LEY PARA LA ARMONIZACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL FORTALECIMIENTO DEL PODER ESPECIAL

Fecha de presentación16 Mayo 2024
Número de Iniciativa24335
Expiration Date16 Mayo 2028
Tipo de proyectoPROCEDIMIENTO PROYECTO DE LEY ORDINARIO
Autor de la iniciativaHoracio Alvarado Bogantes

De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información Legislativa (SIL).

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA LA ARMONIZACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL FORTALECIMIENTO DEL PODER ESPECIAL

HORACIO MARTÍN ALVARADO BOGANTES

DIPUTADO

EXPEDIENTE N.°24.335


PROYECTO DE LEY

LEY PARA LA ARMONIZACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL FORTALECIMIENTO DEL PODER ESPECIAL

Expediente N.°24.335

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Desde una óptica de fomento del crecimiento económico y garantía de seguridad jurídica, resulta imperativo para Costa Rica contar con un marco legal coherente, eficaz y contemporáneo. Esta premisa cobra especial relevancia en el ámbito del derecho societario y comercial, dada su trascendencia en el establecimiento, desarrollo, y gestión de las sociedades, así como en la atracción de inversión extranjera hacia el país.

En aras de abordar esta imperiosa necesidad, se promulgó en el año 2021 la Ley N.° 9957, comúnmente conocida como “La Nueva Ley Concursal”. Dicha ley era de suma importancia para armonizar, modernizar y por ende mejorar los procesos concursales en el país. Antes de la implementación de esta ley, dichos procesos se encontraban dispersos entre distintos cuerpos normativos, impregnados de prácticas desactualizadas, lo cual constituía un entorno jurídico poco atractivo en un escenario de creciente competitividad para actores tanto nacionales como internacionales.

Una de las particularidades de la nueva ley concursal es la derogatoria de varios artículos de diversos cuerpos normativos, particularmente en el Código de Comercio. Entre los artículos derogados se encuentra el artículo 912, el cual establecía lo siguiente:

“ARTÍCULO 912.- A la junta podrán concurrir los acreedores con sus abogados. También los acreedores podrán hacerse representar por medio de carta-poder otorgada a otro acreedor o a un abogado. La carta-poder es un mandato especial para cada junta, se extiende en papel simple con los timbres correspondientes firmada por el mandante y refrendada por dos testigos, o por un abogado o notario.”

A simple vista la derogación del artículo 912 no pareciera generar mayores inconvenientes, lo cierto es que el legislador ha propiciado una alarmante inseguridad jurídica en nuestro ordenamiento, especialmente en el ámbito societario, pues elimina el único artículo dentro del ordenamiento jurídico que da contenido y procedimiento a la figura de la carta poder.

La carta poder es “...Un mandato especial para cada junta, se extiende en papel simple con los timbres correspondientes firmada por el mandante y refrendada por dos testigos, o por un abogado o notario”. Esta figura es utilizada dentro del derecho societario para la autorización de terceros para representar a un socio dentro de una asamblea. Destaca particularmente por la simplicidad de su trámite, pues solo amerita que se manifieste la voluntad del mandante, se adjunten los timbres correspondientes, y se autentique, ya sea por abogado, notario o 2 testigos, la firma en la carta.

Lo que implica la derogatoria del artículo 912 es que la figura de la Carta Poder ya no cuenta con un respaldo jurídico, puesto que se eliminó el único artículo que le daba definición y procedimiento, generando su extinción técnico-jurídica. Esto no sería una problemática si la figura como tal hubiese desaparecido jurídicamente con la derogatoria citada de ese único artículo, sin embargo, este no fue el caso. La figura se sigue referenciando en otros dos artículos del Código de Comercio, a saber:

“ARTÍCULO 98.- Los socios tendrán derecho a un número de votos igual al de cuotas que le pertenezcan. Para efectos de votación las cuotas sociales serán indivisibles.

En las reuniones podrá emitirse el voto personalmente o por medio de apoderado general, generalísimo o especial. También podrá autorizarse a un tercero mediante carta poder.

ARTÍCULO 146.- Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por apoderado generalísimo o general o por carta poder otorgada a cualquier persona, sea socia o no.

El artículo 146 es el epicentro de la problemática, ya que la derogatoria del ordinal 912 implica la eliminación del respaldo legal para la Carta Poder, dejando únicamente al Poder General y al Generalísimo con sustento jurídico. En este contexto, según una interpretación armónica del artículo 146 y la derogación mencionada, se establece que las facultades de representación legítima recaen en dichas figuras. Además, el artículo 98 del mismo marco normativo reconoce al Poder Especial como complemento del Poder General y el Generalísimo.

Dada la situación, es de suma importancia que el estado costarricense dote a su legislación de un Código de Comercio coherente y moderno, por lo cual es de vasta importancia que se aborde esta inseguridad jurídica. Es aquí donde se presenta una oportunidad para que el legislador brinde certeza jurídica, considerando la normativa supra citada, de manera que consoliden los mecanismos de mandatos legales, tras la eliminación del ordenamiento jurídico del sustento de la figura de la carta poder y se concrete expresamente mediante la vía del poder especial.

La sustitución de la carta poder por el poder especial se basa principalmente en 3 argumentos: eliminar redundancias, actualizar nuestra normativa y garantizar una mayor seguridad en la legitimación para la representación.

Eliminar Redundancias y armonizar la normativa

Uno de los principales argumentos en contra de mantener la carta poder es el hecho de que estamos ante una figura redundante dentro de nuestro ordenamiento. Tanto en la práctica como en la doctrina se considera que la carta poder es muy similar al poder especial.

En un sentido práctico, dentro del derecho societario, ambas figuras se utilizan con el mismo fin. Es decir, permiten que una persona designe a otra como su representante para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos, de modo que el representante deberá acreditar su cualidad de apoderado.

Desde un aspecto doctrinal, la Sala Primera se ha pronunciado respecto a esta similitud, pues considera que la carta poder es un tipo de poder especial. a leer:

"Un ejemplo del poder especial es la carta-poder que se utiliza como instrumento de representación de los socios en las asambleas. Con respecto a la carta poder, ésta debe seguir los lineamientos establecidos en el artículo 912 del Código de Comercio, aunque pueda ser extendida en papel simple. La carta-poder debe tener los timbres correspondientes y estar firmada por el mandante y refrendada por dos testigos, o en su defecto, por un abogado o notario."[1]

La similitud es tal que la jurisprudencia ha respaldado que la figura puede ser regulada por la misma normativa del Poder Especial, como se establece en la dictada por la Dirección Nacional de Notariado, número 2001-0995 de las 10 horas 20 minutos del 29 de octubre del 2001. En esta, dicho órgano indicó expresamente lo siguiente:

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