Opinión Jurídica nº 153 -J de 17 de Diciembre de 2015, de Asamblea Legislativa

EmisorAsamblea Legislativa

17 de diciembre de 2015

OJ-153-2015

Señora

Noemy Gutiérrez Medina

Comisión Permanente

Control de Ingreso y Gasto Público

Asamblea Legislativa

Estimada señora:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio de fecha 30 de noviembre de 2015, mediante el cual los señores diputados que integran la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Público, y con instrucciones del señor Presidente de la Comisión, mediante el cual, consultan a la Procuraduría General sobre la legalidad del procedimiento seguido por el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Seguros para poner al cobro el marchamo sin que se haya publicado el decreto correspondiente con la lista de valoración que sirve para calcular el monto a pagar por concepto de impuesto a la propiedad de vehículos para el 2016, sin cumplir con el trámite de audiencia a los administrados que establece el artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y si con ello se violentó el principio de publicidad, el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica.

Sobre el particular, esta Procuraduría en reiteradas oportunidades ( véase entre otros dictámenes C-325-2015, C-091-2015, C-18-2014, C-136-2014, C-343-2014 ) ha sostenido el criterio que mientras se encuentren asuntos pendientes de resolver en los tribunales de justicia relacionados con el objeto de consulta, se encuentra inhibida para emitir criterio, ello con la finalidad de no interferir con la defensa que la Procuraduría, en su condición de representante del Estado, debe realizar en estrados judiciales. Por lo tanto es criterio de éste Órgano Superior Consultivo que debe abstenerse de emitir pronunciamiento respecto de los asuntos que son o fueron objeto de discusión ante los tribunales de justicia o deban ser resueltos por ellos ( Ver: OJ-065-2014 de 25 de junio del 2014). Esto a fin de evitar interferencias con el ejercicio de la función jurisdiccional, pero además de respetar el criterio de jerarquía normativa.

En relación con el presente caso, la Asociación Nacional de Consumidores Libres de Costa Rica, la empresa los Tres Potrillos S.A y otras, interpusieron demanda...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR