¿Está preparado el sistema de justicia para la Reforma Procesal Laboral?
Será el próximo 25 de julio cuando los cambios aprobados al Código de Trabajo de Costa Rica se deberán llevar a la práctica.
Varias fueron las nuevas exigencias planteadas, pero al menos tres de ellas estarían demando una presión extra al Poder Judicial para su ejecución y, al mismo tiempo, estarían poniendo en jaque los objetivos perseguidos con la reforma.
Se trata de la asistencia legal gratuita, la aplicación de la oralidad en los procesos y nuevos plazos en los tiempos de respuesta en procedimientos ordinarios y especiales.
Solo para esas nuevas reglas planteadas, los recursos humanos, financieros y de infraestructura actuales son señalados como insuficientes.
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Sin embargo, el Poder Judicial, que contó con un periodo de 18 meses de preparación para la puesta marcha, insiste en que 'con lo que tienen' podrán salir adelante, al menos, en el arranque de la reforma, y aseguran que seguirán preparándose para los nuevos requerimientos.
En enero del 2016, la Ley de Reforma Procesal Laboral fue firmada por el presidente Luis Guillermo Solís en un acto donde calificó el hecho como un 'gran acuerdo nacional' que modernizaría, 70 años después, la Jurisdicción Laboral costarricense y que beneficiaría los derechos de los trabajadores.
Abogado del Estado
Es quizás la incorporación de la defensa pública gratuita para personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica el cambio que más impactaría el funcionamiento judicial.
A la fecha, no se necesita de un abogado para plantear una demanda laboral. Con la reforma, será obligatorio contar con un jurista durante todo el proceso.
Para que ese cambio esté al alcance de toda la población, el Estado entonces brindará defensa pública a aquellos trabajadores que lo requieran y que cumplan con la condición de recibir un salario menor mensual a los ¢852.400 (monto para el 2017), aproximadamente.
Según estimaciones propias del Poder Judicial, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), un 90% de los trabajadores activos del país podrían optar por esa ayuda.
'El monto tuvo que haber sido menor. Hablamos de una condición que puede poner en jaque el cumplimiento de la reforma en toda su extensión', sostuvo Marco Durante, abogado en derecho laboral de la firma BDS.
Y la presión va más allá. La nueva normativa también señala que sin importar lo que gane el trabajador, y si esta es madre, menor de edad o su caso alega discriminación...
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