Opinión Jurídica n° 120-J de 09 de Agosto de 2005, de Registro Nacional

EmisorRegistro Nacional

OJ-120-2005

09 de agosto del 2005

Lic. Dagoberto Sibaja Morales

Director General a. i.

Registro Nacional

Zapote

Estimado señor:

Con aprobación de la señora Procuradora General, contesto su Oficio DGRN-0256/05, mediante el cual nos remite copias de la Circular DGRN-0462-2000, relativa a:

1) La autonomía en la competencia de la calificación registral efectuada por el Registro Público y el Catastro Nacional.

2) El carácter no vinculante de los criterios vertidos por la Procuraduría sobre calificación registral.

Al respecto, se hacen los siguientes comentarios:

I.-

DEBER DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO PÚBLICO Y CATASTRO NACIONAL DE PROTEGER LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE EN EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

El deber de tutela del dominio público litoral por parte de los entes u órganos estatales es nítido en la Ley 6043, cuando al definir la zona marítimo terrestre como bien inalienable e imprescriptible, integrante del patrimonio nacional, indica que “Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país” (artículo 1°).

Esa tutela, dijimos en los dictámenes C-004-98 y C-026-2001, es genérica. “Comprende la protección de la integridad jurídica y material de los bienes, así como su debida y racional utilización, todo con miras a garantizar el destino y uso público impresos.

La norma se conecta con la concepción del demanio costero como bien medioambiental. Se trata de recursos naturales, de gran valía, en cada uno de sus componentes y en cuanto ecosistema: suelo, subsuelo, mar, flora, fauna marinas, etc. De donde se sigue que en la afectación de ese dominio público natural subyacen otros fines prioritarios, como los que garantiza el artículo 50, segundo párrafo, de la Constitución. Las relaciones del hombre con el ecosistema costero han de ser sostenibles y permitir la satisfacción de las necesidades y desarrollo presentes, sin agotamiento ni desvirtuación hacia el futuro.

Texto constitucional que tiene carácter vinculante para los poderes públicos, acorde a sus respectivas competencias. (Véanse, entre muchas, de la SALA CONSTITUCIONAL, las sentencias números 5527-94, considerando VI, y 05906-99). Omitir el ejercicio de funciones de vigilancia en materia de protección ambiental, encomendadas por la Constitución y la legislación a los entes u órganos públicos, puede acarrearles responsabilidad (sentencia constitucional 5527-94).

Siendo que los abusos y principales deterioros del litoral proviene de actos humanos, problemática de complejas proyecciones sociales, resulta indispensable el deber de todos de preservarlo en condiciones adecuadas.

En lo que ahora interesa, el texto legal mencionado envuelve un mandato de evitación de conductas dañosas o antijurídicas y es cauce de entrada a la participación ciudadana para contrarrestarlas”.

El numeral de comentario se complementa con el artículo 4° in fine de la misma Ley 6043, que luego de atribuir a la Procuraduría el control jurídico para el debido cumplimiento de sus disposiciones, precisa que ello es “sin perjuicio de lo que corresponda a otras instituciones o dependencias de conformidad con sus facultades legales”.

Con apoyo en esas normas, la Procuraduría, en el dictamen C-264-2004, que sigue los lineamientos del dictamen C-200-92, expresó:

"A los funcionarios del Catastro, a los del Instituto Geográfico Nacional, a los del Registro Público agregamos ahora, topógrafos y particulares les está absolutamente vedado inscribir o propiciar el registro de planos -o títulos- de inmuebles que, con mediana diligencia pueda detectarse, invaden -en forma ilícita- la zona marítimo terrestre, exponiéndose, si lo hicieren, a sanciones penales y, en los primeros casos, laborales o disciplinarias, amén de provocar la nulidad del acto. A la vez, los topógrafos están obligados a velar por la corrección de los planos que diseñan, en sus linderos, medidas, ubicación geográfica respecto de bienes públicos, y a acatar la normativa que incide o condiciona el ejercicio de sus labores".

(En este sentido, cfr. de la SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO la resolución 07408 de 1998, considerando V.2)”.

El deber legal, de proteger la zona marítimo terrestre por el Registro Público y el Catastro Nacional, de acuerdo con el ejercicio de sus competencias, forma parte de la autotutela demanial, que la Ley 6043 encomienda, según se anotó, a las entidades y órganos estatales. En el caso, para impedir que ante esas Oficinas se inscriban documentos (testimonios de escrituras públicas o planos) que de manera ilegal incorporen áreas de dicho bien, cuya ilicitud pueda detectarse durante el trámite de calificación, con base en la legislación en vigor, los antecedentes registrales o catastrales y el propio documento.

