el tanto se nos invita a juzgar si el contrato de asesoría jurídica que tiene el respectivo asesor con la Junta Directiva General del Banco, tiene naturaleza laboral o administrativa. Es claro que según lo analizado, en virtud de disposición expresa de Ley, esa materia forma parte de la competencia específica de la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, es dable señalar que este pronunciamiento se emite como una simple opinión jurídica, que carece de los efectos típicos de los dictámenes promulgados en el ejercicio de la competencia consultiva, que se establece en los artículos 2, 3 inciso b) y 4 de nuestra Ley Orgánica.

III. PREÁMBULO.

De previo a analizar el fondo de lo consultado, es importante examinar las figuras del contrato de naturaleza laboral y del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR