Justicia pide cambiar cárcel por trabajo para delitos no violentos
El Ministerio de Justicia presentó el miércoles un proyecto de ley para reformar el Código Penal e impulsar los castigos con horas de trabajo en vez de penas de prisión, siempre que se trate de delitos no violentos.
Actualmente, la ley permite sancionar algunas faltas como homicidio culposo, lesiones culposas y violencia doméstica, con prestación de servicio de utilidad pública. Sin embargo, en criterio del Ministerio, 'una ausencia de regulación general sobre cómo aplicarla ha limitado sus alcances y beneficios'.
El cambio que plantea esa cartera se haría en el artículo 56 bis del Código Penal y busca ampliar el rango de aplicación a todos los delitos cuya pena no sea superior a cinco años de cárcel.
Asimismo, quedarían excluidos quienes hayan actuado con armas o con violencia física sobre las personas.
Tampoco podrán acceder a esta posibilidad quienes tengan antecedentes por delitos dolosos con pena superior a seis meses, ni quienes hayan sido sentenciados por crimen organizado, delitos contra los deberes de la función pública, delitos sexuales, homicidio doloso o feminicidio.
Para aplicar este procedimiento, el Tribunal de Juicio debe decidir si el imputado puede optar por este régimen.
La labor se haría en instituciones de interés público como municipalidades, Cruz Roja, hogares de ancianos, fundaciones ambientalistas y otras que se incluirían en un registro.
Las horas de servicio no podrían ser más de 500 al año ni interferir en el horario de trabajo o estudio que previamente tengan los sentenciados..
Alternativa. De acuerdo con Justicia, actualmente en los centros penitenciarios, hay casi 2.000 personas de menos de 34 años, condenadas por primera vez y por delitos que no fueron violentos.
Sobre la iniciativa, el viceministro de Justicia, Marco Feoli, argumentó: 'Si metés cuatro años a la cárcel a un muchacho que por necesidad se robó un champú, sale peor'.
El funcionario mencionó que existe un manual de la Organización de Naciones Unidas que recomienda penas distintas a la prisión para delitos menores.
Enfatizó en que esas opciones son mucho más baratas para el Estado y no empeoran la conducta de los sentenciados.
'La persona asume la consecuencia de sus actos, pero sin desligarse de su familia, sin cambiar el lenguaje, la educación y los hábitos que implica la cárcel', dijo.
Además, afirmó que el Ministerio ha sido muy exitoso en los programas de seguimiento y control de personas con medidas alternativas a la prisión.
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