Opinión Jurídica nº 038 -J de 03 de Marzo de 2022, de Asamblea Legislativa
| Emisor | Asamblea Legislativa |
03 de marzo de 2022
PGR-OJ-038-2022
Diputados (as)
Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración
Asamblea Legislativa
Estimados (as) señores (as):
Con la aprobación de la señora Procuradora General Adjunta de la República, me refiero a su oficio número CG-097-2022, de fecha 01 de marzo de 2022, mediante el cual, dicha Comisión Permanente solicita el criterio de este Órgano Superior Consultivoen torno al proyecto de ley que “ADICIONA UN ARTÍCULO 6° BIS SOBRE DONACIONES A LA LEY GENERAL DE POLICÍA Nº 7410, DEL 26 DE MAYO DE 1994”,tramitado bajo el expediente legislativo Nº 22.270 y se acompaña una copia del mismo.
I.- Consideraciones sobre la naturaleza y alcances de nuestro pronunciamiento.
Resulta conveniente, desde ahora, definir la naturaleza jurídica de nuestro pronunciamiento y, consecuentemente, los efectos del criterio que se emite al respecto.
En primer lugar, debemos indicar que este Despacho despliega su función consultiva respecto de la Administración Pública. En ese sentido, el artículo 4° párrafo primero de nuestra Ley Orgánica (Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas) dispone lo siguiente:
"Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría, debiendo, en cada caso, acompañar la opinión de la Asesoría Legal respectiva." (El subrayado es nuestro).
De la norma transcrita fácilmente se infiere que la Procuraduría General de la República sólo está facultada para emitir dictámenes a petición de un órgano que forme parte de la Administración Pública, en tanto ejecute función administrativa. A tales dictámenes el artículo 2° de la supracitada ley, les atribuye efectos vinculantes:
"Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública".
Ahora bien, pese a que la actividad esencial de la Asamblea Legislativa no forma parte de la función administrativa del Estado, este Despacho ha considerado que se encuentra legitimada para requerir nuestra intervención en materias que conciernan específicamente al ejercicio excepcional, por su parte, de la función administrativa y que, en tal caso, el respectivo pronunciamiento tendrá los efectos comentados.
No obstante, en un afán de colaborar con los señores miembros de la Asamblea Legislativa, mediante opiniones jurídicas no vinculantes, la Procuraduría ha venido evacuando las consultas que formulan los señores diputados en relación con un determinado proyecto de ley o en relación con aspectos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político. Es claro que esta forma de colaboración...
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