Municipios aprenden a lidiar con los desechos de sus comunidades

El camino no es fácil de entender porque está lleno de burocracia que incluye una ley, reglamentos, estrategias y planes.

Lo cierto es que poco a poco las municipalidades del país han ido aprendiendo a lidiar con los desechos que producen sus habitantes de una forma más ordenada.

También es verdad que los ayuntamientos deben mejorar en la materia, porque los números y evaluaciones de la Contraloría General de la República (CGR) no les favorecen.

En 2011, solo diez de las 81 municipalidades de Costa Rica tenían un plan de manejo de residuos sólidos.

El 13 de julio del 2010, se publicó la Ley para la Gestión Integral de Residuos, número 8839.

Esa legislación obliga a todas las municipalidades a desarrollar y ejecutar un plan para mejorar la forma en que se recoge la basura y se separan los desechos que se pueden reciclar.

A mayo del 2016, 72 ayuntamientos tenían el plan listo y nueve todavía estaban pendientes, según el Ministerio de Salud.

Un vistazo no tan bueno

La CGR publicó en febrero del 2016, un informe de evaluación sobre los servicios que ofrecen los municipios del país en materia de recolección de residuos como basura y desechos reciclables.

En 2014, los ayuntamientos recolectaron 961.500 toneladas de desechos, de los que solo 12.145 toneladas (1,23%) eran valorizables. Es decir, que se pudieron procesar con mecanismos de reciclaje o compostaje para venderlos. El porcentaje es muy bajo si se toma en cuenta que en Costa Rica el 93% de los residuos sólidos es aprovechable y solo el 7% se considera inútil o basura.

El estudio evidenció que hay 70 cantones en los cuales la cobertura de recolección de desechos es menor o igual al 50%. Lo que quiere decir que el servicio no se ofrece ni siquiera a la mitad de los habitantes de la comunidad.

LEA: ¿Dónde reciclar?

La cobertura promedio del servicio en las 31 municipalidades de la Gran Área Metropolitana (GAM) es de un 94%, mientras la cobertura promedio de los 50 municipios ubicados fuera de ella es de un 54%.

Esta situación se da pese a que la Ley ordena, en su artículo 8, que los gobiernos locales deben garantizar la recolección de residuos en todo su territorio.

Al menos 87 de los 481 distritos del país no tienen acceso a mecanismos de recolección de ningún tipo. En estas comunidades los habitantes utilizan prácticas no controladas para deshacerse de sus desechos.

Por ejemplo, quemas de basura, botaderos en lotes baldíos, depósitos en los ríos o rellenos improvisados en sus propiedades.

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