Oficios de carácter preventivo

Páginas9-9
Fecha01 Marzo 2026
Fecha de publicación01 Marzo 2026
MateriaDerecho Público y Administrativo
9
Fondos públicos no pueden pagar
pólizas personales de jerarcas
La Contraloría General de la República
emitió un oficio preventivo que prohíbe a
las instituciones públicas sufragar pólizas
de responsabilidad civil para sus jerarcas.
El órgano contralor determinó que la
responsabilidad individual de los servidores no
puede trasladarse al patrimonio público, pues
el financiamiento de estas garantías debe
provenir del propio bolsillo del funcionario.
El uso de recursos estatales para cubrir
riesgos patrimoniales personales carece de
fundamento legal y contraviene el principio
de legalidad financiera.
La relevancia de este criterio radica en la
protección de la Hacienda pública. Las
entidades solo están facultadas para mitigar
riesgos vinculados a la responsabilidad
institucional objetiva. Cualquier erogación
para proteger intereses particulares frente
a posibles casos de dolo o culpa grave
erosiona el deber de rendición de cuentas.
En conclusión, el funcionario que desee
salvaguardar sus intereses patrimoniales ante
su gestión debe contratar y pagar dichas
pólizas de forma privada e independiente.
La caución es una carga personal; pagarla
con fondos públicos es una transgresión al
ordenamiento jurídico que desvirtúa la esencia
del control interno.
Oficio No. 22113-2025 (DJ-2275) / DFOE-CAP-2078-2025
La importancia de vericar
inhabilitaciones.
La Contraloría General de la República emitió
el oficio preventivo N.° 23756 para orientar
a las instituciones sobre la verificación
de impedimentos legales en la función
pública. El documento resalta que quienes
aspiren a cargos del Estado no deben tener
sanciones vigentes que afecten su idoneidad
ética y jurídica. El ordenamiento jurídico
establece que un mismo hecho puede
generar responsabilidades administrativas,
patrimoniales y penales de forma simultánea.
Por ello, las administraciones tienen el deber
ineludible de utilizar mecanismos como el
Registro de Sanciones de la Hacienda Pública
(SIRSA) y el Registro de Inelegibles de forma
previa a cualquier nombramiento. La relevancia
de esta orientación reside en salvaguardar
la confianza ciudadana y asegurar que el
manejo de los fondos públicos esté en manos
de personas íntegras. Omitir la consulta de
sanciones antes de un nombramiento genera
responsabilidad directa para el funcionario
encargado.
Oficio No. 23756-2025 (DJ-2530)
Ocios de carácter preventivo

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