(El tema de autotutela demanial se analizó, entre otros, los dictámenes C-004-98, C-128-99, la Opinión Jurídica O. J.-210-2003, y tiene amplio sustento en la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Contencioso Administrativo. Son ejemplos, las sentencias de la SALA CONSTITUCIONAL número 447-91 y 770-91; las resoluciones de la SECCION PRIMERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO, números 424-2002 y 21-2004, y del mismo Tribunal, SECCIÓN SEGUNDA, la 343-2002, y de la SECCIÓN TERCERA, la 868 del 2001, ésta en relación con el dictamen de la Procuraduría C-128-99).

En lo que hace a enclaves particulares, las propiedades privadas a las que no se aplica la normativa sobre zona marítimo terrestre son las que están “inscritas con sujeción a la ley (artículo 6°).

I.1) LA CALIFICACIÓN REGISTRAL COMO CONTROL DE LEGALIDAD. NORMAS COMPLEMENTARIAS

Otras normas complementan lo expuesto:

a) La Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, N° 6043 de 2 de marzo de 1977:

Artículo 1°: Afecta a dominio público la zona marítimo terrestre del patrimonio nacional.

(Ha de tenerse presente la diversidad de bienes que conforman el demanio costero. Vid. punto VII infra).

Artículo 7°: Prohíbe a los particulares levantar informaciones posesorias sobre inmuebles de la zona marítimo terrestre y, por consiguiente, inscribirlos en el Registro Público, a partir de su afectación, apropiarse de ellos y legalizarlos a su nombre, por cualquier medio.

“La Ley de Zona Marítimo Terrestre, de orden público, veda la titulación de inmuebles situados dentro de la zona marítimo terrestre (arts. 7 y 82), y Código Civil (arts. 10, 262, 631, inc. 1° y 835), en relación con la Constitución Política (arts. 28, pfo. 2° -a contrario sensu-, y 129, pfo. 4) y la Ley General de la Administración Pública (art. 18.2), sancionan con nulidad los actos y convenios verificados contra las leyes prohibitivas. Lo que está prohibido por medios directos, no debe permitirse por medios tortuosos. Y prohibido un acto se entienden prohibidos todos los que son su consecuencia”. (Dictamen C-128-99).

Artículo 63 .-

El funcionario o empleado que aprobare planos contra las disposiciones de la Ley 6043 o leyes conexas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años si no se tratare de delito más grave. Además será despedido de su empleo sin responsabilidad patronal.

b) La Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883 de 1967:

En el artículo 4°, a contrario sensu, faculta al Registro a objetar los documentos que se le presenten para su inscripción cuando “sean contrarios a la ley o a los reglamentos, en términos que pueda producirse nulidad o perjuicio para las partes o terceros”.

Lo que ocurriría con las inscripciones de títulos que, en forma ilícita, incluyen áreas de la zona marítimo terrestre, con perjuicio de esos bienes y de la titularidad que ostenta el Estado, tercero en el acto o contrato lesivo.

El artículo 27 dispone que para la calificación, el registrador se atendrá no sólo a lo que resulte del título, los libros, folios reales y a “toda información que conste en el Registro”, a más de las normas legales, desde luego.

c) El Reglamento del Registro Público, Decreto N° 26771-J:

Artículo 8°, inciso c): Corresponde a los Jefes de Registradores “Supervisar y fiscalizar que los funcionarios a su cargo tramiten los documentos de acuerdo con la legislación y disposiciones vigentes”.

El artículo 34. Prevé la calificación como un “control de legalidad”, con el objeto de que “se registren únicamente los títulos válidos y perfectos”, y otorga al registrador “la facultad de suspender o denegar los que no se ajustan a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico”.

El artículo 37 , prescribe que el Registrador debe suspender “la inscripción de aquellos que registren actos o contratos absolutamente nulos”.

El artículo 48, sobre el principio de inmatriculación del dominio público, ampliamente reconocido por la doctrina y la jurisprudencia. (Ver dictamen C-128-99).

d) Ley de Catastro Nacional, N° 6545 del 25 de marzo de 1981:

Artículo 18: Principio de verdadera concordancia entre la información del Registro Público y Catastro Nacional.

Artículo 30.-

En todo movimiento (registral) se debe citar un plano de agrimensura levantado de acuerdo con las normas establecidas en el reglamento a esta ley. Ningún plano de agrimensura surtirá efectos legales si no hubiere sido inscrito en el Catastro Nacional.

Artículo 31: En cualquier momento, el Catastro puede efectuar las investigaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines.

e) Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, N° 13607-J:

Artículo 1°, inciso h): Conciliación jurídica es la comprobación de la conformidad de linderos e infraestructuras de una finca registrada en un plano, en relación con la correspondiente inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 22, inciso ch : Los alcances del catastro son, entre otros, conciliar y depurar la información del Registro Público, como...

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