Ley 7557, General de Aduanas
La presente ley regula las entradas y las salidas, del territorio nacional, de mercancías, vehículos y unidades de transporte; también el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de él o de las entradas y salidas, de conformidad con las normas comunitarias e internacionales, cuya aplicación esté a cargo del Servicio Nacional de Aduanas.
El territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático y aéreo en los cuales el Estado de Costa Rica ejerce la soberanía completa y exclusiva.
Podrán ejercerse controles aduaneros especiales en la zona en que el Estado ejerce jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política y los principios del derecho internacional.
Los vehículos, las unidades de transporte y las mercancías que ingresen o salgan del territorio aduanero nacional, estarán sujetos a medidas de control propias del Servicio Nacional de Aduanas y a las disposiciones establecidas en esta ley y sus reglamentos.
Asimismo, las personas que crucen la frontera aduanera, con mercancías o sin ellas o quienes las conduzcan a través de ella, estarán sujetas a las disposiciones del régimen jurídico aduanero.
El territorio aduanero se divide en zona primaria o de operación aduanera y zona secundaria o de libre circulación.
Se denomina zona primaria aduanera o de operación aduanera toda área donde se presten o se realicen, temporal o permanentemente, servicios, controles u operaciones de carácter aduanero.
La parte restante del territorio aduanero constituye zona secundaria o de libre circulación.
La jerarquía de las fuentes del régimen jurídico aduanero se sujetará al siguiente orden:
a) La Constitución Política.
b) Los tratados internacionales y las normas de la comunidad centroamericana.
c) Las leyes y los demás actos con valor de ley.
d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes y los de los otros Supremos Poderes, en materia de su competencia.
e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo.
f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos.
Las normas no escritas, como la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios del derecho, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.
Cuando se trate de suplir la ausencia de las disposiciones que regulan una materia y no la insuficiencia de ellas, esas fuentes tendrán rango de ley.
Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior.
El régimen jurídico aduanero deberá interpretarse en la forma que garantice mejor el desarrollo del comercio exterior de la República, en armonía con la realidad socioeconómica imperante al interpretarse la norma y los otros intereses públicos, a la luz de los fines de este ordenamiento.
La analogía es un método admisible para integrar el régimen jurídico aduanero; pero, en virtud de ella, no podrán crearse tributos, franquicias ni exenciones.
La ley de presupuesto de la República de cada año, consignará al Servicio Nacional de Aduanas, además del presupuesto ordinario asignado anualmente a esa dependencia, un crédito presupuestario equivalente a un veinte por ciento (20%) de los impuestos recuperados por las autoridades aduaneras, por concepto de contrabando y defraudación fiscal aduanera. Estos recursos serán utilizados por el Servicio para financiar sus gastos de gestión, fiscalización e incentivos salariales y se girarán mediante transferencia.
Los fines del régimen jurídico serán:
a) Aplicar todos los convenios, acuerdos y tratados internacionales vigentes sobre la materia, así como la normativa nacional al respecto.
b) Facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior.
c) Facultar la correcta percepción de los tributos y la represión de las conductas ilícitas que atenten contra la gestión y el control de carácter aduanero y de comercio exterior.
Cualquier acto que viole los fines del régimen jurídico aduanero constituirá una desviación de poder.
El Sistema Aduanero Nacional estará constituido por el Servicio Nacional de Aduanas y las entidades, públicas y privadas, que ejercen gestión aduanera y se relacionan dentro del ámbito previsto por el régimen jurídico aduanero.
El Servicio Nacional de Aduanas será el órgano de control del comercio exterior y de la Administración Tributaria; dependerá del Ministerio de Hacienda y tendrá a su cargo la aplicación de la legislación aduanera.
El Servicio estará constituido por la Dirección General de Aduanas, las aduanas, sus dependencias y los demás órganos aduaneros; dispondrá de personal con rango profesional y con experiencia en el área aduanera y/o de comercio exterior, pertinentes conforme a los acuerdos, convenios y tratados internacionales vigentes.
El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior establecerán una instancia de coordinación interinstitucional, cuya función será velar por la correcta aplicación de los controles de comercio exterior aptos para ejercer la gestión aduanera.
Para establecer actividades integrales de fiscalización, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Hacienda y los demás órganos de la Administración Tributaria Aduanera, adscritos al Ministerio de Hacienda, estarán facultados legalmente para intercambiar la información tributaria o aduanera que obtengan, por cualquier medio lícito, de los contribuyentes, responsables, terceros, auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores, productores y consignatarios. Dichas autoridades deberán guardar confidencialidad de la información suministrada, en los términos ordenados por la legislación tributaria y, en caso de incumplimiento, quedarán sujetas a las responsabilidades legalmente establecidas.
Las funciones del Servicio Nacional de Aduanas serán:
a) Aplicar todos los convenios, acuerdos y tratados internacionales debidamente ratificados por el Gobierno de Costa Rica, que estén vigentes en el plano internacional, así como la normativa nacional en materia aduanera.
b) Ejercer el control del territorio aduanero establecido en el artículo 2º de esta Ley.
c) Cumplir, dentro del marco de su competencia, los lineamientos y las directrices que se deriven de la política económica del Gobierno de la República.
d) Ejecutar el control aduanero de las políticas de comercio exterior vigentes.
e) Actualizar los procedimientos aduaneros y proponer las modificaciones de las normas, para adaptarlas a los cambios técnicos y tecnológicos y a los requerimientos del comercio internacional.
f) Aplicar, en coordinación con las demás oficinas competentes, las regulaciones no arancelarias que norman las entradas y salidas del territorio aduanero, de vehículos, unidades de transporte y mercancías.
g) Ejercer, en coordinación con las demás oficinas tributarias, las facultades de administración tributaria respecto de los tributos que generan el ingreso, la permanencia y salida de mercancías objeto del comercio exterior.
h) Generar estadísticas de comercio internacional.
La organización y reglamentación de la estructura organizadora del Servicio Nacional de Aduanas estará a cargo del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de los órganos creados por esta ley y el Código Aduanero Uniforme Centroamericano.
La organización interna se establecerá con fundamento en los principios del servicio al usuario, la armonización de los procedimientos, la simplificación, flexibilidad y eficiencia en el control y la fiscalización.
La Dirección General de Aduanas es el órgano superior jerárquico nacional en materia aduanera. En el uso de esta competencia, le corresponde la dirección técnica y administrativa de las funciones aduaneras que esta ley y las demás disposiciones del ramo le conceden al Servicio Nacional de Aduanas; la emisión de políticas y directrices para las actividades de las aduanas y dependencias a su cargo; el ejercicio de las atribuciones aduaneras y la decisión de las impugnaciones interpuestas ante ella por los administrados.
Asimismo, la Dirección coordinará y fiscalizará la actividad de las aduanas y dependencias a su cargo, para asegurar la aplicación correcta y uniforme del régimen jurídico aduanero, acorde con sus fines y los objetivos del Servicio Nacional de Aduanas, mediante la emisión de directrices y normas generales de interpretación, dentro de los límites de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.
La Dirección General de Aduanas estará a cargo de un director general y de un subdirector. Este último sustituirá al primero durante sus ausencias; tendrá las mismas atribuciones y desempeñará las funciones que se le otorguen por reglamento, así como las demás que el superior le delegue. El nombramiento del director general corresponderá al titular del Ministerio de Hacienda.
El director general y el subdirector de Aduanas deberán tener, por lo menos, el grado académico de licenciatura universitaria con experiencia profesional en el área aduanera y/o de comercio exterior.
A esos funcionarios se les prohíbe:
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Ejercer profesiones liberales fuera del cargo.
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Desempeñar otro cargo público o prestar otros servicios a los sujetos sometidos a su autoridad. De esta prohibición se exceptúa el ejercicio de la docencia universitaria.
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Intervenir en el trámite o la resolución de asuntos sometidos a su jurisdicción, en los que, directa o indirectamente, tengan interés personal o cuando los interesados sean sus parientes por línea directa o colateral hasta el cuarto grado, por consanguinidad o afinidad.
El director general de Aduanas podrá delegar, en los órganos que él designe, el inicio y la instrucción de los procedimientos en materia técnica y administrativa.
La delegación establecida en el párrafo anterior deberá seguir todos los procedimientos que dispone la Ley de Administración Pública.
La aduana es la unidad técnico-administrativa encargada de las gestiones aduaneras y del control de las entradas, la permanencia y la salida de las mercancías objeto del comercio internacional, así como de la coordinación de la actividad aduanera con otras autoridades gubernamentales ligadas al ámbito de su competencia, que se desarrollen en su zona de competencia territorial o funcional.
Las aduanas tendrán la facultad de aplicar las exenciones tributarias que la ley indique expresamente y las relativas a materia aduanera creadas por acuerdos, convenios y tratados internacionales.
El Ministerio de Hacienda definirá los asientos geográficos y determinará la competencia territorial de las aduanas, así como la creación, el traslado o la supresión de estas y de sus funciones, atendiendo a razones de oportunidad, control, racionalización o eficiencia del servicio y del comercio exterior.
Las aduanas prestarán sus servicios durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, salvo que la Dirección General de Aduanas defina y justifique, ante el Ministerio de Hacienda, en casos excepcionales y/o de fuerza mayor, horarios especiales para determinadas aduanas.
Las autoridades aduaneras podrán ejercer sus funciones fuera de los locales donde normalmente se llevan a cabo las formalidades aduaneras, con el fin de atender las necesidades de los usuarios del servicio aduanero.
La competencia de una oficina de aduanas puede especializarse en determinadas operaciones, regímenes aduaneros o clases de mercancías.
En virtud de lo previsto en convenios internacionales, podrán crearse aduanas yuxtapuestas, donde se realicen, conjuntamente, los controles que deben efectuar los servicios aduaneros de los estados vecinos, en un solo lugar ubicado en la zona fronteriza, para facilitar y acelerar el cumplimiento de las formalidades aduaneras.
El personal aduanero deberá conocer y aplicar la legislación atinente a la actividad aduanera. En el desempeño de los cargos, los funcionarios aduaneros serán personalmente responsables ante el Fisco por las sumas que este deje de percibir debido a acciones u omisiones dolosas o por culpa grave, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y penal en que incurran. Igualmente, serán responsables por no efectuar los controles respectivos de las mercancías objeto de comercio exterior, de conformidad con el artículo 93 de esta Ley, los que se establezcan por vía reglamentaria o los que estipule la Dirección General. La responsabilidad civil prescribirá en el término de cuatro años, contados a partir del momento en que se cometa el delito.
Constituirán falta grave de servicio, sancionable conforme al régimen disciplinario, el retraso injustificado en los procedimientos en los cuales intervengan los funcionarios aduaneros, así como el recibir obsequios de mercancías de cualquier clase que se encuentren a bordo de los vehículos o las unidades de transporte que ingresen al territorio aduanero nacional o se hallen bajo control aduanero.
Durante la sustanciación del procedimiento administrativo tendiente al despido por actuaciones irregulares de los servidores del Servicio Nacional de Aduanas, que puedan producir perjuicio económico al Fisco, el director general de Aduanas deberá solicitar al Ministro de Hacienda la suspensión provisional de labores, con goce de salario; lo anterior mientras dure el procedimiento de gestión de despido, para lograr el éxito de la investigación que se realiza y salvaguardar las relaciones de servicio, documentación e información. El Ministro de Hacienda deberá comunicar a la Dirección General de Servicio Civil, la decisión acordada.
Ningún funcionario del Servicio Nacional de Aduanas podrá exigir para la aplicación o autorización de cualquier acto, trámite o procedimiento, régimen, el cumplimiento de requisitos, condiciones, formalidades, documentos o información, sin que estén previamente establecidos en la normativa aduanera, administrativa o de comercio exterior.
La inobservancia o el incumplimiento injustificado de la presente disposición será falta grave, conforme al régimen disciplinario,
En caso de que la conducta antes descrita, así como las demás faltas que se describen en la presente ley, presuntamente sea constituyente de actos de corrupción o fraude fiscal, será objeto de investigación por parte de la Unidad Asesora de Asuntos Internos del Ministerio de Hacienda, conforme a la Ley 9416, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades que se deriven en caso de confirmarse esta.
Para tal efecto, esta Unidad requerirá la información necesaria a las dependencias competentes con el fin de recabar aquellos elementos que den mérito a una eventual responsabilidad administrativa o penal, con el fin de recomendar lo pertinente al jerarca.
Para ingresar al Servicio Nacional de Aduanas, tanto en el nivel técnico básico como en niveles superiores, se exigirán los perfiles ocupacionales requeridos según lo determine el puesto por desempeñar y los conocimientos documentados en títulos académicos reconocidos por las autoridades educativas nacionales.
La carrera administrativa aduanera estará constituida por el conjunto de clases de los niveles necesarios para realizar la gestión aduanera, así como por las normas reguladoras de las funciones, los requisitos y la retribución de cada clase.
Los requisitos académicos y legales de ingreso, así como los perfiles profesiográficos de los puestos del Servicio Nacional de Aduanas, serán determinados conjuntamente por la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Servicio Civil.
Los funcionarios técnicos y profesionales del Servicio Nacional de Aduanas deberán prestar sus servicios en cualquiera de las dependencias ubicadas en el territorio aduanero, según los criterios técnicos de rotación, determinados por la Dirección General de Aduanas. Los funcionarios técnicos estarán sujetos a desempeñar diversas tareas dentro de la misma clase de puesto, a fin de garantizar el conocimiento integral de las operaciones aduaneras.
Los funcionarios encargados de prestar en forma domiciliaria los servicios personalizados, serán designados por distribución aleatoria y por turno riguroso; así se evitará que visiten de manera consecutiva o regular a un mismo auxiliar de la función pública y/o usuario del Sistema Nacional de Aduanas.
Los funcionarios de otras dependencias públicas distintas de las aduaneras, dentro del marco de su competencia, deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el cumplimiento de sus funciones.
Están igualmente obligados a comunicar de inmediato a las autoridades aduaneras, los hechos y actos sobre presuntas infracciones al régimen jurídico aduanero y a poner a su disposición, las mercancías objeto de tales infracciones, si están en su poder.
Cuando una autoridad diferente de la aduanera requiera inspeccionar mercancías, vehículos y unidades de transporte sujetos al control aduanero, deberá obtener autorización previa de la autoridad aduanera, la cual podrá asignar un funcionario competente para que presencie la inspección. Podrá prescindirse de la autorización previa si las circunstancias lo exigen en el ejercicio del control de drogas, estupefacientes u otras sustancias prohibidas, por razones de seguridad nacional, en casos de desastres naturales o emergencias. No obstante, la realización de la inspección deberá comunicarse inmediatamente a la autoridad aduanera.
Las autoridades aduaneras, migratorias, de salud, de policía y todas las que ejerzan control sobre los ingresos o las salidas de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio aduanero nacional, deberán ejercer sus competencias en forma coordinada, colaborando entre sí, para la aplicación correcta de las disposiciones legales y administrativas.
Cuando en una operación aduanera deban aplicarse controles especiales correspondientes a otras entidades, las autoridades aduaneras deberán informar a la oficina competente y no aceptarán la declaración aduanera hasta tanto no se cumplan los requisitos respectivos.
El control aduanero es el ejercicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas para el análisis, la aplicación, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, sus Reglamentos y las demás normas reguladoras de los ingresos o las salidas de mercancías del territorio nacional, así como de la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior.
El control aduanero podrá ser inmediato, a posteriori y permanente.
El control inmediato se ejercerá sobre las mercancías desde su ingreso al territorio aduanero o desde que se presenten para su salida y hasta que se autorice su levante.
El control a posteriori se ejercerá respecto de las operaciones aduaneras, los actos derivados de ellas, las declaraciones aduaneras, las determinaciones de las obligaciones tributarias aduaneras, los pagos de los tributos y la actuación de los auxiliares de la función pública aduanera y de las personas, físicas o jurídicas, que intervengan en las operaciones de comercio exterior, dentro del plazo referido en el artículo 62 de esta Ley.
El control permanente se ejercerá en cualquier momento sobre los auxiliares de la función pública aduanera, respecto del cumplimiento de sus requisitos de operación, deberes y obligaciones. Se ejercerá también sobre las mercancías que, con posterioridad al levante o al retiro, permanezcan sometidas a alguno de los regímenes aduaneros no definitivos, mientras estas se encuentren dentro de la relación jurídica aduanera para fiscalizar y verificar el cumplimiento de las condiciones de permanencia, uso y destino.
La autoridad aduanera, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden como administración tributaria previstas en la legislación tributaria, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Exigir y comprobar el cumplimiento de los elementos que determinan la obligación tributaria aduanera como naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor aduanero de las mercancías y los demás deberes, requisitos y obligaciones derivados de la entrada, permanencia y salida de las mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio aduanero nacional.
b) Exigir y comprobar el pago de los tributos de importación y exportación.
c) Verificar que las mercancías importadas con el goce de algún estímulo fiscal, franquicia, exención o reducción de tributos, estén destinadas al propósito para el que se otorgó el beneficio, se encuentren en los lugares señalados al efecto y sean usadas por las personas a quienes les fue concedido. Esa verificación se realizará cuando el beneficio se haya otorgado en razón del cumplimiento de esos requisitos o a condición de que se cumplan.
d) Requerir, en el ejercicio de sus facultades de control y fiscalización, de los auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores, productores, consignatarios y terceros la presentación de los libros de contabilidad, sus anexos, archivos, registros contables y otra información de trascendencia tributaria o aduanera y sus archivos electrónicos o soportes magnéticos o similares que respalden o contengan esa información.
e) Verificar la documentación, la autorización, el contenido y las cantidades de mercancías sujetas al control aduanero que se transporten por cualquier medio.
f) Fiscalizar los depósitos bajo control aduanero, exigir la presentación de las mercancías depositadas y sus registros, comprobar los inventarios y realizar cualquier otra verificación que considere necesaria.
g) Exigir las pruebas necesarias y comprobar el cumplimiento de las reglas sobre el origen de las mercancías para aplicar preferencias arancelarias, de conformidad con los tratados internacionales de los que forme parte Costa Rica y las normas derivadas de ellos.
h) Exigir y comprobar el cumplimiento de las disposiciones dictadas por las autoridades competentes, relativas a los derechos contra prácticas desleales de comercio internacional, medidas de salvaguardia y demás regulaciones, arancelarias y n arancelarias, de comercio exterior.
i) Investigar la comisión de delitos aduaneros e imponer las sanciones administrativas y tributarias aduaneras correspondientes.
j) Verificar que los auxiliares de la función pública aduanera cumplan con sus requisitos, deberes y obligaciones.
k) Dictar las medidas administrativas que se requieran en caso de accidentes, desastres naturales o naufragios que impidan el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos.
l) Establecer, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, marbetes o sellos especiales para las mercancías o sus envases destinados a zonas libres.
m) Otorgar y suspender, cuando le corresponda, las autorizaciones de los auxiliares de la función pública aduanera.
n) Las que le correspondan de conformidad con los tratados, convenios o acuerdos internacionales de los que Costa Rica forme parte.
o) Establecer registros de importadores, exportadores, auxiliares de la función pública aduanera y otros usuarios.
p) Visitar empresas, centros de producción o recintos donde se realicen operaciones aduaneras, con el fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones legales, de conformidad con los planes y programas de control y fiscalización establecidos por la Dirección General de Aduanas.
q) Decomisar las mercancías cuyo ingreso o salida sean prohibidos, de acuerdo con las prescripciones legales o reglamentarias.
r) Suscribir convenios con auxiliares o instituciones públicas o privadas, para implementar proyectos de mejoramiento del servicio aduanero, incluyendo la introducción de nuevas técnicas aduaneras y el uso de infraestructura y capacitación.
s) Las demás atribuciones señaladas en esta ley, sus reglamentos y en otras leyes.
Cuando el órgano fiscalizador de la Dirección General de Aduanas, en el ejercicio de sus atribuciones aduaneras, establezca que no se cancelaron los tributos debidos, deberá proponer al sujeto pasivo la regularización de su situación, de conformidad con los procedimientos definidos por el reglamento de esta ley y el Servicio Aduanero.
Los casos excepcionales para los cuales no será obligatoria la propuesta de regularización se establecerán mediante el reglamento de esta ley.
La conformidad total o parcial del sujeto pasivo, con la propuesta de regularización, constituye una manifestación voluntaria de aceptación de los adeudos tributarios y sus intereses, determinados por el órgano fiscalizador.
En caso de que el sujeto pasivo manifieste su conformidad con la propuesta, él mismo deberá realizar el pago por la totalidad del monto adeudado por los medios acordados en la audiencia de regularización y en el plazo de cinco días hábiles posteriores a la realización de dicha audiencia, o bien, acogerse al pago fraccionado cuando proceda, según las condiciones que se establezcan en el reglamento.
De no realizarse el pago correspondiente, por tratarse de una obligación líquida y exigible, la autoridad aduanera procederá a la ejecución del cobro correspondiente, sin necesidad de ulterior procedimiento.
En el supuesto de que el sujeto pasivo no acepte regularizar su situación, se tendrá por finalizada la etapa de regularización con la resolución de inicio del procedimiento administrativo ordinario establecido en esta ley, que contendrá las conclusiones de las actualizaciones fiscalizadoras. Para este acto, el director del órgano fiscalizador tendrá la competencia en cuanto al inicio y la instrucción del procedimiento ordinario.
Sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan como administración tributaria, previstas en la legislación tributaria, la autoridad aduanera tendrá las siguientes atribuciones para prevenir e investigar infracciones y delitos administrativos y tributarios aduaneros:
a) Realizar investigaciones, inspecciones y controles en las vías de comunicación y lugares habilitados o no habilitados como recintos aduaneros y practicar reconocimientos de mercancías, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias.
b) Diligenciar y procurar las pruebas que fundamenten las denuncias o acciones legales en materia de delitos aduaneros e infracciones administrativas y tributarias aduaneras.
c) Requerir la asistencia y colaborar con autoridades nacionales e internacionales para investigar infracciones y delitos administrativos y tributarios aduaneros.
d) Detener a los presuntos responsables en flagrante delito y decomisar, preventivamente, las mercancías objeto del delito, a fin de ponerlas a la orden de la autoridad judicial competente en el término de veinticuatro horas.
e) Denunciar, ante la autoridad judicial competente los delitos aduaneros. Esta obligación corresponde a cualquier funcionario aduanero.
La omisión de este deber constituye una falta grave de servicio.
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los funcionarios y los auxiliares de la función pública aduanera, que por cualquier título, reciban, manipulen, procesen, transporten o tengan en custodia mercancías sujetas a control aduanero, serán responsables por las consecuencias tributarias producidas por el daño, la pérdida o la sustracción de las mercancías, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Esta disposición se aplicará a todas las empresas de estiba y a las autoridades o empresas portuarias y aeroportuarias, públicas o privadas.
En casos calificados y previamente autorizados por el Director General de Aduanas, los funcionarios competentes del Servicio Nacional de Aduanas, en el ejercicio de funciones de verificación, fiscalización y control, podrán realizar visitas a instalaciones de productores, exportadores y otras personas, así como a oficinas, públicas o privadas, localizadas en territorio extranjero, con el fin de recibir testimonio y recabar información y documentación, respetando las normas internacionales contenidas en los tratados internacionales de los cuales Costa Rica forme parte. Los funcionarios designados, que gocen de fe pública, levantarán las actas correspondientes y certificarán la información y documentación, con el propósito de que se incorporen como prueba admisible en cualquier procedimiento administrativo o judicial, sin requisito o formalidad ulterior.
La Dirección General de Aduanas queda habilitada para contactar, desde Costa Rica y por cualquier medio tecnológico, a proveedores o exportadores extranjeros, con el fin de recabar pruebas, tales como facturas proforma, precios de venta, promedios, valores FOB y CIF, descuentos aplicables y cualesquiera otras que den como resultado la certeza del precio respectivo de la mercancía en el mercado internacional.
Se considerarán auxiliares de la función pública aduanera, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que participen habitualmente ante el Servicio Nacional de Aduanas, en nombre propio o de terceros, en la gestión aduanera.
Los auxiliares serán responsables solidarios ante el Fisco por las consecuencias tributarias derivadas de los actos, las omisiones y los delitos en que incurran sus empleados acreditados ante el Servicio Nacional de Aduanas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales a que dichos empleados queden sujetos legalmente.
Para poder operar como auxiliares, las personas deberán tener capacidad legal para actuar; estar inscritos en el registro de auxiliares que establezca la autoridad aduanera y en el Registro Tributario; mantenerse al día en el pago de sus obligaciones obrero patronales, tributarias, aduaneras, sus intereses, las multas y los recargos de cualquier naturaleza; cumplir los requisitos estipulados en esta ley, sus reglamentos y los que disponga la resolución administrativa que las autorice como auxiliares.
El auxiliar que, luego de haber sido autorizado, deje de cumplir algún requisito general o específico, no podrá operar como tal hasta que demuestre haber subsanado el incumplimiento.
No podrán ser auxiliares de la función pública:
a) Los funcionarios y empleados del Estado o de sus instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas.
b) Las personas que estén inhabilitadas, por sentencia judicial firme, para ejercer cargos públicos.
