Opinión Jurídica nº 025 -J de 22 de Enero de 2021, de Asamblea Legislativa
| Emisor | Asamblea Legislativa |
22 de enero de 2021
OJ-025-2021
Diputados (as)
Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación
Asamblea Legislativa
Estimados (as) señores (as):
Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio número AL-CPECTE-C-185-2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, cuya atención nos fue reasignada el 5 de enero del presente año, y por el que esa Comisión acordó pedir el criterio de este Órgano Superior Consultivoacerca del proyecto denominado “Ley de financiamiento solidario a la educación de estudiantes en situación de pobreza o pobreza extrema de la Universidad Estatal a Distancia”, tramitado bajo el expediente legislativo No. 21.616 y se acompaña una copia del mismo.
I.- Consideraciones sobre la naturaleza y alcances de nuestro pronunciamiento.
Resulta conveniente, desde ahora, definir la naturaleza jurídica de nuestro pronunciamiento y, consecuentemente, los efectos del criterio que se emite al respecto.
En primer lugar, debemos indicar que este Despacho despliega su función consultiva respecto de la Administración Pública. En ese sentido, el artículo 4° párrafo primero de nuestra Ley Orgánica (Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas) dispone lo siguiente:
"Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría, debiendo, en cada caso, acompañar la opinión de la Asesoría Legal respectiva." (El subrayado es nuestro).
De la norma transcrita fácilmente se infiere que la Procuraduría General de la República sólo está facultada para emitir dictámenes a petición de un órgano que forme parte de la Administración Pública, en tanto ejecute función administrativa. A tales dictámenes el artículo 2° de la supracitada ley, les atribuye efectos vinculantes:
"Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública".
Ahora bien, pese a que la actividad esencial de la Asamblea Legislativa no forma parte de la función administrativa del Estado, este Despacho ha considerado que se encuentra legitimada para requerir nuestra intervención en materias que conciernan específicamente al ejercicio excepcional, por su parte, de la función administrativa y que, en tal caso, el respectivo pronunciamiento tendrá los efectos comentados.
No obstante, en un afán de...
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