Opinión Legal nº 006 -L de 16 de Noviembre de 2015, de Ministerio de Hacienda
| Emisor | Ministerio de Hacienda |
OPINION LEGAL 06-2015
DE LA PROCURADORA GENERAL ADJUNTA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
Yo, Magda Inés Rojas Chaves, mayor, casada, vecina de Heredia, con cédula de identidad N° 4-110-097, Procuradora General Adjunta según Acuerdo del Poder Ejecutivo N. 176-MJP de 13 de diciembre de 2010, publicado en La Gaceta N. 9 de 13 de enero de 2011,emito la siguiente OPINION LEGAL en relación con el Contrato de Préstamo N. 2157, suscrito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de hasta CUARENTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO DÓLARES con CINCUENTA Y OCHENTA CENTAVOS (US$48,025,574.58), moneda de Estados Unidos de América, para financiar el Proyecto de Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega, que consiste en la construcción, equipamiento y puesta en marcha de un mercado mayorista en la provincia de Guanacaste.
HAGO CONSTAR QUE:
PRIMERO: El Prestatario, el Estado de Costa Rica, es de pleno derecho persona jurídica. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) es una unidad con personalidad jurídica y patrimonio propios, organizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de su Ley de Creación, N. 6142 de 25 de noviembre de 1977.
SEGUNDO: El Prestatario tiene facultades suficientes para: a) celebrar el contrato de préstamo y demás documentos principales; y b) cumplir todas y cada una de sus obligaciones derivadas de dichos instrumentos, en los términos establecidos en los mismos.
TERCERO: Las decisiones y actuaciones del Prestatario y del Organismo Ejecutor en relación con este contrato de préstamo han sido tomadas dentro del marco de las competencias legalmente otorgadas. La suscripción del Contrato y el cumplimiento de las obligaciones que de dichos instrumentos derivan es conforme con el ordenamiento costarricense.
CUARTO: Los funcionarios que han suscrito el contrato de préstamo, en nombre y representación del Prestatario tienen plenas facultades y poderes suficientes para actuar con la representación que ostentan, así como para obligar al Prestatario en términos establecidos en el citado contrato de préstamo.
QUINTO: El Prestatario no ha constituido gravamen alguno sobre sus activos o propiedades.
SEXTO: El contrato de préstamo fue debidamente autorizado por las autoridades competentes y aprobado por la Asamblea Legislativa mediante el artículo 1 de la Ley N. 9327 de 8 de octubre de 2015, publicada en La Gaceta...
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