Son obligaciones básicas de los auxiliares:
a) Llevar registros de todas sus actuaciones y operaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas, en la forma y condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas. Los registros estarán a disposición de las autoridades aduaneras competentes cuando los soliciten, en cumplimiento de sus facultades de control y fiscalización.
b) Conservar, durante un plazo de cinco años, los documentos y la información fijados reglamentariamente para los regímenes en que intervengan, salvo que exista regulación especial en contrario que exija un plazo mayor. Los documentos y la información deberán conservarse aún después de ese plazo, hasta la finalización del proceso judicial o administrativo cuando exista algún asunto pendiente de resolución.
c) DEROGADO.
d) Efectuar las operaciones aduaneras por los medios y procedimientos establecidos, de acuerdo con el régimen aduanero correspondiente.
e) Realizar los actos según esta ley y las demás disposiciones legales, empleando el sistema informático una vez que le hayan sido autorizados el código de usuario y la clave de acceso. Para ese fin, deberá contar con el equipo y los medios necesarios para realizar sus operaciones, mediante la transmisión electrónica de datos, conforme a las reglas de carácter general que emita la Dirección General de Aduanas.
f) Mantener su inscripción y el registro de firmas autorizadas en él para las operaciones que la autoridad aduanera establezca.
g) Asumir la responsabilidad por cualquier diferencia entre los datos transmitidos a la autoridad aduanera y los recibidos efectivamente por ella, cuando se utilicen medios de transmisión electrónica de datos.
h) Cumplir con las demás obligaciones que les fijan esta ley y sus reglamentos y con las disposiciones que establezca la autoridad aduanera, mediante resolución administrativa o convenio.
i) Comunicar a la aduana de control las posibles causas, dentro del término de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de la ocurrencia de daños, pérdidas, hurtos, robos u otras circunstancias que afecten las unidades de transporte o las mercancías bajo su custodia.
j) Entregar, en el plazo de diez días hábiles, la información requerida por la autoridad aduanera en el ejercicio de las facultades de control, en el lugar, la forma, las condiciones y por los medios que esta disponga.
k) Extender facturas por la prestación de sus servicios, de acuerdo con las disposiciones emitidas por la administración tributaria competente.
l) Entregar, ante requerimiento de la autoridad aduanera con la debida fundamentación legal, información de trascendencia tributaria o aduanera, que permita verificar la veracidad de la declaración aduanera, según los requisitos establecidos al efecto en el artículo 86 de esta Ley, sobre hechos o actuaciones de terceros con los cuales mantenga relaciones económicas y/o financieras.
m) Indicar a la Dirección General, bajo declaración jurada rendida ante notario público, el lugar donde se custodian los documentos originales y la información fijados reglamentariamente, para los regímenes en que intervengan. En el caso de personas jurídicas, dicha declaración deberá ser realizada por el representante legal.
n) Coadyuvar con las autoridades aduaneras para el esclarecimiento de cualquier delito cometido en perjuicio del Fisco y comunicar inmediatamente, por escrito, a la autoridad aduanera, cualquier delito del que tengan conocimiento.
o) Contar con el equipo y los medios tecnológicos de inspección no intrusiva con exclusión del equipo de escaneo de mercancías, que aseguren el control aduanero ejercido por el Servicio Nacional de Aduanas, para el ingreso, la revisión, la permanencia y la salida de las mercancías. La definición de equipo y los medios tecnológicos de inspección no intrusiva se desarrollará vía reglamento; además, la Dirección General de Aduanas emitirá las resoluciones de alcance general, para regular la inspección no intrusiva para cada categoría de los auxiliares de la función pública aduanera.
Cuando a los auxiliares les corresponda recibir mercancías, vehículos y unidades de transporte bajo control aduanero o se les autorice para eso, deberán comunicar la información que les solicite la autoridad aduanera, por los medios que esta determine y tendrán la responsabilidad de comprobar las condiciones y el estado de los embalajes, sellos y precintos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 26 de esta ley.
Cuando se haya establecido un sistema informático para la gestión aduanera, en forma general o en particular para un régimen o determinadas operaciones, la información que deben conservar en archivo los auxiliares de la función pública aduanera debe mantenerse en discos ópticos, cintas magnéticas, disquetes, cilindros o cualquier otro medio similar que cumpla con las condiciones exigidas para esos efectos. Esa información estará disponible para las autoridades aduaneras competentes cuando la soliciten en cumplimiento de sus facultades de control y fiscalización.
La conversión de la información a alguno de esos medios debe realizarse en el plazo que establezca el reglamento y siguiendo las prescripciones de la Dirección General de Aduanas.
El agente aduanero es el profesional auxiliar de la función pública aduanera autorizado por la Dirección General de Aduanas para actuar, en su carácter de persona natural, con las condiciones y los requisitos establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y en esta ley, en la presentación habitual de servicios a terceros, en los trámites, los regímenes y las operaciones aduaneras.
El agente aduanero rendirá la declaración aduanera bajo fe de juramento y, en consecuencia, los datos consignados en las declaraciones aduaneras que formule de acuerdo con esta ley, incluidos los relacionados con el cálculo aritmético de los gravámenes que guarden conformidad con los antecedentes, que legalmente le sirven de base, podrán tenerse como ciertos por parte de la aduana, sin perjuicio de las verificaciones y los controles que deberá practicar la autoridad aduanera dentro de sus potestades de control y fiscalización.
El agente aduanero será el representante legal de su mandante para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos que se deriven de él. En ese carácter, será el responsable civil ante su mandante por las lesiones patrimoniales que surjan como consecuencia del cumplimiento de su mandato.
Además de los requisitos establecidos en el artículo 29 de esta ley, para ser autorizadas como agentes aduaneros, las personas físicas requerirán haber obtenido al menos el grado universitario de licenciatura en Administración Aduanera y contar con experiencia mínima de dos años en materia aduanera. Igualmente, podrán ser autorizadas personas con el grado de licenciatura en Comercio Exterior, Comercio Internacional, Derecho o Administración Pública, previa aprobación de un examen de competencia en el área aduanera, que la Dirección General de Aduanas deberá aplicar anualmente.
Ninguna persona física será autorizada, reconocida ni podrá ejercer la correduría aduanera ante el Servicio Nacional de Aduanas, si no ha caucionado su responsabilidad con el fisco.
Deberá rendirse una única garantía global por un monto de veinte mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, en los términos y conforme a los instrumentos indicados en el artículo 65 de la presente ley. Dicha garantía deberá actualizase anualmente.
Además de las obligaciones establecidas en el Capítulo I de este Título, son obligaciones específicas de los agentes aduaneros:
a) Actuar personalmente en las actividades propias de su función y representar a su mandante, en forma diligente y con estricto apego al régimen jurídico aduanero.
b) Acreditar, ante la Dirección General de Aduanas, a los asistentes de agentes de aduanas que deberán ostentar, por lo menos, el diplomado en aduanas, reconocido por la autoridad educativa competente. En caso de inopia, bastará el título de técnico en aduanas. Los asistentes de agentes de aduana deberán cumplir con las funciones, obligaciones y los demás requisitos que se establezcan mediante reglamento.
c)
d) Evitar que, al amparo de su autorización, agentes aduaneros que estén suspendidos de su ejercicio actúen directa o indirectamente.
e) (Derogado por el inciso c) del artículo 4° de la ley N° 8373 de 18 de agosto de 2003)
f) Dar aviso previo del cese de operaciones a la Dirección General de Aduanas, así como entregar, a la aduana de control, los documentos originales y la información fijados reglamentariamente para los regímenes en que intervengan.
g) Entregar a sus comitentes copia o impreso de cada una de las declaraciones aduaneras a su nombre, o reproducción de los documentos que comprendan el despacho en que han intervenido, debidamente certificados, deberán indicar la fecha, estampar su sello y firma, y señalar que se trata de copias fieles y exactas de las registradas ante la aduana correspondiente.
Ante el Fisco, el importadores responsable por el pago de las obligaciones tributarias aduaneras derivadas de los trámites, los regímenes en que intervenga, así como por el pago de las diferencias, los intereses, los recargos y los ajustes correspondientes; en los mismos términos, el agente aduanero es solidariamente responsable con el importador.
La intervención de los agentes aduaneros será necesaria en todos los regímenes aduaneros y será optativa en los siguientes regímenes o modalidades aduaneras: zonas francas, exportación, depósito fiscal, provisiones de a bordo y perfeccionamiento pasivo, así como en las siguientes modalidades: equipaje, envíos de socorro, muestras sin valor comercial, envíos urgentes o "courier", envíos postales, tiendas libres, importaciones no comerciales, envíos de carácter familiar, despacho domiciliario industrial y comercial, e importaciones efectuadas por el Estado y sus instituciones y, en general, en los despachos de mercancías sujetas a regímenes o procedimientos sin intervención del agente aduanero que esta Ley autoriza.
Los agentes aduaneros no podrán sustituir el mandato que se les ha conferido, transmitir ni transferir derechos de ninguna clase correspondientes a sus mandantes.
El mandante podrá sustituir, el mandato, en forma escrita en cualquier momento. Deberá comunicar de esta circunstancia a la autoridad aduanera y demostrar la comunicación previa al agente sustituido. El nuevo agente asume la responsabilidad por los actos realizados a partir de la comunicación escrita a la autoridad aduanera, sobre la sustitución del agente anterior.
El agente aduanero que realice el pago de tributos, intereses, multas y demás recargos por cuenta de su mandante, se subrogará frente a él por las sumas pagadas. Para este efecto, la certificación expedida conforme al artículo 70 de la presente Ley, tendrá carácter de título ejecutivo.
Los transportistas aduaneros personas, físicas o jurídicas, son auxiliares de la función pública aduanera; autorizados por la Dirección General de Aduanas. Se encargan de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación del vehículo, la unidad de transporte y sus cargas ante el Servicio Nacional de Aduanas, a fin de gestionar en la aduana el ingreso, el arribo, el tránsito, la permanencia o la salida de mercancías.
El conocimiento de embarque emitido por el transportista, constituirá título representativo de mercancías. Su traslado, cuando sea total, deberá realizarse mediante endoso y cuando sea parcial, mediante cesión de derechos exenta de especies fiscales y autenticada por abogado; además, deberá efectuarse según el formato que disponga la Dirección General de Aduanas.
Para operar como transportista aduanero, además de los requisitos establecidos en el artículo 29 de esta ley, se exigirán los siguientes:
a) Acreditar el domicilio de las oficinas centrales de la empresa.
b) Mantener inscritos los vehículos y las unidades de transporte utilizados en el giro de su actividad, conforme lo disponga la Dirección General de Aduanas, los que deberán cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad fijadas en la reglamentación correspondiente.
c) El transportista terrestre que realiza tránsito de mercancías a través del territorio aduanero nacional, con excepción de lo regulado en la normativa regional, deberá rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente que responda ante el Estado, por las eventuales responsabilidades tributarias derivadas de su operación como auxiliar. Esa garantía será por un monto de cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
d) Presentar, a la Dirección General de Aduanas, documento legítimo que compruebe la representación legal de la persona, cuando actúe en nombre del transportista internacional para efectos aduaneros, salve lo dispuesto en los preceptos de la legislación comunitaria centroamericana, de los convenios y tratados internacionales de los que Costa Rica forme parte y de las normas reglamentarias sobre tránsito terrestre.
La caución deberá rendirse en los términos y conforme a los instrumentos indicados en el artículo 65 de la presente ley, cuyo monto deberá ser actualizado anualmente.
Además de las obligaciones generales establecidas en el Capítulo I de este Título son obligaciones específicas de los transportistas aduaneros, en cuanto les sean aplicables de acuerdo con el giro de su actividad:
a) Permitir y facilitar la inspección aduanera de mercancías, vehículos y unidades de transporte, sus cargas y la verificación de los documentos o las autorizaciones que las amparen.
b) Asignar personal para la carga, descarga o transbordo de mercancías.
c) Reportar, por los medios que se establezcan reglamentariamente, las diferencias que se encuentren entre la cantidad de bultos u otros elementos de transporte realmente descargados o transportados y las cantidades manifestadas, las mercancías, los bultos u otros elementos de transporte dañados o averiados como consecuencia del transporte y cualquier otra circunstancia que afecte las declaraciones realizadas ante las autoridades aduaneras.
d) Mantener intactos los mecanismos de control y seguridad colocados en bultos, vehículos y unidades de transporte.
e) Transportar las mercancías por las rutas legales habilitadas y entregarlas en el lugar autorizado, dentro de los plazos que señalen las disposiciones administrativas, en vehículos y unidades de transporte que cumplan con las condiciones técnicas y de seguridad.
f) Comunicar a la aduana, con anticipación al arribo de la unidad de transporte, la existencia de mercancías inflamables, corrosivas, explosivas o perecederas o de las que, por su naturaleza, representen un peligro para otras mercancías, personas o instalaciones, con el fin de darles un tratamiento especial.
g) Transmitir, por vía electrónica o por otro medio autorizado, antes del arribo de la unidad de transporte, los datos relativos a las mercancías transportadas. Esta información podrá sustituir el manifiesto de carga, para la recepción de las mercancías en las condiciones y los plazos que se establezcan por medio de reglamento.
h) Emitir el título representativo de mercancías.
i) Comunicar al estacionamiento transitorio respectivo la fecha de arribo a puerto de las mercancías. Esta comunicación deberá efectuarla la empresa de transporte internacional.
j) Trasladar los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas, del estacionamiento transitorio al depósito aduanero, el día hábil siguiente al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) del artículo 56 de esta Ley. Este traslado deberá efectuarlo la empresa de transporte internacional.
k) No trasladar a los estacionamientos transitorios unidades de transporte que contengan mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes, radiactivas, tóxicas, peligrosas u otras de similar naturaleza.
l) Entregar los bultos de entrega rápida separados del resto de la carga.
Los transportistas aduaneros serán responsables de cumplir las obligaciones resultantes de la recepción, la salida y el transporte aéreo, marítimo o terrestre de las unidades de transporte y/o mercancías, según corresponda al medio de transporte utilizado, a fin de asegurar que lleguen al destino autorizado o salgan de él intactas, sin modificar su naturaleza ni su embalaje, hasta la entrega efectiva y la debida recepción por parte del auxiliar autorizado, según las disposiciones de la Dirección General de Aduanas y las demás autoridades reguladoras del tránsito y la seguridad pública. Además, responde por la instalación y el adecuado uso del precinto electrónico, independientemente de la persona física o jurídica que ejecuta materialmente la movilización de la unidad de transporte y/o mercancías.
Los consolidadores de carga internacional son auxiliares de la función pública aduanera que, en su giro comercial, se dedican, principal o accesoriamente, a contratar, en nombre propio y por su cuenta, servicios de transporte internacional de mercancías que ellos mismos agrupan, destinadas a uno o más consignatarios.
Deberán cumplir con los requisitos y las obligaciones previstos en esta ley y sus reglamentos para los auxiliares de la función pública aduanera.
Para operar ante el Servicio Nacional de Aduanas, los consolidadores de carga internacional deberán rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente, que responda ante el Estado, por las posibles responsabilidades tributarias derivadas de la operación como auxiliar, por el monto de veinte mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. El monto de la caución o del seguro será actualizado anualmente. Las cauciones deberán rendirse mediante los siguientes instrumentos: cheque certificado, garantía de cumplimiento otorgada por cualquiera de las entidades financieras registradas y controladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, fondos de fideicomiso autorizados por la Comisión Nacional de Valores, bono de garantía otorgado por el Instituto Nacional de Seguros o por otros medios que fije el Reglamento de esta Ley, siempre que aseguren el pago inmediato del monto garantizado.
Asimismo, deberán presentar a la Dirección General de Aduanas documento legítimo que compruebe la representación legal de la persona cuando, para efectos aduaneros, actúe en nombre del consolidador de carga.
El transportista deberá entregar, al operador de carga consolidada, el conocimiento de embarque matriz, en el cual aparezca como consignatario el consolidador o su representante legal y transmitir, a la autoridad aduanera, la información relativa a ese conocimiento.
El consolidador o su representante legal deberá transmitir, a la autoridad aduanera, la información del manifiesto de carga consolidada y entregar copias de tantos conocimientos de embarque como consignatarios registre.
El conocimiento de embarque emitido por un transportista o un consolidador, constituye título representativo de mercancías y su traslado deberá realizarse mediante endoso, cuando sea total, y mediante cesión de derechos exenta de especies fiscales y autenticada por abogado, cuando sea parcial; asimismo, deberá efectuarse según el formato que disponga la Dirección General de Aduanas.
Además de las otras obligaciones previstas en esta Ley y sus Reglamentos para los auxiliares de la función pública aduanera, los consolidadores de carga internacional deberán transmitir, a la aduana de control, por vía electrónica, las diferencias encontradas en la operación de desconsolidación de mercancías efectuada en el depósito aduanero o en otro lugar autorizado, respecto de la documentación que las ampara, dentro del plazo de tres horas hábiles contado a partir de la finalización de la descarga. En este mismo plazo deberán transmitir la información de los conocimientos de embarque que se deriven del manifiesto de carga consolidada y entregar copia de tantos conocimientos de embarque como consignatarios registre dicho documento.
Los depositarios aduaneros son las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, auxiliares de la función pública aduanera que, autorizadas mediante concesión, por la Dirección General de Aduanas, custodian y conservan temporalmente, con suspensión del pago de tributos, mercancías objeto de comercio exterior, bajo la supervisión y el control de la autoridad aduanera.
Además de los requisitos establecidos en el artículo 29 de esta ley, para operar como depositario aduanero se exigirán los siguientes:
a) Contar con instalaciones adecuadas para realizar operaciones de recepción, depósito, inspección y despacho de mercancías, con un área mínima de diez mil metros cuadrados destinada a la actividad de depósito aduanero de mercancías, la cual incluya una sección mínima de construcción de tres mil metros cuadrados. Cuando se cumplan las medidas de control y las condiciones que establezca el Reglamento de esta Ley, la Dirección General de Aduanas podrá autorizar la prestación, en esas instalaciones, de servicios complementarios al despacho y el depósito de mercancías, siempre que el prestador cuente con las autorizaciones o concesiones necesarias. En los mismos términos, los depositarios aduaneros que posean a la vez la concesión de almacén general de depósito, podrán prestar ambos servicios, con la condición de mantener bodegas separadas para cada actividad, según el régimen bajo el cual se encuentren almacenadas las mercancías.
b) Cumplir con las condiciones de seguridad y las demás normas técnicas de construcción.
c) Cumplir con las condiciones de seguridad y las demás normas técnicas de construcción específicas que fijen las autoridades competentes y con la reglamentación para el depósito aduanero de mercancías líquidas, a granel peligrosas para la salud humana, animal, o vegetal y el medio ambiente o refrigeradas. En estos casos, las áreas de construcción y las destinadas a la actividad del depósito aduanero podrán ser menores que las señaladas en el inciso a) de este artículo, de acuerdo con el reglamento.
d) Acondicionar y mantener a disposición de la autoridad aduanera, cuando esta lo determine, oficinas para los funcionarios aduaneros asignados al depósito aduanero.
e) Rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente, que responda ante el Estado por las eventuales responsabilidades tributarias derivadas de su operación como auxiliar, por un monto de ciento cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, en los términos y conforme a los instrumentos indicados en el artículo 65 de la presente ley. Dicha garantía deberá actualizase anualmente.
El monto de la caución o el seguro será actualizado anualmente. Las cauciones deberán rendirse mediante los siguientes instrumentos: cheque certificado, garantía de cumplimiento otorgada por cualquiera de las entidades financieras registradas y controladas por la Auditoría General de Entidades Financieras, fondos de fideicomiso autorizados por la Comisión Nacional de Valores, bono de garantía otorgado por el Instituto Nacional de Seguros u otros medios que fije el reglamento de esta ley, siempre que aseguren el pago inmediato del monto garantizado.
Además de las obligaciones establecidas en el Capítulo I de este Título, son deberes específicos del depositario aduanero:
a) Mantener y enviar, a la autoridad aduanera competente, registros de mercancías admitidas, depositadas, retiradas, abandonadas u objeto de otros movimientos, según los formatos y las condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas.
b) Mantener a disposición de la autoridad aduanera los medios de control de ingreso, permanencia y salida de mercancías.
c) Responder del pago de las obligaciones tributarias aduaneras, por las mercancías que no se encuentren y hayan sido declaradas como recibidas; además, pagar los daños que las mercancías sufran en sus recintos o bajo su custodia.
d) Recibir y custodiar las mercancías que la autoridad aduanera le envíe en circunstancias especiales, de conformidad con sus programas de distribución rotativa.
e) Entregar únicamente con autorización de la autoridad aduanera, las mercancías custodiadas.
f) Comunicar al jerarca de la aduana de control las posibles causas, dentro del término de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de la ocurrencia de daños, pérdidas u otras circunstancias que afecten las mercancías.
g) Cumplir las disposiciones técnico-administrativas referentes a ubicación, estiba, depósito e identificación de las mercancías bajo su custodia.
h) Presentar a la aduana de control, por el medio autorizado, durante los primeros quince días de cada mes, un listado de las mercancías que en el mes anterior hayan cumplido un año de haber sido recibidas en depósito.
i) Contar con los medios de seguridad y control de inventarios tecnológicos, que aseguren la efectiva custodia y conservación de las mercancías que deban transmitirse a la aduana, según los requerimientos ordenados por la Dirección General de Aduanas.
j) Mantener dentro de la bodega un área mínima de doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m²), destinada a depósito, para el examen previo y/o la verificación física de las mercancías.
k) Llevar un registro de todas las personas que se presenten con autorizaciones de levante de mercancías, así como de todos los vehículos que se utilicen para transportar mercancías al egreso del depósito aduanero.
l) Verificar la validez de la autorización del levante de las mercancías, de conformidad con los medios que la Dirección General de Aduanas defina mediante resolución razonada de alcance general.
Las empresas acogidas a los regímenes o modalidades de despacho domiciliario industrial, zona franca, de perfeccionamiento activo, entrega rápida, tiendas libres y otros que dispongan los reglamentos de esta ley, tendrán la condición de auxiliares de la función pública aduanera.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 29 y 30 de esta ley, las empresas a las que se refiere el artículo anterior deberán cumplir, en lo conducente y según el régimen aplicable, con las siguientes obligaciones, además de las que se les fijen reglamentariamente:
a) Obtener autorización para operar como auxiliar de la Dirección General de Aduanas, previa demostración del cumplimiento de los requisitos que exige esta ley y sus reglamentos.
b) Inscribir, en los registros de la empresa, las mercancías recibidas en sus recintos, según los procedimientos y medios que establezca la Dirección General de Aduanas.
c) Contar con instalaciones adecuadas para realizar operaciones de recepción, depósito, inspección y despacho de mercancías.
d) Permitir el acceso de la autoridad aduanera a sus instalaciones, zonas de producción, bodegas y registros de costos de producción para el ejercicio del control aduanero.
Las entidades públicas que realicen despachos aduaneros, en nombre propio o de otra entidad pública, deberán ser autorizadas por la Dirección General de Aduanas y cumplir con los requisitos que se fijen mediante reglamento.
Estas entidades deberán cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 30, 31 y 32 de esta ley y acreditar a los funcionarios que las representarán ante el Servicio Nacional de Aduanas, los cuales deberán contar con los requisitos señalados en esta ley y sus reglamentos para el asistente de agente aduanero.
La relación jurídica-aduanera estará constituida por los derechos, los deberes y las obligaciones de carácter tributario aduanero, que surgen entre el Estado, los particulares y otros entes públicos, como consecuencia de las entradas y salidas, potenciales o efectivas de mercancías, del territorio aduanero.
La obligación aduanera está constituida por el conjunto de obligaciones tributarias y no tributarias que surgen entre el Estado y los particulares, como consecuencia del ingreso o la salida de mercancías del territorio aduanero.
La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico que surge entre el Estado y el sujeto pasivo por la realización del hecho generador previsto en la ley y está constituida por los derechos e impuestos exigibles en la importación o exportación de mercancías.
Salvo si se dispone lo contrario, se entenderá que lo regulado en esta Ley respecto del cumplimiento de la obligación tributaria aduanera, será aplicable a sus intereses, multas y recargos de cualquier naturaleza.
Las obligaciones no tributarias comprenden las restricciones y regulaciones no arancelarias, cuyo cumplimiento sea legalmente exigible.
El sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, acreedor de todos los tributos cuya aplicación le corresponde a la aduana.
El sujeto pasivo es la persona compelida a cumplir con la obligación tributaria aduanera, como consignatario, consignante de las mercancías o quien resulte responsable del pago, en razón de las obligaciones que le impone la ley.
El hecho generador de la obligación tributaria aduanera es el presupuesto estipulado en la ley para establecer el tributo y su realización origina el nacimiento de la obligación. Ese hecho se constituye:
a) Al aceptar la declaración aduanera, en los regímenes de importación o exportación definitiva y sus modalidades.
b) En el momento en que las mercancías causen abandono tácito y/o al aceptar su abandono voluntario.
c) En la fecha:
-
de la comisión del delito penal aduanero;
-
del decomiso preventivo, cuando se desconozca la fecha de comisión, o
-
del descubrimiento del delito penal aduanero, si no se puede determinar ninguna de las anteriores.
d) Cuando ocurra la destrucción, la pérdida o el daño de las mercancías, o en la fecha en que se descubra cualquiera de estas circunstancias, salvo si se producen por caso fortuito o fuerza mayor.
En los regímenes temporales o suspensivos, el momento de la aceptación de la declaración al régimen determinará los derechos e impuestos aplicables, a efecto de establecer el monto de la garantía, cuando esta corresponda.
En caso de cambio de un régimen temporal o suspensivo a uno definitivo, se estará a lo dispuesto en el inciso a) anterior.
En los delitos penales aduaneros se aplicará el régimen tributario vigente a la fecha de comisión del delito penal aduanero, a la fecha del decomiso preventivo de las mercancías, cuando no pueda determinarse la fecha de comisión, o a la fecha en que se descubra el delito penal aduanero, cuando las mercancías no sean decomisadas preventivamente ni pueda determinarse la fecha de comisión.
Cuando las condiciones tributarias, las condiciones arancelarias o los derechos contra prácticas desleales de comercio internacional sean objeto de modificaciones, después de la fecha en que las mercancías hayan sido embarcadas en el país de procedencia, según lo certifique el representante legal del transportista debidamente acreditado en el país o en el puerto de embarque, mediante instrumento otorgado ante notario público del lugar, legalizado en la forma debida por medio del procedimiento consular, el declarante podrá optar por el nuevo régimen tributario o por el anterior, en el momento de declarar las mercancías a un régimen aduanero definitivo, siempre que se declaren antes del plazo de quince días hábiles contado desde el arribo de las mercancías a puerto aduanero. Esta disposición no será aplicable si se trata de regulaciones no arancelarias o cambiarias.
Las mercancías serán consideradas legalmente en abandono en los siguientes casos:
a) Cuando no se solicite una destinación dentro de un plazo de quince días hábiles desde el arribo de las mercancías a un puerto aduanero.
b) Cuando transcurra el plazo de depósito fiscal sin que se solicite otra destinación.
c) Las que hubieran sido desembarcadas por error y no sean reexportadas dentro de un mes a partir de la fecha de su descarga.
d) Cuando transcurran treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución que constituye prenda aduanera sobre las mercancías.
e) Cuando las mercancías se encuentren bajo depósito fiscal, incluyendo los de las autoridades portuarias, transcurrido el plazo de un mes, a partir de la fecha de notificación de la obligación tributaria aduanera sin que se hubiere procedido al pago del adeudo tributario.
f) Cuando transcurridos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que una empresa, acogida al régimen de zona franca o de perfeccionamiento activo, haya cesado en sus operaciones sin haber reexportado o importado definitivamente sus mercancías.
