Nueva ley disparará los juicios laborales

RESUMEN

Un especialista en derecho laboral, una magistrada y la viceministra de Trabajo coinciden en que con la normativa también se corre el riesgo de que sean cada vez más las disputas que llegan hasta la sede judicial, lo cual rebasaría la capacidad de reacción de los juzgados laborales

 
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Más posibilidades para acceder a asistencia legal gratuita, mayores controles sobre los patronos y la promesa de juicios mucho más cortos, son algunos factores que podrían disparar el número de expedientes que se tramitan en los tribunales de trabajo.

Ese es uno de los escenarios para los que se prepara el Poder Judicial, ante la entrada en vigencia, el 25 de julio, de la nueva versión del Código de Trabajo, con los cambios introducidos por la Reforma Procesal Laboral, aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre del 2015.

Desde la Sala Segunda -que conoce los recursos de casación en materia de trabajo- se coordinan las contrataciones y capacitaciones necesarias para pasar de los procesos escritos a los juicios orales, el cambio más trascendental de la nueva ley.

Con la implementación de ese sistema, se espera acortar la resolución de conflictos laborales a menos de un año.

No obstante, un especialista en derecho laboral, una magistrada y la viceministra de Trabajo coinciden en que, con la normativa, también se corre el riesgo de que sean cada vez más las disputas que llegan hasta la sede judicial, lo cual rebasaría la capacidad de reacción de los juzgados laborales.

Para Marco Durante, abogado laboralista, una de las principales preocupaciones es que la Defensa Pública se quede corta.

La reforma crea la obligación de dar un abogado para demandas por derechos laborales a los trabajadores menores de edad, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, quienes consideren haber sido víctimas de discriminación laboral y los empleados que ganen menos de ¢852.400 al mes (dos salarios base).

Según Durante, a los diputados que aprobaron la reforma 'se les fue la mano' con la medida, pues el último grupo está compuesto por cerca de 1,8 millones de trabajadores.

En opinión de Durante, dotar a tantas personas de un abogado defensor gratuito hará que se multipliquen las cerca de 30.000 demandas laborales anuales que actualmente se presentan.

El Poder Judicial ya hizo el cálculo y corroboró que entre el 2011 y el 2015, el 80% de los demandantes en juicios de trabajo habría tenido derecho a un defensor público si la reforma hubiera estado vigente.

Más plazas. De acuerdo con Julia Varela, magistrada de la Sala Segunda y coordinadora de la transición en el Poder Judicial, la entidad está consciente de que pronto tendrá una mayor carga de trabajo y, por ello, toma previsiones.

La Dirección de Planificación del Poder Judicial creó...

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