Legales: El accionista minoritario necesitado de protección
Durante años se ha llegado a afirmar que nuestra legislación mercantil deja abiertos portillos que generan abusos de los socios mayoritarios frente a las minorías.
La práctica ha dado la razón. El Banco Mundial, en su índice Doing Business ubica al país en pésimas posiciones en cuanto a protección de los inversionistas, y no solo a los minoritarios.
El proyecto de ley que entrará a discutirse en los próximos meses, denominado Ley de Protección al Inversionista Minoritario, pretende introducir algunas reformas y fórmulas mágicas para tratar de combatir lo anterior.
En adición a ciertos aspectos de reforma procesal en materia probatoria al artículo 426 del Código Procesal Civil, el proyecto pretende reformar parcialmente los artículos 26 y 189 e incluir un nuevo artículo 173 bis al Código de Comercio.
En este sentido, los socios igualmente tendrán el derecho de examinar los libros, la correspondencia y demás documentos que comprueben el estado de la sociedad, incluyendo dicho proyecto además los documentos y contratos que involucren adquisición, venta, hipoteca o prenda de activos de la compañía, pero fijando un mínimo del 10% de los activos sociales totales sin justificación.
Si se estorbare en forma injustificada el ejercicio de este derecho, el juez, a solicitud del interesado, ordenará el examen de libros y documentos, a fin de que este obtenga los datos que necesita. Es decir, aún se permitiría la 'justificación' para criterio del juez y no se fijan sanciones por su transgresión ni mucho menos medidas cautelares claras para impedir dicho abuso mientras se obtiene la firmeza de la decisión.
De igual forma, el proyecto permite ordenar una auditoría a solicitud del socio o socios, pero deben representar por lo menos el 10% del capital social (el artículo actual establece un mínimo del 20% y que puede ser disminuido en los estatutos en ambos casos), conforme con las normas aceptadas en contabilidad.
Así se siguen imponiendo límites a los socios minoritarios para ejercer sus derechos. Difícilmente dicho porcentaje sería disminuido en los estatutos en vista del quórum y validez de los acuerdos requeridos en las asambleas de socios, donde priva siempre la decisión de las mayorías.
Además, los socios interesados en hacer valer sus derechos deben cubrir los gastos respectivos por propia cuenta, sin generar ningún costo a la compañía ni mucho menos a los socios mayoritarios de buena o de mala fe.
Por otra parte, el proyecto insiste en la...
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