Mesa de diálogo se queda corta frente a tamaño de crisis fiscales

La mesa de diálogo entre el Gobierno y los sectores se quedó corta frente al tamaño de la crisis fiscal que, debido a los efectos económicos provocados por la pandemia, dejaría este año un déficit entre ingresos y gastos del 9,3% del PIB.El objetivo del foro era definir medidas que permitan un recorte permanente del déficit fiscal de ¢887.000 millones, equivalentes al 2,5% del producto interno bruto (PIB).Pero este sábado, al cierre de tres semanas de discusión en 12 sesiones plenarias, solo se acordaron diez medidas permanentes que, juntas, suman un 2,18% del PIB, equivalentes a unos ¢767.000 millones.Sin embargo, parte de esos acuerdos incluyen medidas que ya se encuentran en marcha, que podrían aprobarse pronto en la Asamblea Legislativa o que son expectativas para el futuro.Tal es caso del proyecto de Hacienda Digital, por medio del cual el Ministerio de Hacienda modernizaría sus sistemas de cobro para mejorar la recaudación y, de paso, reducir la evasión y la elusión fiscal.En un principio, Hacienda había proyectado que la aplicación de este proyecto permitiría una recaudación adicional anual del 0,25%, lo cual equivaldría a unos ¢87.000 millones, pero en 24 horas la meta varió.De última hora, el ministro de esa cartera, Elian Jiménez, informó que, tras una revisión, la expectativa de recaudación anual a partir del 2023, año cuando se empezarían a ver sus efectos del plan, se duplicaría al 0,5% de la producción, unos 174.000 millones.El jerarca no explicó más detalles.Dicho proyecto, que se financiaría con un crédito de $156 millones del Banco Mundial, fue aprobado esta semana en segundo debate por la Asamblea Legislativa y, la mañana de este sábado, fue firmado por el presidente de la República, Caros Alvarado, frente a los sectores que le habían dado su aval.Medidas encaminadasOtra medida permanente de ingresos consensuada por el Gobierno y los sectores es una reforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) que generaría ingresos anuales del 0,10% de la producción.El porcentaje equivaldría a unos ¢35.000 millones que entrarían a las arcas del Estado a partir del próximo año.El Sicop ya existe pero, según la contralora general de la República, Marta Acosta, no todas las instituciones públicas están dentro del sistema.En la Asamblea Legislativa se tramita ya una reforma impulsada por la libracionista Ana Lucía Delgado, la cual crearía una normativa legal única para las compras públicas.La misma obligaría a todo el aparato...

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