Asimismo, caerán en abandono las mercancías en el régimen de zona franca, cuando su consignatario haga renuncia expresa de ellas o cuando su abandono se establezca en forma evidente y manifiesta.
g) Cuando transcurrido un año a partir del depósito de las mercancías, en la modalidad de tiendas libres.
h) En los demás casos previstos por esta ley.
i) Cuando transcurra un mes-contado a partir de la fecha de la notificación al legítimo propietario- de emitida la resolución judicial que pone a la orden de la autoridad aduanera las mercancías no sujetas a comiso, en los casos en que dicho propietario no haya solicitado su destinación.
La base imponible de la obligación tributaria aduanera de los derechos arancelarios a la importación estará constituida por el valor en aduanas de las mercancías, según lo definen el acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, esta Ley y la demás normativa nacional e internacional aplicable.
La base imponible de la obligación tributaria aduanera de los demás tributos de importación o exportación, será la definida por la respectiva ley de creación de cada tributo.
Determinar la obligación tributaria aduanera es el acto por el cual la autoridad o el agente aduanero, mediante el sistema de autodeterminación, fija la cuantía del adeudo tributario. Este adeudo deviene exigible al día siguiente de la fecha de notificación de la determinación de la obligación tributaria aduanera.
Cuando no se encuentren las mercancías, se hubieran destruido, ocultado o imposibilitado su inspección, o no estén disponibles los elementos necesarios para determinar fehacientemente la obligación tributaria aduanera, la autoridad aduanera determinará, cumpliendo el debido procedimiento administrativo, el monto prudencial de los tributos sobre la base de la información disponible.
En ejercicio de los controles inmediatos, a posteriori o permanentes, la autoridad aduanera podrá revisar la determinación de la obligación tributaria aduanera bajo criterios de selectividad, aleatoriedad o ambos. La determinación podrá ser modificada, en el plazo establecido en el artículo 62 de esta ley. Cuando se haya determinado definitivamente uno o varios de los elementos que conforman la obligación tributaria aduanera, como resultado final del procedimiento ordinario establecido en los artículos 192 y siguientes de esta ley o por sentencia judicial en firme, estos elementos no se podrán modificar posteriormente, salvo que se haya cometido un delito que haya incidido en la determinación definitiva.
La obligación tributaria aduanera se extinguirá por los medios siguientes:
a) Pago, sin perjuicio del pago de los ajustes que puedan realizarse con ocasión de verificaciones de la obligación tributaria.
b) Compensación.
c) Prescripción.
d) Aceptación del abandono voluntario de mercancías.
e) Adjudicación, en subasta pública o mediante otras formas de disposición legalmente autorizadas, de las mercancías abandonadas.
f) Pérdida o destrucción total de las mercancías por caso fortuito, fuerza mayor o por destrucción de las mercancías bajo control aduanero.
g) Confusión, cuando quede colocado en la situación de deudor el sujeto activo de la obligación tributaria aduanera, como consecuencia de la transmisión de las mercancías o derechos afectos a los tributos de importación o exportación.
h) Otros medios legalmente establecidos.
La obligación tributaria aduanera deberá pagarse en el momento en que ocurre el hecho generador.
El pago efectuado fuera de ese término produce la obligación de pagar un interés, junto con el tributo adeudado. En todos los casos, los intereses se calcularán a partir de la fecha en que los tributos debieron pagarse, sin necesidad de actuación alguna de la administración aduanera.
En los casos en que la resolución determinativa de la obligación tributaria o la que resuelva recursos contra dichas resoluciones se dicte fuera de los plazos establecidos, el cómputo de los intereses se suspenderá durante el tiempo que se haya excedido para la emisión de dichos actos.
Los medios de pago admisibles serán la vía electrónica u otros autorizados reglamentariamente.
La administración aduanera, mediante resolución, fijará la tasa del interés, la cual deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del sector comercial y, en ningún caso, podrá exceder en más de diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica. Dicha tasa deberá actualizarse al menos cada seis meses.
Igual interés devengarán las deudas de la autoridad aduanera resultantes del cobro indebido de tributos, en los términos y las condiciones de los artículos 43 y 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
La autoridad aduanera podrá aceptar el pago diferido de la obligación tributaria aduanera autodeterminada, dentro del plazo de un mes a la fecha de aceptación de la declaración aduanera, en los siguientes supuestos: (a) Importaciones de materias primas, bienes de consumo final y bienes de capital efectuadas por cualquier importador, conforme al giro de su negocio, (b) Importaciones de mercancías que realicen los operadores económicos autorizados.
Los tributos de la obligación tributaria aduanera sujetos a este beneficio corresponden a:
(a) Derecho Arancelarios a la Importación (DAI),
(b) Impuesto Selectivo de Consumo, Ley 6946, y
(c) el Impuesto al Valor Agregado.
Los demás impuestos, tasas y timbres deberán ser cancelados mediante talón adicional, previo a la aceptación de la declaración aduanera.
No procede el pago diferido de la obligación tributaria aduanera de las importaciones sujetas a regímenes tributarios especiales.
Para optar por el pago diferido de la obligación tributaria aduanera, el importador deberá rendir anualmente una garantía global, conforme a alguno de los instrumentos definidos en el artículo 65 de la Ley General de Aduanas, sobre el veinte por ciento (20%) del monto total de las obligaciones tributarias aduaneras de las mercancías importadas en el año precedente.
En caso de omisión de pago dentro del plazo otorgado, la garantía será ejecutada de forma inmediata, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan sobre el adeudo tributario.
El ajuste de la obligación tributaria aduanera, realizado con ocasión de la verificación inmediata, deberá ser cancelado dentro del plazo del mes a la fecha de aceptación de la declaración aduanera, junto con el monto de la obligación tributaria aduanera previamente declarado.
Cuando se impugne en tiempo y forma el ajuste de la obligación tributaria aduanera, la autoridad aduanera autorizará el levante de las mercancías, previa rendición de garantía por el adeudo fiscal. En este caso, el recurrente deberá rendir garantía suficiente conforme a lo regulado en el artículo 65 de esta ley, por la parte discutida, sus intereses y cancelar los tributos correspondientes por la parte no discutida en plazo del mes otorgado en este artículo. El monto garantizado deberá cubrir la totalidad de la deuda tributaria, inclusive sus intereses y cualquier otro cargo líquido aplicable.
La autoridad aduanera ejecutará, de oficio, la garantía referida en el párrafo anterior, cuando se resuelva la impugnación en la vía administrativa y el adeudo tributario no haya sido cancelado el día siguiente de su notificación. No procederá la autorización del levante mediante garantía, cuando esta autorización tenga por efecto la inaplicación de las regulaciones no arancelarias.
Los importadores que incumplan con el pago de la obligación tributaria aduanera, dentro del plazo establecido en este artículo, no podrán gozar de este beneficio, durante el plazo de un año, para lo cual el sistema informático impedirá que haga uso de este.
El pago efectuado fuera del plazo de un mes, indicado en el artículo anterior, produce la obligación de pagar un interés junto con los tributos adeudados. En todos los casos, los intereses se calcularán a partir de la fecha de aceptación de la declaración aduanera.
El Servicio Aduanero, mediante resolución, fijará la tasa del interés establecida en el artículo 61 de la presente ley.
Prescribe en cuatro años la facultad de la autoridad aduanera para exigir el pago de los tributos que se hubieran dejado de percibir, sus intereses y recargos de cualquier naturaleza. Prescribe en el mismo plazo la acción del sujeto pasivo para reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por tributos, intereses y recargos de cualquier naturaleza o solicitar el crédito respectivo, a partir del día siguiente a la fecha en que se efectuó el pago.
Lo pagado para satisfacer una obligación tributaria aduanera prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiera efectuado con conocimiento de la prescripción o sin él.
Los plazos de prescripción se interrumpirán:
a) Por la notificación de la resolución o acto inicial del procedimiento administrativo tendiente a determinar la obligación tributaria aduanera;
b) por la interposición de recursos de cualquier clase por el sujeto pasivo que procedan de conformidad con la normativa aduanera;
c) por interposición de acciones judiciales que tengan por efecto la suspensión del procedimiento administrativo o imposibiliten dictar el acto administrativo final;
d) la solicitud o el reclamo de devolución de lo pagado en exceso o indebidamente presentada por el sujeto pasivo; o
e) por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación tributaria aduanera.
El cómputo de la prescripción, para determinar la obligación tributaria aduanera, se suspende por la interposición de la denuncia por presuntos delitos, hasta que dicho proceso se dé por terminado.
La pérdida o destrucción de las mercancías por caso fortuito, fuerza mayor o autorizada por la autoridad aduanera, extinguirá la obligación tributaria aduanera para el consignatario, en proporción con la destrucción o pérdida, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, tributarias, administrativas o penales de terceros.
El cumplimiento de la obligación tributaria aduanera podrá ser garantizado por quien esté obligado a su pago, en los casos que establece esta ley y su reglamento.
Todas las garantías establecidas en la presente ley y demás normativa aduanera tendrán que consistir en depósito en una cuenta del Ministerio de Hacienda, póliza o bonos de garantía bancada o emitidos por entidades aseguradoras autorizadas y supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y por la Superintendencia General de Seguros (SUGEVAL), y valores de comercio, siempre que se demuestre, a satisfacción de la autoridad aduanera, que la garantía cubre el monto garantizado u otros medios que fije el reglamento de esta ley y aseguren el pago inmediato del monto garantizado.
El monto garantizado deberá cubrir la totalidad de la deuda tributaria, inclusive sus intereses y cualquier otro cargo líquido aplicable.
La garantía deberá cubrir la ejecución que se presente dentro del plazo de su vigencia, por los incumplimientos establecidos en firme por la autoridad aduanera.
El monto de las garantías que respalden un adeudo fiscal deberá ser actualizado cada tres meses a partir de la fecha de rendición de la garantía, al menos cinco días hábiles previos a su vencimiento, para incluir los intereses que se adeudarían a esa fecha por las sumas no canceladas de conformidad con el artículo 61 de esta ley.
La autoridad aduanera vigilará que las garantías sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como posteriormente y, si no lo fueran, exigirá su ampliación o procederá a solicitar nueva garantía. Si la ampliación o la nueva garantía no se rinden en cinco días a partir de la solicitud de la autoridad aduanera, se procederá a la ejecución de las garantías rendidas y se iniciarán o continuarán, según el caso, los procedimientos correspondientes. La liberación de la garantía deberá efectuarse en el plazo establecido en la normativa regional.
La garantía será exigible en las condiciones y los plazos que establecen esta Ley y sus Reglamentos.
Una vez agotada la vía administrativa, cuando a un auxiliar de la función pública aduanera se le determine responsabilidad derivada de una operación que haya tramitado, se procederá, si así corresponde, a ejecutar la garantía rendida ante el Servicio Nacional de Aduanas.
El Estado tendrá el derecho de prelación sobre cualquier otro acreedor para el cobro de la obligación tributaria aduanera, excepto los créditos derivados de derechos laborales y alimentarios.
Las mercancías que no hayan cumplido las formalidades legales de importación o internación ni los derechos transmitidos sobre ellas, quedarán afectas al cumplimiento de la obligación tributaria aduanera y demás cargos, cualquiera que sea su poseedor, salvo que este resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o, en el caso de las mercancías no inscribibles, se justifique razonablemente su adquisición de buena fe y con justo título en establecimiento mercantil o industrial.
El Juez que conozca de las causas judiciales en las que se involucren mercancías sujetas a regímenes aduaneros temporales, de perfeccionamiento, liberatorios o mercancías amparadas a franquicias o exenciones tributarias, deberá, con la expedición de cualquier orden de embargo que vaya a recaer sobre estas, solicitar certificación a la Dirección General de Aduanas respecto de los posibles tributos que graven esas mercancías. En ningún caso procederá el embargo sobre mercancías caídas en abandono.
La certificación que expida la Dirección General de Aduanas por la parte insoluta de una obligación tributaria aduanera, sus intereses, multas, y otros recargos, tiene carácter de título ejecutivo suficiente para iniciar el cobro judicial.
El director o subdirector de Aduanas podrá ejercer directamente la acción de cobro y decretar medidas cautelares, según lo establecido al efecto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en la siguiente sección, podrá decretar y practicar embargo administrativo sobre toda clase de bienes y mercancías del sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera, según los términos y procedimientos fijados en el Código citado, para la Oficina de Cobros Judiciales.
En cualquier momento en el desarrollo de las actuaciones, los funcionarios encargados de la fiscalización de la Administración Tributaria podrán adoptar medidas cautelares debidamente motivadas, para asegurar el resultado final de la actuación fiscalizadora que se desarrolla, con el fin de impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinantes de obligaciones tributarias aduaneras o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición. Las medidas podrán consistir, en su caso, en el precintado, encintado de las mercancías que permanezcan en los recintos aduaneros, así como ordenar la permanencia de tales mercancías en dichos recintos, con el fin de asegurar las actuaciones fiscalizadoras. Las medidas cautelares serán proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines anteriores sin que puedan adoptarse las que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación, y estas se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron. Tales acciones no acarrearán, a las entidades o a los funcionarios que las realicen, responsabilidades administrativas, civiles penales ni de ninguna otra índole, si se ha actuado de buena fe.
Con las mercancías se responderá directa y preferentemente al fisco por los tributos, las multas y los demás cargos que causen y que no hayan sido cubiertos total o parcialmente por el sujeto pasivo como resultado de su actuación dolosa, culposa o de mala fe. La autoridad aduanera debe retener o aprehender las mercancías previa orden judicial si esta acción implica un allanamiento domiciliario, de acuerdo con el ordenamiento vigente. La autoridad aduanera decretará la prenda aduanera mediante el procedimiento que establece el artículo 196 de esta ley. Ese procedimiento debe iniciarse dentro del plazo de prescripción para el cobro de la obligación tributaria aduanera.
El pago efectivo de los tributos, las multas y los demás cargos por los que responden las mercancías, deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación que lo exige.
Las mercancías abandonadas, las consideradas legalmente en abandono y las sometidas a comiso dictado por la autoridad competente, serán vendidas en subasta pública, conforme a los procedimientos estipulados en este capítulo y sus reglamentos, con excepción de las carentes de valor comercial o que no puedan ser consumidas por razones de seguridad de la salud -humana, animal o vegetal- la moral, la protección del medio ambiente, el interés público o sean de importación prohibida.
No podrán participar en forma directa o indirecta funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas como postores en el remate o compradores en la venta directa de mercancías establecida en esta sección, ni sus parientes por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive.
El precio base de la subasta estará constituido por la obligación tributaria aduanera y los recargos de cualquier naturaleza exigibles a la fecha del abandono.
Mientras no se haya verificado la subasta, el consignatario o quien compruebe su derecho sobre la mercancía podrá recuperarla hasta veinticuatro horas antes del día señalado para la subasta, cancelando previamente al fisco el precio base más los intereses adeudados en el momento del pago.
Las mercancías podrán subastarse individualmente o integrando lotes. En este último caso, el precio base se disminuirá en un diez por ciento(10%).
La autoridad aduanera podrá ordenar la venta directa al público, sin necesidad de postura previa, de las mercancías que se fijen por vía reglamentaria. Estas mercancías se adjudicarán por el precio base a la primera persona que lo ofrezca.
Previa autorización judicial, las mercancías perecederas decomisadas podrán ser subastadas o adjudicadas en venta directa. Se fijará el precio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de esta ley más su valor aduanero. En este caso el producto de la venta se pondría a disposición del Juez correspondiente hasta que recaiga sentencia firme sobre el asunto, a fin de que disponga su destino.
Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el acto de adjudicación se otorgará al mejor postor. Las mercancías no adjudicadas en el remate pasarán a propiedad del Estado, de conformidad con el artículo 271 de esta Ley.
Las mercancías provenientes de naufragio, zozobra, o accidentes similares o las que sean encontradas sin titular conocido y respecto de las cuales se presuma que no se han cancelado los tributos de importación, deberán ser puestas inmediatamente bajo control aduanero.
La autoridad aduanera publicará en el diario oficial un aviso sobre las anteriores circunstancias, incluyendo un detalle de las mercancías, para que las personas que se acrediten derecho a ellas se apersonen a hacerlo valer. Transcurrido un mes a partir de la publicación sin que conste apersonamiento alguno, las mercancías se considerarán en abandono y se venderán en subasta pública de conformidad con los procedimientos de esta sección, excepto los productos perecederos que serán subastados o destruidos inmediatamente.
Toda persona que entregue a la autoridad aduanera mercancías, en las circunstancias apuntadas por este artículo, tiene derecho a que se le cancelen los gastos por concepto de rescate o transporte según se fije mediante estimación pericial. Estos gastos deberán ser cancelados por el titular de las mercancías.
En caso de ordenarse su venta en subasta pública, los gastos se adicionarán al precio base, para su cancelación a quien las hubiera entregado a la autoridad aduanera.
El ingreso, el arribo o la salida de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio nacional debe realizarse por los lugares, las rutas y los horarios habilitados. Las personas, sus mercancías, vehículos y unidades de transporte deberán presentarse ante la aduana correspondiente cuando ingresen en territorio nacional, inmediatamente o en la oportunidad en que corresponda ejercer el control aduanero. Se aportará la información requerida por vía reglamentaria.
Una vez cumplida la recepción legal del vehículo o unidad de transporte podrá procederse al embarque o desembarque de personas y mercancías.
El Servicio Aduanero podrá implementar procedimientos automatizados para el ejercicio del control aduanero, mediante sistemas de control no intrusivo, en coordinación con las metodologías empleadas en el análisis de riesgo.
El transportista presentará a la aduana de ingreso, por los medios que disponga la Dirección General de Aduanas, el manifiesto que ampara toda la carga que el vehículo transporta. La autoridad portuaria, aeroportuaria, el concesionario o el contratista de servicios públicos portuarios o aeroportuarios, el funcionario competente o el auxiliar autorizado por la autoridad aduanera, verificará la descarga de los bultos, consignará en el manifiesto el resultado de la operación y lo comunicará a la aduana por los medios que la Dirección General de Aduanas habilite.
El transportista podrá rectificar los datos del manifiesto relativos al número y a la descripción de los bultos (clase, marcas, numeración y peso), en cualquier momento antes de la llegada del medio de transporte a la jurisdicción de la aduana de ingreso. Los demás datos del manifiesto y/o conocimientos de embarque o guías aéreas, podrán rectificarse en cualquier momento antes de destinar las mercancías a uno de los regímenes aduaneros".
La aduana de destino o el receptor de mercancías recibirá los bultos u otros elementos de transporte, con base en los manifiestos de carga o el medio autorizado. El funcionario competente o la persona autorizada procederá a recibirlos, consignará su aprobación o efectuará las observaciones por los medios autorizados; lo anterior sin perjuicio de las atribuciones aduaneras en materia de control.
Cuando al finalizar la descarga del medio de transporte, sea en el puerto de arribo o en otro lugar habilitado para la recepción de la carga, resulten más o menos mercancías o bultos, conforme a las disposiciones administrativas, respecto de la cantidad y naturaleza declarada en el manifiesto, conocimiento de embarque, o documento equivalente según corresponda, y así lo verifique y transmita el auxiliar receptor de la mercancía, el responsable deberá justificar ante la aduana de control el fallante o el sobrante, conforme a la normativa regional y las disposiciones establecidas mediante reglamento, dentro de los quince días hábiles siguientes a la finalización de la descarga.
Una vez recibidos los bultos/mercancías sobrantes o detectados los fallantes, la administración transmitirá el mensaje correspondiente en la aplicación informática para el registro en esa condición, a efectos de la justificación respectiva, sin detrimento que las mercancías correctamente manifestadas puedan continuar el proceso aduanero respectivo.
El plazo máximo de quince días se contará a partir del día siguiente de la finalización de la descarga, sea en el puerto de arribo o en otro lugar habilitado para la recepción de la carga o de la notificación del documento de recepción de esta, en el que se hará constar la diferencia detectada, según lo defina el Servicio Aduanero.
La aduana de control, si no acepta las justificaciones, emitirá resolución razonada dentro de los tres días posteriores a la recepción de las justificaciones, en las que expondrá las razones de rechazo. Si la solicitud no es resuelta en el plazo señalado, se entenderá que la resolución es favorable al solicitante.
Las causales admisibles en la justificación de faltantes son:
a) No fueron cargadas en el medio de transporte.
b) Fueron perdidas o destruidas durante el viaje.
c) Fueron descargadas por error en lugar distinto del indicado en el manifiesto, conocimiento de embarque o documento equivalente, cuando corresponda.
d) No fueron descargadas del medio de transporte.
e) La falta de los bultos o las mercancías se produjo por caso fortuito o fuerza mayor.
f) Otras causas permitidas vía reglamento.
Las causales admisibles en la justificación de sobrantes son:
a) Fueron cargadas o descargadas por error o hicieron falta en otro puerto o aeropuerto.
b) Existen errores en la información transmitida en el manifiesto de carga, conocimiento de embarque o documento equivalente respecto a lo declarado.
c) Existan errores en la transmisión.
d) Fraccionamiento del embalaje.
e) Otras causas permitidas vía reglamento.
Cuando se demuestre que los sobrantes estaban destinados a un lugar distinto del indicado en el manifiesto, conocimiento de embarque o documento equivalente, los bultos o las mercancías deberán ser reembarcadas dentro de un plazo máximo de un mes desde el arribo de las mercancías a puerto aduanero costarricense.
Cuando no sean justificados los sobrantes, las mercancías causarán abandono a favor del Fisco, pudiendo recuperarlas mediante el rescate de mercancías, previo pago de la obligación tributaria aduanera por parte del consignatario o quien compruebe derecho sobre las mercancías, sin perjuicio de las acciones sanciónatelas que corresponda.
Los responsables de justificar los sobrantes y fallantes de bultos o mercancías son:
a) El transportista o su representante legal, o persona autorizada por este en el puerto de carga o descarga, en el caso de sobrantes o fallantes de bultos que le sean atribuibles.
b) El exportador o embarcador, y/o el consignatario a través de su representante en el país de desembarque, o la persona autorizada por este, cuando el transportista haya recibido los contenedores cerrados con los dispositivos de seguridad.
c) El exportador o embarcador, y/o el consignatario a través de su representante en el país de desembarque, o la persona autorizada por este, en el caso de sobrantes o fallantes de mercancías, y/o diferencias en el conocimiento de embarque que le sean atribuibles.
d) El consolidados la empresa de entrega rápida o courier, o el consignatario cuando sea este el que realizó el envío y la diferencia se dé respecto de lo declarado en el conocimiento de embarque (guías aéreas hijas) que le es atribuible.
El Servicio Nacional de Aduanas podrá requerir, en casos calificados, que la justificación también sea emitida por el representante legal del transportista en el puerto de embarque, cuando sea una empresa domiciliada en el exterior o por su representante en el país, el exportador o embarcador, el desconsolador, la empresa de entrega rápida o courier, mediante la presentación del documento comprobatorio. No obstante lo anterior, la justificación recaerá por quien sea responsable y dicha responsabilidad no será transmisible a cualquier otro auxiliar que participe.
Presentadas y aceptadas las justificaciones de los sobrantes, la aduana de control, a más tardar dentro del día hábil siguiente, resolverá y ordenará practicar las rectificaciones en el respectivo manifiesto de carga, rebajando del correspondiente manifiesto de carga los fallantes debidamente justificado o agregando, al manifiesto de carga, los sobrantes debidamente justificados.
Cuando el responsable no pueda justificar ninguna de las situaciones anteriores, incurrirá en la infracción prevista en esta ley.
Ningún documento requerido para la justificación de fallantes y sobrantes de bultos o mercancía, o documento comprobatorio solicitado en casos calificados, estará sujeto al requisito de visado consular o legalización.
No será necesario justificar las diferencias en las mercancías a granel, siempre que la diferencia total no exceda del cinco por ciento (5%) del peso o volumen respecto de lo manifestado. Cuando tal diferencia sea superior a dicho límite, el transportista deberá justificar, en la forma señalada, la diferencia total respecto de lo manifestado.
Los bultos con señales de daño, saqueo o deterioro se colocarán en sitio aparte para ser inspeccionados y reconocidos de inmediato, se ordenará su reembalaje y se efectuarán las anotaciones de rigor en los documentos respectivos. En este caso o cuando la naturaleza de las mercancías difiera entre lo descargado y lo declarado, o bien cuando existan signos de violencia o daño en la unidad o el elemento de transporte, en los precintos, sellos, marchamos o dispositivos de seguridad, se estará a lo dispuesto en materia de delitos aduaneros e infracciones administrativas.
Cuando el transportista haya justificado fehacientemente el fallante o sobrante, la aduana rectificará en el manifiesto lo siguiente:
a) Rebajará del correspondiente manifiesto o documento equivalente los fallantes debidamente justificados; o
b) agregará al manifiesto o documento equivalente los sobrantes debidamente justificados.
Los sobrantes justificados podrán ser despachados a cualquiera de los regímenes o destinos aduaneros.
El reembarque es el retorno al exterior de mercancías extranjeras desembarcadas por error. Solo será autorizado cuando las mercancías no se hayan destinado a un régimen aduanero, no se encuentren en abandono o respecto de ellas no se haya configurado presunción fundada de infracción penal.
Las mercancías destinadas a otro país, que por error hayan sido descargadas, podrán ser reexportadas en el vehículo que las trajo. Si dicho vehículo ya ha partido, quedarán depositadas en zona de operación aduanera, a la orden del representante nacional del transportista, quien asumirá los gastos ocasionados por su permanencia; si las mercancías no son retiradas en un mes a partir de la fecha de descarga, se considerarán en abandono
Los procedimientos que establece este título son aplicables a todos los regímenes aduaneros, salvo disposición en contrario de esta ley. Por vía reglamentaria se dispondrán los demás requisitos, formalidades, condiciones y procedimientos obligatorios para cada régimen de conformidad con los fines del régimen jurídico aduanero y los objetivos del Servicio Nacional de Aduanas.
El declarante o su representante, podrá efectuar el examen previo de las mercancías por despachar, para reconocerlas a efecto de declarar, correctamente, toda la información acerca de las mercancías.
