Las medidas tributarias ambientales y el principio de capacidad contributiva
| Autor | Rodolfo Salassa Boix |
| Páginas | 209-233 |
209
1. Introducción
Hasta el momento hemos estudiado la clasicación de
los diferentes mecanismos jurídicos que tiene el Estado
para proteger el medio ambiente; la noción y caracterís-
ticas de las medidas tributarias ambientales, englobadas
dentro de la Tributación Ambiental; la relación y compa-
tibilidad que existe entre los deberes constitucionales de
contribuir a las arcas del Estado y preservar el medio
ambiente con los tributos ambientales y la vinculación de
las medidas tributarias ambientales con el principio quien
contamina paga. Ahora nos centraremos en la relación de
tales medidas con el principio de capacidad contributiva.
Al iniciar el capítulo anterior reconocíamos que no hace
falta ahondar demasiado en el estudio de las medidas tri-
butarias ambientales para darse cuenta que estamos ante
una cuestión sumamente transversal, ya que su regula-
ción involucra diversos campos cientícos, tanto jurídicos
como extra-jurídicos326. En lo que respecta al ámbito es-
trictamente jurídico, si bien es cierto que se trata de gravá-
menes dedicados a la protección del medio ambiente, en
el capítulo II de esta obra vimos que no por ello dejan de
ser auténticos tributos y que, por ende, les son atinentes
los principios jurídico-tributarios.
En este capítulo nos avocaremos especícamente al
principio de capacidad contributiva, el cual se erige como
una de las directrices más importantes del Derecho tributa-
rio. Los objetivos que orientan el desarrollo de este capítulo
son, por un lado, dotar de contenido al principio de capaci-
dad contributiva y, por el otro, determinar si resulta aplica-
ble, y en qué medida, a las medidas tributarias ambientales.
326 El medio ambiente es un bien complejo, pues está integrado
por diversos elementos interrelacionados en un todo unitario (Herrera
Molina, P., Derecho tributario ambiental, Marcial Pons, Barcelona-
Madrid, 2000, pp. 23 y 188).
210
Todo ello nos lleva, en última instancia, a considerar
si es jurídicamente adecuado legislar un tributo ambiental
cuyo hecho imponible sea ambientalmente relevante, pero
que no evidencie una manifestación de riqueza suscepti-
ble de ser gravada, y si es jurídicamente viable prescindir
de la capacidad contributiva para otorgar un benecio s-
cal ambiental.
2. Origen y recepción normativa
El principio de capacidad contributiva opera como un
criterio propio del Derecho tributario, que como vimos en
el capítulo III sirve como límite (no como fundamento) del
deber de contribuir con los gastos del Estado, y se en-
cuentra consagrado en la mayoría de las constituciones
de los países occidentales. En algunos casos el reconoci-
miento constitucional del principio es expreso327 y en otros
es implícito.
Dentro de los países que reconocen expresamente
a este principio podemos mencionar a Italia cuando su
Constitución declara que “todos están obligados a contri-
buir a los gastos públicos en proporción a su capacidad
contributiva”328y a España cuando se deja sentado que
“todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públi-
cos de acuerdo con su capacidad económica mediante un
sistema tributario justo inspirado en los principios de igual-
dad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance
conscatorio”329.
Este último supuesto serían, por ejemplo, el caso de
Argentina, cuando se mencionan a “las demás contribucio-
327 Alemania (art. 28.3), Bolivia (art. 8.d), Brasil (art. 145.III.1), España
(art. 31.1), Italia (art. 53), Panamá (art. 261), Paraguay (art. 181), Suiza
(art. 127.2), Venezuela (art. 316), entre otras.
328 Artículo 53 de la Constitución.
329 Artículo 31.1 de la Constitución.
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