Planes intentan evitar cierre de empresas y despidos masivos por covid-19

Al tiempo que las autoridades sanitarias corren para atender a los enfermos de covid-19 y reducir la curva de contagios, el gobierno, los diputados, la CCSS y el sector empresarial se enfrascan en la búsqueda de alternativas para evitar cierres de empresas y despidos masivos a causa de los efectos económicos de la pandemia.Las opciones incluyen la flexibilización de jornadas laborales para que los asalariados trabajen una fracción de tiempo, con tal de recibir algún ingreso, así como mecanismos para aliviar el pago de las cuotas obrero-patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).A su vez, se acelerarían los procesos de los patronos que están solicitando ante el Ministerio de Trabajo suspender contratos de trabajo. Eso implica que se interrumpen tanto el pago de salarios como la obligación de los empleados de trabajar, con la expectativa de retomar labores una vez que pase la emergencia sanitaria.Las potenciales medidas se analizan con carácter de urgencia, ante el temor del sector privado de que las empresas colapsen a causa de la reducción en el consumo, el cierre de las fronteras y la estrepitosa caída en la actividad turística.El riesgo es que la emergencia sanitaria produzca un incremento significativo en el desempleo que, al cierre del 2019, llegó al 12,4% (309.000 desocupados).Flexibilización de la jornada laboralEl Gobierno anuncio que presentará un proyecto de ley a los diputados para permitir, dada la emergencia, que los patronos y sus empleados se pongan de acuerdo para reducir el tiempo de trabajo y el salario correspondiente por un tiempo definido, según la afectación que experimente el negocio.Por ejemplo, alguien que trabaja tiempo completo podría reducir su jornada a la mitad, con tal de no perder el empleo y percibir un ingreso mientras persiste el contratiempo. El ajuste no implicaría un rompimiento de la relación laboral ni demandaría al patrono el pago de la indemnización por cesantía.De acuerdo con Pilar Garrido, ministra de Planificación, la posibilidad se habilitaría a través de una reforma al Código de Trabajo."Quizás eso vaya a implicar una disminución de los ingresos percibidos individualmente, pero por lo menos garantiza la continuidad de las operaciones y que no sean despedidos", dijo Garrido.El periodo de emergencia podría durar tres o cuatro meses. Cuando termine, se restituirían las condiciones laborales previas, incluyendo la jornada y el salario, sin que el patrono tenga que indemnizar a los...

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