La resolución anticipada es el acto administrativo vinculante, emitido por la autoridad aduanera dentro del plazo de veinte días hábiles a partir de la solicitud presentada con la documentación e información completa, por un importador, productor o exportador, con anterioridad a una operación de importación, en la que se establece el trato que esta autoridad concederá a la mercancía en el momento de la importación, respecto de los siguientes aspectos:
a) Clasificación arancelaria.
b) Criterios de valoración aduanera de mercancías.
c) Aplicación de normas de origen de las mercancías.
a) Aplicación de devoluciones, suspensiones y exoneraciones de aranceles aduaneros.
b) Reimportación de mercancías reparadas o alteradas.
c) Origen preferencial de una mercancía conforme a acuerdos o tratados de libre comercio u otros instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica.
d) Marcado de país de origen.
e) Aplicación de cuotas.
f) Cualquier otro aspecto establecido en acuerdos o tratados de libre comercio u otros instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica.
Las resoluciones anticipadas son de acatamiento obligatorio y deberán ser aplicadas siempre que la información o documentación sobre la que se basó la solicitud sea correcta y veraz, las formalidades aduaneras se cumplan después de la fecha en que surta efecto la resolución y los hechos que la fundamentan no hayan cambiado al momento de la importación de la mercancía. No constituye un requisito para la importación de mercancías; sin embargo, de haber sido emitida, constituye un documento que sirve de soporte de la declaración aduanera de importación.
Las resoluciones anticipadas serán publicadas en el sitio web que determine la autoridad aduanera, con supresión de la información confidencial.
Contra lo resuelto en una resolución anticipada, le será aplicable el recurso de apelación.
La existencia de una resolución anticipada no limitará el control posterior a cargo de la autoridad aduanera.
No podrá solicitarse una resolución anticipada respecto de una mercancía que ya ha sido importada, cuyo proceso de despacho ha iniciado o es objeto de un proceso de verificación o de una impugnación ante la autoridad aduanera u otro organismo público, o cuando lo consultado goza de cosa juzgada material en sede jurisdiccional.
Las resoluciones anticipadas se mantendrán vigentes mientras permanezcan las condiciones bajo las cuales se emitieron, salvo que hayan cambiado la ley, los hechos o las circunstancias que justifiquen esa resolución.
La determinación de la no continuación de la vigencia de una resolución anticipada, su modificación o revocación de oficio o a solicitud de parte, procederá en los siguientes casos:
a) Cuando se determine que se ha fundado en algún error.
b) Cuando se verifique que versó sobre hechos falsos.
c) Cuando cambien las circunstancias, los hechos o las normas que la fundamenten.
d) Se determine que resultan contrarias al marco legal aplicable.
e) Con el fin de dar cumplimiento a una decisión administrativa o judicial.
Cuando la autoridad aduanera revoque, modifique o invalide la resolución anticipada, notificará al solicitante un acto administrativo motivado. Solo se podrán revocar, modificar o invalidar resoluciones anticipadas con efecto retroactivo, cuando la resolución se haya basado en información incompleta, incorrecta o falsa.
Las mercancías internadas o dispuestas para su salida del territorio aduanero, cualquiera que sea el régimen al cual se sometan, serán declaradas conforme a los procedimientos y requisitos de esta ley y sus reglamentos, mediante los formatos autorizados por la Dirección General de Aduanas. Con la declaración se expresa, libre y voluntariamente, el régimen al cual serán sometidas las mercancías; además, se aceptan las obligaciones que el régimen impone.
Para todos los efectos legales, la declaración aduanera efectuada por el declarante se entenderá realizada bajo la fe del juramento. El declarante será responsable de suministrar la información y los datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera, especialmente respecto de la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, el valor aduanero de las mercancías, la cantidad, los tributos aplicables y el cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias que rigen para las mercancías, según lo previsto en esta ley, en otras leyes y en las disposiciones aplicables.
Asimismo, el declarante deberá consignar, bajo fe de juramento, el nombre, la dirección exacta del domicilio y la cédula de identidad del consignatario, del importador o consignante y del exportador, en su caso. Si se trata de personas jurídicas, dará fe de su existencia, de la dirección exacta del domicilio de sus oficinas principales y de su cédula jurídica. Para los efectos anteriores, el declarante deberá tomar todas las previsiones necesarias, a fin de realizar correctamente la declaración aduanera, incluso la revisión física de las mercancías.
La declaración aduanera deberá venir acompañada por los siguientes documentos:
a) El original de la factura comercial, salvo en casos de excepción debidamente reglamentados.
b) Un certificado de origen de las mercancías, emitido por la autoridad competente al efecto, cuando proceda.
c) El conocimiento de embarque.
d)
e) La demás documentación establecida legal y reglamentariamente.
La declaración aduanera deberá fijar la cuantía de la obligación tributaria aduanera y el pago anticipado de los tributos, en los casos y las condiciones que se dispongan vía reglamento.
Ningún documento requerido para la recepción legal de los medios de transporte o para la aplicación de cualquier régimen u operación aduanera, estará sujeto al requisito de visado consular o legalización.
Mediante reglamento, se determinarán los datos que deben expresar la declaración y los documentos o información necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigibles para aplicar el régimen aduanero que se solicita.
La declaración aduanera se entenderá aceptada cuando se registre en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas o en otro sistema autorizado.
La realización de dicho acto no implica avalar el contenido de la declaración ni limita las facultades de comprobación de la autoridad aduanera.
De no aceptarse la declaración, se notificará inmediatamente su rechazo al declarante señalando los errores y defectos y otorgando un plazo de tres días hábiles para su corrección. Transcurrido el plazo indicado sin que hubieran sido subsanados los errores y defectos, se procederá a su archivo.
En cualquier momento en que el declarante tenga razones para considerar que una declaración contiene información incorrecta o con omisiones, podrá él mismo realizar la corrección en el sistema informático y, cuando proceda, deberá acompañarla del comprobante de pago de los tributos más los intereses correspondientes, calculados según el artículo 61 de esta ley.
Presentar la corrección no impedirá que la autoridad aduanera ejerza las acciones legales que correspondan.
El Servicio Nacional de Aduanas determinará la información que podrá ser rectificada, así como las demás condiciones y términos para la procedencia de la autorrectificación.
El declarante podrá desistir de la declaración a un régimen, antes de la autorización del levante de las mercancías, cuando demuestre ante la autoridad aduanera la existencia de errores de hecho que hayan viciado su voluntad.
Una vez aceptado el desistimiento, la aduana otorgará un plazo de ocho días hábiles, para someter las mercancías a otro régimen. Transcurrido ese plazo, sin solicitarse el cambio de régimen, las mercancías causarán abandono a favor del fisco.
Una vez aceptado el desistimiento, en el caso de desistirse una declaración de exportación definitiva, la aduana se limitará a dejarla sin efecto, comunicando este hecho a las oficinas competentes.
El desistimiento de la declaración no exonera de responsabilidad por los delitos y las infracciones administrativas y tributarias aduaneras que se hubieran cometido.
En el supuesto de desistir la declaración de importación definitiva, no se permitirá posteriormente destinar las mismas mercancías a ese régimen.
La declaración aduanera autodeterminada será sometida a un proceso selectivo y aleatorio, para determinar si corresponde efectuar la verificación inmediata de lo declarado.
Durante la verificación inmediata podrá ordenarse el reconocimiento físico de las mercancías, la revisión de los documentos que sirvieron de soporte a la declaración aduanera y los análisis de laboratorio de las mercancías, así como cualquier otra medida necesaria para verificar la exactitud y veracidad de lo declarado por el declarante y por el agente aduanero, si ha intervenido ese auxiliar.
La verificación inmediata no limitará las facultades de fiscalización posterior a cargo de la autoridad aduanera.
Este reconocimiento es el acto que permite a la autoridad aduanera examinar físicamente las mercancías, su naturaleza, origen, procedencia, estado, cantidad, valor y demás características o condiciones que las identifiquen e individualicen.
El reconocimiento se limitará a las operaciones que se consideren indispensables, según se determine por vía reglamentaria y conforme a los procedimientos selectivos y aleatorios que determine la autoridad aduanera.
El reconocimiento podrá realizarse en zonas de operación aduanera tales como locales, bodegas o demás instalaciones de particulares que cumplan con las condiciones que señala la Dirección General de Aduanas.
Cuando se determine la práctica del reconocimiento, se podrá designar en forma aleatoria al funcionario aduanero competente para realizarlo.
El agente aduanero o la persona que haya acreditado el consignatario, el consignante o la persona que tenga por algún título derecho a retirar las mercancías de la aduana, podrán concurrir al acto de reconocimiento.
Cuando las mercancías por reconocer, requieran medidas técnicas para manipularlas y movilizarlas o bien pudieran producir daño, la autoridad aduanera podrá exigir al interesado que ponga a su disposición personal especializado. Si el interesado no cumple, el Servicio Aduanero queda facultado para contratar por cuenta y riesgo de aquel los servicios especializados pertinentes.
El responsable de la custodia de las mercancías o el interesado, según el caso, deberán brindar las facilidades necesarias al funcionario aduanero que realice el reconocimiento, incluyendo a su solicitud la apertura de los bultos, su agrupamiento y la disposición para el reconocimiento.
La autoridad aduanera podrá extraer muestras de acuerdo con las condiciones y los procedimientos establecidos por la Dirección General de Aduanas. Cualquier muestra extraída por la autoridad aduanera constituirá muestra certificada para todos los efectos legales. El acto de extracción deberá consignarse en la declaración o en el medio que se establezca. La muestra será devuelta al interesado sin menoscabo de ella, salvo en lo resultante del análisis a que fuera sometida.
El valor de las muestras destruidas en el proceso de examen se deducirá de la base imponible de la obligación tributaria aduanera resultante.
La autoridad aduanera mantendrá la muestra en su poder por el plazo necesario para realizar su análisis.
La muestra se considerará en abandono en el plazo de un mes a partir de que se comunique al interesado que está a su disposición, en caso de que no sea retirada, previo pago de los tributos correspondientes según el estado en que se encuentre.
Cuando en el proceso de verificación se determinen diferencias con respecto a la declaración, la autoridad aduanera lo notificará de inmediato al declarante y efectuará las correcciones y los ajustes correspondientes.
Una vez cumplidos los procedimientos estipulados para cada régimen aduanero, se autorizará el levante de las mercancías en la forma y por los medios autorizados, de conformidad con las disposiciones reglamentarias.
La autoridad aduanera podrá autorizar el levante de las mercancías, previa rendición de garantía por el adeudo fiscal, cuando se solicite la aplicación de un régimen arancelario preferencial o exención fiscal y se demuestre por medio idóneo que los documentos que acreditan esa circunstancia se encuentran en trámite ante quien corresponda emitirlos. La garantía será por el monto de eventual beneficio; deberá cancelarse la diferencia no sujeta a la preferencia o exención.
La autoridad aduanera procederá, de oficio, a ejecutar la garantía si en un plazo de tres meses a partir de la autorización del levante de las mercancías, el interesado no se ha presentado a demostrar la cancelación de los tributos o no ha aportado los documentos que acrediten la aplicación de la preferencia o exención fiscal. En casos calificados y a juicio de la autoridad ante la cual se rindió la garantía, este plazo podrá ser prorrogado por un plazo igual y consecutivo.
Igualmente, la autoridad aduanera podrá autorizar el levante de las mercancías, previa rendición de garantía por el adeudo fiscal, cuando se impugne en tiempo y forma el resultado de la determinación tributaria en los términos del artículo 198 de esta ley y se solicite la suspensión de la ejecución del adeudo tributario. El recurrente deberá rendir garantía suficiente por la parte discutida y cancelar los tributos correspondientes por la parte no discutida. La autoridad aduanera ejecutará, de oficio, la garantía cuando se resuelva la impugnación en la vía administrativa y, de ser procedente, el adeudo tributario no sea cancelado el día siguiente de su notificación.
En cualquiera de los casos anteriores, se aplicarán las disposiciones del artículo 65 de esta ley. No procederá la autorización del levante mediante garantía, cuando esta autorización tenga por efecto la inaplicación de las regulaciones no arancelarias.
La autoridad aduanera podrá autorizar la sustitución de mercancías que hayan sido rechazadas por el importador, cuando:
a) Presenten vicios ocultos no detectados en el momento del despacho aduanero. En este caso, si las mercancías que sustituyen a las rechazadas son idénticas o similares y de igual valor que estas, su ingreso no estará afecto al pago de derechos ni impuestos. De no ser así, el declarante deberá pagar las diferencias que resulten de los derechos e impuestos o, en su caso, podrá solicitar la devolución de las sumas pagadas en exceso.
b) No satisfagan los términos del contrato respectivo. En este caso, la sustitución dará lugar al pago por las diferencias o a la devolución de los derechos e impuestos correspondientes.
En ambos casos, las mercancías rechazadas deberán haberse devuelto al exterior, previa autorización de la autoridad aduanera competente.
La solicitud deberá presentarse dentro del plazo de un mes, contado a partir de la autorización del levante de las mercancías.
La autorización de la sustitución de las mercancías no eximirá de responsabilidad al declarante ni al agente aduanero por los delitos aduaneros que se hayan cometido.
La autoridad aduanera podrá revisar, mediante el ejercicio de controles a posteriori o permanentes, la determinación de la obligación tributaria aduanera y el cumplimiento de las demás normas que regulan el despacho de mercancías, en el plazo estipulado en el artículo 62 de esta ley.
Cuando la autoridad aduanera determine que no se cancelaron los tributos debidos o que se incumplieron otras regulaciones del comercio exterior, abrirá procedimiento administrativo notificando al declarante y al agente aduanero que lo haya representado, en los términos del artículo 196 de esta ley.
La autoridad aduanera podrá ordenar las acciones de verificación y fiscalización que se estimen procedentes, entre otras, el reconocimiento de las mercancías y la extracción de muestras.
El adeudo resultante de modificar la determinación de la obligación tributaria aduanera deberá cancelarse por el sujeto pasivo a partir de su notificación, junto con sus intereses, de conformidad con las disposiciones del artículo 61 de esta ley.
De encontrarse violaciones a otras regulaciones de comercio exterior, se impondrán las sanciones o se establecerán las denuncias correspondientes.
En caso de que la autoridad aduanera en el control posterior constate errores cometidos en la declaración de mercancías, que produzcan diferencias por un monto igual o inferior al monto mínimo de cien pesos centroamericanos, no cobrará ni devolverá dicho monto, ni se impondrán las sanciones correspondientes.
En las actuaciones de comprobación e investigación, los importadores o exportadores deberán poner a disposición de los funcionarios competentes de fiscalización, la información de trascendencia tributaria aduanera, incluyendo su contabilidad, libros contables, facturas y demás relacionada con las operaciones de importación o exportación, documentos físicos, los archivos electrónicos o similares que respalden o contengan esa información.
El sujeto fiscalizado estará obligado a proporcionar a los órganos fiscalizadles toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria aduanera deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, relacionados con el objeto de la fiscalización.
Los auxiliares de la función pública aduanera y los demás usuarios que intervengan ante el Servicio Nacional de Aduanas deberán utilizar los medios electrónicos establecidos por la Dirección General de Aduanas, para la transmisión o realización de los actos, las gestiones, las operaciones o los regímenes aduaneros en que participen.
Los funcionarios aduaneros, auxiliares, declarantes y demás personas autorizadas que utilicen las tecnologías de información y comunicación, ante el Servicio Aduanero, deberán acatar las medidas de seguridad establecidas, incluyendo las relativas al uso de firmas electrónicas o digitales, o las tecnologías similares o equivalentes.
Lo anterior no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular.
Cualquier alusión a un documento o comunicación, se entenderá de igual manera tanto los electrónicos o digitales como los físicos.
El declarante o el agente aduanero que lo represente deberá presentar la declaración mediante transmisión electrónica de datos, utilizando su código de usuario y su clave de acceso confidencial o firma electrónica.
Los funcionarios, auxiliares de la función pública aduanera y demás usuarios, serán responsables del uso del código de usuario y de la clave de acceso confidencial o firma electrónica asignados, así como de los actos que se deriven de su utilización.
Para todos los efectos legales, la clave de acceso confidencial y/o firma electrónica equivale a la firma autógrafa de los funcionarios, auxiliares y demás usuarios.
Los datos y registros recibidos y anotados en el sistema informático, constituirán prueba de que el auxiliar de la función pública aduanera realizó los actos que le corresponden y que el contenido de esos actos y registros fue suministrado por este, al usar la clave de acceso confidencial o firma electrónica.
Los funcionarios o las autoridades que intervengan en la operación del sistema, serán responsables de sus actos y de los datos que suministren, según las formalidades requeridas y dentro del límite de sus atribuciones, actos que constituirán instrumentos públicos y, como tales, se tendrán por auténticos. Cualquier información transmitida electrónicamente por medio de un sistema informático autorizado por la Dirección General de Aduanas, será admisible en los procedimientos administrativos y judiciales como evidencia de que tal información fue transmitida.
El expediente electrónico estará constituido por la serie ordenada de documentos registrados por vía informática, tendientes a la formación de la voluntad administrativa en un asunto determinado, y tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional.
Las oficinas públicas o entidades relacionadas con el Servicio Nacional de Aduanas deberán transmitir electrónicamente, a las autoridades aduaneras competentes, permisos, autorizaciones y demás información inherente al tráfico de mercancías y a la comprobación del pago de obligaciones tributarias aduaneras, según los procedimientos acordados entre estas oficinas o entidades y la autoridad aduanera. La documentación emergente de la transmisión electrónica entre dependencias oficiales constituirá, de por sí, documentación auténtica y para todo efecto hará plena fe en cuanto a la existencia del original transmitido.
La autoridad aduanera, por su parte, deberá proporcionarles a estas oficinas o entidades la información atinente a su competencia sobre las operaciones aduaneras, según los procedimientos acordados entre estas.
La Dirección General de Aduanas establecerá procedimientos de contingencia en los casos en que los sistemas informáticos queden, total o parcialmente, fuera de servicio. La Dirección General de Aduanas estará facultada para establecer los procedimientos alternos que requiera la implantación de los sistemas informáticos.
Se entenderán por regímenes aduaneros, las diferentes destinaciones a que pueden quedar sujetas las mercancías que se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los términos de la declaración presentada ante la autoridad aduanera.
Los reglamentos establecerán los procedimientos, los requisitos y las condiciones necesarios para aplicar los regímenes aduaneros.
Las mercancías pueden destinarse a los siguientes regímenes aduaneros:
a) Definitivos: Importación y Exportación y sus modalidades.
b) Temporales: tránsito aduanero nacional e internacional, transbordo, tránsito por vía marítima o aérea, depósito fiscal, importación y exportación temporal y provisiones de a bordo.
c) Liberatorios de Pago de Tributos Aduaneros: Zona Franca, Reimportación en el mismo estado y Reexportación.
d) De perfeccionamiento: Perfeccionamiento Activo y Exportación Temporal para el Perfeccionamiento Pasivo.
e) Devolutivo de derechos. Mediante reglamento podrá establecerse nuevos regímenes y modalidades para adecuar las operaciones de comercio exterior a las necesidades de los usuarios del servicio, a los objetivos y a las políticas de intercambio comercial. Los nuevos regímenes se entenderán dentro del marco de esta ley, por lo que los procedimientos establecidos en el título VI les serán aplicables.
Para el sometimiento de mercancías a los regímenes definitivos de importación o exportación y sus modalidades, zona franca, perfeccionamiento activo, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, devolutivo de derechos, tránsito aduanero nacional, depósito fiscal, provisiones de a bordo, depósito temporal, los obligados tributarios, los sujetos pasivos y auxiliares de la función pública deberán encontrarse previamente inscritos en el registro establecido por el Ministerio de Hacienda y al día en el pago de sus obligaciones tributarias, aduaneras y obrero patronales.
Se entiende por régimen de importación o exportación definitivos, la entrada o salida de mercancías de procedencia extranjera o nacional respectivamente, que cumplan con las formalidades y los requisitos legales, reglamentarios y administrativos para el uso y consumo definitivo, dentro o fuera del territorio nacional.
Las mercancías que ingresen al país a través de instalaciones de carga aérea y tengan un valor FOB en aduana inferior o igual a cien pesos centroamericanos por envío, de conformidad con la factura comercial asociada a la declaración aduanera, no estarán sujetas al pago del derecho arancelario de importación, pero sí al impuesto al valor agregado y demás tributos y tasas internas correspondientes.
El procedimiento de despacho y demás requisitos de importación aplicables tendrán carácter sumario, según las condiciones desarrolladas vía reglamentaria.
La declaración aduanera podrá presentarse bajo el sistema de autodeterminación, según el artículo 86 de esta Ley, aunque las mercancías no hayan arribado a puerto aduanero o no se haya iniciado el procedimiento de exportación, cuando el declarante posea los documentos aduaneros o la información que deban presentarse con la declaración aduanera o consignarse en ella.
Además, deberán indicarse los datos que identifiquen la unidad de transporte, el transportista y su fecha aproximada de llegada.
Las personas jurídicas o físicas, que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento y los operadores económicos autorizados, que realicen como mínimo cuatro importaciones en un mismo mes, podrán efectuar declaraciones aduaneras provisionales, cancelando los tributos o, en su caso, garantizándolos, cuando de esta manera se autorice, sin perjuicio que las mercancías puedan ser sometidas a verificación inmediata. La cancelación de tributos o la garantía rendida se efectuará de conformidad con el valor aduanero declarado en la declaración aduanera provisional.
La declaración aduanera provisional deberá cumplir con los requisitos no arancelarios, venir acompañada por el conocimiento de embarque y el certificado de origen o nota de exención, cuando se solicite la aplicación de un régimen arancelario preferencial o exención fiscal.
Dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a la fecha de aceptación de la primera declaración provisional deberá presentarse la declaración aduanera acumulada de importación, que tendrá carácter definitivo; de no presentarse dentro del plazo citado, las declaraciones aduaneras provisionales serán objeto de revisión a posteriori de forma inmediata y se impondrán las sanciones administrativas o penales correspondientes.
En caso de que no se realicen las cuatro importaciones mínimas requeridas para la aplicación del beneficio, las declaraciones aduaneras provisionales presentadas tendrán carácter definitivo y serán objeto de revisión a posteriori de forma inmediata y se impondrán las sanciones administrativas o penales que correspondan.
El detalle de la información que deberá contener la declaración provisional será regulado en el Reglamento.
El reconocimiento en el proceso de exportación, cuando sea del caso, podrá realizarse en la planta procesadora o industrial donde se efectúe la carga y el embalaje de las mercancías.
Sólo procederá el reconocimiento en los lugares autorizados por la aduana competente, que podrán ser la sede o el local de la empresa o las terminales de carga, que cumplan con los requisitos que se establezcan por vía reglamentaria.
Una vez realizado el reconocimiento, el funcionario asignado procederá a tomar las medidas de seguridad pertinentes en los vehículos y las unidades de transporte, y se designará la ruta para el tránsito a la aduana de salida de las mercancías.
Este procedimiento será aplicable también para la reexportación y la salida de mercancías, objeto de un proceso industrial.
Toda persona que ingrese a los puertos o lugares habilitados podrá internar en el país su equipaje sin que cause el pago de tributos.
Constituyen equipaje las mercancías nuevas o usadas que una persona pueda razonablemente necesitar para su uso personal o para el ejercicio de su profesión u oficio en el transcurso de su viaje, conforme se disponga por vía reglamentaria. El equipaje podrá ingresar al país durante el lapso de tres meses, antes o después del arribo del viajero.
Las mercancías que la persona traiga consigo, que no constituyan equipaje, no estarán sujetas al pago de tributos hasta por un monto de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional del valor aduanero total de estas mercancías. Para estos efectos, la persona deberá permanecer un mínimo de setenta y dos horas fuera del país y no tendrá derecho a disfrutar, de nuevo, de este beneficio hasta que hayan transcurrido los seis meses siguientes a su arribo.
La declaración aduanera sobre las mercancías, a que se refieren este artículo y el anterior, presentada directamente por el declarante sin representación de un agente aduanero, será tramitada de oficio por la aduana respectiva.
Los envíos de socorro están constituidos por mercancías como vehículos u otras unidades de transporte, productos alimenticios, medicamentos, ropa, tiendas tipo dormitorio-hospital o de abastecimiento, casas prefabricadas, maquinaria, equipos especiales, movibles o no, para uso médico, construcción, abastecimiento, rescate, comunicación y transporte ingresados completos o en partes.
Estos envíos están destinados a la ayuda de las víctimas de catástrofes naturales o de siniestros análogos, que afectan a una colectividad.
El Estado o el órgano administrativo designado, será el consignatario en este tipo de importaciones.
La autoridad aduanera se limitará, básicamente, al levantamiento de actas en las que se consigne la descripción de las mercancías ingresadas bajo esta modalidad.
El ingreso o la salida de ataúdes, urnas mortuorias o similares, con las características normales de mercado, que contengan personas fallecidas, no estarán sujetos a trámite aduanero, intervención de agente aduanero o tributo alguno, salvo la aplicación de las disposiciones sobre salud y de seguridad pertinentes.
Se consideran muestras sin valor comercial y no están sujetas al pago de tributos:
a) Los objetos en materias ordinarias o que se presenten como muestras, según los usos del comercio, con la condición de que no haya más de un ejemplar por tamaño y clase cuyo valor aduanero de importación total no exceda al equivalente en moneda nacional de doscientos pesos centroamericanos.
b) Las materias primas y productos, las manufacturas de estas materias o productos y suministros gratuitos, que hayan sido inutilizadas para cualquier otro fin que no sea su presentación como muestras, mediante cortes, perforaciones o colocación de marcas indelebles con la leyenda "Muestra sin valor comercial", y sus catálogos, panfletos o folletos demostrativos.
La declaración aduanera presentada directamente por el declarante sin representación de un agente aduanero será tramitada de oficio por la aduana respectiva.
De acuerdo con esta modalidad, las mercancías que fije reglamentariamente el Poder Ejecutivo que se sometan a un proceso industrial podrán ser recibidas, directamente, en los centros o las empresas de producción o industriales.
La Dirección General de Aduanas autorizará el despacho domiciliario industrial a las empresas que cumplan con los siguientes requisitos y obligaciones, sin perjuicio de los que le correspondan como auxiliar de la función pública aduanera:
a) Aportar, a satisfacción del Servicio Nacional de Aduanas, los datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera de las mercancías, objeto de importación habitual, inclusive los relativos al valor aduanero, el origen en caso de estar afectas las mercancías a un régimen arancelario preferencial, clasificación arancelaria y cualquier otro dato necesario para comprobar la aplicación de las regulaciones arancelarias y no arancelarias, lo cual obliga a su permanente actualización.
b) Rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente que responda ante el Estado por las eventuales responsabilidades tributarias derivadas de su operación como auxiliar.
c) Mantener los volúmenes y montos de importaciones que se establezcan por vía reglamentaria.
d) Los demás que establezcan los reglamentos de esta ley.
