PANI incapaz de rescatar a menores prostituidos

Se mueven en la oscuridad, como sombras por las esquinas del San José nocturno. Unos visten de mujer y otros no ocultan sus rasgos varoniles. Algunos, con gestos infantiles, procuran atraer explotadores a los que llaman clientes.

La prostitución de menores, denominada 'explotación sexual comercial' en el lenguaje técnico de los derechos humanos, ocurre a diario en las calles capitalinas, hoteles, casinos, apartamentos y redes sociales. Los cuerpos de adolescentes son usados por pedófilos que pagan hasta $400 (¢216.000) a proxenetas por acceder a ellos.

Las autoridades conocen a fondo lo que sucede; sin embargo, alegan que no hay mecanismos legales que permitan un combate frontal a la situación. Así lo acepta la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ana Teresa León. Ella afirma que, de momento, no tienen respuesta para el problema.

La falta de acciones no es nueva. En el 2008, la Sala Constitucional ordenó al PANI y al Ministerio de Salud abrir albergues especializados para los menores en explotación sexual.

El voto 2008-15.751 obligaba a ambas entidades a tomar las medidas necesarias para que, en un plazo de 18 meses, el Patronato contara 'a nivel nacional con albergues o centros especializados en la rehabilitación de menores víctimas de abuso sexual o en explotación sexual comercial' y se desarrollaran 'programas de protección, auxilio, tratamiento físico y psicológico, así como de rehabilitación especializados en este tipo de casos'.

Han pasado ocho años y el PANI no ha abierto uno solo de estos albergues porque, en su criterio, esa no es la solución idónea.

No obstante, a la fecha, ni existen los albergues ni ninguna otra contención para este problema.

Para la presidenta del Patronato, cumplir con la orden de la Sala IV va en contra de los lineamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos.

'Si la Sala ordena un albergue, entonces que la Defensoría y los demás (entes) en derechos humanos no nos vengan a decir que no podemos meter a todos en un mismo lugar, y menos institucionalizarlos, y menos segregarlos y discriminarlos porque estaríamos diciendo 'ese es el albergue de... (los jóvenes prostitutos)'. Entonces, ese es el lío aquí', dijo León.

Secuelas. En tanto, el joven, de apellido Monge, por quien se interpuso el amparo que produjo la orden de la Sala IV, está en prisión. Así lo afirmó Luis Mairena Rodríguez, quien dirige la Fundación Michael Vásquez, la cual interpuso el recurso...

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