Opinión Jurídica n° 003-J de 14 de Enero de 2009, de Ministerio de Relaciones Exteriores

EmisorMinisterio de Relaciones Exteriores

OJ-003-2009

14 de enero, 2009

Licenciado

Alejandro Solano Ortiz

Director General a.i. de Política Exterior

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Estimado señor:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República me es grato referirme a su atento oficio n.° D/GPE-OAT/215-08 de 26 de noviembre del presente año, por medio del cual solicita el criterio de la Procuraduría sobre “(…) la propuesta de ‘Acuerdo de Sede para la Oficina Permanente de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas en la República de Costa Rica”.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de su Ley Orgánica, la Procuraduría General tiene una amplia función consultiva en materia técnico-jurídica, que le permite evacuar las consultas que le formulen las autoridades administrativas en el ejercicio de su competencia. El artículo 2 de dicha Ley atribuye a los pronunciamientos que emita la Procuraduría efecto vinculante. No obstante, en el presente caso debe tomarse en cuenta que la consulta versa sobre un propuesta de acuerdo internacional, que como tal tiene por objeto normar las relaciones internacionales entre la República de Costa Rica y otro sujeto de Derecho Internacional. Dado dicho objeto, el pronunciamiento que se emite no puede tener carácter vinculante. De ese hecho, se procede a emitir una opinión consultiva a efecto de guiar y esclarecer al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre ciertos puntos, sin que en modo alguno el criterio que se emite resulte de acatamiento obligatorio para dicho órgano.

El proyecto que nos ocupa se ampara en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas adoptada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946, del cual Estado de Costa Rica es parte.

Considera conveniente la Procuraduría pronunciarse sobre los siguientes aspectos: objeto del Acuerdo y régimen aplicable al Acuerdo, así como la naturaleza del Acuerdo.

I.-

UN ACUERDO INTERNACIONAL

No cabe duda que el "Acuerdo de sede para la oficina permanente de la oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas en la República de Costa Rica", constituiría un convenio suscrito por dos sujetos de Derecho Internacional, dirigido a regular sus respectivas relaciones en materia de sede, máxime que, de acuerdo con la Decisión 48/501 del 19 de setiembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a recomendación del Consejo Económico y Social, decidió que la Oficina de Servicios y Proyectos se constituyera en una entidad independiente, de conformidad con la Decisión 94/12 de la Junta Directiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 9 de junio de 1994. En ese sentido, constituye un tratado, en tanto este es un negocio jurídico dirigido:

"... a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas públicas que obliguen, limiten o condicionen el ejercicio del poder público en sí mismo, concluidos entre dos o más personas plenas de Derecho Internacional (es decir, Estados, organismos internacionales u otros entes tradicionalmente reconocidos por tales, como los insurgentes, o al menos en los Estados cristianos, la Iglesia Católica o la Orden de Malta). Así por ejemplo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969- hoy aceptada mundialmente como codificación del Derecho Internacional general en la materia-, define el tratado; genéricamente; como "un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular (art. 2.1 inc. a) por cierto que, como dijo la Comisión de Derecho Internacional, sin que ello implique "la intención de negar, de ninguna manera, que otros sujetos de derecho internacional, tales como los organismos internacionales y las comunidades insurgentes, puedan concluir tratados" (v. arts.1, 2.1 (a) y 3 de la Convención)". Sala Constitucional, resolución N° 1027-90 de 17:30 hrs. de 29 de agosto de 1990.

Los tratados públicos requieren de aprobación legislativa para su incorporación al ordenamiento interno. Esa...

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