El declarante o agente aduanero que lo represente, según el caso, declarará provisionalmente, ante la aduana competente, las mercancías a su llegada a puerto.
La aduana señalará las rutas legales para el desarrollo del tránsito a los recintos autorizados.
Esa declaración provisional deberá realizarse conforme a lo señalado en el artículo 86 de esta ley.
El agente aduanero que represente a la empresa presentará la declaración definitiva ante la aduana competente dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la recepción de las mercancías en los recintos autorizados, en las condiciones establecidas por el artículo 86 de esta ley. El agente debe realizar, mediante esa declaración, los ajustes de cualquier índole a la declaración provisional, aún los que no afecten la obligación tributaria aduanera o las estadísticas de comercio exterior.
La empresa autorizada para operar según esta modalidad podrá designar a un agente aduanero en forma permanente y exclusiva, para que se encargue del despacho de sus mercancías. Ese agente deberá tener relación laboral con la empresa sin perjuicio de sus responsabilidades inherentes como agente aduanero.
No se autorizará la modalidad de despacho domiciliario industrial para mercancías enviadas, según el sistema consolidado de transporte.
Las mercancías de envío urgente ingresadas al territorio aduanero por vía aérea, según la modalidad de entrega rápida o "courier", u otras similares, deberán venir con manifestación expresa de tal régimen y con reseña de contenido. Las mercancías calificadas como correspondencia, impresos, mensajería y paquetería documental, recibirán el mismo tratamiento tributario que las mercancías arribadas mediante el sistema postal general. Las mercancías que califiquen dentro de cualquiera de las otras modalidades especiales contempladas en la presente Ley, recibirán el tratamiento tributario correspondiente.
Las empresas acogidas a esta modalidad, sin perjuicio de lo que les corresponda como auxiliar de la función pública aduanera deberán cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones:
a) Mantener personal registrado ante la Dirección General de Aduanas, que la represente ante las Aduanas y con las facultades necesarias para tal acto.
b) Rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente que responda ante el Estado por las eventuales responsabilidades tributarias derivadas de su operación como auxiliar, por el monto de veinte mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, y mediante los instrumentos establecidos por los auxiliares de la función pública aduanera.
c) Cumplir con las disposiciones de organización, de procedimientos y de control que dicte la autoridad aduanera.
d) Transmitir a la aduana de control el manifiesto de entrega rápida.
e) Transmitir a la aduana de control las diferencias que se produzcan en la cantidad, la naturaleza y el valor de las mercancías declaradas, respecto de lo efectivamente arribado o embarcado.
La empresa autorizada para operar según esta modalidad podrá designar a un agente aduanero en forma permanente y exclusiva para que se encargue del despacho de sus mercancías. Este agente deberá tener relación laboral con la empresa, sin perjuicio de sus responsabilidades inherentes como agente aduanero.
Las mercancías que una empresa transporte en un mismo vuelo podrán ampararse a una sola declaración aduanera.
Constituirán envíos urgentes, en razón de su naturaleza o por responder a una necesidad debidamente justificada, las mercancías consistentes en medicamentos, prótesis, órganos, sangre y plasma humanos, materias perecederas o aparatos de uso médico que se reputen de uso inmediato o indispensable en un centro hospitalario, entidad privada o pública, y que motiven la importación urgente por necesitarlos una persona determinada.
El carácter de uso inmediato o indispensable se determinará mediante dictamen médico, que deberá adjuntarse a la declaración correspondiente, la cual deberá presentar el interesado o quien demuestre representar sus intereses.
Los permisos previos obligatorios para el despacho, podrán aportarse mediante el procedimiento más rápido disponible, incluyendo la vía facsímil o similares; o con posterioridad al despacho, en los casos determinados por vía reglamentaria.
La utilización de la presente modalidad no exime a la aduana de la coordinación con las oficinas competentes sobre la aplicación de regulaciones no arancelarias.
No podrá calificarse como envío urgente, la remisión reiterada de una misma mercancía para una persona determinada, salvo dictamen o recomendación de la Caja Costarricense de Seguro Social o del Ministerio de Salud.
Se entienden por envíos postales, los envíos de correspondencia y paquetes postales pequeños, designados así por la Unión Postal Universal, y se sujetarán a lo dispuesto en los convenios internacionales en materia postal.
Una vez notificado el envío al interesado, este deberá presentarse a la aduana para reconocer las mercancías y manifestar su disposición de despacharlas para consumo o devolverlas. En el primer caso, la aduana procederá a tramitar, de oficio, la declaración y determinar el adeudo tributario.
Las autoridades postales son responsables del transporte, depósito y presentación de los envíos postales a las autoridades aduaneras.
Las mercancías importadas al amparo de esta modalidad no causarán el pago de tributos, en los términos y para los fines que fije la legislación especial. Las mercancías estarán en bodegas y locales habilitados por la autoridad aduanera competente, adecuados para la seguridad fiscal, con los requisitos exigidos conforme al reglamento.
Las empresas deben operar bajo sistemas informáticos y programas que determine la Dirección General de Aduanas.
Necesariamente, deben llevar registros permanentes de sus existencias, del historial de ventas y de otras operaciones sin perjuicio de los requisitos y las obligaciones que les correspondan como auxiliares de la función pública aduanera. Estas empresas podrán actuar en el despacho de sus mercancías sin intervención de agente aduanero.
Constituyen importaciones no comerciales las realizadas ocasionalmente, de forma tal que se realicen tres cada trimestre no acumulables, hasta un máximo de doce importaciones al año, cuyo valor aduanero no exceda del equivalente en moneda nacional a cincuenta pesos centroamericanos por envío, las cuales no estarán sujetas al pago de derechos e impuestos.
Las mercancías importadas por comerciantes no se reputarán, en ningún caso, como importación no comercial, si corresponden al ramo del comercio a que se dedican.
La importación se podrá tramitar de oficio, ante la aduana, o directamente por el declarante.
Se consideran pequeños envíos sin carácter comercial, las mercancías remitidas del exterior para uso o consumo del destinatario o de su familia. La importación de dichas mercancías estará exenta del pago de derechos, impuestos y demás cargos, siempre que su valor total en aduana no exceda de quinientos pesos centroamericanos.
IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS ALQUILADAS O CON CONTRATO DE ARRENDAMIENTO "LEASING"
Es la modalidad del régimen de importación que permite introducir al territorio aduanero nacional, hasta por un plazo máximo de cinco años, naves, aeronaves, maquinaria y equipo, para uso y destino en la actividad productiva y bajo un contrato de alquiler o arrendamiento "leasing", el cual se usará para establecer la base imponible de los impuestos a pagar.
Las mercancías deberán ser reexportadas en el plazo establecido del contrato, sin experimentar modificación alguna, admitiendo solo la depreciación normal originada por el uso que de estas se haga. La mercancía importada bajo esta modalidad no se considera en libre circulación.
Las partes, los accesorios y los repuestos de las naves, aeronaves, maquinaria y equipo podrán ingresar bajo esta categoría, sin el pago de tributos, en cualquier momento dentro el plazo de importación.
En aquellos casos en que, al vencimiento del plazo autorizado de importación, la mercancía no sea reexportada o nacionalizada, el importador deberá ponerla a la orden de la autoridad aduanera y realizar nuevamente la solicitud prevista en el presente artículo, así como cancelar la multa correspondiente. Caso contrario, la autoridad aduanera deberá garantizar que la mercancía no pueda seguir operando o no sea utilizada.
El tránsito aduanero, interno o internacional, es el régimen aduanero según el cual se transportan, por vía terrestre, mercancías bajo control aduanero dentro del territorio nacional. El tránsito aduanero interno será declarado por el transportista aduanero autorizado expresamente por la Dirección General de Aduanas.
La autorización del tránsito aduanero estará sujeta al cumplimiento de las regulaciones basadas en reglamentos técnicos aplicables a las mercancías, vehículos y unidades de transporte.
La autoridad aduanera verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad de las unidades de transporte, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento.
Si no se ha solicitado un régimen aduanero procedente, el transportista deberá presentar una declaración para solicitar el tránsito aduanero y su régimen aduanero inmediato, con los requisitos que establezcan los reglamentos de esta ley. Una vez aceptada la declaración, el transportista será responsable de iniciar el tránsito dentro del término de las setenta y dos horas naturales siguientes; la aduana señalará el plazo y la ruta para la realización del tránsito y transmitirá a la aduana competente la información que corresponda. De no iniciarse el tránsito en el plazo indicado, procede la multa establecida en el artículo 236 de esta ley.
Las aduanas de entrada, interiores, de salida o destino, los puestos aduaneros o cualquier otra autoridad aduanera competente, según el caso, verificarán la identificación, estado y seguridad de las unidades de transporte de los dispositivos de seguridad, el desarrollo del tránsito por las rutas habilitadas y, en general, el cumplimiento de las formalidades exigidas en esta ley, sus reglamentos y disposiciones administrativas.
De haberse violentado alguna de las medidas de seguridad colocadas en las unidades de transporte, bultos u otros elementos de transporte, se procederá al reconocimiento de las mercancías y a las demás comprobaciones pertinentes, ejecutándose las acciones que correspondan, incluyendo las sanciones o denuncias aplicables.
En el tránsito nacional o internacional se podrán aceptar dispositivos de seguridad colocados por autoridades o empresas privadas, nacionales o extranjeras, salvo que a criterio de la autoridad aduanera, no ofrezcan la seguridad adecuada.
Toda declaración de traslado o de tránsito, o cualquier movilización de la unidad de transporte, hacia una instalación habilitada para recibirla, que implique el transporte de mercancías sujetas a control aduanero, independientemente del régimen al que se encuentren sometidas, deberán utilizar precinto electrónico según lo determine la Dirección General de Aduanas, mediante resolución de alcance general.
Los precintos electrónicos podrán ser proporcionados por autoridades o empresas privadas, nacionales o extranjeras, los cuales deben cumplir las características técnicas definidas a nivel reglamentario y mediante resolución de alcance general.
El régimen de responsabilidad de estas empresas o autoridades estará definido en la presente ley, su reglamento y en las respectivas resoluciones administrativas, y será sancionado en los términos establecidos en esta ley.
A las empresas privadas, a las que se les haya emitido un certificado de homologación para la colocación de precintos electrónicos, se les suspenderá dicha homologación, en los siguientes casos:
-
Cuando de cualquier forma falle el sistema de monitoreo, que impida monitorear todas y cada una de las unidades que transportan y sus mercancías por las rutas autorizadas, durante todo su recorrido.
-
Cuando al precinto electrónico le fallen los sensores o los medios de comunicación, hacia el sistema de monitoreo, para intercambiar información con el sistema informático del Servicio Aduanero, sobre la salida, movilización y llegada de las unidades de transporte a los destinos autorizados, de tal forma que se imposibilite darles el debido seguimiento a todas y cada una de las unidades de transporte.
En los dos supuestos anteriores, la suspensión se extenderá hasta que se corrija o solventen dichos incumplimientos. Todo lo anterior sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades patrimoniales o penales en que pueda incurrir.
Cualquier otro incumplimiento, por parte de estas empresas, de las obligaciones establecidas en el reglamento y en los respectivos certificados de homologación de precintos electrónicos, igualmente será sancionado con la suspensión de la homologación respectiva, hasta tanto se solvente su incumplimiento.
La instalación y el adecuado uso del precinto electrónico es responsabilidad del auxiliar de la función pública aduanera que realiza la declaración de traslado o de tránsito hacia una instalación habilitada para recibirla; tratándose de mercancías con destino al Depósito Libre Comercial del Golfito, dicha responsabilidad es de la empresa que efectúe la movilización o el traslado de dichas mercancías.
Si en el plazo establecido por la aduana no llegan las mercancías al lugar de destino, se sancionará de conformidad con lo establecido en el título X de esta ley, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
Los accidentes y otros hechos imprevistos ocurridos durante el transporte y que afecten la operación de tránsito aduanero, deberán ser comunicados a la aduana competente u otra autoridad cercana al lugar del accidente para efectos de su comprobación. Quien tenga el mando de la unidad de transporte deberá adoptar las medidas necesarias para impedir que las mercancías circulen en condiciones no autorizadas.
El tránsito aduanero finaliza con la entrega efectiva de las mercancías en el lugar de destino. El funcionario aduanero o persona autorizada para la recepción, comunicará inmediatamente a la autoridad aduanera competente conforme al procedimiento que señalen los reglamentos, las condiciones de los bultos u otros elementos de transporte recibidos, de los dispositivos de seguridad y el cumplimiento de las demás obligaciones exigidas para el tránsito. De haberse encontrado irregularidades o incumplimiento del régimen, la autoridad aduanera dispondrá las acciones que correspondan, incluyendo las sanciones y denuncias aplicables.
En circunstancias excepcionales, la Dirección General de Aduanas podrá autorizar, a título precario, la operación de estacionamientos transitorios, permitiendo a los transportistas aduaneros la permanencia de los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas, hasta por un plazo máximo de ocho días hábiles, para su destinación hacia un régimen aduanero de importación, siempre que permanezcan bajo precinto aduanero.
Las unidades de transporte vacías y las unidades de transporte y sus mercancías, destinadas a un régimen aduanero de exportación o en libre circulación, no tendrán límite de permanencia, siempre y cuando se encuentren debidamente identificadas y ubicadas, según las disposiciones que establezca, para tales efectos, el reglamento de esta ley.
De no destinarse las mercancías que se encuentren en estacionamiento transitorio a tránsito, a traslado a depósito aduanero o a cualquier otro lugar autorizado, dentro de los ocho días hábiles contados a partir del arribo de las mercancías, se impondrá al transportista una multa de doscientos pesos centroamericanos por cada día natural que transcurra, hasta cumplir el plazo indicado en el inciso a) del artículo 56 de esta ley, salvo caso fortuito, fuerza mayor o causa imputable a la Administración. El transportista comunicará a las aduanas competentes la salida y llegada de la unidad de transporte y sus cargas al lugar designado.
La mercancía que no haya sido destinada a tránsito o traslado a depósito aduanero o a cualquier otro lugar autorizado, dentro del plazo máximo de ocho días hábiles, se mantendrá en custodia del estacionamiento transitorio hasta cumplir el plazo indicado en el inciso a) del artículo 56 de esta ley, sin perjuicio de la multa establecida en el párrafo anterior.
Los estacionamientos transitorios bajo la condición de precaridad que les otorga esta Ley, tendrán la condición de auxiliares de la función pública aduanera y, además de los requisitos y las obligaciones indicados en los artículos 29 y 30 de esta Ley y su Reglamento, deberán cumplir con los siguientes:
a) Cumplir las condiciones técnicas relativas a la seguridad, vigilancia, infraestructura e iluminación establecidas reglamentariamente, así como las disposiciones técnico-administrativas referentes a ubicación, estiba, identificación de los vehículos, unidades de transporte y sus cargas, que siempre deberán permanecer con precinto aduanero o elementos de seguridad.
b) Contar con un sistema informático de registro de ingresos, permanencia y salida de los vehículos y de las unidades de transporte.
c) Rendir garantía global, mediante los instrumentos ordenados para los auxiliares de la función pública aduanera, o contratar el seguro correspondiente, que responda ante el Estado por las posibles responsabilidades tributarias derivadas de su operación como auxiliar, por el monto de setenta y cinco mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. El monto de la caución o del seguro será actualizado anualmente.
Las cauciones deberán rendirse mediante los siguientes instrumentos: cheque certificado, garantía de cumplimiento otorgada por cualquiera de las entidades financieras registradas y controladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, fondos de fideicomiso autorizados por la Comisión Nacional de Valores, bono de garantía otorgado por el Instituto Nacional de Seguros u otros medios que fije el
Reglamento de esta Ley, siempre que aseguren el pago inmediato del monto garantizado.
Los estacionamientos transitorios, bajo la condición de precariedad que les otorga esta Ley, además de cumplir otras obligaciones que señalan la presente Ley y su Reglamento, deberán acatar las siguientes:
a) Comunicar a la aduana de control las posibles causas, dentro del término de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de la ocurrencia de pérdidas, daños, hurtos, robos u otras circunstancias que afecten las unidades de transporte ingresadas y sus cargas.
b) Dar aviso diariamente a la aduana de control, por los medios que autorice la autoridad aduanera, de la caída en abandono de las mercancías custodiadas.
c) Mantener registros de los vehículos y de las unidades de transporte con sus respectivos dispositivos de seguridad, ingresados y retirados, según los formatos y las condiciones que defina la autoridad aduanera.
d) Transmitir, a la aduana de control, el reporte diario del ingreso y la salida efectivos de los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas a sus instalaciones, con la indicación de la información que se disponga vía reglamentaria por parte de las autoridades aduaneras.
e) Mantener a disposición de la autoridad aduanera los registros de control de ingreso, permanencia y salida de los vehículos y las unidades de transporte, con sus respectivos dispositivos de seguridad.
f) No permitir el ingreso a sus instalaciones de vehículos o unidades de transporte que contengan mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes, radiactivas, tóxicas, peligrosas u otras de similar naturaleza, así manifestadas por el transportista internacional.
g) Contar con medios de vigilancia tecnológicos, que aseguren la efectiva custodia y conservación de los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas, según las condiciones de ubicación o infraestructura que establezca la autoridad aduanera.
h) Responder por el pago de las obligaciones tributarias aduaneras, por los vehículos, las unidades de transporte y sus dispositivos de seguridad que no se encuentren pese a haber sido declaradas como recibidas; además, pagar por los daños que las mercancías sufran en sus recintos o bajo su custodia, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades que resulten procedentes.
i) Acondicionar y mantener a disposición de la autoridad aduanera, cuando esta lo determine, oficinas para los funcionarios aduaneros asignados al estacionamiento transitorio.
j) Entregar, únicamente con autorización de la autoridad aduanera, las mercancías custodiadas.
k) Llevar un registro de todas las personas que se presenten con autorizaciones para realizar el tránsito, así como de todo vehículo que se utilice para transportar mercancías al egreso del estacionamiento transitorio".
Se entiende por transporte multimodal el tránsito nacional o internacional de mercancías amparadas a un solo contrato de transporte, utilizando por lo menos dos medios diferentes de transporte.
Las mercancías deberán entregarse al consignatario en el lugar designado en el contrato de transporte.
El operador de transporte multimodal es la persona que celebra un contrato de transporte multimodal y asume ante el consignante la responsabilidad del transportista por su plena ejecución. Para los efectos de la presente modalidad, se entiende por transportista, el que realmente ejecuta o se hace cargo de la ejecución del transporte o parte de este, pudiendo coincidir o no con el operador del transporte multimodal.
El documento que prueba la existencia del contrato de transporte multimodal puede ser obtenido por medio de transmisión electrónica de datos, y constituye un documento de circulación al portador, a la orden y no negociable.
El operador nacional del contrato de transporte multimodal responde, directa y personalmente, ante el Servicio Nacional de Aduanas y el consignante por el transporte de las mercancías amparadas al contrato. El operador es responsable directo de las consecuencias civiles y administrativas derivadas de las actuaciones de sus dependientes y, en forma solidaria, es responsable de las actuaciones de los subcontratistas nacionales, cuando de estas se derive un perjuicio fiscal. El operador asume la responsabilidad desde que se hace cargo de las mercancías hasta su entrega efectiva al consignatario.
Una vez entregadas las mercancías en el lugar autorizado, el consignatario queda obligado al cumplimiento de los deberes y obligaciones tributarias establecidos en esta ley y sus reglamentos.
Por vía reglamentaria, se dispondrán los procedimientos a que se sujetará la modalidad de transporte multimodal.
Siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el régimen de tránsito aduanero, las autoridades aduaneras se limitarán a controlar el estado de los precintos aduaneros, sellos, marchamos y otras medidas de control en los puntos de inicio o finalización del tránsito. También, controlarán el cumplimiento de las disposiciones relativas a seguridad pública, control de drogas, moralidad o sanidad pública y las demás que tengan la obligación de hacer cumplir. La aduana competente establecerá el plazo para la ejecución del tránsito bajo esta modalidad.
Constituye tránsito por vía marítima o aérea el transporte de mercancías bajo control aduanero, sujetas al pago de tributos a la importación o exportación o a regulaciones no arancelarias, entre dos puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio aduanero, mediante naves y aeronaves debidamente matriculadas y con los permisos de las respectivas autoridades nacionales.
Las mercancías que a su ingreso no hayan sido objeto de una declaración pueden transportarse por medio de este régimen.
El tránsito por vía marítima o aérea será declarado por la persona que, conforme al documento de transporte, pueda disponer de las mercancías y podrá estar sujeto a la rendición de garantía sobre los tributos aplicables, que será determinada por la autoridad aduanera.
Constituye transbordo el traslado de mercancías, bajo control aduanero, desde una unidad de transporte o vehículo utilizado para el ingreso al territorio nacional a otra unidad o vehículo que continúa el tránsito aduanero, sin que las mercancías causen pago de tributos.
Las autoridades aduaneras y portuarias darán prioridad al transbordo de animales vivos y mercancías perecederas sobre cualquier otro transbordo.
El transportista o la persona que conforme al documento de transporte tenga la disponibilidad de las mercancías, podrá declarar el transbordo con independencia de su origen, procedencia o destino, en las condiciones que se establezcan por vía reglamentaria.
Las mercancías que, durante el transbordo se dañen o destruyan, podrán ser abandonadas en favor del fisco o sometidas a otro régimen aduanero.
La operación de transbordo podrá estar sujeta a rendición de garantía, fijada por la autoridad aduanera competente, y a la aplicación de medidas de seguridad necesarias para identificar las mercancías en el momento de su salida.
La autoridad aduanera, a solicitud del interesado, podrá autorizar que las mercancías sean objeto de reagrupamiento, reembalaje, marcado, seleccionado, extracción de muestras, reparación o reemplazamiento de embalajes defectuosos y otras operaciones que faciliten su salida.
Las operaciones de transbordo, únicamente, podrán efectuarse con la intervención de la autoridad aduanera.
El depósito fiscal es el régimen aduanero por el cual las mercancías son depositadas temporalmente bajo custodia, conservación y responsabilidad del depositario y el control de la aduana, sin el pago de los tributos a la importación.
La salida y entrega de las mercancías del depósito fiscal se efectuarán una vez cumplidas las formalidades exigibles y satisfechas las responsabilidades tributarias, conforme con el régimen aduanero aplicable.
Las mercancías que, por su naturaleza, puedan causar daños a otras o requieran instalaciones especiales, se admitirán únicamente en los depósitos fiscales acondicionados para ello.
El depositario deberá efectuar un informe a la autoridad aduanera competente de las cantidades, marcas, daños, faltantes o sobrantes de los bultos y demás información que señalen los reglamentos, inmediatamente después del ingreso de la mercancía al depósito.
Las mercancías podrán permanecer en depósito fiscal hasta por un año a partir de su ingreso en el depósito fiscal.
Vencido el plazo anterior sin que se haya solicitado otro régimen aduanero, las mercancías caerán en abandono.
Si las mercancías depositadas por su naturaleza son perecederas o tienen el riesgo de causar daños a otras mercancías depositadas o a las instalaciones y no se encuentran en un depósito acondicionado para ese efecto, el depositario avisará de inmediato a la autoridad aduanera. Esta notificará de esa circunstancia al consignatario y dará un plazo de cinco días hábiles para que cancele el régimen o las traslade a un lugar acondicionado; transcurrido el plazo, las mercancías causarán abandono en favor del fisco.
Para aquellas situaciones de una emergencia nacional declarada previamente por decreto, el Poder Ejecutivo podrá otorgar un único plazo hasta de un año adicional al fijado en este artículo. Para ello, deberá definir las reglas y condiciones que deberán ser aplicadas de conformidad con esta ley.
Las mercancías depositadas y sus embalajes podrán ser objeto de examen, reacondicionamiento o reembalaje para asegurar su conservación e identificación, siempre que no se altere o modifique su naturaleza.
El dueño de las mercancías depositadas al amparo del presente régimen podrá constituir gravamen prendario en favor del depositario, de un banco del Sistema Bancario Nacional o entidad financiera registrada ante la Auditoría General de Entidades Financieras, por medio de la constitución de un bono de prenda sobre las mercancías amparadas al conocimiento de embarque, y soportará el privilegio general que, por concepto de tributos y regulaciones no arancelarias, pueda establecer la Administración sobre esas mercancías.
Los bonos de prenda son títulos valores "a la orden de. . . ", transmisibles por endoso.
Las mercancías en prenda podrán ser rematadas por el acreedor. Para ello, en el Diario Oficial o en el medio en que se publique, se deberá indicar a los posibles postores y al adjudicatario, que para retirar las mercancías deberá pagar previamente la obligación tributaria aduanera, multas, intereses y demás recargos; además, presentar a la aduana respectiva copia certificada por notario público o autoridad judicial del acta en donde se le nombra adjudicatario.
La constitución del bono de prenda se hará constar en el original del título de transporte respectivo y se anotará en los bultos de manera visible.
Los bonos de prenda deberán tener consignado, en forma manifiesta y visible, la advertencia clara de que las mercancías están afectas al pago de tributos y que su término de vencimiento no debe exceder del plazo de depósito fiscal. Tanto para la constitución como para la ejecución de los bonos de prenda, se seguirán en lo aplicable las normas establecidas por la Ley de almacenes generales de depósito y sus reformas, Ley No. 5, del 15 de octubre de 1934, especialmente los artículos 17, 28 y siguientes.
El bono de prenda contendrá los requisitos estipulados en el artículo 670 del Código de Comercio.
Las mercancías dañadas o destruidas podrán importarse definitivamente en el estado en que se encuentren, mediante el pago de los tributos correspondientes.
Las mercancías depositadas que se destruyan no estarán sujetas al pago de los tributos de importación, a condición de que su destrucción se compruebe a satisfacción de las autoridades aduaneras y sin que medie causa imputable al depositario.
La importación temporal es el régimen aduanero que permite el ingreso, por un plazo determinado, de mercancías a territorio aduanero con suspensión de los tributos a la importación. Las mercancías deberán ser reexportadas o importadas definitivamente sin modificación ni transformación alguna, dentro del plazo que se establezca por la vía reglamentaria y de acuerdo con la finalidad de la importación. Este plazo no podrá exceder de un año, salvo en el caso de la importación temporal de aeronaves a que se refiere el inciso j) del artículo siguiente. La vigencia de la importación temporal referida en ese inciso, estará determinada por el plazo establecido en el contrato, debidamente aprobado por la Dirección General de Aviación Civil, el cual no podrá exceder de cinco años. Para poder acogerse a este régimen, esas empresas no requerirán el otorgamiento de garantía.
