Opinión Jurídica n° 114-J de 13 de Octubre de 2000, de Asamblea Legislativa
| Emisor | Asamblea Legislativa |
- Licenciado
- Belisario Solano Solano
- Secretario de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales
- Asamblea Legislativa
Estimado Diputado:
Con la aprobación del señor Procurador General de la República me es grato referirme a su oficio CPAS-01-13869 del 3 octubre del año en curso, recibido en mi despacho el 10 de este mes, a través del cual solicita el criterio del órgano superior técnico-jurídico sobre el proyecto de ley denominado " Reforma integral a la ley de creación del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, N.° 7105 de 28 de noviembre de 1988", el cual se tramita bajo el expediente legislativo número 13.869.
Es necesario aclarar que el criterio que a continuación se expone, es una mera opinión jurídica de la Procuraduría General de la República y, por ende, no tiene ningún efecto vinculante para la Asamblea Legislativa por no ser Administración Pública. Se hace como una colaboración en la importante labor que desempeña el Diputado.
I.-
RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY.Se persigue con la iniciativa, según se indica en la exposición de motivos, modificar sustancialmente el contenido y la forma de la normativa actual en varios aspectos claves.
Por otra parte, se señala que se busca también democratizar el sistema de elección y participación en los puestos de la Junta Directiva de ese colegio profesional.
II.-
SOBRE EL FONDO.Antes de hacer un comentario puntal sobre algunos artículos que invitan a la reflexión, se debe hacer una consideración general sobre la posición que ha asumido el Tribunal Constitucional en relación con los colegios profesionales.
En el dictamen No. C-127-97 de 11 de julio de 1997, refiriéndonos a los Colegios Profesionales, entes que, dada su naturaleza, se ubican en los no estatales, expresamos lo siguiente:
"A la luz de la anterior normativa, resulta claro que el Colegio de Médicos y Cirujanos, al igual que los demás colegios profesionales, constituye una persona de Derecho Público de carácter no estatal, en virtud de las funciones que se le han encomendado.
Bajo la denominación de entes públicos no estatales se reconoce la existencia de una serie de entidades, normalmente de naturaleza corporativa o profesional, a las cuales si bien no se les enmarca dentro del Estado, se les reconoce la titularidad de una función administrativa, y se les sujeta -total o parcialmente- a un régimen publicístico en razón de la naturaleza de tal función.
En relación con el carácter público de esta figura jurídica, la Procuraduría ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse indicando que la ... razón por la cual los llamados «entes públicos no estatales» adquieren particular relevancia para el Derecho Público reside en que, técnicamente, ejercen función administrativa. En ese sentido, sus cometidos y organización son semejantes a los de los entes públicos. En otras palabras, el ente público no estatal tiene naturaleza pública en virtud de las competencias que le han sido confiadas por el ordenamiento. El ente, a pesar de que su origen puede ser privado, sus fondos privados y responder a fines de grupo o categoría, es considerado público porque es titular de potestades administrativas; sean éstas de policía disciplinarias, normativas, etc. En ejercicio de esas potestades, el ente público no estatal emite actos administrativos. Es, en esa medida, que se considera Administración Pública (O.J.-
015-96 de 17 de abril de 1996).En conclusión, los entes públicos no estatales son aquellos que ejercen una función administrativa, a pesar de que no pertenecen al Estado y están fuera de su órbita y, por ende, en uso de las potestades públicas emiten actos administrativos, por lo que están sujetos a los principios, institutos y normas del Derecho Administrativo, en especial a los de legalidad y del control jurisdiccional de sus actuaciones."
El primer artículo que debemos comentar es el 6. En él se le niega el derecho al voto a los miembros temporales del Colegio. Es por ello que hay que determinar si esa discriminación entre estos miembros y los otros, que sí tienen derecho al voto, resulta razonable y proporcional.
Dada la posibilidad de que la mayoría de estos miembros sean extranjeros, conviene traer a colación la posición que ha asumido el Tribunal Constitucional en esta materia. En la acción de inconstitucional que contestó el órgano asesor, expediente judicial n.° 99-005472-007-CO, la cual fue declarada con lugar, tal y como lo solicitamos, a través del voto n.° 5569-2000, indicamos lo siguiente:
" Tal y como lo expresamos en nuestro dictamen C-032-99:
El artículo 19 de nuestra Carta Fundamental estipula que los extranjeros gozan de los mismos derechos individuales y sociales que los costarricenses, "... con las excepciones que esta Constitución y las leyes establecen ..."
(el destacado no figura en el original).Fuera del campo político, entonces, existe una asimilación constitucional entre costarricenses y extranjeros en cuanto al disfrute de tales derechos, aunque la misma puede ser exceptuada por el legislador ordinario. O, como bien lo describe la Sala Constitucional, la norma constitucional "... traduce el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros en materia de derechos individuales y sociales, su desigualdad en tratándose de derechos políticos y la posibilidad de realizar diferenciaciones mediante el procedimiento para la creación de la Ley formal (voto n° 8858-98 de las 16:33 horas del 15 de diciembre de 1998).
La jurisprudencia de ese mismo órgano jurisdiccional ha determinado que dicha potestad legislativa, así como el correlativo margen de discrecionalidad legislativa, son menos amplios de lo que podría pensarse, a partir del hito jurisprudencial marcado por el voto n° 1282-90 de las 15 horas del 16 de octubre de 1990 :
... El trato preferencial,
A partir de este precedente jurisprudencial, la Sala ha reiterado en varias oportunidades que un tratamiento normativo diferenciado para el extranjero debe ser excepcional, debe interpretarse restrictivamente y, en todo caso, debe superar un riguroso examen de razonabilidad constitucional ; tendencia equiparadora que, sin embargo, no está exenta de algunos pronunciamientos divergentes ().
(1) Así, v. gr., el voto n° 5829-94 de las 17 horas del 24 de octubre de 1994, que rechazó un recurso de amparo en que se cuestionaba la decisión universitaria de establecer una tarifa diferenciada para alumnos extranjeros. Es oportuno dejar reseñado que este punto ha sido objeto de un primer análisis, en la tesis para optar el título de Licenciadas en Derecho que presentaron, en mayo de 1996, las estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica Silvia Elena Arce Rodríguez y Elisa Prendas Garro, titulado El status del extranjero en Costa Rica a la luz de la jurisprudencia constitucional
Así, en punto a la autorización constitucional para exceptuar la igualdad entre nacionales y extranjeros, sostuvo:
... por supuesto que esas excepciones han de ser lógicas y derivadas de la naturaleza...
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