Las mercancías importadas temporalmente deberán ser claramente identificables, por cualquier medio razonable que establezca la autoridad aduanera y deberán cumplir con las regulaciones no arancelarias aplicables.
Podrán importarse, temporalmente, las mercancías incluidas en forma indicativa en alguna de las siguientes categorías:
a) Industriales: Las que se utilizan para el conocimiento de tecnología, apoyo a los procesos industriales, experimentación y exhibición, siempre que no formen parte, temporal o definitivamente, de un proceso de manufactura o fabricación.
b) Comerciales: Las que se utilizan para la demostración de productos y sus características, pruebas de calidad, exhibición, publicidad, propaganda y otros, siempre que no produzcan lucro por su comercialización.
c) Turismo: Las de uso personal y exclusivo del turista, incluyendo vehículo terrestre, aéreo o acuático; mercancía publicitaria o de propaganda para cualquier medio de comunicación referida al turismo nacional e internacional.
d) Transporte de mercancías: Las unidades que se utilizan para el transporte comercial de mercancías y los vehículos comerciales por carretera, que transportan mercancías afectas a controles aduaneros de cualquier tipo. Se admitirán, igualmente, el material especial, envases y elementos del transporte que sirve para la carga, descarga, manipulación y protección de mercancías, partes, piezas y equipos destinados para la reparación de transportes comerciales importados temporalmente, los que deberán ser incorporados en una unidad de transporte. Los vehículos y las unidades de transporte no podrán utilizarse en transportes internos en el territorio aduanero nacional, salvo lo dispuesto para el tránsito por vía marítima o aérea. Las partes, piezas y repuestos sustituidos deberán someterse a un régimen aduanero o entregarse a la aduana para su destrucción.
e) Feriales: Las destinadas a su exhibición en una feria debidamente programada y a cargo de una organización inscrita ante el registro correspondiente de acuerdo con la legislación nacional sobre la materia.
f) Educativas y culturales: Las utilizadas para ser exhibidas o servir de apoyo a una actividad de fortalecimiento y difusión de las artes y las catalogadas como educativas o culturales por el Ministerio competente.
g) Recreativas y deportivas: Las que ingresan a territorio aduanero con el propósito de ser utilizadas en espectáculos públicos de carácter recreativo o deportivo, incluyendo las mercancías necesarias para su mantenimiento, funcionamiento, actuación o transporte.
h) Científicas: Las que sirven de apoyo tecnológico o complemento de investigaciones científicas, avaladas por el Gobierno de la República, incluyendo los implementos personales de los científicos.
i) Estatales: Las que el Estado importe temporalmente para el cumplimiento de sus fines.
j) Aeronaves arrendadas a plazo o con opción de compra, destinadas a servicios aéreos, de empresas que cuenten con un certificado de explotación otorgado por la autoridad aeronáutica costarricense, de conformidad con lo establecido en el artículo 222 de la Ley General de Aviación Civil, Nº 5150, de 14 de mayo de 1973, y sus reformas.
k) Otras establecidas mediante reglamento.
Las importaciones temporales estarán sujetas a la presentación de garantía. Esta deberá calcularse según el monto de los tributos que pagarían las mercancías en el momento de aceptarse la declaración en el régimen.
Se podrá rendir garantía global conforme al porcentaje que fije el reglamento, calculado sobre el monto total de tributos aplicables en las importaciones enumeradas en el inciso g) del artículo anterior. No será obligatoria la presentación de garantía para las mercancías señaladas en los incisos c), d), f), h) e i)del artículo anterior.
La autoridad aduanera ejecutará las garantías cuando haya transcurrido el plazo otorgado sin que se haya demostrado la reexportación o el depósito para la importación definitiva de las mercancías o, cuando se le haya dado un fin distinto del solicitado, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. De no haberse rendido garantía, la autoridad aduanera exigirá el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera mediante los procedimientos que establece esta ley.
Las mercancías dañadas o destruidas por caso fortuito o fuerza mayor durante su permanencia temporal, podrán ser declaradas para consumo en el estado en que se encuentren o abandonadas en favor del fisco.
La exportación temporal es el régimen aduanero que permite la salida, por un plazo determinado, de mercancías del territorio aduanero con suspensión de los tributos a la exportación. Las mercancías deberán ser reimportadas sin transformación o modificación alguna dentro del plazo que se establezca por vía reglamentaria de acuerdo con la finalidad de la exportación.
Este plazo no podrá exceder de un año.
Las mercancías exportadas temporalmente deberán ser claramente identificables por cualquier medio razonable que establezca la autoridad aduanera y cumplir con las regulaciones no arancelarias aplicables.
Las disposiciones contenidas en esta sección para la importación temporal, serán aplicables a la exportación temporal, con las condiciones y para las categorías de mercancías que se establezca en la reglamentación.
Son provisiones de a bordo, independientemente de su momento de ingreso al país, las mercancías ingresadas temporalmente y destinadas a la manutención de los tripulantes, para ser consumidas, compradas u obsequiadas a los pasajeros por la empresa aérea o marítima; además, las utilizadas en la operación, el funcionamiento, la reparación y el mantenimiento de vehículos de transporte internacional de personas, buques, embarcaciones turísticas bajo el régimen de importación temporal y aquellas sometidas al régimen de charteo, aeronaves y trenes.
La empresa o su representante debe presentar una declaración detallada, tanto al ingreso como a la salida de las mercancías, ya sea por lotes o individualizadas según los manuales operativos que ponga en vigencia la Dirección General de Aduanas.
Las mercancías podrán permanecer a bordo del vehículo que las transporta o ser depositadas en bodegas o locales, destinados sólo para esta clase de mercancías, previa autorización de la aduana competente.
Las empresas que mantengan mercancías al amparo de este régimen en bodegas o locales habilitados para ese efecto, deberán cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones:
a) Cumplir con las disposiciones de organización, de procedimientos y de control que dicte la autoridad aduanera.
b) Llevar registros de todas sus actuaciones y operaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas, en la forma y condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas. Los registros estarán a disposición de las autoridades aduaneras competentes, cuando estas lo soliciten en cumplimiento de sus facultades de control y fiscalización.
c) Proporcionar la información sobre su gestión, en la forma y por los medios que establezca la Dirección General de Aduanas mediante disposiciones generales.
d) Integrarse en los sistemas informáticos autorizados por la Dirección General de Aduanas.
e) Inscribir en los registros de la empresa las mercancías recibidas en sus recintos, según los procedimientos y medios que establezca la Dirección General de Aduanas.
f) Mantener y enviar registros de mercancías admitidas, depositadas, retiradas u objeto de otros movimientos a la autoridad aduanera competente, de conformidad con los formatos y las condiciones que establezca la Dirección General de Aduanas.
g) Mantener a disposición de la autoridad aduanera los medios de control de ingreso, permanencia y salida de mercancías.
h) Rendir garantía que respalde el eventual pago de tributos por incumplimiento, pérdida, menoscabo, daños no causados por caso fortuito o fuerza mayor o cambio del fin para el cual fueron ingresadas las mercancías, sin perjuicio de las acciones penales o administrativas que correspondan.
El plazo máximo de permanencia de las mercancías en el territorio aduanero, será de seis meses contados a partir de su ingreso. Vencido este plazo sin haber realizado su reexportación o cambio de régimen, causarán abandono en favor del fisco.
Las provisiones de a bordo que traigan consigo las naves marítimas y aéreas para ser consumidas u obsequiadas a los pasajeros y a la tripulación que permanezcan en el medio de transporte gozarán de franquicia aduanera. El capitán o responsable manifestará a la autoridad aduanera la reseña de las provisiones de a bordo para el eventual ejercicio del control aduanero. Cualquier provisión que sea descargada estará sujeta a los procedimientos de despacho previstos en esta ley.
La autoridad aduanera deberá tomar las medidas necesarias para que el capitán o responsable realice el trámite respectivo en el lugar de arribo de las naves marítimas y aéreas.
Los límites del área geográfica en que esté ubicada una empresa beneficiaria del régimen de zona franca, deben estar claramente determinados de tal forma que la entrada y salida de personas, vehículos, unidades de transporte o mercancías deban realizarse necesariamente por los puestos o lugares destinados al control aduanero.
Los horarios de operación serán los establecidos por el Servicio Nacional de Aduanas, sin perjuicio de que se autoricen operaciones fuera de las horas hábiles de servicio. El órgano administrador del régimen podrá suplir los recursos económicos que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios aduaneros las veinticuatro horas del día.
La autoridad aduanera ejercerá, entre otros, los siguientes controles aduaneros:
a) Vigilancia permanente o temporal en los límites y vías de acceso.
b) Comprobación del uso y destino de las mercancías, según el fin para el cual fueron ingresadas en el régimen.
c) Inspección de las empresas beneficiadas.
El órgano administrador del régimen debe suministrar a la autoridad aduanera la información pertinente sobre las operaciones realizadas por las empresas por los medios que establezca la
Dirección General de Aduanas, sin perjuicio de la facultad de la autoridad aduanera para solicitar, directamente, a las empresas los registros de costos y procesos de producción, inventarios permanentes y los registros contables y sus anexos de las amparadas en el régimen, conforme a lo que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes.
La reimportación es el régimen que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas, que se exportaron definitivamente y que regresan en el mismo estado, con liberación de derechos e impuestos.
Para gozar de los beneficios del régimen de reimportación, el declarante deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la declaración de reimportación sea debidamente presentada y aceptada, dentro del plazo de tres años contado a partir de la fecha de aceptación de la declaración de exportación definitiva.
b) Que las mercancías no hayan sido objeto de ninguna transformación.
c) Que se establezca plenamente la identidad de las mercancías.
d) Que se devuelvan las sumas recibidas por concepto de beneficios e incentivos fiscales u otros incentivos recibidos con ocasión de la exportación, en su caso.
La reexportación es el régimen que permite la salida del territorio aduanero de mercancías extranjeras llegadas al país y no importadas definitivamente.
No se permitirá la reexportación de mercancías caídas en abandono o respecto de las cuales se haya configurado presunción fundada de delito penal aduanero.
La autoridad aduanera podrá autorizar la reexportación a solicitud del interesado, siempre que este no haya solicitado con anterioridad un régimen definitivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 91 de esta Ley.
El régimen de perfeccionamiento activo es el régimen aduanero que permite recibir mercancías en el territorio aduanero nacional, con suspensión de toda clase de tributos y bajo rendición de garantía. Estas mercancías deben ser reexportadas, dentro de los plazos que determinen los reglamentos, después de ser sometidas a un proceso de transformación, reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje o incorporadas en conjuntos, maquinaria, equipo de transporte en general o aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional o utilizadas para otros fines análogos, en las condiciones establecidas reglamentariamente y en las disposiciones que, al efecto, emita el órgano administrador competente.
Corresponde al órgano administrador del régimen:
a) Definir las políticas de aplicación y desarrollo del régimen.
b) Otorgar y cancelar las autorizaciones para el régimen en cada caso.
c) Determinar las mercancías que podrán ingresar en el país mediante este régimen y los porcentajes de mermas y desperdicios, conforme se disponga en la vía reglamentaria.
El órgano administrador deberá coordinar sus funciones y actividades con la Dirección General de Aduanas, la que nombrará un representante ante él.
Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en esta ley, corresponde a la autoridad aduanera el control sobre el uso y destino de las mercancías acogidas en el régimen.
En el ejercicio de ese control, la autoridad aduanera podrá:
a) Revisar los registros de costos y procesos de producción, los registros de inventarios permanentes y los registros contables y sus anexos de las mercancías amparadas al régimen.
b) Controlar el uso correcto de las mercancías, según el destino para el cual fueron ingresadas en el régimen.
c) Controlar el movimiento, uso y destino de las mercancías, sus garantías, destino de los desperdicios y donaciones de acuerdo con los procedimientos que, al efecto, establezca la Dirección General de Aduanas.
Las empresas acogidas a esta modalidad deberán cumplir con las siguientes obligaciones sin perjuicio de las que le correspondan como auxiliares de la función pública aduanera:
a) Iniciar operaciones dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la resolución que les autoriza el régimen. Este plazo podrá ser prorrogado por el órgano administrador hasta por otros seis meses, previa solicitud justificada del interesado. Vencido el plazo sin iniciar operaciones, se tendrá por cancelada la autorización.
b) Facilitar a la autoridad aduanera la información de sus actividades y registros de operaciones.
c) Presentar, en los plazos que fije el reglamento, los reportes e informes de sus operaciones ante la autoridad aduanera.
d) Identificar plenamente la maquinaria, equipo y repuestos siguiendo las disposiciones que, al efecto, emita la Dirección General de Aduanas.
e) Rotular en forma visible con la razón social las instalaciones donde opere la empresa.
f) Integrarse en los sistemas informáticos autorizados por la Dirección General de Aduanas.
g) Inscribirse ante la aduana competente y mantener el registro actualizado.
h) Cumplir con las disposiciones de organización, procedimientos y control que emita la Dirección General de Aduanas.
i) Mantener toda la información relativa a los ingresos, importaciones y reexportaciones de mercancías, en los registros o formatos oficiales diseñados o autorizados por la Dirección General de Aduanas; además, tenerlos a disposición de la autoridad aduanera para el ejercicio del control, por un plazo mínimo de cinco años.
j) Cumplir con las normas relativas a depósito y ubicación de mercancías, conforme se disponga en el reglamento.
k) Cualquier otra obligación o condición operativa que se establezca en el reglamento.
La empresa es responsable por los daños o pérdidas causadas a las mercancías que permanecen en sus recintos, queda obligada al pago de los tributos correspondientes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.
Las mercancías internadas al amparo del régimen deberán permanecer en los locales autorizados.
La desafectación del régimen se probará mediante los sistemas determinados por vía reglamentaria. Se tomará como base los reportes y las declaraciones de ingreso, uso y consumo, actas de donación y destrucción, reexportaciones e importaciones definitivas efectuadas.
La maquinaria, equipo y materias primas amparados al régimen soportarán gravamen prendario legal en primer grado en favor del fisco, sobre el cual se deberá emitir un título de prenda aduanera que será inscrito a instancia de la autoridad aduanera o de la propia empresa interesada en el Registro de Prendas del Registro Público, sin pago de ningún tributo. No será necesaria garantía adicional.
Los propietarios de los bienes que ingresen al amparo de este régimen, por el simple hecho de remitirlos al país, otorgarán poder suficiente al consignatario para imponer ese gravamen, el cual tendrá prioridad sobre cualquier otro gravamen o garantía.
La autoridad aduanera ejecutará la prenda cuando al vencimiento del plazo de permanencia de las mercancías, estas no hayan sido reexportadas o importadas definitivamente.
Igualmente, será ejecutada la garantía cuando se demuestre que la empresa ha usado indebidamente o dado un fin distinto a la maquinaria, el equipo o las materias primas, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.
Los desperdicios y subproductos deberán ser reexportados, importados definitivamente o donados al Estado.
Las muestras, desperdicios y subproductos que no puedan ser retornados al extranjero o donados, deberán ser destruidos bajo supervisión de la autoridad aduanera.
Los beneficiarios podrán donar bienes semi-elaborados, residuos, productos de segunda calidad, muestras, repuestos, accesorios y bienes de capital al órgano competente del Ministerio de Hacienda, que a su vez los podrá destinar a instituciones de beneficencia, centros de educación e instituciones del Estado.
Corresponde al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) la aplicación del régimen sancionatorio a las empresas beneficiarías del Régimen de Perfeccionamiento Activo, que incurran en infracciones a las disposiciones que lo regulan o a las obligaciones asumidas al ingresar a este, ello en ejercicio de la competencia que el artículo 2 inciso h) de la Ley 7638, Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, de 30 de octubre de 1996, le otorga a ese Ministerio.
Comex podrá imponer una multa hasta de cuatro mil pesos centroamericanos, según la gravedad de la falta, cuando la empresa beneficiaría no cumpla con las obligaciones contempladas en el artículo 182 de esta ley, sin perjuicio de que las disposiciones de esta norma contemplen una sanción mayor, en cuyo caso procederá con la imposición de esta.
Asimismo, Comex podrá imponer una multa hasta de cuatro mil pesos centroamericanos, según la gravedad de la falta, a las empresas acogidas al Régimen de Perfeccionamiento Activo que incurran en alguna de las siguientes infracciones:
a) Cuando habiendo iniciado su proceso productivo, lo suspenda sin causa justificada por un plazo mayor de ocho meses.
b) Cuando el beneficiario cese sus operaciones de forma intempestiva haciendo abandono de sus instalaciones, sin comunicarlo a las autoridades aduaneras o al Ministerio de Comercio Exterior y ello ocasione problemas laborales o de otro orden público. En este caso, podrá procederse con la revocatoria del Régimen.
c) Cuando haga uso indebido o dé un fin distinto a la maquinaria, al equipo y materia prima en general, ingresadas al amparo del Régimen, sin perjuicio de las demás acciones procedentes.
d) Cuando suministre datos falsos en la solicitud de ingreso al Régimen, el Informe Anual de Operaciones y cualquier otra información que se le solicite.
e) Cuando no rinda el informe anual de actividades y cualesquiera otros informes que soliciten Procomer, el Ministerio de Comercio Exterior o el Ministerio de Hacienda, o lo haga fuera de los plazos reglamentarios. La no presentación del informe anual dentro del plazo establecido al efecto implicará la suspensión automática de todos los beneficios del Régimen, hasta que el informe se presente completo.
f) Haber sido sancionados la empresa, sus accionistas, directores, empleados o personaros, en relación con actividades de la empresa, mediante resolución firme en vía administrativa, por haber incurrido en infracciones administrativas, aduaneras, tributarias o tributario-aduaneras. En este caso, no procederá la imposición de multas, pero sí la revocatoria del Régimen, cuando se trate de infracciones graves o reiteradas.
g) Haber sido condenados los accionistas, directores, empleados o personaros de la empresa beneficiaría, en relación con las actividades de la empresa, mediante resolución firme en la vía judicial, por haber incurrido en delitos aduaneros o tributarios. En este caso no procederá la imposición de multas, pero sí la revocatoria del Régimen, cuando se trate de infracciones graves o reiteradas.
h) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones que les correspondan según la ley, los reglamentos y los actos administrativos de otorgamiento del régimen.
En el evento de que la empresa beneficiaría incurra de forma reiterada en la comisión de una o varias de las infracciones que se vienen de indicar, podrá imponérsele la revocatoria del Régimen.
Para estos efectos, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica o los órganos correspondientes del Ministerio de Hacienda, previo conocimiento de la situación, procederán a reunir la información, formar el expediente y enviar la recomendación al Ministerio de Comercio Exterior para el inicio del procedimiento administrativo.
Para determinar la sanción aplicable, se tomará en cuenta la gravedad de la falta, el grado de culpa o la existencia de dolo por parte de los empleados o personeros de la empresa, la reincidencia y, cuando se trate de multas, el volumen de ingresos de la empresa.
El Ministerio de Comercio Exterior podrá ordenar, por un plazo máximo de seis meses, la suspensión precautoria de los incentivos y beneficios contemplados en esta ley, durante la tramitación de procedimientos administrativos o investigaciones en sede judicial que cuestionen la legalidad de la actividad de una empresa beneficiaría del Régimen de Perfeccionamiento Activo. Ni la suspensión precautoria ni su levantamiento prejuzgarán sobre la resolución final del respectivo procedimiento administrativo o proceso judicial.
El Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Hacienda determinarán los mecanismos de coordinación necesarios para la más correcta y eficiente aplicación de los controles y las sanciones a las empresas beneficiarías del Régimen de Perfeccionamiento Activo.
El producto de las multas fijadas en este artículo se cancelará con su equivalente en moneda nacional y se distribuirá de la siguiente manera: un cincuenta por ciento (50%) a Procomer y un cincuenta por ciento (50%) a la municipalidad del cantón donde se ubique la empresa beneficiaría.
Contra la imposición de las sanciones previstas en este artículo cabrá recurso de reposición ante el jerarca de Comex, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución correspondiente.
La resolución que imponga una multa constituirá título ejecutivo contra el infractor y Procomer estará legitimada para cobrarla.
El régimen de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo es el régimen aduanero por el cual se permite exportar, temporalmente, mercancías que se encuentren en libre circulación en el territorio aduanero nacional, para ser transformadas, elaboradas o reparadas en el extranjero para su reimportación, conforme con las disposiciones reglamentarias correspondientes.
La Dirección General de Aduanas establecerá los procedimientos para asegurar el control y la verificación de las mercancías retornadas.
Para los efectos de este régimen, se entiende por productos compensadores, las mercancías obtenidas en el extranjero a partir de las que se han enviado en exportación temporal para su perfeccionamiento pasivo.
Para los efectos de la determinación de la obligación tributaria aduanera, la base imponible resultará de la diferencia entre el valor del producto compensador y el valor de las mercancías inicialmente exportadas y de la clasificación arancelaria de las mercancías.
En caso de reparación de mercancías, la obligación tributaria se determinará sobre el valor de las mercancías extranjeras incorporadas, más los servicios prestados en el extranjero para su reparación, de conformidad con la tarifa aplicable según la clasificación arancelaria de las mercancías retornadas. No obstante, las mercancías que hayan sido reparadas en el exterior, dentro del período de la garantía de funcionamiento, reingresarán con exención total de derechos e impuestos.
El régimen devolutivo de derechos es el régimen aduanero que permite la devolución de las sumas efectivamente pagadas o depositadas a favor del Fisco por concepto de tributos, como consecuencia de la importación definitiva de insumos, envases o embalajes incorporados a productos de exportación, siempre que la exportación se realice dentro del plazo de doce meses contado a partir de la importación de esas mercancías. Los reglamentos establecerán las condiciones que los interesados deberán cumplir para acogerse a este régimen, así como los plazos en los que la Administración deberá realizar la devolución de los impuestos efectivamente pagados.
El Ministerio de Comercio Exterior deberá proveer, a la Dirección General de Aduanas, las recomendaciones y los estudios técnicos necesarios, a fin de que la aduana cuente con la información requerida para realizar la devolución efectiva de los tributos amparados a dicho régimen.
El exportador final que se acoja a este régimen debe solicitarlo en el momento de presentar la declaración de exportación, conforme a los requerimientos reglamentarios siempre y cuando no goce de un estímulo arancelario a la exportación.
Se procederá a la devolución de las sumas efectivamente pagadas o depositadas, previa comprobación de la aduana de las condiciones del régimen.
La devolución se realizará mediante crédito en su favor o por los medios que se establezcan reglamentariamente.
En ningún caso, se entenderán como ingresos ordinarios del fisco los depósitos o pagos efectuados por empresas autorizadas por la Dirección General de Aduanas para el ejercicio habitual del régimen.
Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables, salvo otra especial en contrario de esta ley, en todos los procedimientos que inicie la autoridad aduanera para dictar decisiones o actos con efectos externos para los administrados.
De no indicarse expresamente, los términos y plazos concedidos en días por esta ley y sus reglamentos se considerarán hábiles en todos los casos.
A falta de norma expresa en esta ley, en materia de procedimiento se deben aplicar las disposiciones generales de procedimiento tributario y, en su caso, las de procedimiento administrativo.
Para la presentación de recursos, gestiones y la notificación de actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas, podrán utilizarse sistemas informáticos debidamente autorizados.
El Servicio Nacional de Aduanas y el Tribunal Aduanero Nacional deberán notificar en forma independiente a cada una de las partes, o publicar sus actos, por cualquiera de los siguientes medios:
a) Buzón electrónico asignado a los obligados tributarios, sujetos pasivos y auxiliares de la función pública aduanera, por la plataforma electrónica establecida por el Ministerio de Hacienda. La notificación surtirá efecto cinco días naturales después del envío de la información.
b) Personalmente, si la parte concurre a las oficinas del Servicio Nacional de Aduanas que tienen a su cargo la notificación de los actos, o a la oficina del Tribunal Aduanero Nacional.
Cuando no sea posible notificar por alguno de los medios anteriores, se notificará por una única publicación en la página web del Ministerio de Hacienda, en cuyo caso se tendrá por efectuada al tercer día hábil posterior a esa publicación.
Los actos generales se comunicarán por una única publicación en la página web del Ministerio de Hacienda, en cuyo caso se tendrá por efectuada al tercer día hábil posterior a esa publicación.
La notificación o publicación debe contener copia literal del acto. Los notificadores gozarán de fe pública.
DEROGADO
Para emitir cualquier acto que afecte derechos subjetivos o intereses legítimos, deberán observarse las siguientes normas básicas:
a) La apertura del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, debe ser notificada a cada una de las personas o entidades que puedan verse afectadas, de forma independiente.
b) En el acto de notificación se otorgará un plazo de quince días hábiles para presentar los alegatos y las pruebas respectivas. La autoridad aduanera que instruya el procedimiento podrá prorrogar, mediante resolución motivada, de oficio, o a instancia de parte interesada, este plazo para los efectos de presentación de pruebas.
c) A solicitud de parte interesada, el órgano instructor otorgará una única audiencia oral y privada, con una antelación mínima de quince días hábiles, para la evacuación de pruebas.
d) Listo el asunto para resolver, la autoridad aduanera competente dictará la resolución dentro de los tres meses siguientes. La notificación debe contener el texto íntegro del acto.
Se entenderá por denegado todo reclamo, petición o recurso no concluido por acto final, una vez transcurrido el término de tres meses contado desde el inicio del procedimiento.
El silencio positivo se regirá por las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública.
Notificado un acto final dictado por la aduana que determine tributos, sanciones, o cause agravio al destinatario del acto, en relación con los regímenes, trámites, operaciones y procedimientos regulados en la normativa aduanera, podrá interponerse ante la aduana o ante la Dirección General de Aduanas, directamente, el recurso de revisión, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la notificación.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción del recurso de revisión en la aduana o en la Dirección General de Aduanas, la aduana competente se limitará a remitir, a la Dirección General de Aduanas, el expediente administrativo que dio lugar al acto, junto con el recurso, cuando corresponda.
El recurso deberá contener al menos, lo siguiente:
a) Designación de la autoridad, funcionario o dependencia a que se dirija;
b) nombres, apellidos, calidades o generales de ley del recurrente; cuando no actúe en nombre propio debe además acreditar su representación;
c) identificación de la resolución o acto recurrido y las razones en que se fundamenta la inconformidad con este, haciendo relación circunstanciada de los hechos y de las disposiciones legales en que sustenta su petición;
d) petición que se formula; y
e) fecha y firma.
Presentado el recurso y cumplidas las formalidades establecidas en el artículo anterior, se continuará con el trámite que corresponda o se deberá prevenir subsanar los errores u omisiones de cualquiera de los requisitos, dentro del plazo de tres días posteriores a su interposición. En este caso, se emitirá el correspondiente auto de prevención, el cual deberá notificarse al recurrente, quien tendrá un plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la notificación para evacuar las prevenciones. Si las prevenciones formuladas no fueran evacuadas en la forma requerida y dentro del plazo antes señalado, el recurso será declarado inadmisible.
La admisión de los recursos establecidos en este capítulo-suspenderá la ejecución de la resolución recurrida. No se exigirá garantía ni pago alguno como requisito para admitir los recursos.
Cuando sea ordenado de oficio o a petición de parte, prueba para mejor proveer o la práctica de alguna diligencia tendiente a obtener elementos que coadyuven a resolver el recurso, el plazo para emitir la resolución definitiva se suspenderá hasta que tal diligencia se hubiera efectuado. La prueba o diligencia que sea impertinente o superabundante será rechazada.
En todo caso, el plazo que se señale para presentar la prueba o la práctica de las diligencias, a que se refiere el párrafo anterior, será de diez días hábiles, el que podrá ser prorrogado a solicitud del recurrente hasta por otro plazo igual, por una sola vez y en casos debidamente justificados por este. Contra la providencia que ordene o rechace las diligencias o prueba para mejor resolver, no cabrá recurso alguno.
La Dirección General dictará la resolución dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de recepción del recurso de revisión y su respectivo expediente administrativo en ese órgano.
El interesado podrá solicitar aclaración y adición dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, solicitud que habrá de resolverse en el término de cinco días hábiles.
Contra el acto final dictado directamente por la Dirección General de Aduanas que determine tributos, sanciones o cause agravio al destinatario del acto, en relación con los regímenes, los trámites, las operaciones y los procedimientos regulados en la normativa aduanera, o que denieguen total o parcialmente el recurso de revisión, cabrá el recurso de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, el cual deberá interponerse dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto recurrido.
Para la tramitación del recurso de apelación, será aplicable lo dispuesto en los artículos 200, 201 y 202 de esta ley.
Interpuesto el recurso de apelación, la Dirección General de Aduanas se limitará a remitirlo dentro de los siguientes tres días hábiles, junto con el expediente administrativo completo, al Tribunal Aduanero Nacional.
El Tribunal Aduanero Nacional deberá resolver en un plazo de treinta días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la recepción del recurso.
El interesado podrá solicitar aclaración y adición dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, solicitud que habrá de resolverse en el término de cinco días hábiles.
Créase el Tribunal Aduanero Nacional como un órgano de decisión autónoma, adscrito al Ministerio de Hacienda. Tendrá competencia para conocer y decidir, en última instancia administrativa, los recursos contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas.
El Tribunal estará integrado por cinco miembros. Tres de ellos serán abogados especializados en materia aduanera, con experiencia mínima de cinco años; los otros dos serán personas con el grado mínimo de licenciatura y experiencia de por lo menos cinco años en materias tales como clasificación arancelaria, valoración aduanera, origen de las mercancías y demás regulaciones del comercio exterior.
El Tribunal contará con un presidente que será abogado, además, con un secretario y el personal administrativo necesario para el buen funcionamiento, nombrados de acuerdo con las regulaciones del Estatuto de Servicio Civil.
Los miembros serán nombrados por el ministro de Hacienda, previo concurso público de antecedentes. Dicho nombramiento será por un único plazo de seis años, sin posibilidad de ser reelegidos.
En esa forma, se nombrará igual número de suplentes, quienes deberán reunir los mismos requisitos de los propietarios y actuarán en caso de ausencia, impedimento, recusación o excusa de estos.
Las causales y los procedimientos de remoción y prohibición, y la retribución económica de los miembros del Tribunal, serán iguales a los fijados para los miembros del Tribunal Fiscal Administrativo.
El Tribunal ajustará su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente ley y, supletoriamente, al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Serán motivos de impedimento, excusa o recusación los prescritos en el capítulo V del título I del Código Procesal Civil. En estos casos, el órgano observará el procedimiento dispuesto en dicho Código.
El Tribunal tomará las decisiones por simple mayoría.
Los miembros deberán asegurar la eficiencia y el decoro en el ejercicio de las funciones encomendadas por ley.
Al presidente del tribunal le corresponderá realizar las correcciones de advertencia y amonestación de los miembros, mediante el debido proceso administrativo disciplinario. En caso de falta grave, se regirá por las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de Hacienda.
DELITO DE CONTRABANDO
DELITO DE CONTRABANDO
Será sancionado con una pena de prisión de tres a cinco años y una multa de tres veces el monto del valor aduanero de las mercancías objeto de contrabando, siempre que el valor aduanero de las mercancías exceda los cinco mil pesos centroamericanos, aunque con ello no cause perjuicio fiscal, quien:
a) Introduzca o extraiga del territorio nacional, mercancía de cualquier clase, valor, origen o procedencia, eludiendo el control aduanero.
b) Transporte, almacene, adquiera, venda, done, oculte, use, dé o reciba en depósito, destruya o transforme, mercancía de cualquier clase, valor, origen o procedencia introducida al país, eludiendo el control aduanero.
c) Entregue, extraiga o facilite la entrega o extracción de mercancías, sujetas a control aduanero, de las zonas portuarias o primarias, de los recintos o las instalaciones de los receptores autorizados o habilitados legalmente para recibirlas y custodiarlas, entre ellas; depositarios aduaneros, depósito temporal, zonas francas, incluyendo los servicios de logística integral, perfeccionamiento activo, operadores económicos autorizados, estacionamientos transitorios, despacho domiciliario industrial y comercial, sin que medie autorización de la autoridad aduanera.
d) No entregue las mercancías que sean movilizadas en tránsito por el territorio nacional, en el lugar autorizado por la autoridad aduanera, sin que medie una justificación legal.
e) Sustituya mercancías objeto de control aduanero de las unidades de transporte, sin que medie autorización de la autoridad aduanera.
f) Mantenga en inventario para la venta, distribución o comercialización, mercancías extranjeras, en su local, establecimiento o negocio comercial, sin contar con los documentos aduaneros correspondientes para su introducción al territorio nacional, o el documento idóneo legal que demuestre su adquisición en el mercado local.
Será sancionado con una pena de prisión de tres a cinco años y una multa de cuatro veces los tributos dejados de percibir más sus intereses, siempre que el monto de los tributos dejados de percibir exceda los cinco mil pesos centroamericanos quien:
g) Eluda o evada, total o parcialmente, el pago de los tributos, por acción u omisión, valiéndose de astucia, engaño o ardid, de simulación de hechos falsos o de deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, utilizados para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero.
El valor aduanero de las mercancías o el monto de los tributos dejados de percibir será fijado en sede judicial mediante la determinación que realice la autoridad aduanera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 227 de esta ley, o bien, mediante estimación pericial.
Para las multas establecidas en este artículo, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 233 de esta ley.
Además de una pena de prisión de cinco a quince años, serán sancionados por la comisión de cualquiera de las acciones establecidas en los incisos comprendidos entre el a) y el f) del artículo 211 de esta ley, con una multa de cuatro veces el valor aduanero de las mercancías objeto de contrabando y por la comisión de la acción establecida en el inciso g), con una multa de cinco veces los tributos dejados de percibir más sus intereses, cuando concurra por lo menos una de las siguientes conductas o situaciones:
a) Se perpetre, facilite o evite su descubrimiento, mediante el empleo de violencia o intimidación.
b) Se utilice un medio de transporte acondicionado o modificado en su estructura, con la finalidad de transportar mercancías eludiendo el control aduanero.
c) Se hagan figurar como destinatarias, en los documentos referentes al despacho de las mercancías, personas físicas o jurídicas a quienes se les haya suplantado su identidad, o personas físicas fallecidas o jurídicas inexistentes.
d) Intervenga, en calidad de autor, instigador o cómplice, un funcionario público, un auxiliar de la función pública aduanera, o un operador económico autorizado.
e) Se participe en el financiamiento, por cuenta propia o ajena, para la comisión de delitos aduaneros.
f) El autor o partícipe integre un grupo que califique como delincuencia organizada, según la legislación vigente.
g) Se trate de productos de interés sanitario o mercancías sujetas a regulación técnica que pongan en riesgo la vida o la salud humana, la vida o la salud animal, la preservación de la vida vegetal, la protección del medio ambiente o la seguridad de la nación.
Para las multas establecidas en este artículo no será aplicable lo dispuesto en el artículo 233 de esta ley.
Incurre igualmente en el delito de contrabando fraccionado y será reprimido con la pena de prisión establecida conforme a los artículos 211 y 212, según corresponda, el que actuando con una misma finalidad realice actividades de contrabando en diferentes actos, respecto de mercancías con un valor aduanero inferior a los cinco mil pesos centroamericanos, de forma tal que individualmente cada uno de los actos no hubieran sido sancionados con pena de prisión.
Para determinar la modalidad de contrabando fraccionado, la autoridad judicial podrá considerar los actos realizados por el infractor en los doce meses anteriores al último acto denunciado. El hecho generador se regirá por lo establecido en el artículo 55 de esta ley, para cada uno de los actos individualmente considerados.
RESPONSABILIDAD PENAL DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
Será sancionado con prisión de tres a diez años el funcionario público que, directa o indirectamente, por acción u omisión dolosa, favorezca, colabore o facilite, en cualquier forma, el incumplimiento de la obligación tributaria aduanera, la inobservancia de los deberes formales del sujeto pasivo, la introducción o extracción de mercancías evadiendo o eludiendo el control aduanero.
Será reprimido con pena de seis meses a tres años de prisión quien posea en forma ilícita, trafique o falsifique sellos de identificación, dispositivos u otros sistemas de seguridad, utilizados o autorizados por la autoridad aduanera. Esta sanción se aplicará siempre que el hecho no configure otro delito sancionado con una pena mayor.
Será reprimido con pena de tres meses a tres años de prisión, quien:
a) Transporte o mantenga, en depósito, mercancías objeto de control aduanero sin los precintos, los sellos ni otros sistemas de seguridad, colocados o autorizados por la autoridad aduanera, rotos o con evidencia de violación.
b) Transporte mercancías objeto de control aduanero en unidades de transporte dañadas o que presenten aberturas en compartimientos que, por disposición de la autoridad aduanera, deben mantenerse totalmente cerrados.
En cualquiera de las hipótesis de los dos incisos anteriores, la sanción se aplicará siempre que el hecho no configure otro delito sancionado con una pena mayor.
Será reprimido con prisión de uno a cuatro años quien oculte, niegue, altere o no entregue información a la autoridad aduanera, o destruya libros de contabilidad, sus anexos, archivos, registros, mercancías, documentos y otra información de trascendencia tributaria o aduanera, así como sistemas y programas computarizados o soportes magnéticos o similares que respalden o contengan dicha información.
Será reprimido con prisión de tres a cinco años quien, incumpliendo las obligaciones impuestas por la legislación tributaria y aduanera, niegue u oculte información de trascendencia tributaria o aduanera, sobre hechos o actuaciones de terceros, que le consten por mantener relaciones económicas y financieras con ellos, o quien la brinde incompleta o falsa.
DEROGADO.
Será reprimido con prisión de uno a tres años quien:
a) Acceda, sin la autorización correspondiente y por cualquier medio, a los sistemas informáticos utilizados por el Servicio Nacional de Aduanas.
b) Se apodere, copie, destruya, inutilice, altere, facilite, transfiera o tenga en su poder, sin autorización de la autoridad aduanera, cualquier programa de computación y sus bases de datos, utilizados por el Servicio Nacional de Aduanas, siempre que hayan sido declarados de uso restringido por esta autoridad.
c) Dañe los componentes materiales o físicos de los aparatos, las máquinas o los accesorios que apoyen el funcionamiento de los sistemas informáticos diseñados para las operaciones del Servicio Nacional de Aduanas, con la finalidad de entorpecerlas u obtener beneficio para sí o para otra persona.
d) Facilite el uso del código y la clave de acceso asignados para ingresar en los sistemas informáticos. La pena será de seis meses a un año si el empleo se facilita culposamente.
La pena será de tres a cinco años cuando, en alguna de las causales del artículo anterior, concurra una de las siguientes circunstancias:
a) Intervengan en el hecho tres o más personas, en calidad de autoras.
b) Intervenga, en calidad de autor, instigador o cómplice, un funcionario público en ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo.
Si las conductas tipificadas en esta ley configuran también un delito o una contravención establecidos en la legislación tributaria, se aplicarán las disposiciones especiales de la presente ley siempre que esas conductas se relacionen con el incumplimiento de obligaciones tributarias aduaneras o los deberes frente a la autoridad aduanera.
En los delitos que contempla este Título, se aplicará el comiso de las mercancías objeto o medio del delito y el comiso de los vehículos y las unidades de transporte de cualquier clase con sus accesorios, útiles y aparejos siempre que de conformidad con el Código Penal se hayan utilizado de alguna manera para cometer el delito.
Además de las penas privativas de libertad y multa correspondientes, en los delitos contemplados en este Título, se aplicarán las siguientes sanciones:
a) Cuando un empleado público o un auxiliar de la función pública cometa, en perjuicio de la Hacienda Pública, uno o varios de los delitos descritos en los artículos 211, 214, 216 y 216 bis de esta Ley, se le impondrá, además de las penas establecidas para cada delito, la inhabilitación especial de uno a diez años para desempeñarse como funcionario público o como auxiliar de la función pública, o para disfrutar de incentivos aduaneros o beneficios económicos aduaneros.
b) Cuando el hecho delictivo se haya cometido utilizando a una persona jurídica o lo hayan cometido personeros, administradores, gerentes o empleados de ella, además de las penas que sean impuestas a cada uno por su participación en los hechos punibles, se impondrá, en la vía correspondiente, una sanción administrativa consistente en multa de tres a cinco veces el monto del valor aduanero de las mercancías, para el caso del contrabando, o en el monto de los tributos dejados de percibir, para el caso de la defraudación fiscal aduanera. Asimismo, la autoridad competente podrá disponer que la empresa no disfrute de incentivos aduaneros ni de beneficios económicos aduaneros por un plazo de uno a diez años.
Si el hecho es cometido por los accionistas, personeros, administradores, gerentes o apoderados que ejercen la representación legal de la persona jurídica, o bien por uno de sus empleados, y aquellos consienten su actuar por acción u omisión en forma dolosa, sin que medie caso fortuito ni fuerza mayor, la autoridad judicial le impondrá a la persona jurídica una sanción de inhabilitación para el ejercicio de la actividad auxiliar aduanera, por un plazo de uno a diez años. Las personas jurídicas responderán solidariamente por las acciones u omisiones que sus representantes realicen en el cumplimiento de sus funciones.
Cuando se incurra en un delito por incumplimiento de obligaciones aduaneras de personas jurídicas, responderán del delito y, consiguientemente, se les aplicarán las penas respectivas a los representantes legales, gerentes o administradores responsables del cumplimiento de tales obligaciones; asimismo, a los socios de sociedades de personas o a los directores de sociedades anónimas según corresponda, cuando hayan adoptado las decisiones que impliquen la comisión del delito. Cada uno de los indicados antes, será sancionado de acuerdo con su propia responsabilidad personal.
En cualquiera de los delitos contemplados en este título, para establecer la verdad real de la relación tributaria aduanera, el Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio de Hacienda o la autoridad jurisdiccional competente, ante la presencia de fraude aduanero, podrán prescindir de las formas jurídicas que adopte un determinado agente económico nacional o transnacional, individual o bajo el crimen organizado, cuando no corresponda a la realidad de los hechos investigados. El sujeto físico y jurídico que sea en realidad el promovente de la falta tributaria deberá responder, administrativa, civil y penalmente, cuando así proceda.
La autoridad aduanera informará, de oficio o a solicitud del Juez que conoce la causa, del monto de los tributos adeudados y sus intereses, según la legislación vigente. Al dictar sentencia definitiva, sea absolutoria, condenatoria o de sobreseimiento, los tribunales, de oficio, se pronunciarán, además, sobre el pago de la obligación tributaria aduanera, sus intereses, multas y otros recargos del imputado y otros responsables tributarios.
En los supuestos en que la autoridad aduanera estime que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de delito, deberá presentar la denuncia ante el Ministerio Público y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo sancionador hasta que concluya el proceso penal, en cuyo caso se suspenderá la prescripción del procedimiento sancionatorio. Lo anterior no impide el cobro de los tributos adeudados y sus intereses, de conformidad con el procedimiento administrativo respectivo.
En los delitos de contrabando y defraudación fiscal aduanera, la tentativa se sancionará con la pena prevista para el delito consumado.
Serán competentes para conocer de los delitos estipulados en la presente ley, los juzgados y tribunales ordinarios en materia penal, salvo que se establezca una jurisdicción especializada en materia penal tributaria.
Cuando se desconozca el lugar de introducción de las mercancías objeto de contrabando serán competentes, para conocer de estos delitos, las autoridades judiciales del lugar donde se hayan decomisado las mercancías o, en su defecto, los tribunales de la ciudad de San José.
Constituye infracción administrativa o tributaria aduanera, toda acción u omisión que contravenga o vulnere las disposiciones del régimen jurídico aduanero, sin que se califique como delito.
Las infracciones administrativas y las infracciones tributarias aduaneras serán sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera que conozca el respectivo procedimiento administrativo, ya sea la aduana de jurisdicción o la Dirección General de Aduanas, salvo la sanción de cierre de negocios, las infracciones administrativas sancionadas con suspensión del auxiliar de la función pública aduanera, la infracción administrativa tipificada en el artículo 238 de esta ley, la sanción de reincidencia, así como la inhabilitación de los auxiliares de la función pública aduanera, cuyo conocimiento será competencia exclusiva de la Dirección General de Aduanas.
La aplicación de las sanciones se hará conforme a las leyes vigentes en la época de su comisión. Si con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promulga una nueva ley, aquel se regirá por la que sea más favorable al infractor, en el caso particular que se juzgue. La aplicación de las sanciones administrativas estipuladas en la presente ley es independiente de las sanciones penales, cuando el hecho también constituya un delito penal.
Las infracciones sancionadas con multa devengarán intereses, los cuales se computarán a partir de los tres días hábiles siguientes a la firmeza de la resolución que las fija, conforme a la tasa establecida en el artículo 61 de esta ley, referente al tema del pago de la obligación tributaria aduanera y sus aspectos esenciales.
Serán eximentes de responsabilidad, los errores materiales sin incidencia fiscal, la fuerza mayor y el caso fortuito, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
La facultad de la autoridad aduanera para sancionar las infracciones reguladas en este capítulo prescribe en cuatro años, contados a partir de la comisión de las infracciones.
El término de prescripción de la acción sancionatoria se interrumpirá:
a) Por la notificación de la resolución o el acto inicial del procedimiento administrativo tendiente a determinar las infracciones administrativas y tributarias aduaneras.
b) Por la interposición de recursos de cualquier clase por el infractor que procedan, de conformidad con la normativa aduanera.
c) Por interposición de acciones judiciales que tengan por efecto la suspensión del procedimiento administrativo o imposibiliten dictar el acto administrativo final.
Las infracciones administrativas y tributarias aduaneras son sancionables, incluso a título de mera negligencia, en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios aduaneros.
Cuando un hecho configure más de una infracción debe aplicarse la sanción más severa.
Las personas jurídicas, distintas de los auxiliares de la función pública aduanera, serán responsables en el tanto se compruebe que, dentro de su organización interna, se ha faltado al deber de cuidado, sin necesidad de determinar las responsabilidades personales concretas de sus administradores, directores, albaceas, curadores, fiduciarios, empleados y demás personas físicas involucradas y sin perjuicio de ellas.
Las infracciones administrativas se penarán con la suspensión del auxiliar de la función pública aduanera o con multa expresada en pesos centroamericanos, la cual se cancelará con su equivalente en moneda nacional en los bancos del Sistema Bancario Nacional autorizados al efecto. En caso de suspensión, el auxiliar no podrá iniciar operacionesnuevas, sino solamente concluir las iniciadas a la fecha en que se le notifique la resolución respectiva.
Si las conductas tipificadas en esta Ley configuran también una infracción establecida en la legislación tributaria, se aplicarán las disposiciones especiales de esta Ley, siempre que dichas conductas se relacionen con el incumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras o de los deberes ante la autoridad aduanera.
Las sanciones de multa previstas en esta ley se aplicarán según los siguientes supuestos y condiciones que se enumeran a continuación:
a) Cuando el infractor rectifique y pague, cuando corresponda, voluntariamente los incumplimientos, las omisiones o las insuficiencias, generen o no diferencias tributarias, sin mediar ninguna acción de la autoridad aduanera conducente a verificar el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera, no será sancionado.
b) En la etapa de regularizaron, cuando el infractor acepte el ajuste de la obligación tributaria aduanera, repare su incumplimiento, autoliquide y pague la multa, la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento (50%).
c) En el ejercicio del control inmediato cuando el infractor, una vez notificado, acepte el ajuste de la obligación tributaria aduanera y repare su incumplimiento dentro del plazo previsto para su impugnación, autoliquide y pague la multa, la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento (50%).
d) En el caso de incumplimientos sancionadles con multa que no conlleven un ajuste en la obligación tributaria aduanera, la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento (50%), cuando el infractor autoliquide y pague la multa, previo a la notificación del inicio del procedimiento sancionatorio.
En el caso de la sanción establecida en el artículo 238 de esta ley, será aplicable lo indicado en el párrafo anterior, siempre que el sujeto infractor no haya hecho uso del beneficio, por cualquiera de las conductas señaladas en dicho tipo infraccional, en un periodo de cuatro años. Para tales efectos, el Servicio Nacional de Aduanas deberá establecer un registro.
El sujeto pasivo podrá autodeterminar la multa correspondiente. En este caso, utilizando los medios que defina la Dirección General de Aduanas, podrá fijar el importe que corresponde de acuerdo con la sanción de que se trate y, una vez realizada la autoliquidación, podrá pagar el monto determinado. El sujeto pasivo deberá comunicar a la autoridad aduanera el pago realizado, sin demérito de las facultades de control a cargo de la autoridad aduanera.
Cuando la autoridad aduanera determine la posible comisión de una infracción administrativa o tributaria aduanera sancionable con multa, notificará, de forma motivada al supuesto infractor, la sanción aplicable correspondiente, sin que implique el retraso ni la suspensión de la operación aduanera, salvo si la infracción produce en el procedimiento un vicio cuya subsanación se requiera para proseguirlo.
El presunto infractor contará con cinco días hábiles para presentar sus alegaciones; transcurrido este plazo, la autoridad aduanera aplicará la sanción correspondiente, si procede.
En el caso de infracciones administrativas sancionables con suspensión, la autoridad aduanera deberá iniciar el procedimiento dispuesto en el artículo 196 de esta ley.
Notificado un acto final que impone la sanción, la persona destinataria del acto podrá interponer en tiempo y forma los recursos señalados en los artículos 198 y siguientes, y 204 y siguientes de esta ley.
Será sancionada con multa de quinientos pesos centroamericanos, o su equivalente en moneda nacional, la persona física o jurídica, auxiliar o no de la función pública aduanera, que:
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No reexporte mercancías antes del vencimiento del plazo autorizado, cuando sea obligatorio de conformidad con el régimen o la modalidad aduanera aplicado, salvo si está tipificado con una sanción mayor.
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Si se trata de un depositario aduanero o de otro auxiliar obligado, no transmita las diferencias o las transmita con errores u omisiones que causen perjuicio fiscal, que se encuentren entre la cantidad de mercancías manifestadas o declaradas y la cantidad realmente descargada y recibida, ya sean faltantes o sobrantes, los daños u otra irregularidad que se determine, dentro del plazo de tres horas hábiles a partir de la finalización de la descarga.
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Omita presentar o transmitir, con la declaración aduanera, cualquiera de los requisitos documentales o la información requerida por esta ley o sus reglamentos, para determinar la obligación tributaria aduanera o demostrar el cumplimiento de otros requisitos reguladores del ingreso de mercancías al territorio aduanero o su salida de él.
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Presente o transmita los documentos, la información referida en el inciso anterior o la declaración aduanera, con errores u omisiones que causen perjuicio fiscal superior a cien pesos centroamericanos, o los presente tardíamente o describa las mercancías de forma incompleta, salvo si está tipificado con una sanción mayor.
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Viole o rompa sellos, precintos o marchamos u otras medidas de seguridad colocadas o que la autoridad aduanera haya dispuesto colocar.
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No comunique cualquier irregularidad respecto de las condiciones y el estado de embalajes, sellos o precintos, cuando le corresponda recibir o entregar mercancías, vehículos o unidades de transporte bajo control aduanero.
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Como transportista transporte, sin justificación, mercancías por rutas no autorizadas.
Será sancionado con una multa de mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional:
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Quien, como transportista que declara el ingreso a territorio aduanero de las unidades de transporte y sus cargas, no traslade la mercancía caída en abandono al depósito aduanero que designe la aduana de control, dentro del plazo legalmente establecido.
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Incumpla la obligación de mantener mercancías únicamente en lugares habilitados o autorizados, si se trata de empresas, obligadas a ello.
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Estando obligado, no permita el acceso de la autoridad aduanera a sus instalaciones, zonas de producción, bodegas o registros de costos de producción para la verificación y el reconocimiento correspondientes de las mercancías y su destino final, o entorpezca o no permita la inspección aduanera de las mercancías, los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas o la verificación de los documentos o autorizaciones que los amparen.
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Estando autorizado para depositar, transportar o declarar el tránsito de mercancías peligrosas para la salud humana, animal o vegetal o el medio ambiente, no cumpla con las medidas de seguridad fijadas en la legislación o por las autoridades competentes.
Será sancionado con una multa de cuatro mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, quien:
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Haga constar el cumplimiento de una regulación no arancelaria sin haberse cumplido realmente el requisito u omita declarar o declare con errores alguna información que dé lugar al despacho de mercancías restringidas.
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Intervenga en algún despacho aduanero sin la autorización de quien legítimamente puede otorgarla.
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El importador o exportador que, en el control posterior, no atienda un requerimiento de información de trascendencia tributaria o aduanera, la incumpla parcialmente, o no corresponda con lo solicitado.
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Se niegue a recibir las mercancías enviadas por la autoridad aduanera, si es un depositario.
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Destruya mercancías sin supervision ni autorización de la autoridad aduanera, sin detrimento del pago de la obligación tributaria aduanera correspondiente.
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No reexporte o nacionalice, antes del vencimiento del plazo autorizado, las mercancías introducidas bajo la modalidad de importación de mercancías alquiladas o con contrato de arrendamiento "leasing".
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Como depósito temporal, realice actividades no permitidas a las mercancías bajo su custodia.
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Como depositario aduanero, realice directamente o por intermedio de terceros bajo su responsabilidad, actividades no permitidas a las mercancías que se encuentren bajo su custodia en el régimen de depósito fiscal.
Será suspendido por un mes del ejercicio de su actividad ante la autoridad aduanera, el auxiliar de la función pública aduanera que:
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No conserve o no convierta, por el plazo, en la forma y por los medios establecidos en esta ley o sus reglamentos, los documentos ni la información de los regímenes en que ha intervenido o no los haya conservado aun después de ese plazo y hasta la finalización del proceso de que se trate, en los casos en que conozca la existencia de un asunto pendiente de resolver en la vía judicial o administrativa.
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Tratándose de auxiliares de la función pública aduanera, incumpla la obligación de aportar, en las condiciones y los plazos que la autoridad aduanera requiera expresamente, la documentación de trascendencia tributaria y aduanera que se le solicite en las actuaciones en el control posterior.
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Como agente aduanero incumpla sus obligaciones sobre la sustitución del mandato, el encargo, la transmisión o la transferencia de derechos.
Constituirá infracción tributaria aduanera y será sancionada con una multa de dos veces los tributos dejados de percibir, toda acción u omisión que signifique una vulneración del régimen jurídico aduanero que cause un perjuicio fiscal superior a mil pesos centroamericanos y no constituya delito ni infracción administrativa sancionadle con suspensión del auxiliar de la función pública aduanera.
Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, salvo lo dispuesto en el inciso g), siempre que el valor aduanero de las mercancías no supere los cinco mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, aunque con ello no cause perjuicio fiscal y no configure las modalidades de contrabando fraccionado.
Cuando el infractor sea un auxiliar de la función pública aduanera, y reincida, será suspendido, además, por diez días hábiles del ejercicio de su actividad ante la autoridad aduanera.
Se considerará que se configura la reincidencia, cuando se incurra por segunda vez en alguna de las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, en los términos del párrafo primero de este artículo, dentro del periodo de cuatro años, contado a partir de la firmeza del acto administrativo que declare el incumplimiento, emitido dentro de un procedimiento sancionatorio y en cumplimiento del debido proceso.
La Dirección General de Aduanas deberá ordenar y aplicar la sanción de suspensión en el sistema informático, una vez que exista acto administrativo en firme de la autoridad aduanera que impone la sanción prevista en el párrafo primero de este artículo a la primera infracción y una vez que tal acto administrativo en firme exista respecto de la segunda infracción. Aplicada la suspensión por reincidencia, el hecho anterior no será idóneo para configurar un nuevo supuesto de reincidencia.
Quien mantenga en inventario para la venta, distribución o comercialización, mercancías extranjeras en su local, establecimiento o negocio comercial, sin contar con los documentos aduaneros correspondientes para su introducción al territorio nacional o el documento idóneo legal que demuestre su adquisición en el mercado local y no constituya delito de contrabando, además de la sanción de multa señalada en el artículo 242 bis aplicada por la autoridad aduanera mediante acto administrativo en firme, emitido dentro de un procedimiento sancionatorio, y en cumplimiento del debido proceso, la Dirección General de Aduanas deberá ordenar el cierre temporal del local, establecimiento o negocio comercial donde se verifique el incumplimiento, por un plazo de quince días naturales.
El cierre temporal se efectuará en coordinación con la Policía de Control Fiscal y se hará constar por medio de sellos oficiales colocados en puertas, ventanas u otros lugares del negocio.
La Administración, a la hora de ordenar y aplicar el cierre, desconocerá cualquier traspaso, por cualquier título, del negocio o establecimiento que se perfeccione, luego de iniciado el procedimiento sancionatorio, por lo que el local podrá ser cerrado, si llega a ordenarse la sanción, con independencia del traspaso.
Quien adquiera un negocio o establecimiento podrá solicitar, a la Dirección General de Aduanas, una certificación sobre la existencia de un procedimiento sancionatorio conforme al presente artículo, la cual deberá extenderse en un plazo de diez días hábiles. Transcurrido tal plazo sin haberse emitido la certificación, se entenderá que no existe ningún procedimiento sancionatorio.
Si al momento de ejecutar el cierre, el infractor ya no ejerce la actividad en el mismo establecimiento en el que se cometió la infracción, sino en otro establecimiento diferente, podrá ejecutarse el cierre de ese establecimiento, siempre que se esté ejerciendo la misma actividad comercial.
Durante el plazo de ejecución del cierre o de la suspensión, la persona física o jurídica infractora deberá asumir siempre la totalidad de las obligaciones laborales con sus empleados, asi como los demás beneficios sociales a cargo del patrono.
Constituirá infracción tributaria aduanera y será sancionado con una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías fallantes o sobrantes, quien, como responsable, no justifique los fallantes o sobrantes que resulten al efectuarse la descarga de los medios de transporte, sea en el puerto de arribo o en otro lugar habilitado para la recepción de la carga según corresponda, respecto a lo declarado en el manifiesto o documento equivalente, aunque con ello no cause perjuicio fiscal.
Cuando el infractor reincida se aumentará la multa a dos veces el valor aduanero de las mercancías fallantes o sobrantes. Se considerará que se configura la reincidencia, cuando se incurra por segunda vez en la conducta establecida en este artículo, dentro del periodo de cuatro años, contado a partir de la firmeza del acto administrativo que declare el segundo incumplimiento, emitido dentro de un procedimiento sancionatorio y en cumplimiento del debido proceso.
La Dirección General de Aduanas deberá ordenar la sanción por reincidencia en el tercer acto administrativo en firme, una vez impuesta por segunda vez la sanción prevista en el párrafo primero de este artículo. El hecho por el cual se impuso la sanción por reincidencia no será idóneo para configurar un nuevo supuesto de reincidencia.
DEROGADO
DEROGADO
DEROGADO
DEROGADO
Para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas o internadas, estén o no exentas o libres de derechos arancelarios o demás tributos a la importación, Costa Rica se regirá por las disposiciones del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, así como por las del presente título y la normativa nacional e internacional aplicable.
La inversión del orden de aplicación de los métodos para valorar, fijados en los artículos 5 y 6 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, prevista en su artículo 4, solo tendrá lugar si la autoridad aduanera accede a la petición que le formule el importador en tal sentido.
Podrán servir para motivar las resoluciones en las que se determine el valor en aduana de las mercancías importadas, los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras, que consten en los expedientes o documentos que dichas autoridades lleven o tengan en su poder, la información disponible en el territorio nacional del valor en aduana de mercancías idénticas o similares, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, terceros o autoridades extranjeras.
La información relativa a la identidad de terceros que importen o hayan importado mercancías idénticas o similares, cuyo valor en aduana se emplee para determinar el valor de las mercancías objeto de resolución, así como la información confidencial de dichas importaciones que se utilice para motivar las decisiones en materia de valor y resoluciones, solo podrán ser reveladas a los tribunales ante los cuales, en su caso, se impugne el acto de la autoridad.
El método de valoración previsto en el segundo párrafo del artículo 5 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, podrá aplicarse según las disposiciones de la nota interpretativa correspondiente a dicho párrafo, lo solicite o no el importador.
Además de los elementos referidos en el primer párrafo del artículo 8 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, también formará parte del valor en aduana lo siguiente:
a) Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación.
b) Los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas, hasta el puerto o lugar de importación.
c) El costo del seguro.
Cuando alguno de los elementos enumerados en los incisos a), b y c) anteriores, sea gratuito o se efectúe por medios o servicios propios del importador, su valor deberá calcularse conforme a las tarifas normalmente aplicables.
Para los efectos del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, se entenderá por "puerto o lugar de importación" el primer puerto o lugar de arribo de las mercancías al territorio aduanero del país de importación.
Los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación concertado por el comprador y relativo a la compra de las mercancías importadas no se considerarán parte del valor en aduana siempre que:
a) Los intereses se distingan del precio realmente pagado o del precio por pagar de dichas mercancías.
b) El acuerdo de financiación se haya concertado por escrito.
c) El comprador, cuando se le requiera, pueda demostrar que:
i) Tales mercancías en realidad se venden al precio declarado con precio realmente pagado o por pagar.
ii) El tipo de interés reclamado no excede del nivel aplicado en el país a este tipo de transacciones en el momento en que se haya facilitado la financiación.
Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará si el vendedor, una entidad bancaria u otra persona física o jurídica, facilitala financiación. También, se aplicará, si procede, cuando las mercancías se valoren con un método distinto del basado en el valor de transacción.
Cuando sea necesaria la conversión de una moneda para determinar el valor en aduana, según el artículo 9 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, se aplicará el tipo de cambio de referencia dado por el Banco Central, vigente a la fecha de aceptación de la declaración aduanera, conforme al artículo 20 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.
Para tales efectos, el tipo de cambio será el de venta de la moneda extranjera que se convierta a moneda nacional.
Para los efectos del inciso h), párrafo cuarto, artículo 15 de Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, las personas solo se considerarán de la misma familia, si están vinculadas entre sí por cualquiera de las siguientes relaciones:
a) Cónyuges.
b) Ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado.
c) Hermanos y hermanas.
d) Tío y tía y sobrino y sobrina.
e) Suegros y yernos o nueras.
f) Cuñados y cuñadas.
El Poder Ejecutivo retrasará la aplicación del párrafo 2 b) iii) del artículo 1 y del artículo 6, ambos relativos a la determinación del valor en aduana mediante un valor reconstruido, por un período que no exceda de los tres años contados a partir del 1° de enero del año 2000, de conformidad con las disposiciones del segundo párrafo del artículo 20 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
El Poder Ejecutivo realizará la comunicación formal al Directo General de la Organización Mundial de Comercio.
Si en el curso de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas resulta necesario demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador, no obstante, podrá retirar sus mercancías de la aduana si, cuando se le exija, presta una garantía suficiente que cubra el pago de la obligación tributaria aduanera a que puedan estar sujetas, en definitiva, las mercancías.
En la aplicación de esta norma se seguirán las disposiciones del artículo 65 de la presente Ley.
Cuando la Dirección General de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados, como prueba de la declaración aduanera, podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada según las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
El procedimiento que implementará lo dispuesto en el presente artículo se regulará mediante resolución de alcance general.
Para los efectos de la aplicación del presente título, la importación de mercancías deberá estar amparada en una declaración de valor en aduana de las mercancías. La Dirección General de Aduanas, mediante reglamento, determinará los casos de las importaciones de mercancías que se eximan de este requisito.
La declaración de valor en aduana de las mercancías será firmada bajo fe de juramento por el importador, quien además, será el responsable de la exactitud de los elementos que figuren en ella, de la autenticidad de los documentos que apoyen esos elementos y de suministrar la información o los documentos necesarios para verificar la determinación correcta del valor en aduana. Esta declaración solo podrá ser firmada por quien ostente la representación legal de la persona jurídica y, si se trata de personas físicas, por el mismo importador.
El valor declarado en aduana será siempre autodeterminado por el declarante.
El agente aduanero responderá como responsable solidario por el valor aduanero declarado.
La declaración del valor en aduana de las mercancías deberá efectuarse mediante transmisión electrónica, por los medios que autorice la autoridad aduanera.
Todo artículo de la presente Ley referido al concepto "valor aduanero" debe entenderse como "valor en aduana de las mercancías" de conformidad con el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. "
La autoridad aduanera podrá rechazar el valor declarado y determinar el valor en aduana de las mercancías importadas, con base en los métodos secundarios de valoración, regulados en el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7º del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1994, cuando:
a) Detecte que el importador ha incurrido en alguna de las siguientes irregularidades:
i) No lleve contabilidad, no conserve o no ponga a disposición de la autoridad la contabilidad o parte de ella, o la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior.
ii) Se oponga al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras.
iii) Omita los registros de las operaciones de comercio exterior o las altere.
iv) Omita presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación, y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para presentar la declaración de que se trate.
v) Se adviertan, en su contabilidad, otras irregularidades que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones de comercio exterior.
vi) No cumpla los requerimientos de las autoridades aduaneras para presentar la documentación e información, que acrediten que el valor declarado fue determinado conforme a las disposiciones legales, en el plazo otorgado en el requerimiento.
b) La información ó documentación presentada sea falsa o contenga datos falsos o inexactos, o cuando se determine que el valor declarado no fue definido conforme al artículo 251 de esta Ley.
c) Se le requiera al importador, en importaciones entre personas vinculadas, dejar constancia de que la vinculación no afectó el precio y él no demuestre dicha circunstancia.
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
Es el operador de comercio certificado por la Dirección General de Aduanas, que acepta someterse voluntariamente al cumplimiento de los requisitos y las condiciones previas establecidas en el reglamento y disposiciones emitidas por la Dirección General de Aduanas, para la aplicación de las medidas de aseguramiento de la cadena logística de las mercancías, el control, la agilización y la facilitación del comercio.
También, será reconocido como operador económico autorizado, el operador de comercio, certificado y activo en un programa de OEA de los países con los que se tenga suscrito y vigente un acuerdo o arreglo de reconocimiento mutuo, conforme se haya establecido en el documento vigente del acuerdo.
La certificación OEA será otorgada por un período de cuatro años, podiendo ser renovada a su término, por períodos consecutivos, previa solicitud realizada como mínimo cuatro meses antes del vencimiento de su plazo.
La Dirección General de Aduanas podrá otorgar a los operadores económicos autorizados los siguientes beneficios de acuerdo con la certificación OEA, según la naturaleza y las características del tipo de actividad comercial o modelo de negocio que desarrolle, señaladas en la certificación:
-
Pago diferido de la obligación tributaria aduanera, sin rendición de garantía.
-
Declaración acumulada de mercancías, sin necesidad de un mínimo de importaciones mensuales.
-
Agilización del procedimiento de despacho de las mercancías.
-
Prioridad en la aplicación de controles aduaneros.
-
Atención personalizada y prioritaria de las gestiones aduaneras.
-
Prioridad de atención por parte de la autoridad aduanera durante condiciones de amenaza o incidentes que generen el cierre de puertos o fronteras.
-
Autorización para la recepción y verificación física de sus mercancías en sus instalaciones, cuando corresponda.
-
Reconocimiento internacional de los OEA mediante acuerdo o arreglo de reconocimiento mutuo.
-
Aquellos otros beneficios que disponga la Dirección General de Aduanas mediante resolución de alcance general u obtenidos mediante negociaciones o convenios con otras instituciones públicas.
Las medidas de facilitación que se otorguen a los operadores económicos autorizados no podrán ser transferidas u otorgadas a terceros.
Los operadores económicos autorizados deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
-
Mantener el cumplimiento de requisitos evaluados para su certificación.
-
Presentar la información requerida por la autoridad aduanera.
-
Dar acceso y colaboración a la autoridad aduanera, para efectuar sus actividades de control aduanero.
-
Informar a la autoridad aduanera, de forma inmediata, situaciones, condiciones o incidentes que afecten el cumplimiento de los requisitos como operador económico autorizado.
-
Presentar, en el plazo definido, la autoevaluación, de acuerdo con lo regulado por el servicio aduanero.
-
Conservar durante el plazo de cinco años y entregar, ante requerimiento de la autoridad aduanera, la información documental y/o electrónica relativa a su gestión, los libros de contabilidad, sus anexos, archivos, registros contables y cualquier otra información de trascendencia tributaria o aduanera.
-
Transmitir electrónicamente, cuando corresponda, las declaraciones aduaneras e información complementaria relativa a los actos, las operaciones o los regímenes aduaneros en que participen, según los formatos y procedimientos establecidos por la autoridad aduanera.
-
Cumplir los requisitos legales y administrativos a que estén sujetos los trámites, las operaciones y los regímenes aduaneros en que intervengan y llevar registros de estos.
-
Mantenerse al día en el pago de sus obligaciones aduaneras, tributarias y sus obligaciones obrera patronales, sus intereses, las multas y los recargos de cualquier naturaleza.
-
Contar con instalaciones necesarias para realizar sus operaciones, según la naturaleza y las características del tipo de actividad comercial o modelo de negocio, conforme a las disposiciones establecidas en resolución de alcance general.
-
Otras establecidas en el reglamento de esta ley.
Procederá la suspensión de la certificación por un plazo de tres meses, cuando la Dirección General de Aduanas compruebe el incumplimiento de al menos uno de los requisitos evaluados para su certificación u obligaciones señaladas en el artículo 266 y 268 de esta ley, de conformidad con el procedimiento establecido en el reglamento. Dicha suspensión no derivará en una ampliación posterior del plazo otorgado de vigencia de la certificación OEA.
Cuando el operador demuestre haber subsanado el incumplimiento dentro del plazo de la suspensión, dicha medida se levantará de forma inmediata.
Procederá la cancelación de la certificación, cuando durante el período de vigencia de su certificación, el OEA:
-
Al ser suspendido, no subsane los incumplimientos determinados por la DGA dentro del plazo otorgado.
-
Se le suspenda los beneficios de la certificación OEA por más de dos ocasiones, durante el período de vigencia de la certificación.
-
Sea sancionado en firme, por infracciones administrativas, tributarias aduaneras, delitos, o presente adeudos tributarios o aduaneros, en los términos desarrollados en el reglamento o disposición administrativa. En el caso de la comisión de un delito penal en firme, no podrá gestionar una nueva solicitud de certificación OEA hasta que hayan transcurrido diez años; en los demás supuestos, hasta que haya transcurrido un año. En ambos casos, el plazo contará a partir de la firmeza del acto de cancelación de la certificación OEA.
Para la aplicación de esta Ley, se definen los siguientes conceptos:
Bienes de capital: mercancías utilizadas junto a otros factores de producción para producir, a su vez, otros bienes y servicios.
Buzón electrónico: espacio virtual de documentos que es asignado a los obligados tributarios, sujetos pasivos, auxiliares de la función pública aduanera para la salida y notificación de documentos y comunicaciones relativos a los procedimientos y trámites de competencia del Servicio Nacional de Aduanas y el Tribunal Aduanero Nacional.
Declarante: persona que efectúa o en nombre de la cual se efectúa una declaración de mercancías; el importador o consignatario, en el caso de la importación de mercancías; exportador o consignante, en el caso de la exportación de mercancías y los auxiliares de la función pública aduanera que actúan a nombre propio o en representación de terceros ante el Servicio Nacional de Aduanas. En el caso de los auxiliares de la función pública aduanera, que actúan en representación de terceros, las disposiciones dirigidas al declarante se entenderán realizadas hacia el auxiliary al tercero que representa, salvo norma expresa establecida en esta ley. En el caso de ingreso de las mercancías al territorio aduanero nacional y en el régimen de tránsito, se entenderá como declarante al auxiliar que tiene la facultad de declarar el ingreso y/o tránsito aduanero.
Error: constituye una mera equivocación, elemental, evidente, manifiesto, ostensible e indiscutible, implicando por sí solo la evidencia de este, sin mayores razonamientos y exteriorizándose por su sola contemplación.
Materia prima: toda mercancía que es transformada durante un proceso de producción hasta convertirse en un bien de consumo.
Mercancías de igual naturaleza: mercancía que guarda relación con lo declarado, en cuanto a su descripción, calidad, su prestigio comercial y la existencia de una marca comercial.
Obligado tributario: persona física o jurídica que debe cumplir con obligaciones tributarias, tanto formales como de pago, establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la Ley General de Aduanas.
La Dirección General de Aduanas podrá vender servicios a particulares, usuarios o auxiliares de la función pública aduanera, en campos propios de su área de especialización, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Contratación Administrativa.
Las empresas que ostenten la condición de agentes aduaneros personas jurídicas en el momento de publicarse esta ley, deberán cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas para el auxiliar de la función pública aduanera y con el régimen jurídico que esta ley impone para el agente aduanero persona física, conforme al Título III, Capítulos I y II de esta ley, incluyendo las disposiciones relativas a la rendición de garantía.
Estas empresas deberán contar, por lo menos, con un agente aduanero en forma exclusiva y permanente para intervenir en regímenes y operaciones aduaneras. Estos agentes representarán a la persona jurídica ante el Servicio Nacional de Aduanas.
Las empresas asumirán, en forma solidaria, la responsabilidad por los hechos y actos de sus dependientes, cuando de ellos se derive un perjuicio tributario.
Una vez que la autoridad aduanera haya determinado el perjuicio tributario, la Dirección General de Aduanas procederá a efectuar el débito correspondiente de la cuenta corriente del agente aduanero persona jurídica, por el monto determinado.
La falta de pago tendrá como consecuencia la imposibilidad de realizar operaciones aduaneras ulteriores; lo anterior sin perjuicio de las obligaciones y los deberes previstos para los agentes aduaneros y de las sanciones aplicables por su ejercicio personal. Los representantes legales de la persona jurídica serán responsables de girar las instrucciones, proveer los instrumentos necesarios para la correcta gestión de intermediación aduanera y cumplir las obligaciones que no le correspondan al agente aduanero persona física por su relación laboral.
Las sanciones previstas en esta Ley se impondrán a la persona jurídica, cuando se demuestre que los representantes legales o los personeros de la empresa han propiciado actos o hechos que posibilitan la sanción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior; en caso contrario, responderá únicamente el agente de aduanas acreditado.
A partir de la vigencia de esta ley, se derogan:
a) Los artículos 375 a 379 del Código de Comercio, Ley No. 3284, del 30 de abril de 1964.
b) Los títulos II, III, IV, V del Código Fiscal, Ley No. 8, del 31 de octubre de 1885.
c) La Ley de almacenes de depósitos fiscales, No. 2722, del 20 de febrero de 1961.
d) La Ley de Defraudación Fiscal, No. 1393, del 29 de noviembre de 1951 y sus reformas.
e) El párrafo 4 del artículo 64 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, No. 7092, del 21 de abril de 1988.
Modifícase el inciso d) del artículo 1º de la Ley N° 6106, del 7 de noviembre de 1977. El texto dirá:
"Artículo 1º-
[. ]
d) Cuando se trate de efectos rematados en las aduanas del país y que no fueron adjudicados, así como de mercancías o vehículos caídos en comiso por las autoridades de investigación criminal o de tránsito, la donación o entrega se efectuará por medio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en coordinación con las dependencias depositarias de esos bienes.
En defecto de norma expresa de la legislación aduanera, son de aplicación supletoria las disposiciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y demás legislación tributaria.
Esta ley es de orden público y entrará en vigor el mismo día en que entre a regir, para Costa Rica, el Protocolo de modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano II, del Tratado General de Integración Económica, aprobado mediante Ley No. 7485, del 6 de abril de 1995.
TRANSITORIO I. Las personas que a la entrada en vigencia de la presente ley, ostenten la condición de auxiliar de agente de aduana, serán inscritas de pleno derecho como asistentes de agentes de aduanas. Una vez inscritas, quedan obligadas a recibir, anualmente, un curso sobre técnicas y legislación aduanera que impartirá la Dirección General de Aduanas.
TRANSITORIO II. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la vigencia de esta ley, los auxiliares de la función pública aduanera previstos en ella, deberán solicitar su inscripción ante la Dirección General de Aduanas. Transcurrido este plazo, la persona física y jurídica quedará impedida para gestionar ante el Servicio Nacional de Aduanas hasta tanto no tramite su inscripción.
TRANSITORIO III. Las reclamaciones y los recursos interpuestos antes de la vigencia de esta ley, se tramitarán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de interponerlos.
Dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que esta ley entre en vigor, deberá constituirse el Tribunal Aduanero Nacional. Hasta tanto, quedan vigentes las funciones del Comité Arancelario y del Comité Nacional de Valoración.
TRANSITORIO IV. Los despachos, procedimientos, plazos y las demás formalidades aduaneras, iniciados antes de la entrada en vigencia de esta ley, se concluirán de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento de iniciarlos.
Los procedimientos de ingreso, despacho, depósito y salida de mercancías del Depósito Libre de Golfito deberán adecuarse a los procedimientos prescritos en esta ley.
TRANSITORIO V. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de seis meses contados a partir de su promulgación. El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas tomarán las disposiciones administrativas necesarias para establecer los nuevos procedimientos aduaneros de conformidad con esta ley. Hasta tanto no se emitan las nuevas regulaciones, los procedimientos se regirán por las disposiciones vigentes hasta la fecha de promulgación de esta ley.
TRANSITORIO VI. El funcionario que, a la fecha de publicación de esta ley, tiene en propiedad el puesto de Director General de Aduanas, conservará los derechos adquiridos hasta tanto finalice su relación laboral con el Estado.
TRANSITORIO VII. Mientras se mantenga vigente el sistema de ventanilla única de comercio exterior, previsto en el artículo 8 de la Ley No. 4081, del 27 de febrero de 1968 y sus reformas, la declaración aduanera a que se refiere el artículo 86 de esta ley será el formulario único de exportación o importación. Este y los demás formularios necesarios para el trámite ante las aduanas, serán emitidos y vendidos a los interesados por el Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 8.
TRANSITORIO VIII. Lo dispuesto en el inciso e) del artículo 255 de la presente ley no afecta las obligaciones ni los derechos adquiridos por los beneficiarios del régimen de admisión temporal. Sin embargo, deberán ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de esta ley, dentro del plazo de seis meses después de su vigencia, conforme a las normas reglamentarias que emita el Ministerio de Hacienda, previa consulta al Consejo Nacional de Inversiones y de Comercio Exterior.
TRANSITORIO IX. Mientras las empresas en la modalidad de tiendas libres de impuestos aludidas en los artículos 134 y 135 de esta ley sean administradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social, podrán actuar sin intervención de agente aduanero en el despacho de sus mercancías.
TRANSITORIO X. Para adquirir los recursos materiales y humanos y contratar los servicios que se requieran para la conformación efectiva del Órgano nacional de valoración aduanera, el Poder Ejecutivo deberá efectuar los ajustes presupuestarios correspondientes y tomar las medidas necesarias para que, en un plazo de tres meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, el Órgano nacional de valoración aduanera inicie su funcionamiento.
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veinte días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco